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El timo del antejuicio al fiscal general

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El 24 de noviembre de 2016, el abogado Ángel Enrique García Ramírez introdujo a la Asamblea Legislativa una petición de antejuicio al fiscal general Douglas Meléndez, a quien acusa de faltar a sus deberes por no investigar a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el presunto líder del Cártel de Texis. Como suele ocurrir en estas cosas, el denunciante es solo un medio para llevar esta muy particular agenda -la de acusar a Meléndez- al tinglado político.

Ambas cosas, la demanda y su premisa, son un timo.

No escribo esta columna para defender al fiscal general. Eso que lo haga él, con su trabajo, con la forma en que defienda los intereses del Estado y de los salvadoreños. Ya he escrito varias veces mi opinión sobre este fiscal, la cual resumo de nuevo:

Douglas Meléndez y su equipo, es cierto, tienen que reforzar sus capacidades técnicas, presentar mejores casos ante los tribunales y ganarlos ahí, en las cortes, y no pretender hacerlo en los medios de comunicación. Pero Douglas Meléndez y su equipo, es también cierto y muy importante, han hecho más por atacar la corrupción de funcionarios y ex funcionarios públicos que todos los fiscales que le precedieron, al menos desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Escribo esta columna para argumentar dos cosas relacionadas con esa petición de antejuicio. Primero, la premisa de que Douglas Meléndez ha obstaculizado o retrasado la investigación a José Adán Salazar Umaña y otros supuestos miembros del Cartel de Texis. Y la segunda, el uso político irresponsable que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ha hecho de ese argumento, que es, en esencia, una mentira.

Sobre el caso contra Chepe Diablo y Texis. Partamos de esto: nunca antes había habido una investigación criminal por lavado de dinero contra José Adán Salazar Umaña. El fiscal general no puede obstaculizar algo que no existe. Lo que hubo en 2014 fue un caso por evasión de impuestos, del que pudo haberse derivado una investigación penal por lavado de dinero. Eso, sin embargo, no ocurrió porque el anterior fiscal general, Luis Martínez, lo evitó. (Si Meléndez quiere ser consecuente consigo mismo debería ya estar preparando, él sí, una investigación a su antecesor por este caso).

No solo eso, Luis Martínez, al impedir que sus subalternos aseguraran las pruebas que, extraídas del caso de evasión, podían ser la base del caso de lavado, y al devolver todos los expedientes a Chepe Diablo y los suyos, destruyó casi por completo la investigación.

Lo que Meléndez ha hecho, al reabrir el caso -esta vez sí por lavado de dinero- y solicitar formalmente información a Estados Unidos y otros países sobre Salazar Umaña, sus ex socios y empresas, es revivir un caso que Luis Martínez había obstruido.

Hablemos, ahora, de la aquiescencia de buena parte de las elites políticas a los desmanes cometidos por Luis Martínez. A los políticos de todos los colores, y a algunos de sus financistas, les resultó conveniente la gestión de Martínez, un funcionario que, sabemos hoy, está acusado por esta Fiscalía, la de Meléndez, y señalado por el Tribunal de Ética Gubernamental, de vender justicia a cambio de dádivas.

Mientras Martínez estuvo ahí, nadie, ningún grupo político o empresarial, debía preocuparse de que investigaran a sus corruptos. En esencia, un fiscal general excelente si se atiende a los estándares impuestos por el tinglado político local: un fiscal general bueno para encubrir, para no investigar.

Tanta era la connivencia con el ex fiscal que, como se ha dicho antes, grupos importantes dentro los dos partidos políticos grandes empujaron hasta el final por su reelección.

En el FMLN fue José Luis Merino, el comandante Ramiro, relacionado con Enrique Rais, el empresario al que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos investiga. Y en la derecha, al decir de una nota publicada por El Faro, financistas de ARENA como Tomás Regalado y Francisco Calleja presionaron por la reelección de Luis Martínez. A finales de 2015, dos miembros del COENA me confirmaron que también había apoyo para el entonces fiscal en la fracción legislativa.

Fue Luis Martínez, como ya reveló una investigación conjunta de Revista Factum, InSight Crime y La Prensa Gráfica, quien enterró el expediente por lavado de dinero a Salazar Umaña. ¿Por qué lo hizo? La investigación periodística no llegó hasta ahí, pero los antecedentes del ex fiscal Martínez permiten hacer suposiciones: no fue en el mejor interés de la justicia o del Estado nacional.

Cuando Luis Martínez enterró aquella investigación, nadie saltó a pedir un antejuicio contra él. Proteger a Martínez era, se entiende, un acto de complicidad, de supervivencia si se quiere, de las mafias incrustadas en la política.

Por eso el ataque a Douglas Meléndez desde las arenas políticas no puedo entenderla más que como un acto de matonería o, también, de supervivencia. Si en el caso de Martínez esta supervivencia pasaba por garantizar la permanencia de un fiscal corrupto en el cargo, en el de Meléndez pasa por defenestrar al fiscal que ya metió preso, por supuesta corrupción, a un ex presidente de la República.

Y esto me lleva a la irresponsabilidad del alcalde Bukele.

El 28 de noviembre pasado, en el programa de televisión Diálogo con Ernesto López, Bukele dijo que él tenía información de que la DEA estaba investigando al fiscal Meléndez, y dijo también que en Estados Unidos había quienes apoyaban esas investigaciones, entre ellos el congresista Jim McGovern. Las dos cosas son mentiras. Mentiras.

Al fiscal Meléndez no lo investiga la DEA. Eso me lo confirmaron en Washington fuentes de esa agencia federal y del Departamento de Estado. También pregunté en el Congreso y me lo negaron. ¿Las fuentes del alcalde Bukele? Solo mencionó a un ex agente de la DEA, que es eso, un ex agente que no tiene ya ninguna relación orgánica con esa oficina.

Todas las personas con las que he hablado en la capital estadounidense este año, funcionarios o no, me han dicho que, en general, apoyan la gestión de Meléndez. Algunos tienen reservas -generadas en oenegés por la falta de compromiso del fiscal con casos de abusos de derechos humanos por parte del Estado o, de nuevo, por la debilidad de algunos de los casos que ha presentado-, pero incluso los más escépticos siguen dándole el beneficio de la duda.

El 9 de diciembre pasado, la congresista de origen guatemalteco Norma Torres mencionó al fiscal salvadoreño como un buen ejemplo de los intentos por erradicar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Personas como Thelma Aldana en Guatemala, Oscar Chinchilla en Honduras y Douglas Meléndez en El Salvador… han investigado y procesado con éxito la corrupción y la malversación de fondos, han seguido los casos a dondequiera que lleguen”, escribió la legisladora en un comunicado.

La otra mentira es que McGovern comparte las dudas respecto a Meléndez. Eso no es cierto. Fuentes de la Fiscalía General me han confirmado que el congresista envió una carta al fiscal reiterándole su apoyo.

Curioso fue que, tras las declaraciones de Bukele, un ejército de troles y sitios web con apariencia noticiosa se hicieron eco de las dudas del alcalde. No estoy diciendo que Bukele, a quien la Fiscalía investiga por su presunta relación con un “trollcenter”, haya instruido a esos troles y sitios de noticias falsas. Solo apunto la casualidad. En todo caso, tendría que ser más responsable el alcalde.

A Douglas Meléndez le falta, aún, demostrar en los tribunales la efectividad de su lucha contra la corrupción, pero, insisto ya ha abierto rutas para hacerlo, como en el caso del ex presidente Saca. El fiscal general está por cumplir un tercio de su gestión y el tiempo se le va haciendo corto. A su antecesor, no obstante, el mismo tiempo le había bastado para convertir a la Fiscalía General en una cloaca.

Por eso insisto: cuando oigo o leo a los mismos políticos que avalaron a Luis Martínez arremeter contra Meléndez sé que estoy ante un timo, uno más.

 

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