La semana pasada, comunicadores de dos medios escritos salvadoreños tuvieron acceso a un expediente judicial para el que la Fiscalía General ha pedido reserva absoluta. Los dos medios –El Diario de Hoy y Diario 1– publicaron detalles sobre el caso filtrado: la acusación criminal contra cuatro oficiales de la PNC, exagentes del Centro de Inteligencia Policial, a quienes los auxiliares del fiscal general, Luis Martínez, acusan de “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial”. No se trata, en realidad, de un destape periodístico, sino más bien de una historia que habla sobre cómo la Fiscalía General prefirió perseguir a policías que investigaron a miembros del Cartel de Texis, una de las organizaciones de narcotráfico salvadoreñas reconocidas por la ONU, antes que procesar al jefe del grupo criminal, el empresario José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo. Para los policías, la Fiscalía de Martínez ha pedido cárcel y condena; para Chepe Diablo, designado capo internacional del narco por la administración Obama en 2014, libertad y exoneración. Algo parecido ocurrió con Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, en inglés), que filtró información sobre abusos de esa agencia: Washington decidió, en primera instancia, perseguirlo a él antes que a los oficiales responsables de, entre otras cosas, espiar a sus conciudadanos.
En agosto pasado, la Fiscalía General de El Salvador desechó la idea de procesar a José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo y presunto cabecilla del Cartel de Texis, por lavado de dinero y activos: “Luego de realizar los análisis correspondientes con la información disponible en la tramitación del expediente con referencia 22-UIF-2015 se emitió la resolución pertinente ordenándose el archivo del mismo…”, se lee en una carta firmada el 24 de agosto por el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Tovías Armando Menjívar.
Tovías, y la FGR, tomaron la decisión después de pedir a las instituciones del sistema financiero salvadoreño información sobre Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña y la empresa Gumarsal, entre otros, todos relacionados por investigaciones periodísticas al Cartel de Texis.
Copia de la carta en la que el jefe de la UIF-FGR manda al archivo el proceso por lavado contra José Adán Salazar Umaña.
Once meses antes de que Tovías Menjívar firmara la carta de exoneración, uno de sus subalternos, Mario Antonio Huezo Cortez, firmó una orden para iniciar investigaciones contra Salazar Umaña “para acreditar la existencia del delito de lavado de dinero y activos”, según se lee en el documento, fechado el 23 de septiembre de 2014 y anexado al expediente 47-2014-1/EGU, abierto por el Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador.
En ese memo, el fiscal Huezo Cortez dice que, en el caso de Salazar Umaña, se está “en presencia de hechos que dan lugar a que se infiera la presencia de actividades relacionadas al blanqueo de capitales”.
Más aún, los investigadores de la fiscalía aseguran, en los documentos anexos al proceso 47-2014-1/EGU, que “gracias a las fiscalizaciones que se realizó, se identificó que movieron en su patrimonio, a través de cuentas bancarias o en registros contables, grandes cantidades de dinero que no lograron justificar su origen, es decir, que estamos en presencia de capitales de fuente desconocida… Las explicaciones aportadas por los auditados carecen de lógica, por lo irrazonable o sin sentido lícito aparente de las operaciones por ellos mencionadas, las que fueron desvirtuadas por la Administración Tributaria…”, aseguraron los fiscales en septiembre de 2014. (El otro auditado, además de Guerra Umaña y Gumarsal, es el alcalde de Metapán, Juan Samayoa).
Lo curioso es que Huezo Cortez y los otros fiscales concluyeron que había suficiente mérito para hablar de lavado de dinero y activos “después de revisar” las cuentas financieras y bancarias de Salazar Umaña. La conclusión a la que llegó Tovías Menjívar, el jefe de la UIF, un año después, tras revisar las mismas cuentas, es que no hay indicios de lavado.
En julio de 2014, el diario estadounidense El Nuevo Herald publicó una investigación en la que, citando “altas fuentes” de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, aseguró que Salazar Umaña había infiltrado esa institución del Estado salvadoreño para ocultar sus movimientos financieros a través de cajas de crédito.
El 17 de septiembre de 2015, antes de que sus fiscales pidieran el archivo definitivo del caso de lavado contra “Chepe Diablo”, el fiscal general Luis Martínez contestó con evasivas a preguntas de La Prensa Gráfica sobre el caso de Salazar Umaña. Martínez dio a entender que había un caso abierto contra Salazar Umaña por lavado. El jefe de la UIF, no obstante, pidió la desestimación de esa investigación pocos días después de aquella plática del fiscal general con el periódico.
Revista Factum pidió a la unidad de prensa de la Fiscalía una entrevista con Tovías Menjívar para que explicara su decisión. No hubo respuesta.
@PrensaFgr Pueden facilitar correo o entrevista con el Lic. Tovías Menjívar de la UIF. Es sobre caso de José Adán Salazar Umaña. Gracias.
— Revista Factum (@RevistaFactum) octubre 20, 2015
Esta crónica de dobles discursos, declaraciones confusas e investigaciones truncadas es, sin embargo, solo una parte de esta historia. En el otro capítulo Texis, Chepe Diablo, Luis Martínez y sus fiscales también son protagonistas. Ese capítulo tiene que ver con los policías que abrieron en serio la persecución criminal contra la organización de narcotraficantes.
El inicio de la investigación
(Los siguientes párrafos son una adaptación de un relato escrito por el autor de esta nota en noviembre de 2012 sobre la primera captura de Roberto Antonio Herrera Hernández, uno de los miembros del Cartel de Texis, en febrero de 2011).
Roberto Antonio Herrera Hernández, alias El Burro, horas antes de ser detenido en febrero de 2011.
“Cuidá al niño y vendé todo lo que tenemos”, le dijo el hombre a su esposa por el celular. Era la voz de un hombre “asustado” y “resignado”, según me contó uno de los agentes asignado al Centro de Inteligencia Policial que lo custodiaba en el laboratorio de la PNC, el 17 de febrero de 2011. Pasaban las 3:30 de la tarde de ese día cuando Roberto Antonio Herrera Hernánez, alias El Burro, tomó el teléfono para alertar a su esposa de que estaba detenido y de que los policías estaban cotejando sus huellas digitales para confirmar si él era la misma persona a quien el FBI de Estados Unidos buscaba por varios delitos relacionados al robo de vehículos y su venta ilegal en California y Texas. “Él sabía para donde iba y sabía que si lo mandábamos para el norte de esa no se escapaba…”
El operativo había empezado en una de las casas de Herrera Hernández, la número 12 de la 7ª. Avenida Norte de Santa Ana, en el occidente salvadoreño, desde temprano, con una unidad de vigilancia que había ubicado el pick-up Toyota verde musgo placas P235-804, propiedad del Burro, estacionado frente al edificio de una planta, fachada blanca, puertas rojas y ladrillo visto. Cuatro agentes de la inteligencia policial, tres hombres y una mujer, se ubicaron a unos 50 metros del inmueble a esperar.
El seguimiento duró casi toda la mañana. Los agentes del CIP detuvieron a El Burro en una calle secundaria cerca de Zapotitán; le dijeron que tenían que llevarlo al laboratorio de la PNC a confirmar sus huellas.
Herrera Hernández era prófugo de la justicia estadounidense desde el 19 de junio de 2003, cuando fiscales de Texas lo acusaron de ser jefe de una banda criminal que movía carros robados entre ese estado y California. El Burro fue condenado en ausencia en 2005 por 8 cargos de robo interestatal de vehículos automotores. Según uno de los testigos citados en ese proceso, el expediente criminal 4:03-cr-00230-1, Herrera era “el líder de la organización”. Era por esa orden de captura que giró la corte del distrito sur de Texas, en Houston, el 14 de julio de 2003, que el CIP detuvo a El Burro en la calle de Zapotitán.
Poco antes de las 3:00 p.m. de aquel 17 de febrero de 2011, los policías del CIP recibieron, de manos de un agregado policial estadounidense, un documento con las huellas del hombre al que la corte tejana reclamaba. Las huellas eran las mismas, pero, al final, la orden de captura, según los agentes de Estados Unidos, ya no tenía validez legal. El Burro quedó libre.
Aquella captura fugaz quedó registrada en al menos dos de los expedientes que la inteligencia policial tiene sobre Roberto Herrera Hernández desde 2008, cuando el director general era el comisionado José Luis Tobar Prieto.
Texis y la persecusión (contra los policías)
El 16 de mayo de 2011, el periódico digital El Faro publicó un amplio reportaje en el que, citando tres informes de inteligencia, a altos mandos de la PNC, y a altos funcionarios de la administración de Mauricio Funes, reveló la existencia del Cartel de Texis, del que Roberto Antonio Herrera Hernández y José Adán Salazar Umaña eran supuestos miembros. También el actual alcalde de Metapán.
El mismo Funes, al inaugurar un foro periodístico organizado por El Faro, confirmó que su gobierno investigaba a la estructura de narcotraficantes del noroccidente del país, y que estos y otros narcos habían infiltrado al Estado salvadoreño.
Ficha de José Adán Salazar Umaña.
En un reporte publicado en 2012, la Oficina contra las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas (UNODC, en inglés) aseguró que en El Salvador existen dos estructuras importantes de narcotráfico, Texis en el noroeste, y Los Perrones en el oriente. El informe dice, de ambas estructuras, tienen protección del Estado, como lo había dicho Funes.
Varios jefes policiales, jueces, diputados, aun fiscales, aparecen nombrados en el reportaje de El Faro: los comisionados Douglas Omar García Funes y Víctor Rodríguez Peraza; el diputado Reynaldo Cardoza (este sí investigado por lavado de dinero tras una publicación sobre el crecimiento desmesurado de su patrimonio). Otras investigaciones periodísticas agregaron más nombres, como los del comisionado Héctor Raymundo Mendoza Cordero y el del diputado Wilver Rivera Monge, también detenido y procesado actualmente por lavado de dinero para el narcotráfico.
La Fiscalía de Luis Martínez ordenó la detención de Roberto Herrera por un caso de tráfico de vehículos entre El Salvador y Guatemala. Pero nunca fue tras Chepe Diablo, el hombre sobre el que auxiliares fiscales dijeron tener indicios suficientes de que lava dinero, al que la ONU calificó como jefe del cartel de Texis, al que la Casa Blanca nombró capo internacional del narco.
Sí enfiló Luis Martínez contra algunos de los agentes que participaron en aquel operativo de 2011 en que la policía salvadoreña capturó por primera vez al Burro Herrera y tras el cual continuó desenredando la madeja de las operaciones de Texis. A esos policías no los acusa de corrupción, sino de filtrar información secreta.
En una nota publicada el 15 de octubre pasado, como previa a la audiencia preliminar contra los policías, programada para fin de mes, El Diario de Hoy titula así una nota sobre el caso: “Procesan a 4 oficiales por manipulación de informaciones”, aun cuando la acusación es por filtración de documentos.
A lo largo de 28 párrafos, la nota relata, con base en las narraciones de agentes a los que no identifica o de los que solo menciona el nombre e iniciales de apellidos, cómo en el CIP se elaboró un documento en el que se hablaba del Burro Herrera, de Misael Cisneros (alias “Medio Millón” y también vinculado a Texis) y de jefes policiales a los que tampoco identifica.
El artículo, que en varios tramos cita el expediente judicial que se supone tiene reserva absoluta, cierra así: “Las autoridades de Seguridad Pública no han tomado ninguna medida sancionatoria contra ninguno de los cuatro oficiales procesados, pese a que la Fiscalía ha presentado varias evidencias que los comprometen, explicaron fuentes consultadas por El Diario de Hoy”.
Es decir, EDH hace una nota sobre policías acusados de filtrar información –no de manipular; ese delito no existe- a un “medio electrónico” al que no identifica con nombre, y para construir esa nota se basa en un expediente para el que un juez decretó reserva absoluta, con lo que cabe entender que el periódico lo obtuvo a través de una filtración, y citando fuentes policiales que no identifica. Ejercicios similares sobre el tema aparecieron en La Página y Diario 1. Poco o nada dicen las publicaciones de las acusaciones legales contra Texis o de la negativa de la Fiscalía de investigar a esos a los que los policías acusados de filtrar investigaron.
El medio electrónico que publicó la primera y más completa investigación sobre Texis es El Faro. Revista Factum contactó a Óscar Martínez, coordinador de la sección Sala Negra de ese periódico digital cuando se publicó el texto, para hablar sobre su investigación.
La nota de EDH menciona a El Faro sin mencionarlo, y al hacerlo cuestiona la investigación sobre Texis. No me interesa saber nada de tus fuentes, solo oír tus comentarios sobre el proceso de investigación…
El proceso de investigación fue un proceso de cuatro meses que involucró a tres reporteros del periódico a tiempo completo. Esta no es la primera vez que un tema saca a flote la discusión sobre si se trató meramente de una filtración de parte de gente de la inteligencia policial; yo creo muchas veces actores interesados que valoran el texto lo hacen sin haberlo leído bien. Ese texto se basa en tres distintos informes, y debo decir que no todos provienen de la Policía: el primero de ellos es del año 2000; los informes se produjeron durante tres administraciones diferentes y durante cinco jefaturas policiales; aparte de eso hay fuentes vivas, incluso una de ellas, vinculada a la Policía, que habla de cómo protegían cargamentos por órdenes de gente de quien se dan los nombres. El Cartel de Texis no fue una investigación realizada solamente realizada con base en informes, aunque estos sí fueron piedra angular de esa investigación. En el seguimiento, porque se publicaron varios materiales después, hay varios actores hablando “on the record” sobre la publicación, como en algún momento lo hizo, por ejemplo, el ex ministro de Gobernación René Figueroa. Es una investigación que demuestra tajantemente algo que luego algunas condenas han ratificado: el Estado ha creído, ahora durante más de 15 años, que existe un grupo que domina esa ruta llamada El Caminito para ejecutar diversos delitos, la mayoría relacionados con el tráfico de droga y el lavado de dinero; lo creen y lo han creído tres administraciones que han sido incapaces de arrestar a los que consideran son los cabecillas de ese grupo criminal.
Agrego algo: los periodistas constantemente, los periodistas constantemente recibimos filtraciones, nuestro trabajo es depurarlas; entender qué de lo que tenemos en nuestras manos es verídico y qué no. Eso es lo que hicimos con el Cartel de Texis.
¿Qué pensás del proceso contra los policías del CIP? ¿Perseguir a investigadores y no a Chepe Diablo?
Sobre el proceso contra los policías, del que yo me he documentado a través de los medios de comunicación, parece haber un interés de alguna gente adentro de la Policía y adentro de la Fiscalía por hacer una cacería de brujas de quienes creen que hicieron filtraciones. Creo que es una persecución con muy poco sentido. Y me da la impresión de que no se le ha puesto el mismo ahínco de perseguir a quienes el Estado ha creído hace más de una década que dirigen un grupo criminal que incluso ha logrado infiltrar a la Policía a un nivel muy alto, a la política, en el occidente del país principalmente pero también en las estructuras nacionales.
¿Y de las notas periodísticas sobre el tema?
No termino de entender cuál es la acusación, porque las notas son bastante escuetas y no terminan de explicar qué es lo que está ocurriendo; y entiendo que ponerle reserva total al proceso es un intento de que la prensa no se documente bien de lo que se está haciendo en este proceso contra los policías que ellos creen que dieron alguna información, que supongo se refiere a nuestra publicación del Cartel de Texis, yo lo infiero, porque las notas tampoco lo dicen.
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En julio del año pasado, un agente del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ha seguido de cerca las investigaciones al Cartel de Texis me dijo: “Hay aún mucho dinero que él (Salazar Umaña) no es capaz de justificar. Eso es lo más importante en esta investigación”. La Fiscalía de Luis Martínez no lo cree así. Para la Fiscalía es más importante investigar a los que investigaron a Texis: una especie de síndrome John Snowden tropicalizado.
Foto principal: Sentado en el extremo derecho José Adán Salazar Umaña. Atrás, al centro, de sombrero, Roberto Antonio Herrera, El Burro.
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