La ONU ha dicho que las medidas extraordinarias, renovadas por seis meses más, han deshumanizado las cárceles. El gobierno insiste, sin pruebas contundentes, que las medidas han reducido los homicidios en El Salvador.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, es claro en decirlo: el gobierno salvadoreño no está de acuerdo con quitar las medidas de seguridad que, a los ojos de expertos de Naciones Unidas, solo buscan la deshumanización de los reos en los centros penales. No está de acuerdo y no las va a quitar, aunque dos representantes de la ONU hayan pedido explícitamente su suspensión inmediata.
Durante la presentación de un informe sobre lo que consideraron los logros de las llamadas medidas extraordinarias, realizado este miércoles 11 de abril, el ministro intentó convencer a la prensa de que estas han significado una reducción de los homicidios en el país (aunque las cifras lo contradicen) y rechazó las conclusiones negativas a las que la ONU ha llegado sobre estas.
Estas medidas, aprobadas en abril de 2016 por plazos de un año, han endurecido el régimen penitenciario y supuestamente han evitado la comunicación entre los jefes pandilleros al interior de los penales con las estructuras en las calles. En la práctica, las medidas implican, entre otras cosas, la limitación ambulatoria de los reos, es decir, mantenerlos encerrados en sus sectores donde se encuentran hacinados, y la privación de poder ver a sus familiares o incluso a sus abogados. También se ha restringido el ingreso a instituciones de ayuda humanitaria como la Cruz Roja. Estas medidas fueron renovadas una vez más por la Asamblea Legislativa, con 64 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, por un plazo de seis meses el pasado 6 de abril.
La última representante de la ONU en pedir la suspensión de las medidas extraordinarias fue Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales. Callamard visitó el país a finales de enero de este mismo año. En su informe, después de haber visitado algunos centros penales del país, dijo que las condiciones en que viven los reos salvadoreños son “espantosas”.
Al recordarle estas declaraciones, el ministro matizó que la relatora de la ONU no se refirió a todas las medidas sino a algunas. “Esa conclusión a la que ella llega se respeta. No podemos nosotros pretender otra cosa, si ella ese es su rol: promover los derechos humanos. No podemos esperar algo diferente. Hay que respetar eso. Pero tampoco debemos plegarnos a todo, si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, dijo Ramírez Landaverde.
Callamard, en su informe, concluyó lo siguiente: “Las condiciones penitenciarias, ahora con el hacinamiento tremendo, son cosas que nunca había visto. Nunca. Lo que he presenciado no puede explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”.
El ministro argumentó que en el marco de las medidas extraordinarias se están desarrollando planes para disminuir el hacinamiento, una promesa que para nada es nueva. De hecho, el gobierno del FMLN viene anunciándolo al menos desde 2011. Estos planes, según explicó el ministro, implican ampliar las instalaciones de los centros penales y construir más granjas penitenciarias. Sin embargo, el número de personas presas también sigue creciendo. Para 2013, según estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, había 27,061 reos en las cárceles, mientras que para el 2 de abril de 2018 el número había ascendido a 39,021. Es decir, un incremento de casi 12 mil personas en prisión en cinco años.
Pero el hacinamiento es solo una de las condiciones que Callamard señaló en su informe. Una de las medidas extraordinarias más duras aplicadas en los centros penales es el confinamiento o encierro total de los reos en sus sectores con mínimo acceso a la luz del sol por semana. “La mala nutrición, la falta de acceso al sol y otros factores contribuyen a la propagación de la tuberculosis. Esas condiciones también se tienen que resolver”, dijo Callamard en su informe.
El ministro insistió en que las medidas extraordinarias aprobadas desde abril del 2016 han permitido cortar las comunicaciones desde el interior de los centros penales hacia las estructuras criminales en la calle, principalmente de las pandillas. Además admitió que antes de estas los penales eran controlados por las pandillas. “Nos encontramos con un sistema penitenciario controlado por el crimen”, dijo. El FMLN lleva desde 2009 en el poder.
El Ministro de Seguridad salvadoreño, Mauricio Ramírez Landaverde, junto con el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, previo a la conferencia de prensa para presentar los consolidados de los avances de las medidas extraordinarias de seguridad, aplicadas hace dos años en los centros penitenciarios. El gobierno sigue apostando a seguir con este sistema de represión a pesar de las denuncias de agencias de Naciones Unidas en materia de DD.HH. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ
La falsa reducción de los homicidios
Una de las principales defensas de las medidas extraordinarias, de parte del gabinete de seguridad y los principales funcionarios de esta cartera, viene de la supuesta reducción de los homicidios. Para demostrarlo, el ministro presentó este miércoles una gráfica en la que compara el año 2015 con los años 2016-2017 en los que se ha aplicado las medidas. La gráfica indica que, si bien hay poca diferencia en las cifras de homicidios entre los dos últimos años, la diferencia con el 2015 es notoria.
Esto tiene una explicación: 2015 fue para El Salvador el más violento de lo que va de este siglo. Tanto fue así que la tasa de homicidios subió hasta 103,5 por cada cien mil habitantes. La más alta del mundo de los países sin guerra declarada, según diversas organizaciones internacionales que se encargan de hacer estas mediciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia una tasa de 10.0 muertes por cada cien mil habitantes.
Es decir, las cifras presentadas comparan los tiempos actuales con el peor año que El Salvador ha vivido en cuanto a homicidios. Por ejemplo, en el año 2014, cuando las medidas extraordinarias no existían, el país registró un total de 3,912 homicidios, mientras que en el 2017, a dos años de las medidas, se registraron 3,954. Es decir, todavía 42 homicidios más que en 2014.
Gráfica de la reducción de homicidios mostrada este miércoles 11 de abril por el gabinete de Seguridad. Foto FACTUM/Bryan Avelar
Ante estas cifras que demuestran lo contrario, Ramírez Landaverde insistió en que, si en 2014 hubo menos homicidios fue por los efectos de la tregua entre las pandillas y el gobierno de la administración del expresidente Mauricio Funes. Pero esa afirmación no es del todo cierta. Aunque nunca tuvo un cierre oficial o definitivo, sino hasta enero de 2015, la tregua fue un proceso que, según personas que siguieron el proceso de cerca, como el exmediador Raúl Mijango, y según las cifras lo indican, tuvo efectos contundentes en la disminución de homicidios desde marzo del 2012 hasta junio del 2013, cuando el expresidente Funes cambió a su gabinete de Seguridad.
Para 2015, según lo ha explicado Ramírez Landaverde, el incremento se debió a una estrategia “deliberada” de las pandillas para presionar al gobierno para regresar a la tregua. “En ese periodo hubo un interés de la criminalidad por subir los homicidios, por hacer números, por incrementar la violencia como una forma de presionar al Estado para que retornara a la política anterior y conceder determinados beneficios y con ello reducir la violencia”, dijo.
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