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Gallegos justificó crecimiento patrimonial con dinero de Arena

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En una investigación dirigida por la Sección de Probidad, el expresidente de la Asamblea Legislativa aseguró que en 2006 utilizó hasta $77,352.88 de dos cuentas bancarias alimentadas por el partido Arena. Guillermo Gallegos dijo, para justificar esos fondos, que el dinero sirvió para sufragar una parte de los gastos de la campaña electoral de diputados y alcaldes areneros de ese año. Pero Probidad no corroboró si los retiros de dinero que hizo el diputado tuvieron ese fin y dio por válida esa versión. Gallegos también hizo negocios de dinero con Adolfo Tórrez, el operador político de Arena que pidió medio millón de dólares a un exdiputado buscado por delitos de corrupción para ayudarlo a eludir la justicia.

Fotos FACTUM/Frederick Meza


Guillermo Gallegos se disponía a convertirse en el hombre fuerte de Arena en la Asamblea Legislativa. Faltaban unas cuantas semanas para la elección de diputados de 2006. El abogado y exfiscal era, entonces, uno de los políticos más cercanos a Antonio Saca, quien había jurado como presidente de la República en junio de 2004.

Para ganar la elección y empoderarse en Arena, Gallegos utilizó, en parte, fondos que su partido le depositó en una cuenta personal que él abrió, exclusivamente, para “sufragar gastos relacionados con la campaña electoral y sobre todo el día de las elecciones”, según respondió su abogado a observaciones que hizo la Sección de Probidad al crecimiento patrimonial del diputado entre 2006 y 2015.

Probidad no profundizó en la investigación y no corroboró si los ingresos de Gallegos a través de las cuentas de Arena fueron precisamente para propósitos electorales. El jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda -hoy candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia-, dio como válida esa explicación del diputado.

Los documentos de Probidad revelan que Guillermo Gallegos recibió dinero de cuentas que, según investigaciones de la Fiscalía General, fueron alimentadas en parte con fondos desviados ilegalmente desde la presidencia de la República. La cuenta emisora del Banco Cuscatlán y abierta a nombre de Arena Día D es una de las que recibió donativos de Taiwán con los que la administración del antecesor de Saca, Francisco Flores, financió de forma ilegal al partido de derechas, según investigaciones de la Fiscalía citadas por el periódico El Faro.  Gallegos recibió dinero desde esa cuenta.

Una de las cuentas en las que Gallegos recibió depósitos de los que Probidad encontró irregularidades -en su primer examen- fue la número 023-401-00-011772-8 del Banco Cuscatlán, que después se convirtió en Citibank. Ese dinero, según la defensa del diputado, tenía el mismo origen y destino: “…donantes y contribuyentes del partido Arena… para usos electorales”.

Probidad cuestionó a Gallegos tres depósitos que suman $37,352.88, realizados a esa cuenta del Cuscatlán entre el 1.º de febrero y el 8 de marzo de 2006, y así se lo hizo saber en el informe preliminar sobre su crecimiento patrimonial que le notificó el 5 de julio de 2017. En su defensa, Gallegos dijo que todo provenía del partido Arena, que el dinero se invirtió “con fines electorales” y que él tenía un “cargo partidario relevante” en aquel año. La mayor parte del dinero llegó desde las cuentas 023-301-00000014 y 008-303-00000903, abiertas a nombre de Arena Día D.

A la cuenta Arena Día D llegaron en 2004 parte de los $5.9 millones que, según un “reporte de operación sospechosa” emitido por Estados Unidos en 2013, durante una investigación de la Fiscalía, Arena desvió ilegalmente de un donativo taiwanés. El expresidente Flores fue acusado penalmente por este caso y murió mientras el proceso aún estaba en curso.

El pasado 9 de agosto de 2018, ante tres jueces de Sentencia de San Salvador, Antonio Saca, el sucesor de Flores, leyó una confesión en la que se declaró culpable de actos de corrupción que incluyeron el traslado de $400,000 del erario a cuentas de Arena. Luego, Élmer Charlaix, el exsecretario privado de Saca y acusado de los mismos delitos, admitió que esos dineros públicos sirvieron para financiar la campaña electoral arenera de 2006, la misma en que Gallegos corrió como primer diputado propietario por San Salvador.

Un exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, que se integró luego del período de Saca, explicó que es imposible determinar el destino del dinero de un donante en específico. La fuente, que pidió reserva de su identidad, comentó que las donaciones partidarias se juntan en un fondo común y luego se abren cuentas bancarias para las campañas electorales. En 2006, los fondos que provinieron de Taiwán así como los que Saca dio al partido con dinero público se ocultaron entre las donaciones lícitas.

Luis Giancarlo de la Gasca, el abogado de Gallegos, añadió otra explicación a los depósitos que su cliente recibió de Arena: “Para un profesional… con 14 años de carrera… ($37,352.88 dólares) tampoco se trata de una cantidad inexplicable”. Probidad asintió el argumento.

Probidad también cuestionó a Gallegos retiros por $40,000 de sus cuentas bancarias cuyo origen no estaba justificado. Al explicar de dónde provinieron esos fondos, el expresidente legislativo aseguró que también salieron de lo aportado por el partido Arena en la campaña de 2006. En total, el diputado admitió depósitos por $77,352.88 del mismo remitente y para la misma causa.

Sobre varios de los cheques provenientes de las cuentas de Arena, Probidad comentó que no hay documentos de origen del fondo o del emisor, pero, aún así, terminó perdonando buena parte de las cantidades cuestionadas a Gallegos y aceptó que el diputado no está obligado a justificar los retiros de dineros que le depositó el partido.

Pero las explicaciones de Probidad son, en estos casos, ambiguas. Tres de los retiros realizados entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2006, por $20,000, “podrían estar relacionados” con los depósitos para los que Gallegos no presentó justificación de origen, concluyó la oficina de la Corte Suprema.

Pineda, el jefe de Probidad, admitió el argumento de los retiros como una salvedad con la que justificó buena parte de los descargos que Gallegos le presentó para desvanecer los señalamientos del examen inicial. Pineda aceptó, ante la petición del abogado defensor, que el exarenero no tenga que justificar los retiros que hace de sus cuentas bancarias porque “estos forman parte de su patrimonio, sobre el cual tiene la libre disposición para utilizarlo, razón por la cual no podrán mantenerse dentro del monto total de las irregularidades”.

Factum consultó con dos abogados en la Corte Suprema directamente relacionados con los exámenes que hace Probidad a los funcionarios públicos sobre el argumento de los retiros. Ambos coincidieron en que es una de las formas en que Probidad intentó “suavizar” el examen de Gallegos. “Eso no es aceptable, porque no es dinero que apareció de la nada… Solo ahí hay una cantidad fuerte ‘aclarada’”, dice uno de los juristas.

Probidad también pidió a Arena soporte de varios de los cheques que Gallegos alegó haber recibido del partido. Las autoridades areneras, sin embargo, o no respondieron o dijeron que no habían hallado la información requerida. En un tuit reciente, escrito tras la confesión del expresidente Saca, Arena ha vuelto a decir que no hay registros de la actividad contable de aquella campaña. Sin embargo, Gallegos, involuntariamente, arrojó alguna luz sobre al menos dos cuentas bancarias de Arena en 2006.

Cuando ya Guillermo Gallegos estaba en la Asamblea Legislativa, siguió recibiendo dinero de miembros y donantes de Arena, la mayoría de los cuales, años después, aparecerían en la órbita de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido que él y el expresidente Antonio Saca fundaron cuando se separaron de los areneros en 2009. Nombres como los de Carlos Edilberto Alemán, Raúl Esteban Castellón Cristales, Jaime Rivera -el dueño de la casa encuestadora Data Research-, José Rafael Guevara Martínez o José Wilfredo Guevara Díaz seguirían haciendo donaciones a Gallegos, según los documentos de Probidad. De todos, no obstante, solo Rivera Andino aparece registrado oficialmente como donante de GANA, según documentos de la Secretaría de Transparencia.

Guillermo Gallegos, según los documentos de Probidad, también recibía una especie de diezmo de los diputados de Arena, de quienes fue su jefe de bancada.

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Entre 2007 y 2009, de acuerdo con documentos de descargo presentados a la Corte Suprema, el diputado recibió en sus cuentas bancarias 18 depósitos por $43,250 que provinieron de descuentos directos que la tesorería de la Asamblea Legislativa hacía a los congresistas areneros. Una especie de cuota mensual, como la que dan los diputados del FMLN a su partido. En el caso de Arena, los fondos fueron a dar a las cuentas de Gallegos. 

El dinero del partido Arena y los argumentos de Probidad para validar las justificaciones de Gallegos son solo algunas de las revelaciones de la adenda que Pineda firmó el 21 de marzo de 2018, más de nueve meses después de que había notificado al diputado -ahora del partido GANA- sobre los hallazgos iniciales.

Probidad, de hecho, recomendó al pleno de la Corte Suprema de Justicia en julio pasado no enviar al diputado a juicio civil por enriquecimiento ilícito a pesar de que después de todas sus explicaciones Gallegos seguía sin justificar $579,030, según una publicación de El Faro. Al contrario, por una cantidad menor y otra similar, Probidad recomendó enjuiciar al expresidente Mauricio Funes y al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores, respectivamente, después de otorgar a ambos solo semanas para presentar descargos. En el caso de Gallegos, el diputado gozó de dos prórrogas de 90 días cada una para presentar sus explicaciones e incluso, luego de presentar sus descargos en el plazo indicado, continuó enviando justificaciones a la Sección de Probidad meses después. 

Al justificar depósitos y retiros bancarios, compras de vehículos -llegó a tener 11 y la mayoría los compró en efectivo-, casas y terrenos rústicos, Gallegos y su abogado contaron otras historias: la de un operador político de Arena que estuvo relacionado con oscuras fuentes de financiamiento y la de su esposa, Julia Nora Romero de Gallegos, quien en poco menos de diez años recibió dietas y pagos por casi medio millón de dólares como asesora jurídica de al menos cuatro instituciones del Estado.

Factum intentó entrevistar a Gallegos para hablar de los documentos de Probidad. Las respuestas que se recibieron del diputado mediante mensajes de texto, enviados el pasado 15 de agosto, fueron negativas. Gallegos dijo que no podía comentar sobre su caso porque no ha sido notificado de nada por la Corte Suprema. Se le explicó también que las preguntas estaban relacionadas con sus justificaciones ante Probidad y sobre la adenda emitida por esa sección en marzo pasado, pero el diputado aseguró que no podía opinar sobre eso. Dos fuentes de la Corte Suprema aseguraron que la defensa de Gallegos está al tanto del contenido de la adenda.

Negocios con personas vinculadas a narcotráfico y usura

Gallegos también incluyó entre sus justificaciones ante Probidad varios flujos de capital producto de negocios con personas relacionadas por investigaciones fiscales a delitos que van desde homicidios hasta el lavado de dinero y tráfico de drogas.

En sus descargos, el diputado admitió haber dado un préstamo personal a Adolfo Tórrez, el malogrado operador político de Arena al que miembros de la banda de narcotraficantes Los Perrones acusaron de pedirles dinero para, precisamente, financiar campañas políticas del partido Arena.

El 20 de enero de 2006, a poco más de un mes de las elecciones, Gallegos le prestó $27,000 a Tórrez, quien en agosto del año anterior había sido ratificado como director departamental de San Salvador y nombrado jefe nacional de campaña del partido. Tórrez pagó parte de la deuda, $17,000, siete días después. Y el 31 de julio de ese año devolvió los $10,000 que faltaban. Parte del pago  llegó, según el abogado del parlamentario, a través de una cuenta de Serconse, empresa de seguridad de la que Tórrez era propietario y fundador, y la cual se vería un par de años después implicada en problemas legales.

Gallegos hizo referencia al último depósito, el del 31 de julio, por $10,000, para intentar explicar a Probidad el origen de parte de $37,000 ingresados a una de sus cuentas en el Banco Agrícola. Como prueba del préstamo, el abogado de Gallegos presentó un documento legal llamado mutuo hipotecario simple, el cual, explicó el notario, es un documento que no requiere de “formalidad alguna como la firma de escritura o garantía de cualquier tipo… En especial al tratarse de personas con las cuales había confianza y amistad de por medio”.

A Probidad, en un principio, no parecieron convencerle las explicaciones del abogado de Gallegos. De hecho, la oficina de la Corte olió algo sospechoso en el intercambio de dinero entre el diputado y Tórrez y el uso de intermediarios para hacerlo. “Se observa… la modalidad de manejar estas fuertes sumas de dinero en efectivo aun cuando no existe condicionalidad alguna que regule los montos prestados… Es una cantidad bastante significativa como para depositarla en efectivo”, mencionó Pineda, y también cuestionó la falta de soporte documental del depósito por $10,000 del pago al préstamo que Tórrez hizo a Gallegos a través de un tercero llamado José Alfredo Romero. Al final, la oficina de la Corte, en ese punto, mantuvo sus dudas y no desvaneció la observación.

Gallegos intentó, además, utilizar el mismo préstamo de $27,000 para justificar otros dos depósitos en una cuenta del Agrícola, uno del 19 de enero de 2006 y otro del 27 de enero de ese mismo año, que suman $45,000. El dinero, dijo el diputado, llegó también del mismo pago que hizo Tórrez y de “otro” préstamo del que no dio mayores detalles.

A Probidad le llamó la atención, por ejemplo, que Gallegos ofreció dos explicaciones distintas para describir el destino que le dio al dinero relacionado con Tórrez. Primero, el diputado aseguró que se trató del pago del préstamo, pero en otra explicación indicó que fue un aporte que Tórrez hizo a “las actividades políticas” de Gallegos.

Probidad entendió que todo el asunto de los préstamos y dineros relacionados a Tórrez no quedó claro. Lo que sí parece desprenderse con claridad de las explicaciones de Gallegos es que su relación con el director departamental de Arena en 2006 era de gran cercanía.

Gallegos fue, de hecho, una de las últimas personas que vio con vida a Tórrez la tarde del 1 de junio de 2009, horas antes de su muerte, según han confirmado media docena de fuentes del partido Arena desde entonces. Gallegos nunca ha negado esa reunión, que ocurrió, según los testimonios, en la cafetería La Panetiere de Santa Elena (cerrada en la actualidad).

Los primeros vínculos serios de Tórrez con el crimen organizado se hicieron públicos en abril de 2009, poco después de que Mauricio Funes ganó la elección presidencial en marzo. El Faro publicó un reportaje en el que reveló que Tórrez había pedido medio millón de dólares a Roberto Carlos Silva Pereira, un exdiputado que perteneció al PCN, acusado de narcotráfico y de formar parte de la banda Los Perrones, para resolverle los problemas legales.

A Tórrez, además, allegados al narcotraficante Reynerio de Jesús Flores Lazo, líder de Los Perrones y condenado a 80 años de cárcel por narcotráfico, lo acusaron de haber gestado una venganza cuando el narcotraficante se negó a seguirle pagando. Uno de los lugartenientes de Flores Lazo ha dicho que dio a Tórrez dinero para financiar la campaña de Rodrigo Ávila, el candidato arenero impuesto por Antonio Saca que perdió las presidenciales en 2009. Ávila en la actualidad es diputado de Arena en la Asamblea.

La muerte de Tórrez, que la Fiscalía dirigida entonces por Ástor Escalante catalogó en tiempo récord como un suicidio, marcó el principio de la crisis en que Arena se sumió tras la derrota electoral. El expresidente Antonio Saca salió de esa crisis expulsado de las filas areneras, pero al poco tiempo ayudó a crear el partido GANA, del que Guillermo Gallegos se convirtió con los años en el hombre fuerte.

No ha sido Tórrez la única fuente oscura de financiamiento del diputado Gallegos, según él mismo lo admite en sus descargos ante Probidad. A principios de 2009, el diputado y su esposa, Julia Nora Romero de Gallegos, recibieron un préstamo de Gerardo Castillo Cornejo, un viejo usurero cuyo nombre estuvo vinculado por las autoridades al asesinato de Manuel Córdova Castellanos, exfiscal general de la República.

Probidad cuestionó a Gallegos y a su esposa el origen de $90,000 con los que pagaron el 22 de abril de 2009 un lote de naturaleza rústica en San Luis Talpa, La Paz, cerca del aeropuerto internacional, con matrícula 55008961-00000. Como parte del pago, la pareja dio $45,000 que les había prestado Castillo Cornejo el 30 de marzo de 2009, mediante documentos firmados por Gallegos y su madre, Elvira Navarrete viuda de Gallegos.

Gerardo Castillo Cornejo es, según documentos archivados en la Corte Suprema de Justicia a los que Factum ha tenido acceso, un usurero que en 1997 poseía medio centenar de propiedades registradas en San Salvador. A partir de ahí construyó una red de prestamistas en las que incluyó a varios de sus hijos, entre ellos a Roldán Castillo, quien fue asesinado en octubre de 2006, luego de un amargo pleito con su padre.

La familia Castillo y sus negocios tuvieron algo que ver en el asesinato de Manuel Córdova Castellanos, quien fue fiscal general en la segunda mitad de los años noventa. El 11 de octubre de 2007, Córdova fue abatido a balazos en su casa en Santa Tecla.

Un mes después del asesinato, en declaraciones a la prensa, el fiscal general de entonces, Félix Garrid Safie, dijo que una de las líneas de investigación abiertas era que el asesinato de su antecesor estaba relacionado con trabajos notariales que Córdova Castellanos hizo para Roldán Castillo, los cuales le habrían servido a este y a otros de sus hermanos en el afán de quitar el negocio de la usura a su padre, Gerardo Castillo Cornejo, el mismo hombre que unos años después prestaría dinero a Guillermo Gallegos y a su esposa.

La respuesta de Probidad respecto al muto firmado entre Guillermo Gallegos y Gerardo Castillo Cornejo es otra de tantas situaciones ambiguas que constan a lo largo de la adenda que reúne todos los argumentos de descargo del diputado en su examen patrimonial.

Primero, Probidad estableció que no se puede dar por válido el instrumento legal que ampara el préstamo hecho por Castillo Cornejo, porque no consta la firma de este. Luego, no obstante, la misma Probidad dejó de cuestionar los $45,000 prestados al decir que los Gallegos compraron el terreno en San Luis Talpa aproximadamente un mes después de recibir los fondos del prestamista. La suposición de que se trató del mismo dinero bastó a Probidad para borrar de un plumazo la observación.

Guillermo Gallegos es diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Foto FACTUM/Frederick Meza.

Las lucrativas asesorías de su esposa

El nombre de Julia Nora Romero de Gallegos, abogada, saltó al ojo público en noviembre de 2016, cuando El Faro reveló que la Asamblea había regalado medio millón de dólares a la no gubernamental APDEMES, con la que ella estaba relacionada, cuando su esposo Guillermo era presidente del órgano legislativo.

Los documentos de Probidad revelan más cosas sobre Apdemes, la señora de Gallegos y otros de sus miembros.

Al ser cuestionada por el pago de un préstamo bancario de $19,500, por depósitos a varias de sus cuentas bancarias y por el dinero utilizado para la adquisición de inmuebles, Romero de Gallegos acudió a los nombres de varias personas que han estado relacionadas con Apdemes, entre ellas Juan Carlos Cerón, Mario Itamar Escobar y Ana Dolly Valiente.

De acuerdo con la investigación de El Faro sobre los Gallegos y APDEMES, publicada en noviembre de 2016, Julia Nora Romero de Gallegos, Cerón, Escobar y Valiente eran, los tres, miembros de la directiva de la asociación en 2014, cuando Gallegos era presidente de la Asamblea y esta aprobó la erogación de medio millón de dólares a la organización. Cerón, Julia Nora y Escobar son, además, fundadores del partido GANA. Cerón es, también, cuñado de Gallegos.

Ana Dolly Valiente, además, solía notarizar documentos legales a favor de Julia Nora de Gallegos. Uno de ellos, por ejemplo, firmado por Cerón, su esposa Digna Emérita Romero de Cerón y la esposa del diputado Gallegos, en el que los esposos hacían constar que, con sus salarios, pagaban cuotas de un préstamo de Scotiabank que aparece a nombre de Julia Nora. Todo quedaba en familia.

Ana Dolly Valiente era, además de directiva de Apdemes, asesora del diputado y fue candidata a una curul por el partido naranja. Y también intercambiaba dineros y préstamos con Julia Nora de Gallegos. El 27 de julio de 2010, por ejemplo, Valiente devolvió a la mujer del diputado $5,209.98 de un préstamo. En los documentos de Probidad también consta un préstamo entre ambas por $14,000.

Pero la mayor fuente de lucro de Julia Nora de Gallegos no estuvo nunca en Apdemes, la ONG a la que su marido ayudó a hacer llegar fondos públicos. El origen más lucrativo estaba en las asesorías que la abogada dio a instituciones del Estado mientras su esposo fue diputado, presidente de la Asamblea y hombre fuerte de GANA, sobre todo en la administración de Mauricio Funes, cuando la alianza con el expresidente permitió al partido de Gallegos tener acceso a puestos en varias oficinas estatales.

Probidad cuestionó a Julia Nora de Gallegos depósitos en varias de sus cuentas bancarias por $424,208.80. Para justificar la mayor parte de ese dinero, unos $420,000, la mujer presentó comprobantes de pagos que recibió por asesorías prestadas a cuatro instituciones del Estado entre 2006 y 2015: la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Factum pidió, por vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, que las instituciones arriba citadas explicaran en qué consistían las asesorías y cuáles fueron los productos que la abogada entregó. Al cierre de esta nota, solo el ISTA y el FSV habían respondido a las solicitudes.

El ISTA dejó constancia de que no se encontraron registros sobre asesores jurídicos entre 2006 y 2010. Mientras que entre 2011 y 2015, el nombre de Julia Nora Romero de Gallegos no aparece como asesora jurídica del ISTA. El FSV notificó que Romero de Gallegos prestó servicios  elaborando escrituras y mutuos hipotecarios para los clientes del FSV. La abogada, según la respuesta del FSV, devengó poco más de $9 mil, pagados por los clientes y no por el FSV, entre 2006 y 2015.

Probidad dio por válidos los ingresos recibidos de las instituciones estatales para desvanecer la mayor parte de los $424,208.80 dólares observados.

Pero esos no fueron los únicos ingresos de la esposa de Guillermo Gallegos hasta 2015.

Cuando Probidad requirió que Julia Nora de Gallegos justificara el pago de $131,308.57 a un préstamo hipotecario a través de cuotas mensuales de $2,000, ella respondió que obtuvo ese dinero de “otros honorarios” por sus oficios como abogada y notaria. Sin embargo, no presentó documentos para comprobar el origen de esos fondos. En este caso, Probidad le contestó que $95,199.70 de lo reportado como honorarios no están justificados.

Los ingresos de la abogada y su esposo también fueron suficientes como para, además de comprar inmuebles y pagar altas cuotas de préstamos bancarios, reintegrar importantes cantidades a tarjetas de crédito. A lo largo del periodo examinado (2006-2015), Probidad detectó pagos por $173,371.53 a tarjetas, buena parte de los cuales el diputado justificó diciendo que los hizo con los honorarios de su cónyuge.

La fortuna de Guillermo Gallegos

Para finales de noviembre del año pasado, Guillermo Gallegos había logrado desvanecer $1.9 millones de los $3.6 millones que Probidad le había señalado en un inicio. En total, la Corte Suprema de Justicia otorgó al diputado de GANA dos extensiones de 90 días para presentar pruebas a su favor: el 2 de febrero de 2018, ocho meses después de que Probidad inició el examen patrimonial a Gallegos, el diputado seguía entregando documentación de descargo. Según la investigación de El Faro, Probidad recibió pruebas al diputado aún en junio pasado.

Para julio de 2018, un año después de la primera notificación de Probidad, la cantidad había bajado a poco más de medio millón de dólares. Hubo quienes entendieron que las disminuciones favorables a Gallegos se explicaban por los apoyos políticos que Carlos Pineda, jefe de Probidad y quien aprobó todos los descargos, ha buscado en la Asamblea para ser elegido magistrado de la Corte Suprema. Gallegos y GANA fueron, de hecho, uno de los apoyos más importantes a Pineda. El exjefe de Probidad estuvo siempre en la lista que la GANA de Gallegos impulsó para el máximo tribunal. Pero un veto explícito de los diputados de Arena contra Pineda hizo, después de varias semanas de tira y encoge, desistir a Gallegos y a su partido.

El 26 de junio pasado, el magistrado Sidney Blanco -uno de los constitucionalistas salientes- pidió al pleno de la corte someter a votación los casos del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, del expresidente legislativo Sigfrido Reyes, de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, del vicepresidente Óscar Ortiz y de Gallegos.

Ante la negativa de varios de sus colegas a resolver, Blanco dijo: “El país no está preparado… para combatir la corrupción… Es la conclusión a la que yo lamentablemente llego luego de escuchar tácticas de no querer enfrentar los problemas graves, neurálgicos, del combate a la corrupción”.

No es la primera vez que el diputado Gallegos y su partido promueven candidaturas a cargos públicos de personas señaladas por favorecer a terceros a cambio de apoyos políticos. Ya a finales de 2015, Gallegos había sido uno de los principales impulsores de la reelección de Luis Martínez, el exfiscal general preso desde el año pasado por supuestos actos de corrupción.

La nueva correlación política que surgió tras la elección legislativa y municipal de este año, que dejó a Arena como gran ganadora y al PCN como su principal aliado, ha sido menos beneficiosa para Gallegos. Pero el escenario parece haber cambiado un tanto: el 29 de junio pasado, GANA eligió a Nayib Bukele, el popular exalcalde de San Salvador, como su candidato presidencial para 2019, una estrategia que parece suficiente para sacar al partido de la irrelevancia.

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