Es el segundo expresidente guatemalteco detenido. Álvaro Colom fue capturado el martes acusado de fraude y peculado, imputado por el caso del Transurbano, donde se determinó que el Estado aprobó 35 millones de dólares para un servicio de prepago en los autobuses públicos que nunca se prestó. Junto a él cayó el ex ministro de Finanzas, Alberto Fuentes Knight, presidente ad honorem de Oxfam Internacional y fundador del grupo Semilla y otros nueve miembros de su Gabinete.
Foto FACTUM/Oliver de Ros
¿Y para cuándo la UNE? Fue la pregunta que más se repitió en las redes sociales después de que el Ministerio Público y la CICIG comenzaran a destapar casos de corrupción que terminaron con el presidente Otto Pérez Molina en prisión. ¿Y para cuándo la UNE? Seguían preguntando cuando siguieron los casos que vincularon al actual presidente, Jimmy Morales, con una investigación de financiamiento ilícito. El turno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) llegó este martes 13 de febrero, cuando el expresidente Álvaro Colom y diez de los exintegrantes de su gabinete de ministros fueron capturados, acusados de fraude y peculado, por firmar en 2009 el Acuerdo Gubernativo que dio vida al Sistema de Prepago del Transurbano.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público determinaron la “sustracción al Estado” de 35 millones de dólares para un proyecto que no cumplió con los mecanismos legales establecidos, que nunca se hizo tangible, y del que, en base a las investigaciones, “se extraviaron” 29 millones de quetzales, de los que parte aparecieron en cuentas privadas de diferentes personas allegadas al Gobierno, según la acusación.
Tal como informaron la CICIG y el MP en conferencia conjunta, se estableció que el expresidente Colom intervino de manera “personal e institucional” para facilitar el “procedimiento fraudulento” de creación del Acuerdo Gubernativo 103-2009 que dio vida al proyecto. También aprobó el Acuerdo sin convocar al Consejo de Ministros, incumpliendo procedimientos y evitando la injerencia de “actores” que podrían haber emitido dictámenes desfavorables.
El expresidente de Guatemala entre 2008 y 2012 fue trasladado a la prisión Mariscal Zabala, donde se encuentran gran parte de los implicados en los casos de alto impacto de los últimos dos años, entre estos el ex presidente Otto Pérez Molina. “Todavía no sé detalles”, dijo Colom al momento de su captura. “Para nosotros todo es legal”, agregó.
Colom había sido nombrado el pasado 30 de enero por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), como encargado para dirigir la mesa de diálogo entre el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), algo que, después de esta captura, queda en suspensión.
Fuentes Knight renunció el martes de su cargo de presidente en Oxfam Internacional
Una de las capturas que más relevancia cobra a nivel internacional es la de Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas, quien, hasta este martes 13 de febrero, fungía como presidente de Oxfam Internacional y como integrante y fundador del Movimiento Semilla.
Con base a las investigaciones hechas públicas este martes, Fuentes Knight fue el responsable, como rector de la cartera de Finanzas, de la creación del Acuerdo Gubernativo 103 y de ajustar el Presupuesto de los siguientes años para transferencias por $35 millones a la Asociación de Empresarios Autobuses Urbanos (AEAU). La AEAU, según se dio a conocer, recibió este contrato sin un concurso ni licitación pública y sin que se realizara ningún estudio de factibilidad sobre su capacidad de gestión.
Según la investigación, Fuentes Knight fue responsable de preparar y evaluar el contenido del proyecto del Acuerdo Gubernativo para el Proyecto del Sistema Prepago. “Su carpeta estaba compuesta por cuatro folios, e insistimos, porque es una manera elocuente de cómo se elaboró este proyecto. Estaba compuesta por cuatro folios, y no tenía el estudio sobre la necesidad y alcance del sistema prepago, un análisis financiero que respaldara el monto asignado al proyecto, la consulta a la Municipalidad y la acreditación de la idoneidad de la AEAU para recibir el pago”, informó el comisionado Iván Velásquez, el jefe de la CICIG.
El proyecto elaborado para firmar el acuerdo que dio vida a este proyecto tampoco contaba con informe de la Procuraduría General de la Nación ni fue enviado a la Secretaría de Planificación para su visto bueno. “No hubo licitación, sino que se dedicó de manera directa y fraudulenta”, agregó la fiscal general Thelma Aldana.
Fuentes Knight renunció de su cargo como presidente ad honorem de Oxfam Internacional, tal como informó Simón Ticehurst, director de Oxfam para América Latina y Caribe. “Desde que salió el caso, nosotros sabíamos que él estaba involucrado, él había sido muy abierto contándonos esto y él ha colaborado todo este tiempo con las autoridades, y entendemos que en todo este tiempo que él defiende su inocencia, y que no había transgredido las leyes de Guatemala”, dijo Ticehurst. “En este tiempo, Fuentes Knight ha sido clave para introducir una serie de cambios importantes en las estructuras operativas dentro de Oxfam, y esto incluye el cambio de Oxfam internacional, de Oxford a Nairobi y toda la reestructuración de programas en 90 países”, explicó el director para América Latina de Oxfam.
Fuentes Knight se desvinculó también del Grupo Semilla, un movimiento político. Mientras que el Grupo Semilla en un comunicado apoyó el trabajo de la CICIG y se solidarizó con Fuentes Knight y su familia.
Además de Fuentes Knight fueron capturados, por haber firmado el acuerdo: Abraham Valenzuela, ex ministro de Defensa; Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo; Alfredo Pokus, ex ministro de Energía y Minas; Jerónimo Lancerio, ex ministro de Cultura y Deportes; Ana Ordóñez de Molina, ex ministra de Educación, Celso Cerezo, ex ministro de Salud; Luis Ferraté, ex ministro de Energía y Minas y Salvador Gándara, ex ministro de Gobernación, y se solicitó el antejuicio para Haroldo Rodas, ex ministro de Relaciones Exteriores, quien actualmente ocupa un escaño como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Todos ellos fueron capturados por fraude y peculado. Hasta el momento no se estableció que los exministros capturados por firmar el Acuerdo hayan recibido algún importe económico.
Empresarios del Transporte se adjudicaron a ellos mismos los contratos
Una de las órdenes de capturas más importantes para el caso ha sido la de Luis Gómez, ex director de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), e integrante de la Comisión para la Fortalecimiento de Transporte Urbano. Gómez, al igual que Rudy Maldonado, quien también escapó de la captura -integrante de la AEAU y de la Comisión de Modernización del Transporte-, crearon las sociedades anónimas que, de forma fraudulenta, se apropiaron de los concursos para la adjudicación de las líneas y rutas. Ambos fueron acusados de fraude y peculado.
En diciembre de 2016, el Juzgado de Extinción de Dominio embargó 21 bienes asociados a Luis Gómez mientras que, en 2015, se supo que había financiado la campaña de Manuel Baldizón. Baldizón, presidente de la Junta de Finanzas del Congreso en 2009, quien incrementó el subsidio al transporte urbano. La relación de Luis Gómez con Manuel Badizón, actualmente arrestado en Estados Unidos por el caso Odebrecht, se hizo visible cuando se vio a los dos en Miami, mientras que en una nota de investigación de Nómada se estableció que Luis Gómez había vendido una vivienda de $600,000 en Key Vizcaine, Miami, al propio Baldizón.
Dinero transferido a sobrino de Arzú, a Gustavo Alejos y a una empresa fundada por socio de Erick Archila
Después de que en marzo de 2009 se firmara el Acuerdo Gubernativo, mediante el cual se creaba el proyecto de Sistema Prepago del Transurbano, el Gobierno de Guatemala transfirió el dinero a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), que realizó un contrato con una empresa brasileña para la compra del equipo de software para el sistema prepago.
Un año más tarde, la AEAU realizó una serie de transferencias internacionales en concepto de pago de maquinaria, cuyo monto total suma 172 millones de quetzales (poco más de $23 millones). Estas transferencias, sin embargo, no se realizaron a la empresa brasileña, sino a All Mercantilia, en cuentas bancarias en Malta. La empresa All Mercantilia, abierta en Reino Unido, fue señalada en la investigación como una empresa de cartón.
Poco después, la AEAU recibió los productos importados por esta empresa, cuyas facturas suman 142 millones de quetzales ($19 millones). Es decir, 29 millones de quetzales ($3.9 millones) menos del dinero inicialmente transferido por el Gobierno de Guatemala.
¿Qué sucedió con estos 29 millones de quetzales? Lo que hasta el momento ha podido determinar la investigación es que, de este dinero, 9.5 millones de quetzales ($1.2 millones) regresaron a Guatemala a personas allegadas al Gobierno.
5.6 millones de quetzales ($763 mil), según los avances hechos públicos este martes, fueron transferidos a Javier Arzú Tinoco, sobrino del alcalde guatemalteco Álvaro Arzú. Todavía no se ha establecido si Álvaro Arzú está relacionado con este caso, pero sí se pudo determinar que el alcalde capitalino, a pesar de que la Municipalidad es el ente rector del sistema de transporte urbano, se desentendió del proceso. Javier Arzú Tinoco es el presidente de Futeca y fue nominado para gerente del año en 2012 por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).
Además, se determinó que dos millones de quetzales ($272 mil) fueron transferidos a Juan Luis Rodríguez González, quien después se lo transfirió a Gustavo Alejos, ex secretario privado del presidente Álvaro Colom. Alejos utilizó este dinero para comprar acciones de Wenco Guatemala S.A., la empresa que tiene la franquicia de comida rápida Wendys en Guatemala, según la investigación del MP y la CICIG. Alejos, también acusado de fraude y peculado, ya se encuentra en prisión acusado del caso Negociantes de la Salud, por estafar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otros dos millones de quetzales ($272 mil) fueron transferidos a Logimpex, una empresa fundada en 2010. El representante legal de Logimpex es Luis Enrique Pensabene Montenegro, quien forma parte del holding Werner Group en Panamá, junto Erik Archila, empresario y ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Archila se encuentra actualmente prófugo de la justicia, acusado por el caso Cooperacha. De hecho, Werner Group es la empresa panameña que utilizó Archila para comprar Canal Antigua.
Según el registro catastral, Logimpex compró en 2011 dos apartamentos y dos bodegas en Pradera Concepción por un importe de 1.5 millones de quetzales ($204 mil).
El dinero fue transferido a través del banco GTC, abierto en Panamá en 2011 y parte del Grupo Financiero GyT, también imputado por la CICIG por el caso Cooptación del Estado y por haber lavado dinero. En El Salvador, el banco GyT está un proceso sancionatorio por acusaciones de lavado de dinero. Del resto de los 19.5 millones de quetzales “extraviados” ($2.6 millones) no se ha podido determinar. La fiscal general informó que el caso se encuentra en fase de investigación.
La semana pasada, Jimmy Morales, a través de la canciller Sandra Jovel, pidió a José Guterres, secretario general de la ONU, el retiro de Iván Velásquez al frente de la CICIG, bajo el argumento de que se estaban excediendo en la prisión preventiva.
La Fiscal General Thelma Aldana, que deja su cargo en mayo, mostró su preocupación en diferentes medios por los intentos de sacar a la CICIG del país, y pareciera que ambos entes investigativos están en una carrera para sacar a la luz todos los casos de investigación de alto impacto antes de que la lucha a favor de la impunidad logre ganar la partida. Así, Mariscal Zabala, la finca militar convertida en una cárcel para criminales de cuello blanco, alberga desde este martes a dos ex presidentes y una veintena de ex ministros imputados por diferentes casos de corrupción.
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