Un entierro que demoró 35 años

La Corte Suprema de Justicia entregó los restos de 13 personas asesinadas durante la masacre de El Mozote, cometida por la Fuerza Armada salvadoreña en 1981. Las exhumaciones continuarán este mes con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ernesto Martínez Torres llegó a recibir los restos de dos hermanas y su mamá, asesinadas durante la masacre de El Mozote. Ernesto tenía entonces 14 años y logró escapar dos días antes del exterminio. Una balacera alertó a su familia, y junto a dos de sus hermanos lograron huir cerro abajo. Después estuvo escondido en el monte, junto a una tía que lo cuidó.

“Ellos estaban muy pequeños para correr (los que murieron), una niña tenía seis años, la otra ocho y el otro 10. No volvimos a la casa ya, y de ahí fue que nos contaron. Ya el domingo me di cuenta que los habían matado”, recuerda Ernesto.

Ernesto sigue viviendo en la zona, en el cantón La Joya, donde se dedica a la agricultura. Tiene cuatro hijos,  algunos ya adultos. Dice que ellos ya conocen la historia.

“Siempre les he contado todo lo que les pasó a mi mamá y a mis hermanos. Eso les he contado porque no tengo fotos ni nada, la casa donde vivíamos la quemaron”, sigue.

Ernesto Martínez poco después de recoger los restos de su madre y hermana. Foto FACTUM/María Cidón

Hace pocos minutos que Ernesto ha recogido los restos de sus familiares, se le ha pasado un poco el gesto de dolor y hasta se atreve a sonreír tímidamente.

“Para mí es un día importante porque he revivido a mis hermanos y hermanas. Desde que inició la exhumación, hace ya un año,  y como antes vinimos a una reunión…Supuestamente no nos los iban a entregar porque los restos estaban contaminados, yo había perdido la esperanza de que los iba a recuperar. Luego nos avisaron que ya habían encontrado a mis hermanas y a mi mamá, por lo menos les voy a dar santa sepultura, así no me queda el sueño de que los iba a enterrar, un sueño hecho realidad”, agrega.

Sin embargo, la búsqueda de Ernesto continúa: aún espera que identifiquen a su abuela Margarita, a su tía Cristina y a otro hermano más.

Los restos óseos de 13 personas, todos víctimas de esa misma masacre ejecutada por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), fueron entregados el 1 de noviembre a sus familiares en un evento oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Son los restos de ocho niños y niñas de 7 meses a 15 años, y cinco mujeres adultas de 28 a 60 años. Trece víctimas entre las aproximadamente 1,000 personas que fueron asesinadas entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.

Madres, hermanos, tías y sobrinos presentes en el acto podrán ahora enterrar con dignidad a sus seres queridos. Sus cuerpos permanecieron enterrados por tres décadas, y los crímenes fueron negados por el Estado durante años.

Esta es la tercera y la más grande entrega que se ha hecho a familiares de las víctimas tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de octubre de 2012. La Corte condenó al Estado salvadoreño por los crímenes de lesa humanidad que quedaron en la impunidad bajo la Ley de Amnistía, sin reparar moral y judicialmente a las víctimas.

“Nosotros sabíamos lo que había pasado, pero nadie quería decirnos”

Las hermanas Digna y Tomasa. Foto FACTUM/María Cidón

Digna Sánchez y Tomasa Martínez son hijas de Juana Anterportán Sánchez, sobreviviente de la masacre de El Mozote. Ella tiembla y apenas habla, pero mantiene una actitud tranquila.

“Ella (Juana) se escondió, es sobreviviente. Nosotras estábamos bien jovencitas, como de cuatro años, entonces mi hermana mayor vivía aquí en San Salvador y nos sacó. Ni hacía seis meses cuando mi hermana nos sacó y fue la masacre. Mataron a mi abuelita, mi abuelita por parte de mi papá, mis tías, mis primos, todos los primitos con los que jugaba”, señala Digna.

Ella espera encontrar a su abuela en la próxima exhumación. Mientras que su madre, Juana, dice que también le falta por encontrar a un cuñado y un sobrino.

Para Digna, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido determinante: “Antes se manejaba como secreto, no se hablaba, nadie decía nada. Nosotros sabíamos lo que había pasado, pero nadie quería decirnos. Por ejemplo, ese muchacho (señala a un hombre), es sobrino de mi mamá, (y) él perdió a su mamá. Ese otro, perdió a su esposa, su hijito, su mamá. Fue bien terrible, nosotros no queremos que eso, nunca, nunca, en ninguna parte del mundo vuelva a pasar eso. Nadie se merece eso. Esa Navidad fue tan dolorosa, porque no podíamos ni siquiera enterrarlos y sabíamos que estaban muertos”.

Entonces se acerca su hermana Tomasa, que tiene 60 años. Ella vive en el caserío El Potrero, del cantón La Joya. Vive de sus cultivos, maíz y frijol.

“Si uno tuviera donde alojarlas a ellas, si ¿va? Pero las casas de nosotros nos las quemaron, nosotros no tenemos casas para meterlas a ellas”, lamenta Tomasa durante el acto de entrega.

Durante el evento, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, reconoció el retraso del Estado en la entrega de los restos, así como la reparación a las víctimas.

“En lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia se ha iniciado el proceso de exhumación de restos óseos para identificarlos científicamente y entregarlos a sus familias previo consentimiento y participación de sus familias, con asistencia psicosocial tal como ordena la Corte, para que los familiares les den sepultura según sus creencias religiosas y espirituales”, dijo Meléndez.

Entrega de Osamentas de la Masacre de El Mozote por parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.  En la imagen el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Las exhumaciones continuarán el próximo 14 de noviembre con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien ya participó en exhumaciones anteriores bajo la coordinación de la antigua de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.

Tres arqueólogos y dos antropólogos forenses del EAAF, trabajarán en coordinación con los forenses de Medicina Legal y 15 psicólogos del Centro de Atención Psicosocial (CAPS).