La policía manipuló la escena del crimen de Chepe

Un policía fue condenado y otro absuelto por el homicidio de José Mauricio Salazar. Chepe, como le llamaban su familia y vecinos, caminaba solo y desarmado por la calle principal de su colonia, en abril de 2017. Después de su fallo, el juez que conoció el caso ha pedido a la Fiscalía que investigue a los policías involucrados por dos posibles delitos más: fraude procesal, por manipular la escena del crimen; y encubrimiento, porque uno de los principales testigos, un policía con clave “Febadio”, se contradijo en su declaración.

Foto FACTUM/María Cidón Kiernan

Chepe tenía 38 años y era sordo. También tenía problemas de movilidad al caminar. El 24 de marzo de 2017 venía de hacer unos trabajos de carpintería en una casa. Sobre su hombro derecho cargaba una de sus herramientas, un taladro. Una vecina lo saludó cuando pasaba por la calle principal de la colonia El Zaite, en Zaragoza. Él le devolvió el saludo con una sonrisa y siguió caminando. Estos fueron los últimos pasos de Chepe, quince segundos después fue abatido por un grupo de policías. Un solo disparo lo mató, entró por su mentón y le fracturó la columna a la altura de la cervical. El taladró desapareció y en su lugar la policía encontró una pistola 9 milímetros.

Un grupo de cuatro agentes de la subdelegación policial de Zaragoza realizaba un patrullaje en la zona cuando José Mauricio Salazar, conocido como Chepe, fue atacado. Dos de ellos fueron detenidos y acusados por homicidio agravado. Se trata de José Francisco Ramírez Rodríguez, con clave Herminio, y Porfirio Antonio Sánchez, clave Clarencio.

El caso fue dado a conocer por Revista Factum en mayo de 2017, un mes después del asesinato de Chepe, en una investigación que ya apuntaba a la responsabilidad y encubrimiento por parte de agentes de la Policía Nacional Civil.

La versión oficial de la Policía desde el inicio fue que se trató de un enfrentamiento armado. También dijeron que Chepe era un pandillero, pero a Chepe todo el mundo lo conocía en su colonia por su discapacidad y porque realizaba trabajos de carpintería con los que ayudaba a su padre y se ganaba algún dinero. Además, esta versión fue desmentida poco después: Chepe no tenía antecedentes penales ni formaba parte de ningún registro policial por estar relacionado con pandillas.

Este martes, 9 de mayo, el juez Primero de Sentencia de Santa Tecla leyó la sentencia contra los dos policías acusados y levantó el régimen de protección a su favor. Ambos se quitaron el gorro navarone que habían usado durante todo el proceso judicial para proteger su identidad, una concesión raramente otorgada a otros imputados. A Ramírez Rodríguez, acusado de disparar el arma contra Chepe, el juez le impuso una condena de 20 años de cárcel por el delito de homicidio agravado; mientras que Sánchez fue absuelto porque no quedó demostrada su coautoría en el hecho.

Retrato de un joven asesinado por elementos de la PNC en un cantón de Zaragoza, La Libertad, en El Salvador. Familiares acusan a los policías de matar a este hombre por confundir un taladro en su mano por una pistola. Foto FACTUM/Jorge Beltrán.

La narración del enfrentamiento durante el juicio fue confusa. La versión del testigo clave Febadio, compañero de los acusados que estuvo presente en el hecho, no resultó confiable para el juez. Se contradijo en tiempos y detalles como, por ejemplo, la distancia a la que estaban de los presuntos atacantes, un grupo de cinco a siete sujetos armados que se encontraban reunidos en un pasaje de la colonia El Zaite. Del grupo de sujetos armados no se supo mayor detalle, pero el único herido por los policías fue Chepe, que murió en el acto.

Sin embargo, el juez señaló dos inconsistencias sobre todas las demás, dos hechos que desmontaron finalmente la versión de los policías: la primera es que en las manos de Chepe no se encontraron restos de pólvora, por lo cual no pudo haber disparado hacia los agentes, como declararon los imputados y testigos. La segunda es que en la pistola no había huellas dactilares de la víctima. Estos hechos condujeron al juez a la sospecha sobre dos nuevos delitos que la Fiscalía tendrá que investigar: fraude procesal en la manipulación de la escena criminal y encubrimiento por parte del testigo Febadio, el otro policía, para proteger a sus compañeros investigados.

“¿Cómo es posible que se hayan recolectado evidencias de esa arma, que es unos 9 milímetros, una Glock, y no haya tenido ni siquiera huellas de la persona que la disparó y la víctima no tenía en sus manos residuos de pólvora? – se preguntó la fiscal del caso-. Eso hace concluir que alguien probablemente disparó esa arma, pero no aparecen los casquillos de la persona que disparó, y por eso hay una alteración de escena y recomienda la investigación de fraude y encubrimiento por Febadio”.

¿Fue una ejecución extrajudicial?

El fallo judicial dictaminó que el homicidio de Chepe no se trató de  una ejecución extajudicial. El juez consideró que no hubo premeditación para matar a la víctima, que se trató de una intención eventual porque los policías habrían confundido el taladro con un arma. Pero tampoco se pudo comprobar, porque no hay testigos, si estos mismos agentes advirtieron a Chepe, a pesar de su sordera, con comandos verbales.

Aunque el uso de la fuerza y las armas de fuego contra la víctima fue desmedido e incumple con varios artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, el juez también valoró que el acompañamiento y la investigación policial en este caso fueron destacables y los peritajes muy objetivos.

“Si bien el juez dice que no es una ejecución extrajudicial, la definición que hace del hecho es la definición que las Naciones Unidas han dicho que es un uso de la fuerza desproporcionado e innecesario por parte de los agentes de la autoridad, que es lo que ocurre aquí”, señaló el Arnau Baulenas, abogado querellante y coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

Baulenas también dijo que este sería el primer caso de homicidio agravado donde un policía es condenado por un hecho cometido durante su labor de servicio.

La relatora especial contra las Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, visitó oficialmente el país en enero de 2018 ante las numerosas denuncias de abusos y ejecuciones por parte de policías y militares. En un foro en la UCA explicó que la clave para distinguir una ejecución extrajudicial es si hubo una intención clara y premeditada en matar.

“Ese uno de los objetivos de la inspección, llegar a conocer los casos a los que se han referido aquí (foro del Idhuca) y ver si hubo una intención de matar desde el inicio, en oposición al acto de matar para lograr una derrota, o por una mala apreciación de la situación”, detalló Callamard.

Una de las peticiones de las víctimas durante este proceso judicial es que la Policía Nacional Civil rectificara y pidiera disculpas por haber identificado a Chepe como pandillero. El juez retomó esta solicitud y ordenó a la policía cumplir con ello.

Miguel Ángel Andrade, el padrastro de Chepe desde que tenía dos años y se acompañó con su madre, dijo que se ha quedado solo, que Chepe era su principal compañía. Después de conocer el fallo lamentó que solo uno de los agentes haya sido condenado y sobre la memoria de su hijo, dijo entre lágrimas: “Que la Policía publique eso, que Chepe no era pandillero, eso fue lo que pedí yo…”.