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Un mundo para Imelda

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Hace unas semanas estaba dentro de mi carro, esperando el cambio de luz del semáforo. Cuando avancé, vi a mi derecha a una niña que se apartaba del camino. Se quedó en la cuneta, con sus no más de cinco años encima, esperando de nuevo el rojo para volver a pedir dinero, ventana cerrada por ventana cerrada. Cuando se sentó, bostezó y apoyó su cabecita en sus rodillas. Con su botezo sentí una punzada en el estómago. Era una criatura, más cercana a ser una bebé que una adulta. No pude evitar imaginar a mi hijo, casi con su misma edad, cuando está cansado y quiere que lo chinee y lo contiemple, con la necesidad de sentirse seguro entre mis brazos. Y volvió, de nuevo, la punzada en el estómago ante el desamparo de esa niña, ante mi impotencia. Golpeé el timón como por impulso y dije entre dientes: “mierda, mierda, mierda”.

Esa niña tan pequeña personifica el fracaso de nuestro Estado. ¿Quién puede negarlo? Pero es también mi fracaso y el de todos nosotros. ¿Qué adolescente será? ¿En qué adulta se convertirá? ¿Qué futuro El Salvador seguimos construyendo? Uno muy oscuro.

No exagero. Mientras nuestros flamantes diputados discuten estupideces –como qué tan recomendable es dejar entrar o no al país a un grupo de rock pesado–, seguimos siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los hombres jóvenes y para las mujeres; un país con miles de niñas y mujeres violadas; un país con cientos de desplazados huyendo de esa violencia; un país con un Estado que no quiere darse ni por enterado.

Y ahí, en medio de toda esa vorágine, sigue viviendo esa niña que por azar, quizá, crecerá… ¿para qué? Muy probablemente, para convertirse, frente a nuestro ojos, en una más de las miles de niñas violadas cada año. O pueda que se convierta en otro número que engrose la lista de niñas y adolescentes que se suicidan cuando descubren que están embarazadas, muchas veces producto de violaciones. Para los que no saben, el suicidio es la tercera causa de muerte materna en El Salvador reconocida por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud en un estudio publicado con datos del año 2016, con un 12 por ciento. Es decir: de 31 muertes maternas, cuatro ocurrieron por suicidio. De acuerdo al estudio, en diez años (de 2006 a 2016), el 16 % de las muertes maternas tuvieron como causa el suicidio.

O quizá se convertirá en otra Imelda…

Imelda Cortez tiene 19 años. Es una mujer pobre de una zona rural del oriente del país. De acuerdo a su testimonio, su padrastro, Pablo Henríquez, comenzó a violarla cuando ella apenas tenía 12 años. Afirma Imelda que él no paró de violarla sino hasta abril del año pasado, un día en que ella sintió retorcijones. Cuando fue a la letrina, sintió que algo se le desprendió. Había expulsado intempestivamente a un feto. La criatura no murió y se comprobó que Henríquez, de 70 años de edad, era el padre. Esto fue certificado con prueba de ADN en el proceso judicial que se lleva contra él. Inmediatamente después de llegar al centro de salud, Imelda fue denunciada por sospechas de haberse provocado un aborto. Más tarde, la fiscalía cambió el delito a intento de homicidio agravado. Desde entonces está encarcelada. Imelda lleva más de un año entre rejas sin que se haya iniciado el proceso contra ella.

La fórmula se repite una y otra vez:

Mujer pobre + embarazo + emergencia obstétrica + denuncia por intento de aborto = acusada de homicidio agravado.

La fiscalía se repite: procesos incriminatorios con pocas pruebas y muchos prejuicios. Los jueces se repiten: no hay respeto a la jurisprudencia ni a la presunción de inocencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado que la prisión preventiva solo será admisible cuando existe sospecha objetiva de que una persona ha cometido un delito y exista peligro de fuga del imputado. Sin embargo, hasta ahora, a Imelda ni siquiera se le han hecho pruebas psicológicas que puedan respaldar o no su versión. Ella dice que no sabía que estaba embarazada. Hasta ahora, una y otra vez, el sistema de justicia ha pospuesto el inicio del proceso por distintas excusas o faltas de la fiscalía. Mientras tanto, Manuel de Jesús Santos, juez de Primera Instancia de Jiquilisco, sin fundamentar su decisión, dictó para Imelda la medida cautelar de prisión preventiva.

¿Por qué la fiscalía siempre asume que una mujer pobre con un parto extrahospitalario no tuvo una emergencia obstétrica sino que intentó matar a su hijo? Además: si hasta ahora la fiscalía no ha hecho su trabajo, ¿cómo se puede tener una sospecha objetiva de que Imelda quería matar a su hija? ¿Qué peligro de fuga puede representar una mujer como Imelda?

Nuestros niños, nuestras niñas –como la chiquita de la calle o como Imelda–, crecen por azar, muchas veces de la mano de la (mala) suerte, atrapados por estructuras de pobreza y violencia; crecen en un Estado que es capaz de dejar morir a sus madres con tal de que nazcan, pero una vez llegado el primer respiro, les da completamente la espalda. Ninguna niña nace para pedir dinero en la calle; ninguna niña nace violada; ninguna niña nace embarazada de su padrastro.

La Constitución de la República comienza diciendo que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado; que ese Estado tiene la obligación de asegurar ​a sus habitantes el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar ​económico y la justicia social. ¿Dónde se metió ese Estado que debía proteger y darle seguridad a Imelda? ¿Dónde estaba cuando la estaban violando? ¿Por qué permitió que tuviera un parto extrahospitalario? ¿Por qué en lugar de asumir sus faltas con ella e intentar resarcirla se ha convertido en su verdugo?

“Los cuerpos son los lienzos en blanco sobre los que se inscribe la ley”, decía el filósofo Michel de Certeau. Nuestras niñas, hace ratos, dejaron de ser lienzos y se convirtieron en carne cruda y dispuesta para ser marcada por el látigo de nuestro Estado.

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