“Yo no me provoqué ningún aborto”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA increpó el lunes 19 de octubre pasado al estado salvadoreño por no explicar qué ha hecho respecto a las violaciones a los derechos humanos de mujeres que han abortado en forma espontánea, han sido procesadas, condenadas por homicidio a las penas más severas que contempla la legislación nacional y separadas de sus familias. La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, dijo a la representación estatal: “todos sabíamos que veníamos a hablar del tema de estas mujeres, no de la situación de las prisiones. Si no tienen respuestas a estas preguntas, pueden responderlas por escrito… Es preocupante esta cultura de ataques a mujeres que han abortado”. El reclamo de Antoine partía de otro reclamo, el de Cristina Quintanilla, una salvadoreña que fue condenada a 30 años por homicidio agravado por la justicia salvadoreña luego de que llegó desangrada a un hospital público. La fiscal que la acusó y el juez que la sentenció están seguros de que Cristina había matado, con dolo, a su hijo no nacido. Ella ha sostenido siempre que tuvo un aborto espontáneo y que el Estado la metió presa simplemente porque es una mujer pobre.

Cristina Quintanilla, al centro en la mesa de la izquierda, escucha los argumentos del estado salvadoreño en la sede de la OEA en Washington. Fotos de Héctor Silva Ávalos.

Cristina mira a los ojos de sus interlocutores. Los mira de frente desde la mesa colocada en un costado del salón Rubén Darío del edificio que la Organización de Estados Americanos (OEA) ocupa en la calle F de Washington, a cuatro cuadras de la Casa Blanca. Aquí se realizan las sesiones anuales de la CIDH, donde ciudadanos y organizaciones reclaman a los estados nacionales por violarles sus derechos. Cristina mira a las tres funcionarias de la Cancillería salvadoreña que están frente a ella, luego mira a su izquierda, a la presidenta de la Comisión. De frente:

“Yo no me provoqué ningún aborto. Tuve un aborto espontáneo. Es muy importante y muy serio hablar de esto. A mí la fiscal (que la proceso) me acusó de haber matado a mi hijo, porque soy pobre me discriminó. A mí me duele el alma saber que en El Salvador hay otras mujeres en la cárcel por esto, con condenas tan altas y sus vidas están en peligro”.

Cuando Cristina, vestida con una camisa a rayas fucsia y crema, termina de hablar, a lo único que el estado salvadoreño se ha comprometido es a responder por escrito a las denuncias que escuchó aquí, que fueron muchas, y graves.

El de Cristina Quintanilla es solo uno de varios casos de mujeres salvadoreñas que han abortado y han sido juzgadas por homicidio agravado y condenadas a penas largas de prisión. Ella es, además, una de 17 mujeres que han denunciado al estado por lo que consideran violaciones a sus derechos humanos. Según los representantes legales de esas mujeres, no hay pruebas científicas de que se haya tratado de abortos provocados, por lo que las acusaciones por homicidio no están fundamentadas.

Revista Factum tuvo acceso a los expedientes médicos de dos de esas mujeres, y en ambos constan exámenes forenses practicados por el Instituto de Medicina Legal que no establecen con exactitud las causas de las muertes de los bebés no nacidos, y consta que quienes firman esos informes no establecen que se haya tratado de homicidios. En la mayoría de los casos, es la Fiscalía General de la República la que tipifica el delito como homicidio agravado, basada en una reforma al Código Penal de 1998, que eliminó excepciones no punibles en casos de aborto, y otra a la Constitución de 1999, que establece que hay vida desde el momento de la concepción.

A partir de las reformas, entre 2000 y 2011, 49 mujeres han sido condenadas en El Salvador, 23 por homicidio y 26 por aborto. Cristina Quintanilla es una de ellas.

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Cristina Quintanilla con Rosa María Ortiz, comisionada de la CIDH para la niñez.

Busca con la mirada a la mayor de sus hijas –tuvo a dos después de la condena y tenía a otra antes del aborto espontáneo. Una de las mujeres que la ha acompañado en la mesa, miembro de una de las oenegés que respalda la denuncia contra el estado salvadoreño, tranquiliza a Cristina: de la mano lleva a la niña mayor a que abrace a su madre. Es un abrazo fugaz. Cristina está rodeada de gente: más miembros de oenegé, funcionarios de la OEA, periodistas. Acompañada de la mini-tropa, Cristina intenta salir del salón de sesiones; la detiene un hombre de saco y corbata: “Gracias por venir; cuídese del frío”. Cristina se detiene, incómoda: “¿Ese era un funcionario de El Salvador?”, pregunta; y se responde: “era funcionario. Y yo qué culpa tengo que no hagan bien su trabajo”. A Cristina Quintanilla no le ha gustado el encuentro. A Cristina no le gustan los encuentros con funcionarios del estado salvadoreño.

Entre el salón, la estación de cafés del pasillo y el ascensor, la mujer vuelve a recordar su historia, la que empezó en octubre de 2004 cuando su mamá la llevó de emergencia al hospital luego de encontrarla desvanecida y ensangrentada en la sala de su casa en Ilopango.

Estuvo detenida desde que llegó al hospital: el personal de salud que la atendió llamó a la Policía para decir que Cristina Quintanilla se había provocado un aborto. Cuando despertó y recobró la conciencia después de que los médicos le practicaron un legrado, un agente de la PNC era su compañera de cuarto. Después, a las bartolinas de la Policía en Ilopango.

“Yo no me provoqué ningún aborto, tuve un aborto espontáneo”, había dicho Cristina en su respuesta a la CIDH y al estado salvadoreño durante la audiencia.

Rosa María Ortiz, comisionada de la CIDH para la niñez, le había preguntado al estado salvadoreño y a los demandantes –peticionarios en la jerga de la OEA- por el papel de los médicos del sistema de salud pública en el tema. “Encuentran ahí un enemigo, cuando deberían encontrar alguien que las atienda”, opinó la funcionaria, que también quiso saber sobre la relación de la religión con el asunto.

“Los casos que luego hacen los fiscales por homicidio agravado los empiezan a generar los médicos, que irrespetando el secreto profesional denuncian a las mujeres… Y la religión también juega un papel importante en exacerbar el estigma, que luego es multiplicado por los medios de comunicación. No hay diferenciación entre la libertad religiosa y los derechos de estas mujeres”, había respondido una representante del Centro para los Derechos Reproductivos, una ONG basada en Nueva York que acompaña la demanda de las salvadoreñas.

Tras tres días en bartolinas –bartolinas, no reposando en casa después de un legrado-, Cristina fue a una audiencia inicial en un juzgado de paz de Ilopango. Ahí supo que el Estado, a través de la Fiscalía General de la República, la acusaba de haber asesinado. En esa audiencia, Cristina oyó decir a la fiscal a cargo del caso: “Ella lo mató porque ella es pobre”.

El juez decidió que el proceso, por homicidio, debía de continuar, pero atendiendo “al dolor” de Cristina, le decretó medidas sustitutivas a la cárcel. El 16 de agosto de 2005 –la mujer no tiene que hacer esfuerzo alguno para recordar la fecha- un juez de sentencia la condenó a 30 años de prisión, de los que cumplió cinco años y dos meses. Al final fue el mismo estado el que, en un breve paréntesis a su celo punitivo en este tipo de casos, decidió perdonarla por un delito que, en realidad no había podido probar con base científica, sino solo basado en el testimonio de médicos y otros funcionarios. En 2009, la Corte Suprema de Justicia decidió conmutarle la pena debido a que la sentencia impuesta había sido “excesiva y desproporcionada”.

Las representantes del Centro para los Derechos Reproductivos dicen que se han reunido varias veces con agencias del estado salvadoreño –de Salud, Centros Penales, Seguridad Pública- entre otros para buscar alternativas y “mitigar la criminalización”. La respuesta del Estado, dicen, ha sido pobre, como en esta audiencia.

Rosa María Ortiz, una de las comisionadas de la CIDH que increpó al estado salvadoreño, ha llegado hasta el ascensor para abrazar a Cristina Quintanilla, para felicitarla por su valor de denunciar al estado.

Atrás, en la sala Rubén Darío, queda el eco de una de las tantas cifras con el que los peticionarios ilustraron el tema: 31 casos nuevos desde 2010.