Volver a empezar: los jóvenes veteranos de Centroamérica

La estadística lo resume así: poco más de 68,000 menores de edad, la mayoría provenientes del norte de Centroamérica, llegaron a Estados Unidos sin documentos y sin compañía de un adulto en 2014; un aumento del 77% respecto al año anterior, según cifras oficiales. La política lo resume así: el crecimiento en el flujo de estos menores provocó una crisis en Washington que motivó en parte la decisión unilateral de la Casa Blanca -que no consultó al Congreso para hacerlo- de detener la deportación de unos 5 millones de indocumentados y, además, reunió al vicepresidente estadounidense Joseph Biden con los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, países de origen de la mayoría de menores, para lanzar la “Alianza por la prosperidad”, un plan de desarrollo que pretende replantear la relación de cooperación entre Washington y el Triángulo Norte pero que, a la fecha, carece de fondos para hacerlo. Acciones grandilocuentes. Detrás de todo están las historias personales de niños y niñas a quienes sus países, los más violentos del mundo, expulsan sin piedad. A los traumas acumulados desde la primera infancia, que empiezan con la separación de sus padres biológicos, estos menores suelen añadir episodios de maltrato, violaciones sexuales, violencia relacionada a pandillas, criminilización y, al final del ciclo, la llegada a un país que les es hostil, cuyo idioma no conocen, y a hogares desintegrados que, en el mejor de los casos, les ofrecen alguna seguridad material. Esta es la historia de jóvenes como Brenda y Alan, salvadoreños que llegaron a casa de su padre en Nueva Jersey entre junio y septiembre de 2014. A él lo amenazó la Mara Salvatrucha en Soyapango; a ella la violaron pandilleros, la arrestó la PNC por haber participado en varias extorsiones y la Fiscalía le ofreció un trato: delatar a sus violadores, que también fueron sus compañeros de crimen, para dejarla libre. Hoy, ambos buscan asilo como refugiados en los Estados Unidos.

(Todos los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados por motivos legales y de seguridad; la información fue extraída de entrevistas directas con los jóvenes, sus padres y funcionarios, así como de documentos que constan en los procesos de petición de asilo).

Nueva Jersey, cerca de Newark. Finales de 2014

Brenda esperó para contárselo a Abel, su padre. El hombre, un trabajador de la construcción que llegó hace 8 años de Soyapango a instalarse cerca de Nueva York, recuerda que su hija, a la que no había visto desde que él se vino sin papeles para el norte, se había encerrado en el baño, como solía hacerlo desde que ella llegó a la casa a finales del verano, en septiembre. Abel alcanzó a oír, otra vez, los sollozos. Y volvió a preguntar “¿Qué pasa?”

“Es algo bien delicado, porque es algo de lo que a ella no le gusta hablar, y de lo que a mí me cuesta hablarle”, cuenta Abel por teléfono.

Brenda había esperado para contárselo a su padre. El hombre no lo había oído de su hija, pero ya lo sabía; se lo dijeron una fiscal de El Salvador y una trabajadora social estadounidense, que conversó con la joven en un centro de detención para menores en Texas, en la frontera con México: A Brenda la habían violado tres pandilleros en El Salvador.

El relato de la violación también consta en la entrevista que agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) hicieron a Brenda poco después del 28 de marzo de 2014, fecha en que  la joven ingresó a los Estados Unidos tras 10 días de viaje desde la colonia Sierra Morena de Soyapango.

No fue fácil para Brenda hablar de eso.

“Durante la entrevista, la joven (de 15 años) se mostró reacia a compartir lo que le había pasado en su país. Cuando le preguntamos por qué había decidido irse de El Salvador, empezó a llorar inmediatamente. Después de dejarla un tiempo sola, (la joven) pudo darnos alguna información… En principio nos compartió solo el incidente de la violación por parte de los pandilleros…”, escribieron trabajadores sociales en uno de los primeros reportes sobre Brenda, que hoy consta en un proceso de petición de asilo iniciado por Abel, el padre de la joven, ante una corte migratoria.

Brenda “solo” habló sobre el incidente con los pandilleros de Sierra Morena, pero luego contaría más cosas, como que la Policía la había arrestado en El Salvador porque ella se había unido, tras la violación, a la red de extorsionistas que manejaba uno de los violadores, jefe de la clica de la MS en la colonia soyapaneca. También dijo que durante el arresto uno de los agentes había intentado abusar de ella otra vez.

“La pandilla la había forzado a recoger dinero (producto) de extorsiones; la policía la arrestó, la golpeó, la amenazó y la torturó cuando la detuvieron”, dice en los papeles de asilo sobre el testimonio de la joven salvadoreña.

Desde su casa en Nueva Jersey, Abel, el padre de Brenda, vuelve a los recuerdos que guarda, frescos, sobre aquellos días de marzo en que le llamaron de Sierra Morena para decirle que algo grave había pasado con Brenda.

“Uno los deja rogando que queden bien, que nada malo les pase; uno los deja para venir a trabajar aquí, para darles lo que uno no tuvo. Yo los dejé con mi mamá, la abuela de ellos, cuando la colonia no estaba tan descompuesta como ahora, que eso se llenó de los muchachos”. Abel, acaso influenciado por el lenguaje que usan sus hijos para referirse a las pandillas, llama ya muchachos a los pandilleros, como empieza a ser común en El Salvador.

Lo primero que le contaron a Abel es que Brenda estaba presa.

Gasolinera en el Bulevar del Ejército. Soyapango e Ilopango. El Salvador. Marzo 2014

Brenda llegó a la gasolinera a la hora que el pandillero le había dicho. Tenía que esperar a un hombre que llegaría en un carro rojo, se estacionaría frente al autoservicio y se bajaría, ataviado con una cachucha, a esperarla. Brenda esperó. Era, le dijo luego a fiscales en El Salvador, la primera vez que hacía aquello.

El hombre llegó. Ella, que había esperado bajo la sombra escasa que daba un pequeño árbol en los linderos de la gasolinera, se aproximó. Dice que estaba muy nerviosa. El pandillero, palabrero de la clica de la MS en Sierra Morena, le había dicho que el hombre le daría un paquete envuelto en una bolsa plástica. Brenda esperó a que el hombre la viera y, cuando lo hizo, se le acercó. Brenda vio que el hombre llevaba entre sus manos una bolsa plástica.

Ilustración realizada por Calacín.

Cuando estaba frente al hombre, dice ella que a los pocos segundos de haber tomado la bolsa sin intercambiar palabras, aparecieron los policías. Y la capturaron.

“Los pandilleros le habían dicho la hora y el lugar donde encontraría a la víctima. Era una gasolinera donde ella recogería el dinero de la extorsión… Sin embargo, la policía salvadoreña la arrestó porque un hombre que estaba en la gasolinera había llamado a los agentes con antelación. Brenda no sabía quién era el hombre que le daría el dinero; fue a recogerlo porque los pandilleros le habían dicho que si no lo hacía matarían a su familia”, confirma el atestado migratorio en Estados Unidos el relato de la joven.

Al saber que su hija estaba presa, Abel envió dinero desde Nueva Jersey para pagar un abogado y para que su madre, la abuela de Brenda, le llevara comida hasta la bartolina en Soyapango. Luego, Abel empezó a pedir detalles. Sus familiares en El Salvador le contaron, de a poco, que en Sierra Morena mandaban las pandillas y que ya no era seguro que sus hijos estuvieran ahí, que mejor se los llevara a Estados Unidos con él.

Un año antes, cuando Alan, el hermano mayor de Brenda, estaba por empezar el bachillerato, Abel había decidido inscribir al muchacho en un colegio privado en el centro de Soyapango. “Me habían dicho que en el centro podía ser más seguro que en la colonia, pero qué diablos, es igual”, cuenta el hombre.

Los roces entre la muchacha y el pandillero al que la familia de Brenda identifica como el jefe de clica empezaron en los últimos meses de 2013. Primero fue el hostigamiento en la calle: cada vez que Brenda salía de casa, el pandillero o alguien enviado por él se le acercaban para acosarla. A principios de marzo, según los documentos judiciales, el jefe y otros dos (luego Abel sabría que que estos últimos no eran vecinos de Sierra Morena) interceptaron a Brenda cuando salía de la escuela; la llevaron a una vereda lateral y la violaron.

La muchacha se guardó lo ocurrido durante unos días, pero su abuela notó que algo había cambiado; le habló a su hijo en Nueva Jersey. “Ella me dijo que la niña estaba enferma, que solo llorando pasaba”, dice Abel. Finalmente, Brenda habló con su abuela, pero la mujer decidió, también, guardarse para ella el asunto de la violación. “Era muy peligroso andarlo contando”, se justificaría luego con su hijo.

Los documentos judiciales dan cuenta de un segundo incidente: “Brenda volvió a ver a los pandilleros cuando iba saliendo hacia la escuela y echó a correr”. Y de un tercero: “Los hombres -pandilleros- la interceptaron y la amenazaron con dañar a su familia si no empezaba a trabajar con ellos recolectando dinero de extorsiones”.

Cuando Brenda estaba detenida en Soyapango, una agente de la Fiscalía General de la República le ofreció criterio de oportunidad, el mismo trato que el Ministerio Público suele ofrecer a colaboradores de las pandillas que son arrestados: libertad o penas reducidas a cambio de un testimonio capaz de convencer a un juez o a un jurado de condenar al resto de miembros de la clica. Brenda y su abogado aceptaron, previas consultas con Abel en Nueva Jersey. La fiscal, dice el padre de Brenda, le hizo una advertencia: “cuando esto se termine llévese a su hija a Estados Unidos; aquí se la van a matar”. Brenda testificó y la Fiscalía logró condenar a los tres pandilleros que la habían violado y para quienes ella había aceptado recolectar dinero de extorsiones. Un día después de rendir testimonio, la abuela de Brenda la llevó donde el coyote al que Abel ya había pagado.

Un especialista citado por los representantes legales de Brenda, en el caso de petición de asilo en Estados Unidos, escribió un documento (affidavit) en el que explica qué significa para una joven salvadoreña meterse con las pandillas:

“Si, como ha testificado, Brenda fue violada, lo más probable es que no haya reportado la violación a las autoridades: la presencia policial en estos lugares es escasa y cuando ocurre que la policía se enfrenta a casos de violaciones o acoso sexual perpetrados por pandillas los agentes suelen no prestar atención, ya sea por temor a la pandilla o por el prejuicio de que las víctimas son ellas mismas miembros de la mara, pero no es así: es muy probabe que aun las colaboradoras de la pandilla (la MS 13 no acepta incluir mujeres como miembros activas) que están identificadas de lleno con actividades criminales hayan sido forzadas sexualemente por los pandilleros. Así, en esta cultura pandilleril, hay muy pocas opciones para mujeres jóvenes que no sean obedecer los dictados de la clica”.

Plástico térmico que la Patrulla Fronteriza da a los niños migrantes como Brenda en los centros de detención, conocidos por los jóvenes como hieleras por las bajas temperaturas en que las mantienen. Foto por Héctor Silva Ávalos.

Canutillo, Texas. 19 de abril de 2014

Brenda lleva 23 días detenida en el centro de resguardo de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) de Cayo Canutillo Suroeste. Hoy llegaron los papeles de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés) que conceden a Abel la custodia temporal de Brenda en Nueva Jersey, mientras continúa el proceso de deportación y la petición de asilo. Según el reporte de la CBP, basado en entrevistas con la joven, Brenda cruzó el Río Grande cerca de Hidalgo, Texas; viajó en bus desde El Salvador hasta la frontera entre Estados Unidos y “no sufrió daños” en el camino.

Antes de viajar en bus hasta los suburbios de Newark, en otra entrevista con trabajadores sociales de la organización sin fines de lucro que se hará cargo de representarla ante la corte migratoria en su petición de asilo, Brenda dijo que oficiales de la CBP la habían ultrajado, pero no detalló cómo.

En Nueva Jersey, a 3,497 kilómetros de Canutillo y a 5,455 kilómetros de Sierra Morena, Abel espera a su hija. Allá, en Soyapango, se han quedado Alan y Horacio, sus otros dos hijos. Pronto, Abel sabrá que también tendrá que traer a Alan a vivir con él: la MS buscará al joven para vengar la traición de Brenda.

Foto del expediente de petición de asilo presentado por Brenda a una corte migratoria estadounidense.

Consejo del Condado. Montgomery, Maryland. 8 de diciembre de 2014

“Estos jóvenes han pasado por mucho y sería simplemente injusto pensar que pueden llegar a este país, a nuestras comunidades, al sistema escolar, como si nada les ha pasado”, interviene la consejal Nancy Navarro en una sesión extraordinaria del consejo para revisar las medidas y necesidades de este condado, en Maryland, al sur de Nueva Jersey y aledaño a Washington, DC, para atender a los cerca de 1,200 jóvenes con historias parecidas a la de Brenda, que llegaron aquí huyendo de la violencia o de la pobreza, y  sin documentos y sin acompañantes adultos.

Navarro convocó esta reunión luego de que grupos de activistas promigración y trabajadores del condado advirtieran en redes sociales que los gobiernos locales debían prepararse, reforzar programas de atención a jóvenes marginalizados y con dificultades de aprendizaje. Es la segunda de este tipo en este condado desde que, en junio de 2014, estalló la crisis de los menores migrantes en las fronteras de Texas y Arizona.

A esta sala, hoy, han llegado representantes de los servicios de salud del condado, del departamento de educación, de consejería legal y miembros de varias oenegés que llevan casi dos décadas trabajando con migrantes. Cada uno tiene una historia que contar y cada historia habla de las muchas piezas del complicado mosaico social, económico, humano que forman los menores migrantes en las comunidades de acogida.

Hasta esta reunión llegó una historia, la de Jaquelyn, una joven hondureña de 14 años originaria de La Ceiba, que empieza como la de Brenda, la salvadoreña de Sierra Morena. Brenda aún no ha ingresado al sistema educativo en Nueva Jersey, Jaquelyn entró a noveno grado en septiembre de 2014. Una trabajadora social presente en la reunión de Rockville detalló la historia de la hondureña, los traumas que la acompañan y los retos que estos implican para el sistema de bienestar social del condado.

Jacquelyn es una de los 229 menores hondureños que se registraron para el año 2014-2015 en el sistema público de Montgomery, y una de los 985 procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (636 de esos son salvadoreños, el doble que los registrados para el año 2013-2014). Chrisandra Richardson, superintendente asociada de las escuelas públicas del condado, dice que al menos un tercio de los estudiantes centroamericanos inscritos para este año escolar llegaron a los Estados Unidos entre junio y agosto de 2014, sin compañía de adultos y sin documentos.

Como Jacquelyn uno de cada cuatro estudiantes nuevos enrolados en el sistema público de Montgomery hará uso del programa de nivelación del lenguaje inglés (ESL, en inglés), según los cálculos del condado. Como Jacquelyn, estos muchachos llegan a la secundaria hablando solo español y algunos incluso son analfabetos.

Estos retos, los de aprendizaje, no son los más difíciles de asumir para profesores y trabajadores social: “Sabemos qué hacer en lo académico; estamos aprendiendo cómo lidiar con lo emocional, porque muchos de estos jóvenes llegan a nosotros muy lastimados”. Jacquelyn llegó lastimada. A ella también la habían violado en su país de origen.

“En una entrevista con otra joven, de 14 años también, me contó que ella tomaba pastillas anticonceptivas; descubrimos que tenía una vida sexual muy activa”, cuenta la trabajadora social que entrevistó también a Jacquelyn.

Un día, un estudiante pidió hablar con una consejera. Estaba preocupado, le dijo, porque una de las muchachas nuevas, que no hablaba inglés, le acababa de ofrecer tener relaciones sexuales con él en los baños de la secundaria a cambio de 25 dólares. Esa muchacha era Jacquelyn.

Tras una investigación interna, los consejeros de la secundaria determinaron que Jacquelyn había hecho la misma oferta al menos a otros tres jóvenes. Una consejera bilingüe la confrontó y le pidió que le confirmara si las acusaciones eran ciertas. La aconsejó diciéndole que podía ir presa por hacerlo, y le explicó que podían expulsarla de la escuela por eso. Le dijo, además,  que ella debía valorarse a sí misma y empezar a entender que en esta escuela, en este país, las cosas eran diferentes a Honduras, que aquí, si se esforzaba, ella podía “salir adelante”. Jacquelyn escuchó en silencio, según recuerda la trabajadora social.

Al final, la adolescente habló: “Señora, gracias por los consejos, pero no sé cuál es el escándalo; yo llevo haciendo esto con los hombres desde que era una niña, así he vivido, para mí esto no es ningún problema”.

La investigación de los trabajadores sociales llegó hasta la familia que recibió a Jacquelyn en Maryland: un tío y su esposa, padres de otros tres muchachos, hombres. “Es muy posible, por lo que hemos visto, que el abuso, que empezó en Honduras, haya continuado en el hogar aquí en Maryland. Estamos ante una muchacha con traumas muy profundos, casi con síntomas de estrés post-traumático”, dice una funcionaria que conoce el caso de Jacquelyn.

“Sería injusto pensar que pueden llegar a nuestras comunidades como si nada les hubiera pasado”, había dicho la consejal Nancy Navarro.

Marc Erlich ha escuchado historias como las de Jacquelyn y Brenda desde mediados de los 90, cuando los jóvenes centroamericanos, a quienes sus padres habían dejado bajo el cuido de familiares en El Salvador u Honduras, empezaron a llegar a Washington, DC, y a Maryland y Virginia, los estados aledaños. La violencia, los traumas, siempre fueron protagonistas en estas historias.

El consejal, que hace dos décadas era maestro en el sistema público, recuerda aún cómo descubrió las tristes historias de algunos de estos jóvenes.

“Empezaba con cuadros parecidos, de indisciplina, dificultades para adaptarse, violencia, y en aquellos años también había un componente más fuerte de pandillas -fue a finales de los 90 que las pandillas MS y Barrio 18 se asentaron en la costa este de los Estados Unidos-”, cuenta Erlich. En aquellos años, dice, no había casi recursos pedagógicos ni guías del condado para tratar estos casos, por lo que él y otros profesores acudían a métodos tradicionales, como pedirles a los muchachos que dibujaran para expresarse. “De repente, ellos dibujaban soldados, gente degollada, personas con ametralladoras, cubiertas de sangre… venían de guerras…”, recuerda el consejal.

Aquellos niños, como muchos de los que llegaron en 2014, como Brenda en Nueva Jersey y Jacquelyn en el condado de Montgomery, son veteranos de la violencia, obligados a volver a empezar.

La reunión del consejo del condado escuchó, durante 4 horas, los testimonios de trabajadores sociales y funcionarios, las historias de los veteranos del condado. El objetivo de la consejal Navarro era despertar conciencia entre sus colegas de que, en diciembre, debían pedir al jefe ejecutivo de Montgomery un refuerzo presupuestario para atender a estos menores. De ahí, el condado trasladará una petición al gobernador de Maryland, el republicano Larry Hogan, recién electo en noviembre.

El panorama, por ahora, no parece promisorio para refuerzos financieros: Hogan, juramentado el 21 de enero de 2015, adelantó que una de sus prioridades será reducir el déficit fiscal del estado y aunque en principio insinúo que no haría recortes drásticos a los sistemas educativos, nada dijo sobre aumentar asignaciones.

Navarro cree que es un tema de prioridades. “Podemos pagar menos ahora o más después”, dice poco antes de que el consejo dé por cerrada la sesión sobre los “Menores sin compañía/Niños que huyen de la violencia”, como se lee el título del memorandum girado al 4 de diciembre de 2014 para convocar a la reunión.

Corte migratoria en Nueva Jersey. Mediados de diciembre 2014

Alan, el hermano de Brenda, está por entrar a la primera audiencia ante el juez migratorio que oirá su petición de asilo político. Alegará que los pandilleros que violaron a su hermana no dejaron de acosarlo desde que Brenda huyó a los Estados Unidos. Dirá que lo amenazaron y lo golpearon. Que uno de los miembros de la clica de Sierra Morena salió ya libre y que si lo deportan a El Salvador, a Soyapango, lo van a matar. Mientras el juez resuelve, Abel, el padre de Alan y Brenda, intentará inscribir a su hijo al último año de secundaria.

*Ilustración por Calacín

Lea la entrevista con Nancy Navarro: “El condado aún no se adapta 100% a los cambios en su población”

Vea también el video de Wola: “Olvidados en la frontera”

La próxima semana: Julio y Alan, otros dos veteranos de la violencia