Juan Manuel Santos ofreció no regresar a la política partidista, en parte para no mostrar el mismo comportamiento que su antecesor, quien terminó siendo su más feroz opositor. Pero lo que está en juego en Colombia lo ha hecho montarse en un avión de vuelta a Bogotá a tan solo siete meses de haber dejado la Casa de Nariño.
Colombia usó por muchos años la aspersión de glifosato para contrarrestar los cultivos ilícitos. En el 2015, el gobierno de Santos suspendió el programa dando preferencia a la sustitución de cultivos.
Este 7 de marzo pasado, el presidente Iván Duque acudió a la audiencia de la Corte Constitucional para, personalmente, solicitar modificaciones a la sentencia del 2017 que puso límites al uso del glifosato.
Fue esta audiencia que hizo que Santos regresara a Colombia al ver las graves implicaciones de retomar la aspersión. No solo por sus efectos nocivos para la salud, sino por ser un golpe a la implementación de los acuerdos de paz, que ponía el uso del herbicida como último recurso y que más bien busca mejorar la vida de los campesinos.
Santos defendió el programa de sustitución de cultivos como una política con menor tasa de resiembras ilícitas, sin afectar la salud, y que otorga una alternativa de vida productiva a campesinos en regiones plagadas por la pobreza y la falta de presencia del Estado.
Negarse al glifosato también significaba defender el acuerdo de paz que el actual gobierno ha rechazado y sigue entorpeciendo. “Éticamente hablando, no es la solución que debe ofrecerse en un país ahora sin conflicto con las FARC, que era lo que justificaba la aspersión”, dijo Santos, mientras argumentaba que la vía no era envenenar a los campesinos.
El presidente Duque hizo hincapié en que no hay otra alternativa dado el incremento significativo de cultivos ilícitos en los últimos años: 64 % desde el 2013. Pero su defensa también ilustraba la presión de Estados Unidos para frenar la producción de la droga.
Cuando Duque fue huésped en Washington, D.C., en febrero recién pasado, lo único que salió del presidente Donald Trump sobre Colombia fue el reclamo de que el país andino “no estaba adelantado” en su plan de erradicar cultivos ilícitos, pero que “esperaba que muy pronto lo estuviese”.
Esto contrasta con el pedido de Santos, quien hablaba de una guerra contra las drogas hasta hoy fallida y que debe abordarse incluyendo una reducción de la demanda, obviamente desde los países del norte.
A pesar de que lo político tragó por completo los argumentos científicos sobre el glifosato, los defensores del herbicida optaron por echar un manto de dudas sobre los estudios, declarando que la ciencia no era contundente, al mejor estilo de los que se niegan a aceptar el cambio climático.
Tampoco faltó el experto extranjero, esta vez era Mister Keith Solomon, quien minimizaba los efectos tóxicos del glifosato al decir que “la toxicología del glifosato se ha reevaluado”. Pero lo que se le olvidó mencionar fue que él ha sido consultor para Monsanto, mayor fabricante del químico.
Del lado de los que se oponen al uso del herbicida están los que piensan que ya Colombia ha pagado suficientes víctimas en la lucha contra las drogas. Que nada justifica envenenar a más colombianos y destrozar la biodiversidad de miles de hectáreas, cuando se puede optar por otras alternativas menos perniciosas.
Ahora esto queda en manos de la Corte Constitucional Colombiana, que tendrá la tarea de ponderar los derechos, unos en favor de otros. Lo que está en juego en Colombia en estos días no es solo concerniente a los colombianos. Como el mismo Santos ha dicho: “La implementación exitosa de los acuerdos de paz dependerá también de que la comunidad internacional vele por estos”.
*Luis Ortiz es cofundador de Voces, un podcast sobre política latinoamericana. Con el auspicio de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. @VocesLatamerica www.VocesLatinoamericanas.com
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