El fallo en el caso de la Tregua con pandillas parecía referirse a otro diferente al presentado por la Fiscalía, donde todas las pruebas presentadas y la declaración del testigo criteriado Nalo fueron desestimadas. Los 18 imputados fueron absueltos y el juez señaló que se cometió una injusticia al inculpar a los empleados de Centros Penales porque estos solo cumplían órdenes. La argumentación judicial señaló en numerosas ocasiones al expresidente Mauricio Funes y al exministro de Justicia, David Munguía Payés, como los verdaderos impulsores del acuerdo con las pandillas de 2012, sugiriendo a la Fiscalía nuevas líneas de investigación. Sin embargo, la acusación fiscal se reservó parte de la declaración del criteriado que, además de involucrar al exmediador Raúl Mijango y otros actores, detalló los acuerdos con los partidos FMLN y ARENA para cometer fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2014.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La lectura del fallo por el Caso Tregua terminó con abrazos y sonrisas entre el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y quienes fueron sus empleados durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El juzgado Especializado de Sentencia A decidió absolver, la tarde de este 29 de agosto, a los 18 imputados por los delitos de introducción de objetos prohibidos a centros penales, falsedad ideológica y agrupaciones ilícitas en el marco de la tregua entre pandillas y el gobierno Funes que se mantuvo entre marzo de 2012 y mayo de 2013.
La Fiscalía General de la República (FGR) había pedido 18 años de prisión para Rauda y el ex inspector general de Centros Penales Anílver Rodríguez. Para el exmediador con las pandillas Raúl Mijango, que no se presentó a la audiencia por problemas de salud, la Fiscalía pedía 12 años de prisión. Mijango fue absuelto, al igual que el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Roberto Castillo Díaz, para quien el ministerio público solicitaba 14 años de prisión. En cuanto a los empleados de los consejos criminológicos de los penales, Fiscalía había pedido seis años de cárcel. Todos fueron absueltos.
Para el juez especializado de Sentencia A de San Salvador, la Fiscalía no pudo demostrar que los imputados actuaron de forma deliberada, sino que lo hicieron, según su fallo, atendiendo a sus labores y deberes como funcionarios del Estado; incluso en el caso del mediador Raúl Mijango, quien obtuvo un cargo especial adherido al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública durante el mandato del general David Munguía Payés.
El juez también dijo que se había cometido una injusticia al acusar a los empleados de los consejos criminológicos pues solo cumplían con su deber y pudieron haber servido como testigos en el caso.
La declaración de Nalo, el testigo criteriado que presentó la Fiscalía durante la vista pública de este caso, no fue desacreditada, pero tampoco sirvió para lograr ni una sola condena en el juicio por los supuestos ilícitos cometidos durante tregua entre las pandillas MS-13 y las dos facciones del Barrios con la administración Funes.
El fiscal general Douglas Meléndez y el exjefe de las unidades especializadas de la Fiscalía ya habían justificado que la declaración de Nalo solo se utilizaría para involucrar a los ya imputados –con lo que obviaban las reuniones entre pandilleros y representantes del FMLN y ARENA- y que se reservaría la declaración de Munguía Payés, testigo en el caso, para continuar con una investigación paralela que tiene reserva.
En su declaración, el testigo Nalo aseguró que tanto FMLN como ARENA entregaron miles de dólares en efectivo a las tres pandillas en el marco de las presidenciales de 2014. La declaración de Nalo, que apuntan a la complicidad entre los partidos y las pandillas, va en la línea de lo descubierto con publicaciones periodísticas hechas por El Faro y Revista Factum.
Sin embargo, en la lectura del fallo, el juez argumentó a raíz del estudio de la prueba, que la tregua entre pandillas fue una política de seguridad elaborada durante el gobierno del expresidente Funes Cartagena, con bases en el Plan Quinquenal y la Política Nacional de Justicia y Seguridad Pública aprobada por acuerdo ministerial en noviembre de 2011, durante el mandato del exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés.
El fallo definió que la tregua se trataba de un plan elaborado, un diálogo que era corresponsabilidad del ministro de Justicia y el Presidente de la República, por lo que existían lineamientos entre ambos y que fueron “solidarios en ordenar y ajustar la tregua”. Y para remarcar las deficiencias de la Fiscalía, el juez sugirió que se realizaran investigaciones en esta línea.
Ni Funes, autoexiliado en Managua por una investigación fiscal por delitos de corrupción, ni Munguía Payés, actual ministro de Defensa, han sido acusados por delitos relacionados a la tregua.
¿Qué ocurrió entre junio y agosto de 2013, después del rompimiento de la tregua? ¿Hubo acercamientos con las pandillas antes de 2011? Esta es parte de la información que no fue aportada en el caso y que el juez valoró como decisiva porque el proceso de la tregua, “como acción de seguridad, invadía al resto de las instituciones de Seguridad”.
El juzgador también señaló fallas de la investigación fiscal al no esclarecer el papel de la Policía Nacional Civil en la tregua y la falta de información que argumentó el entonces director de la Policía Nacional Civil, el general Francisco Salinas, quien fue presentado como testigo por la Fiscalía.
“¿Si los subordinados cumplen con dolo o no, las órdenes ejecutivas, qué ocurre con quien dio la orden, si era manifiesta la orden o si fue disfrazada? (…) Aquí se adjudicó a Nelson Rauda Portillo, que era director (de Centros Penales) de la época. Nelson Rauda no era el autor (…) aquí el que tenía el dominio funcional, otra categoría, de la distribución y el destino final, eran los encargados de la línea estratégica de la política de gobierno que se creó (…) y habría que determinar qué fue lo que ocurrió con esta línea con el director de la Policía de las épocas, qué órdenes había antes de la existencia en 2011 y posterior a junio de 2013. Son líneas de investigación que la representación fiscal debe investigar”, dijo el juez.
Parte de las acusadas que fueron absueltas este 29 agosto durante el juicio por la tregua entre pandillas y el gobierno del expresidente Funes. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El fiscal del caso declaró, tras la lectura del fallo, que no podrían hacer una evaluación jurídica antes de tener la sentencia escrita que se entregará el 21 de septiembre, pero defendió los argumentos de la acusación alegando que “desde el momento que se presenta el dictamen de acusación se cree que con los elementos que se cuenta se puede arribar a un fallo condenatorio”.
Sobre las nuevas líneas de investigación sugeridas por el juez, el representante fiscal aseguró que cuentan con documentación para arrojar la hipótesis planteada por el juez sobre la tregua urdida por Munguía Payés, el exministro de Justicia y actual ministro de Defensa.
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