Muchas funerarias salvadoreñas viven auténticos días de bonanza. La de San Pedro Perulapán opera a ritmo de “ataúd hecho, ataúd vendido”. Y hay otras, en Soyapango y  San Salvador, que han hecho de la muerte un verbo, “muertean”: buscan muertos sin importarles peinar territorios cundidos de pandilleros. Este alboroto ha desencadenado el surgimiento de féretros de cartón y de funerarias piratas. Esta es la otra cara de la explosión de homicidios de los últimos meses y que, al cerrar este año, podría ubicar a El Salvador como el país más violento del mundo. Hoy más que nunca, la muerte tiene cara de negocio.

Fotos: Frederick Meza

Nadie lo odia, ni lo envidia, ni desea estar en su pellejo. Juan vive de ir detrás de los espectáculos más repulsivos: busca cuerpos martirizados hasta la muerte, de esos que tienen estigmas de bala, puño o puñal. Por estos días tiene mucho trabajo, este país pinta ser el más sanguinario del mundo.

Sin descongelar su sonrisa vivaracha, Juan dice ser un “muertero”. Busca muertos para su funeraria. Y busca llegar antes de que se apiñen las ofertas de otras funerarias capitalinas como “La Corona”, “Josué 1.9”, “San Carlos”, “La Luz”, “La bendición de Jesús”, “Eben-Ezer”, “El Perdón”, “Nuevo Amanecer”…

Es el mediodía del sábado 26 de septiembre. Antes que los forenses, Juan es el primer muertero en arribar a la escena del crimen: una casita maltrecha ubicada frente al sobrevendido cementerio de La Bermeja, un par de kilómetros antes del centro de San Salvador. Con gran tranquilidad, Juan abre la compuerta trasera de su pick-up —donde transporta un ataúd vacío— y se sienta  a observar y a esperar. Entrelaza sus pies y los balancea como un niño.

Frente a él, se desparraman dos muertos que naufragan en su propia sangre. La sangre es el foco de un remolino de moscas, policías y periodistas. De pronto, Juan sale de su mutismo: dice que ambos eran pandilleros y los nombra, Erick Campos y Edenilson Cruz (uno de 22 años y el otro de 37). Y se dispone a interpelar a una acongojada señora de lentes gruesos que parece familiar de las víctimas. Le acerca su tarjeta de presentación. Y le asegura poder “hacerse cargo de los dos” a cambio de $1,600, una “ganga” que incluso puede ser pagada a crédito.

Juan le dice que esperará su decisión. Y regresa a su pick-up, donde ya han tomado asiento tres de sus “cheros”, cada uno de una funeraria distinta. Sus respectivos pick-ups están parqueados detrás del suyo. La plática es de rutina: “¿Qué ondas, men? ¿No te mandó a la mierda la señora? Casi, casi, pero no”.

—¿Es rentable “muertear” a pandilleros? —pregunto.

—Sí, men, es rentable. Estos hijueputas pagan de un solo. —responde Juan.

Los pandilleros lo mantienen ocupado, cada uno de sus homicidios se podría traducir en un dinero extra. Ellos suelen demandar el servicio fúnebre de $800 o el de $350. Y solo esta mañana, las pandillas han asesinado a siete. Cinco en Soyapango, uno en Ayutuxtepeque y otro más en Mejicanos. Juan es consciente de que en El Salvador encontrar la muerte puede ser tan fácil como hallar una Coca-Cola, pero no titubea en decir que este es el mejor empleo que ha podido encontrar. Más allá de lo redituable que podría ser su nicho de mercado, hay preguntas que flotan en todo esto, ¿cómo sabía los nombres de las dos víctimas? ¿Cómo se entera al instante de los asesinatos?

—Eso es un secretito —Juan zanja el tema.

Más adelante, alguien dirá que son algunos policías los que sirven de informantes, a cambio de una comisión.

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Cementerio de Panchimalco. En una tumba se logran visualizar las siglas XV3, código relacionado a la pandilla 18. En Panchimalco, sólo en 2015, han sucedido 5 masacres, la mayoría de pandilleros. Muchos de ellos fueron enterrados acá. Foto Frederick Meza.

San Pedro Perulapán es un pueblo cuya cercanía con la capital no ha logrado aniquilar su aire rural. Es diminuto y verde. Una jungla parece a punto de engullir los tejados de su centro: las tres únicas cuadras que este año no han atestiguado asesinatos. Con más de 110 homicidios acumulados, muchos estiman que cerrará el 2015 dentro del “Top 10” de los municipios más letales de El Salvador. Quizá por eso a Perulapán se le siente el pulso débil. Se mueven pocos vehículos, hay pocas tiendas y una sola funeraria. Se llama “San Pedro”, es pequeña y está ubicada en la calle que lleva al viejo cementerio.

“¡Estamos vendiendo ataúdes como pan caliente!”, confiesa, muy entusiasmado, un sonriente empleado de esta funeraria que prefirió usar el pseudónimo de Rogelio.

Con sus dedos cubiertos de pintura gris —indicio de haber estado pintado ataúdes—, Rogelio asegura que 13 de sus 25 años de edad los “ha vivido para los muertos”. Empezó lijando ataúdes. Ya se acostumbró a ver cómo preparan a los cadáveres cuajados de balazos, como el de pandillero al que le llegó a contar 23 en el pecho, cinco en una mano y otros cinco en la cara. A estas alturas, las vísceras humanas le recuerdan a una sopa de patas. Sorprende que no sienta asco.

Según sus cuentas, este año “se ha puesto buena la demanda” de servicios fúnebres. No duda en atribuírselo a la violencia que se ha cebado en la campiña de Perulapán, donde más de 35,000 personas viven a merced de “la mara de las letras y la mara de los números (la MS y la 18)”. Rogelio dice que el desangramiento es tan contundente que otras funerarias —de municipios vecinos como San Martín, Soyapango, Cojutepeque o Ilobasco— compran sus ataúdes para satisfacer la demanda.

Hace unos ocho años, cuando Perulapán no tenía el estigma de violento, “los muerteros” de Soyapango y San Martín llegaban a disputarse a los muertos a golpes. La ley de la selva. Ahora, Rogelio asegura que una sola funeraria de San Martín monopoliza el servicio fúnebre en los cantones más peligrosos. La gran pregunta: ¿Cómo consigue un muertero enterarse de que hay un homicidio segundos después de ocurrido?

“El contacto son los policías. Llevan una comisión dependiendo de la funeraria. Hay unas que pagan $3 o $5 por llamada (hecha). Otras pagan el 10% del valor del servicio (fúnebre), si cuesta $1500, les queda $150”, explica el empleado. Rogelio asegura que está práctica es vieja y se extiende en todo El Salvador. Días después, Howard Cotto, el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), defenderá escuetamente que “ya ha escuchado sobre eso, a manera de rumor”. No descarta que sea posible, pero tomará medidas hasta tener más pruebas.

Mientras tanto, Rogelio se ufana de no ser muertero. No ve necesidad. Los muertos son tantos que no debe buscarlos; se los llevan. Por ejemplo, el pasado 4 de agosto, en el vecino cantón El Rodeo, ametrallaron a cuatro hombres dentro de un bus. Poco después, tres de ellos fueron traídos hasta aquí. Cobró $700 por cada uno. Hay trabajo.

—Estamos trabajando los siete días de la semana. Solo este día entre tres (trabajadores) sacamos diez “cajas” y mañana vamos por otras diez. ¡No damos abasto!

Rogelio juraría que en agosto elaboraron 30 ataúdes extras y los vendieron en un santiamén. Suelen despachar cajones en tres gamas: el súper económico, el económico  y el “deluxe”. Aunque Rogelio confiesa que los tres son prácticamente iguales: hechos con poca madera y mucho Durapanel, una especie de tabla de aserrín prensado. Al igual que un carro, el precio de cada ataúd está amarrado a su tapicería y sus adornos.

—¿Los pandilleros pagan servicios fúnebres?

—Sí. El que más buscan es el de precio regular (el económico) de $700 —dice Rogelio.

Por ese precio les garantiza una caja, transporte y el préstamo de una pila de sillas y un gran crucifijo. La suya es una empresa seria. No es una “funeraria pirata”, como muchas de las florecen en Sonsonate. Élmer Carballo, el síndico municipal de Colón (un municipio de La Libertad que sufre como Perulapán), denuncia que las funerarias piratas suelen muertear y utilizar un mismo ataúd para varios servicios. En cambio, a Rogelio le molesta que engañen a la gente a lo bruto: “Les dicen que algo cuesta $600 y después les piden $200 más por preparación, $100 por el entierro…”

Antes de despedirse, Rogelio dice que el repunte de ventas le ha permitido pensar en su futuro, en su vejez. Ha empezado a cotizar en el Seguro Social y en el fondo de pensiones. Quiere aprovechar lo que parece una bonanza.

A unos metros de aquí, resuenan las máquinas pulidoras de otro taller de ataúdes. La demanda es tal que los siete días de la semana —entre 7 AM y 5 PM— se puede hallar aquí a Pedro Pérez, de 37 años. Él y otros nueve empleados sacan adelante una producción semanal de 20 ataúdes. Pedro no duda en endilgarle a la violencia el aumento de la demanda.

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Carro de la funeraria “Funeraria Nuevo Amanecer”, a la espera de que termine un entierro en el cementerio de Panchimalco. Foto Frederick Meza.

Es la tarde del viernes 25 de septiembre. El cielo luce turbio y triste. Tanta lluvia ha vuelto fangoso al cementerio de Panchimalco, un municipio de San Salvador. Aquí, debajo de un retorcido árbol de amate, dos sepultureros cavan una nueva tumba mientras son vigilados por dos policías cuyos rostros están encubiertos por gorros navarone.

—¿Van a enterrar aquí a alguien que fue asesinado? —la pregunta es para uno de los sepultureros.

—Hoy no. Aquí vamos a enterrar a una señora que murió de viejita, tuvo “muerte de Dios”.

Al sepulturero le consta que muchísimos “panchos” han tenido el mismo destino fatal,  otros muchos lo tendrán luego. Se topan con una muerte siniestra. Odio puro. Ese fue el caso de cinco pandilleros acribillados a mansalva hace poco más de un mes. Y el de un guardaespaldas presidencial que fue tiroteado frente a su familia. Mientras el Ejército patrulla al pueblo con gorros navarone, varias funerarias capitalinas incursionan, en solitario, a través de la ondulada y belicosa zona rural de Panchimalco.

Y hay quien asegura que esas funerarias asfixiaron a muerte a las de Panchimalco. Lo dice un jovial octogenario que fue propietario de una de las últimas funerarias de “Panchi”. Su seudónimo es Tulio. Llegó a tener un salón de vela, un taller de ataúdes y su propia carroza fúnebre. Actualmente, revende ataúdes y cruces desde su casa. Dice que gana bien, pero le podría ir mejor. Tulio cree que las cifras rojas que en 2011 ubicaron a Panchimalco en el cuadro de los municipios más sangrados del país, habrían atraído a hordas de funerarias capitalinas que lo estocaron con ofertas más económicas: ataúdes básicos en $60 o servicios completos de hasta $350.

Mientras se lamenta, aparece un pandillero. Uno inquieto y delgado que atornilla su mirada en él. “Este hijueputa es peligroso. Acaba de estar en la cárcel; lo apodan El Caballo”, susurra Tulio. Y lo saluda, “¿cómo estás, papito?” Los pandilleros han sido ganancia y perjuicio. En el pasado le han comprado cajones sin regatear. Pero, también le han “ofrecido plomo” si a veces no se los regala. Hace poco le exigieron cuatro y de los caros. Según Tulio, ser enterrados en un ataúd caro los hace sentir un poco más dignos, una especie de “happy ending” post mortem. Para Tulio esos cuatro ataúdes le significaron una pérdida de más de $1,500. Aunque él reconoce que para lo que gana, la pérdida resulta una “chapupa”, una minucia.

La tensión expira pronto. En el doblez de una calle, aparece un cortejo fúnebre que, sin mucha pompa, acapara miradas, incluyendo la del pandillero. El ataúd “económico” de la señora que tuvo muerte de Dios es transportado en una urna de cristal empotrada sobre un pick-up. En el parabrisas lleva un rotulito de “Funeraria Nuevo Amanecer” maridado con un número telefónico capitalino. El cortejo se detiene frente a Tulio. Alguien tiene intención de comprarle una cruz de cemento por $10.

Mientras Tulio vende, Antonio López, uno de los empleados de la funeraria, asegura que no teme venir a vender servicios funerarios a cualquier sitio de Panchimalco. No importa que sea de noche o de día. No importa si es muerte violenta o accidental.

“A veces, cuando vamos a cantones como Azacualpa, nos salen unos cheros todos tatuados a pararnos con armas. Nos piden documentos y que nos quitemos la camisa. Y luego nos dejan ir. El que nada debe, nada teme”, dice el muertero. Antonio añade que el negocio está en venderles ataúdes en situación de emergencia, es decir, poco después de un homicidio. Se les dice que deben pagar la mitad. “Esa mitad nos garantiza no tener pérdidas”, explica.

—Y tiempo después, ¿no te da miedo regresar para cobrarles la otra mitad?

—Nada de miedo. Casi siempre de ellos sale pagar. Se les llama por teléfono y luego uno va a cobrarles. Raro es cuando dicen que no van a pagar—dice Antonio.

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Funeraria Eben Ezer, en el barrio Concepción, de San Salvador. Una empleada de la funeraria muestra la caja que contiene los restos de un joven que fue asesinado por pandillas. La familia pidió anonimato por miedo a represalias. Foto Frederick Meza.

Desde una confortable cafetería capitalina, Harold Sosa piensa en Panchimalco. También en otros poblados como San Matías, Apopa o Jiquilisco.

—Con tanta violencia, en muchos de esos municipios hay familias que dejan de comer por pagar funerales. Por eso me decidí a vender ataúdes de cartón —arranca Harold.

Harold es joven, tiene 34 años. Se emociona al explicar que sus ataúdes no son endebles. Sin complejos, asegura que pesa 290 libras y que sus ataúdes pueden soportar aún más peso. Ya los ha probado. Están hechos de tres capas de cartón reforzado. Hasta ahora los importa desde Argentina —donde son usados para cremaciones—, pero dice que pronto los fabricará aquí.  Su precio: $65.

Con toda seguridad, en Panchimalco se pueden hallar ataúdes más ortodoxos y silvestres por menos dinero, unos $60. Sin embargo, lo que ofrece Harold raya en lo cosmético. Un ataúd tiene alta exposición social; no solo entraña a algo entrañable, refleja estatus. Por eso, su servicio funciona como una cajita de fósforos. Antes de su velación, el féretro de cartón es introducido lateralmente dentro de otro ataúd más elegante. Uno de madera, con ventanilla y “la apariencia de costar $1,500”.

—A la hora del cementerio, se vuelve a abrir la compuerta del ataúd duro y  se extrae el ataúd de cartón para que sea enterrado bien sellado —explica Harold.

El ataúd de madera es reutilizable, “la idea es ahorrar y ser ecológicos”. Harold platica que pronto visitará la alcaldía de Panchimalco. Les ofrecerá un combo que incluye un ataúd duro por cada 50 féretros de cartón. Harold sabe que alcaldías como esta suelen ofrecer ataúdes gratuitos a familias empobrecidas. Pero resulta difícil conocer qué grado de demanda están teniendo. Dos empleados zanjan la solicitud de información: “La prensa y la empresa privada está enfrascada en querer pintar a Panchimalco como violento”. Política.

Algunos cerros más al occidente de Panchimalco, emerge Colón. Otro municipio que descuella por violencia. En mayo, el Instituto de Medicina Legal (IML) lo ubicó en el tercer lugar de la lista negra de homicidios, por detrás de Perulapán y Jiquilisco. Y hay quien asegura que su alcaldía subsidia el 90% de los ataúdes que requieren los homicidios cometidos en esta zona.

—El repunte de violencia nos acarrea costos a la alcaldía. Este año, llevamos más de 68 homicidios y en el 90% de los casos ponemos el ataúd—dice Élmer Carballo.

Élmer es el síndico municipal de Colón. Conoce bien su territorio. Sin embargo, no sabría decir por qué los pandilleros locales casi nunca pueden asumir gastos fúnebres, como a veces ocurre en Soyapango, Perulapán o Panchimalco. Solo sabe que los muertos son casi siempre muy jóvenes y muy pobres. “Cuando se es joven y pobre en lo que menos se piensa es en la muerte, ni sus familiares están preparados para gastos fúnebres. Pero no importa si es pandillero o no, la alcaldía terminando asumiendo los gastos”, dice.

Élmer no ha hecho números, pero deduce que el costo de los homicidios es alto: “Todos los meses levantamos muertos, para eso requerimos cuadrillas de personal, pago de  horas extras, pago de transporte y, lo elemental, pago de ataúdes”.

La alcaldía de Colón suele comprar ataúdes, al por mayor, en la funeraria La Nueva Esperanza. Su propietaria asegura que le compran el “súper económico”, a $80 cada uno. Al hacer cuentas, entre enero y septiembre, esta alcaldía habría gastado $5,000 en 61 ataúdes súper económicos. La cifra parece modesta. En la capital, un solo féretro, uno importado, puede llegar a costar más de $3,000.

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Al anochecer, San Pedro Perulapán luce tenebroso. La silueta de sus bosques y los pináculos de su iglesia se vuelven negros.  De poco ayuda encontrar a la estatua de un enorme Juan Pablo II en pleno parque central. El recuerdo de sus más de 110 asesinados —casi todos acribillados entre enero y septiembre— tiene el poder de convertirse en fantasma. Uno no sabe si desconfiar de los pocos transeúntes o si lo mejor es guarecerse o largarse. Hay muchas puertas cerradas, pero en el taller de Pedro Pérez se escuchan unos martilleos.

—Este pueblo es algo tranquilo, lo jodido está en los cantones —Pedro espanta a la paranoia mientras martilla un ataúd ochavado.

Son pasadas las seis de la tarde y sigue “adelantando trabajo”. Quiere cumplir con su pedido semanal de 20 ataúdes. Pero se sincera, no le gusta pensar que trabaja a costillas de lo jodida que está la gente en los cantones.  “A todos nos gusta ganar dinero, pero soy consciente que estoy comiendo de la desgracia de otros”. Esa idea lo martilla.

Hace pocos días, Pedro visitó la parroquia para rezarle a su tocayo, San Pedro. Cree que lo entenderá. La talla tiene su historia. Se dice que alrededor de 1839 —cuando Centroamérica se fracturaba entre conservadores y liberales— ocurrió una batalla en medio de Perulapán. Un conservador habría entrado al templo y no dudó en dispararle a San Pedro, pues lo confundió con el líder de los liberales, Francisco Morazán. Mito o no, el actual sacristán confirma que el santo tiene un balazo en medio de su pecho

“Este santo está hecho de buena madera, sabe de balas y sufrimientos. No me importa si voy ganar menos, le voy a pedir que deje de morir tanta gente”, dice Pedro. En medio de este ciclón de criminalidad, no todos piden lo mismo. Juan, el muertero con el que arranca este texto, asegura que no siente ningún pesar por su trabajo, “no le veo nada de malo. Este país está lleno de muertos y los muertos necesitan un ataúd”. Con Juan parece cumplirse el dicho de “el muerto al hoyo y el vivo al gozo”.

Horas antes, Juan repetía su rutina. Se le podía ver sentado en la tapadera trasera de su pick-up. El escenario era otro: una esquina del barrio San Jacinto, en San Salvador, que escurría sangre. Sin embargo, su mirada estaba puesta en los forenses que revisaban el cuerpo de un joven con tantos agujeros como un colador.

—¿Por qué no hay otros muerteros aquí? —pregunté a Juan.

—Ya se fueron. Se aburrieron de esperar, el bicho que mataron parece que no tiene documentos y ningún familiar lo ha venido a reconocer —respondió.

—¿Y vas a esperar más tiempo?

—Sí. No me voy de aquí hasta que sepa su nombre. Ese bicho va a necesitar un cajón.

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