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El país donde la violencia sexual interesa poco

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La semana pasada, mientras conducía, escuchaba una estación de radio que se caracteriza por transmitir noticias durante toda su programación, excepto en horario nocturno. La periodista le comentaba al jefe de prensa los datos del reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre delitos registrados durante Semana Santa. Ella explicaba, entre otras cifras, el aumento en las denuncias por violencia sexual. Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil (PNC), hizo énfasis ese 18 de abril en el aumento de las denuncias: un 188 % más que las registradas en el mismo periodo del 2016. Pero a esas 26 denuncias por violencia sexual, el jefe de prensa no les prestó atención. Él se enfocó en la cifra de conductores temerarios, porque era mayor. Fin de la historia, fin de la noticia.

Al revisar otras noticias que se publicaron sobre el balance policial, la mayoría se enfoca en que hubo una reducción del 50-51 % de homicidios y en retomar las cifras relacionadas con extorsión, robo y hurto de vehículos, y accidentes de tránsito. Solo un matutino, publicó una noticia de la agencia ACAN-EFE, sobre el aumento de las denuncias por violencia sexual: casi se triplicaron en esta Semana Santa en comparación con la de 2016. Incluso en la página web de la PNC no aparece esta información. La última noticia en la que publican datos sobre violencia sexual data del 27 de enero de 2017.

Sin embargo, la violencia sexual continúa. Es imparable. Las cifras son escalofriantes. Realmente lo son. Los datos indican que  entre 2013 y 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 8,464 denuncias por el delito de violación, de acuerdo a un reportaje publicado por El Faro. Mientras que, en 2015, la misma institución registró 5,019 historias de mujeres que sufrieron abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos, tal y como recoge el reportaje “Las mujeres violadas de un país que no protege ni medica. Y las historias que he venido compartiendo en esta columna, y que corresponden, en algunos casos a las décadas de los 70, 80 y 2000, son terroríficas. Espantan. Permiten conocer, aunque sea con un nombre ficticio, un poco sobre la realidad de las mujeres que han sido violadas.

En esta columna hago un paréntesis para reflexionar sobre nuestra falta de sensibilidad —o falta de “olfato periodístico— con respecto a este tema. Me quedé sorprendida con el cortón que dio el jefe de prensa a la periodista cuando ella comentó las cifras. Claro, 26 denuncias versus 72 detenciones por conducción temeraria parecieran quedarse “chiquitas”; sin embargo, las consecuencias de la violencia sexual no se reducen a un dato estadístico. Cuantificar y analizar el daño que implica para una persona ser víctima de violencia sexual implica un ejercicio serio, así como un compromiso del Estado y de quienes hacen políticas públicas en este país. Por ende, también de quienes informan, o deben informar, sobre esto.

Cada cuatro horas y 42 minutos, una persona es violada en El Salvador

Si seguimos la vía del camino de las cifras, le comparto a quienes no le dan importancia a estas ni a este tema, que cada cuatro horas y 42 minutos, una persona es víctima de violencia sexual en nuestro país. Sí, en nuestro país. Cada día ocurren 5.1 violaciones y tres de estos cinco casos corresponden a una menor de edad. Los datos los retomo de un ejercicio realizado por LPG Datos, la unidad de análisis de La Prensa Gráfica, en colaboración con la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, quienes analizaron datos sobre los peritajes de violación sexual que el Instituto de Medicina Legal (IML) practicó entre 2006 y 2014.

La indiferencia ante esta realidad y sus consecuencias es fuerte. Este  pasado lunes 24 de abril, en una actividad realizada por Seguimos Unidos, una iniciativa ciudadana que apoya la despenalización del aborto en cuatro causales, la apatía ante la violencia sexual que deriva en un embarazo no deseado, y en ocasiones en un aborto espontáneo, también fue indiferente para las y los diputados. Mientras las mujeres del Teatro La Cachada retrataban en su obra las cuatro causales para despenalizar el aborto, ningún funcionario o funcionaria fueron espectadores. De hecho, a la tarima de la Tribuna Ciudadana, o Territorial, ubicada a la entrada de la Asamblea Legislativa, solo llegaron Margarita Rodríguez, del FMLN, y Juan Valiente, de Arena. Su participación en esa actividad, en la que se denunciaron varios casos de violencia sexual, fue breve. Cada uno llegó a recibir un paquete de cartas firmadas (458 en total) por salvadoreños y salvadoreñas que apoyan las cuatro causales de despenalización del aborto, que corresponden a los departamentos en los que fueron electos. 

Desapercibidos pasaron también los mensajes públicos de quienes apoyan la despenalización del aborto en casos de violencia sexual.

“Solo una mujer que vivió el horror de una violación sabe lo mucho que se sufre ante la duda de quedar embarazada de ese ser tan despreciable que te hizo daño. Muchas mujeres toman la decisión del suicidio, por no poder lidiar con todo lo que les sucede. Es injusta esta ley. Beneficia a los malhechores y condena a las víctimas. La ‘religión’ no debería mezclarse con las leyes”.

El mensaje, publicado por Vanessa Pérez, fue impreso en una lona gigantesca. Sin embargo, ningún funcionario o funcionaria se acercó a leerlo. Y los medios que cubrieron esta actividad tampoco le dieron mayor importancia a estos mensajes. Todo ello en un país donde la violencia sexual es un tema preocupante, pero que interesa poco.

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