Tiempo de reformas

Buenos Aires. Y finalmente habrá “voto cruzado”. El novedoso proceso de reformas institucionales, impulsado a través de los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, vuelve a generar polémica e incomodidad para la mayoría de actores políticos nacionales.

Los cinco magistrados resolvieron –con cuatro votos a favor y un voto razonado- la inconstitucionalidad de los artículos 185, 205 y 207 del Código Electoral, por contradecir el carácter libre del voto respaldado por el artículo 78 de la Constitución. Esta conclusión se ha vuelto el origen para debates, análisis y críticas desde que se dio a conocer. Pero quizás el hecho más importante es que nos ha obligado a pensar en la eficiencia de nuestra democracia y, sobre todo, la eficacia de nuestros políticos.

Columnas de opinión, entrevistas televisivas y conferencias de prensa han girado en torno al “voto cruzado”, su viabilidad y sus consecuencias. Pero, donde más alboroto ha causado esta resolución es dentro de los partidos políticos porque obliga, no a democratizarse al interior, sino a luchar internamente para consolidar, concentrar o mantener el poder y el estatus partidario.

Los argumentos en contra del “voto cruzado” han sido diversos, desde los más operativos y realistas hasta los que hablan de atentados y violaciones a la democracia nacional. Mientras que las explicaciones a favor se han centrado en la necesidad de brindar más opciones políticas a la ciudadanía o “tener plena capacidad de opción”, como señala el dictamen de la Sala.

Sin embargo, en medio de toda esta discusión se ha dejado de lado lo más importante: ¿cuál es la voluntad de la gente?

Las decisiones en nuestro país siguen siendo tomadas por elites políticas y económicas. Por tanto, cualquier reforma que pretenda favorecer el acercamiento entre los ciudadanos y los representantes políticos, una real rendición de cuentas y un desbalance en el status quo, no será bien recibida. El objetivo último del “voto cruzado” es fomentar la descentralización del poder y acercar a los ciudadanos a la toma de decisiones, con el costo de fragmentar el sistema de partidos políticos.

No obstante, la velocidad y lo súbito de todo este proceso de reforma es lo que ocasionará más dificultades. Los aspectos financieros, normativos y operativos que afectarán al Tribunal Supremo Electoral también afectarán a la ciudadanía. Los tiempos que se tienen para poder aplicar el “voto cruzado”, la inclusión de los Concejos Plurales y del voto por cara para diputados del PARLACEN, obligan a campañas de difusión y educación bastante forzadas, que a unos cuantos meses para la elección presionarán y pondrán nuevamente a prueba a nuestras instituciones y a los ciudadanos.

Las intenciones de la Sala de lo Constitucional -y de los miembros de organizaciones sociales que iniciaron el proceso- parecen nobles. Modificar el juego del poder en nuestro país, a favor de las personas, siempre ha sido una tarea incómoda y un reto impostergable, pero el cómo hacerlo siempre ha entrado en conflicto con la manipulación y los intereses políticos.

Desde la Corte Suprema de Justicia se ha aprovechado para incidir y modificar el sistema político, adecuándolo a la realidad nacional y solventando tradicionales exigencias ciudadanas. Pero, el inadecuado manejo de los tiempos políticos y la constante crítica de determinados actores partidarios han oscurecido y prejuiciado lo positivo de las resoluciones. El “voto cruzado” no ha sido la excepción.

No es de extrañar que el matiz partidario que se le ha querido dar a las decisiones de la Sala de lo Constitucional sea el resultado del funcionamiento mismo del sistema político salvadoreño. Cualquier reforma enfocada hacia la modificación del poder es una amenaza.

Sin duda, desde la ola democratizadora de los Acuerdos de Paz, las reformas de los últimos años han sido los hechos electorales más significativos, sobre todo porque vienen de un poder estatal que históricamente no usó su capacidad para generar políticas públicas y convertir a nuestro sistema de justicia en uno verdaderamente justo.

La historia mundial nos ha señalado que esto es posible. La eliminación de la segregación racial en las escuelas fue un impulso de la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual tuvo que enfrentar duras críticas.

Ahora, lo que sí es seguro es que en las próximas elecciones los ciudadanos podremos votar por diputados de diferentes partidos políticos o por diputados no partidarios. Entonces, el gran reto es pensar, lo más pronto posible, en cómo se realizará el conteo de votos, previendo cómo reaccionará la sociedad salvadoreña ante los resultados.

Lejos de las críticas, el principal beneficio que ha traído el método de elección por “voto cruzado” es que nos obliga a señalar y preguntarnos sí, en nuestro país, nuestros políticos en verdad nos representan.

Héctor Pacheco es psicólogo social y economista salvadoreño, residente en Buenos Aires, con maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.

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