A poco más de un mes de que la Sala de lo Constitucional declaró que en El Salvador existe el fenómeno de desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia, una organización de la sociedad civil presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para intentar garantizar una atención adecuada a las familias afectadas. Mientras tanto, el Estado aún no reconoce oficialmente el fenómeno y trabaja en una ley de atención a víctimas que no incluye un abordaje integral para este problema.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La organización Cristosal dio a conocer a la Asamblea Legislativa este jueves 23 de agosto el anteproyecto de la Ley Especial para la Protección y Prevención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno. La posibilidad de llegar a una discusión en el ámbito legislativo sobre la necesidad de aprobar una ley especial ha sido precedida por el reconocimiento de este fenómeno por parte de la Sala de lo Constitucional en una sentencia del 13 de julio de 2018.
La iniciativa de Cristosal llega al mes siguiente de la sentencia y pretende responder a la obligación del Estado de atender debidamente a las familias que han tenido que dejar sus hogares por la violencia. El fin de la normativa es garantizar los derechos básicos de estas víctimas mientras su seguridad está en riesgo. El anteproyecto también tiene la finalidad de que se brinde protección a las personas que retornaron a El Salvador después de huir por la violencia.
Cristosal es una organización que se ha destacado desde 2014 por la atención a personas desplazadas por la violencia. En 2017, Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl atendieron 701 nuevos casos de personas que tuvieron que dejar sus casas por la violencia o que están esperando para hacerlo, pero aún no cuentan con los medios suficientes para ello. En 2018, la organización ya ha atendido 375 casos nuevos.
El amparo constitucional que abrió la puerta al reconocimiento del desplazamiento forzado interno en El Salvador fue el tercero de seis recursos similares presentados por Cristosal entre agosto de 2017 y febrero de 2018. Cinco de esos amparos fueron admitidos, aunque el del 13 de julio es el caso más delicado.
“Creo que este es el caso más complejo de los seis presentados porque reunía varias situaciones: una familia integrada por soldados, desplazada de un sitio y que es víctima tanto de pandillas como de violencia estatal”.
–Abraham Ábrego, coordinador de Litigio Estratégico de Cristosal.
Los magistrados constitucionalistas establecieron varias obligaciones que la Asamblea Legislativa, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y la Unidad Técnica Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia deben cumplir en el plazo de seis meses para atender este problema.
Entre los deberes establecidos por la sala hay dos principales. El primero es que la Asamblea deberá reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad, “para lo cual se deberá revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos”. El segundo mandato le compete específicamente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, porque tendrá que implementar medidas para “recobrar el control territorial de las zonas dominadas por las pandillas y evitar futuros desplazamientos”.
El documento con la propuesta de ley fue entregado al diputado del PCN, Antonio Almendáriz, presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, para que sea discutido por el resto de los diputados de esta instancia. En la sesión plenaria de este jueves 23 de agosto, los legisladores de todos los grupos parlamentarios conocieron la propuesta.
Almendáriz confirmó a Factum su disposición para acompañar la iniciativa de Cristosal. “La idea es la siguiente: yo les dije que hicieran un proyecto, lo vamos a conocer, le vamos a hacer nuestras observaciones y lo vamos a acompañar, para que se discuta en la comisión de seguridad”, afirmó el diputado, vía telefónica, un día antes de la presentación en la Asamblea Legislativa.
En 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, conoció el trabajo de asistencia que realizan las organizaciones salvadoreñas que trabajan con familias perseguidas y amenazadas por pandillas y en ocasiones por policías o militares. Luego, en enero del presente año, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Agnes Callamard, insistió en la necesidad de que el Estado salvadoreño reconociera este problema específico de violencia para que las víctimas dispongan del debido apoyo institucional y se trabaje además en la prevención del fenómeno.
“La violencia está obligando a miles de salvadoreños a huir de sus casas y migrar. Algunas personas lo hacen bajo los auspicios del programa de reasentamiento del ACNUR. Sin embargo, la gran mayoría de los que abandonan el país no están documentados. Muchos son asesinados, desaparecidos, abusados sexualmente o detenidos en condiciones inhumanas en países vecinos y de destino. Si bien estos crímenes se llevan a cabo fuera del territorio de El Salvador, el Estado mantiene una serie de obligaciones para garantizar que los derechos de sus poblaciones migrantes sean respetados”, informó Agnes Callamard en su declaración final de misión en El Salvador.
Por otra parte, en cuanto al trabajo del gobierno para atender a las víctimas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló en su sentencia del mes pasado que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ni siquiera ha llevado a los diputados su anteproyecto de Ley Especial para la Atención, Protección y Reparación Integral a Víctimas del Delito y Violencia. “(…) Este enfoque también requiere de medidas para evitar que haya nuevas víctimas del fenómeno y para garantizar a quienes ya tienen calidad de desplazado la posibilidad de retorno a sus residencias, pero ello solo será posible previa recuperación de la soberanía territorial en las comunidades dominadas por las pandillas […] Se advierte que la Asamblea Legislativa no ha llevado a cabo, en el ejercicio de la atribución que le confiere el art. 131 ord. 5° de la Cn., una actualización de la legislación sobre víctimas que sea acorde con la realidad presente, específicamente, en el sentido de brindar a las víctimas de desplazamiento forzado la protección necesaria para resguardar sus vidas y otros bienes jurídicos igualmente relevantes”, se lee en la resolución de amparo 411-2017, en las página 40 y 41.
La propuesta, luego de ser discutida y depurada en la comisión de seguridad, va a requerir de 43 votos en el pleno legislativo para convertirse en ley.
Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal, dijo que espera que durante la discusión de la iniciativa se privilegie la atención a las víctimas. “Esperamos que las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa no vean en esto el interés partidario y que prevalezca el interés por la seguridad y mejores condiciones para los miles de víctimas de la violencia en condición de desplazamiento interno en el país”, dijo Medrano tras ser admitido el anteproyecto.
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