The Miami Six: por qué fueron excluidos del Informe de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó y esclareció las violaciones a los derechos humanos durante la guerra de los años ochenta en El Salvador, no pudo acreditar todos los casos denunciados para elaborar su informe final. Un proceso riguroso de verificación ordenaba que cada caso debía contar con, al menos, la corroboración de dos fuentes de información independientes. Los nombres de los empresarios salvadoreños que financiaron a los escuadrones de la muerte desde Miami, Estados Unidos, no pudieron mencionarse en el informe. Faltó una fuente extra para confirmar los hechos. Años después de la publicación del documento De la locura a la esperanza, cables desclasificados del Departamento de Estado estadounidense los identificaron a cada uno por su nombre y su alias como grupo: los Seis de Miami. The Miami Six.

Foto FACTUM/Archivo

Cuando Douglas Cassel recibió un reporte de los investigadores de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, le interesó lo que empezó a leer: los salvadoreños que financiaban, desde Miami, a los escuadrones de la muerte en El Salvador. Él era uno de los asesores que colaboraba con las indagaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la guerra salvadoreña. Cassel llegó al grupo de asesores por Thomas Buergenthal, uno de los tres miembros titulares de la Comisión de la Verdad. El documento se lo leyó completo. Eran unas treinta páginas, lo recuerda.

El reporte de los investigadores era muy ilustrativo. La vinculación de algunos empresarios salvadoreños en el extranjero con los escuadrones de la muerte era explícita. “Todo era creíble y estaba bien documentado”, dice Cassel, veinticinco años después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad De la locura a la esperanza. Pero hubo un detalle: el borrador se basaba en una sola fuente de información.

El método era rígido, dice Cassel. En ese momento histórico, cometer un mínimo error en las investigaciones significaba el descrédito completo de todo el informe por parte de los involucrados: en su mayoría militares, exguerrilleros y algunos civiles como el círculo del exmayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido Arena, mencionado como uno de los principales cerebros de los escuadrones de la muerte y señalado por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, cometido en marzo de 1980.

De hecho, la derecha y la izquierda en El Salvador, por estar señaladas en el informe, nunca se han sentido cómodas ante el documento de Naciones Unidas. El compromiso adquirido en los Acuerdos de Paz de enero de 1992, de no dejar ninguna violación a los derechos humanos en la impunidad, se rompió en 1993. Cinco días después de la publicación del informe de la ONU, la Asamblea Legislativa decretó una amnistía amplia, absoluta y sin excepciones.

Los comisionados (Buergenthal, Belisario Betancur y Reinaldo Figueredo) comprendían el panorama en contra. Por ello no podían dejar eslabones débiles en las investigaciones. Una regla de oro de la Comisión de la Verdad, comenta Cassel, era que cada caso documentado que se iba a incluir en el informe final debía estar sustentado por al menos dos fuentes independientes de información. Las fuentes tenían que estar acreditadas como testigos de los hechos o tener un peso relevante como el acceso y manejo de información privilegiada. Así lo explicó Cassel este jueves 15 de marzo, en un evento conmemorativo de los 25 años del Informe.

Douglas Cassel, ex asesor de la Comisión de la Verdad de 1992 a 1993 en El Salvador, durante la conferencia por el 25 Aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad, en el Hotel Presidente en San Salvador, El Salvador, el 15 de marzo de 2018. Foto FACTUM/ Fernando Romero

Cassel preguntó al investigador si no había una fuente extra que diera cuenta de la revelación de los empresarios salvadoreños radicados en Miami que financiaban a los escuadrones de la muerte durante la guerra. A ese momento, no existía. El trabajo era arduo, recuerda el exasesor, y era obvio que se iba a necesitar demasiado tiempo para conseguir otra corroboración. “Así que quité todo. Se quedó algo, que puedes leer en el informe, pero no es mucho. Los investigadores se quedaron muy descontentos, pero yo tuve que recordarles las reglas para defender la integridad de todo el informe de la comisión y no podíamos hacer excepciones”, dice Cassel.

La página 144 del Informe de la Comisión de la Verdad habla de lo que después se iba a conocer como The Miami Six. En el apartado de conclusiones sobre el tema El patrón de los escuadrones de la muerte, la comisión dice: “A la vez, es necesario también señalar que el gobierno de los Estados Unidos toleraba, aparentemente con poca atención oficial, la actuación de exiliados salvadoreños viviendo en Miami, especialmente entre 1979 y 1983. Este grupo de exiliados directamente financiaron e indirectamente ayudaron a dirigir algunos escuadrones de la muerte”.

Página 144 del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

Los cables desclasificados

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en los años 2000, desclasificó información acerca de lo que conocía la embajada norteamericana en El Salvador en los albores de la guerra. En 1981, el embajador estadounidense Robert White informó a su gobierno que tenía conocimiento por fuentes cercanas a empresarios millonarios radicados en Miami que algunas de estas personas financiaban y dirigían escuadrones de la muerte.

El grupo, conocido como The Miami Six, según la información desclasificada del Departamento de Estado, estaba integrado por Roberto Daglio, Enrique Altamirano -propietario de El Diario de Hoy, un periódico de ultraderecha-, Luis Escalante, los hermanos Julio y Juan Ricardo Salaverría y Arturo Muyshondt. Sobre el último, White, en una entrevista que le concedió al periódico El Faro, admitió que hubo una equivocación y que en realidad se trataba del hermano: Roberto Muyshondt.

La administración del presidente Ronald Reagan retiró a White de la embajada en El Salvador. Desde entonces, se conoce por la información desclasificada, Estados Unidos perdió contacto con las fuentes de información. White, como lo recoge The New York Times en una nota de 1984, dio un testimonio jurado ante el subcomité para América Latina de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos sobre la información que manejó como embajador en El Salvador.

White declaró que la administración Reagan sí tenía conocimiento, desde 1981, que seis salvadoreños “organizaron, financiaron y dirigieron escuadrones de la muerte mediante su agente” en El Salvador: el exmayor Roberto d´Aubuisson. Los involucrados o sus familiares, desde aquel entonces, negaron los señalamientos e incluso dijeron que White se había pasado al lado de la guerrilla del FMLN y de grupos religiosos. El diplomático aseguró que The Miami Six eran empresarios que sobornaban a oficiales militares con poder y a políticos para sus intereses y que financiaban a escuadrones que mataban a personas que ellos creían que eran simpatizantes de la guerrilla del FMLN, dice el artículo del Times.

Portada del cable fechado en 1981 donde se informa desde la embajada de Estados Unidos en San Salvador sobre los Miami Six: empresarios salvadoreños que financiaban escuadrones de la muerte en El Salvador.

Las fuentes a las que tuvo acceso el embajador White en El Salvador se perdieron por completo. Los investigadores de la Comisión de la Verdad, en su borrador que le presentaron a Douglas Cassel, solo contaban con una fuente de información. La pérdida de los contactos ha sido una de las razones por las que Estados Unidos no pudo actuar en aquel entonces contra los empresarios salvadoreños.

Oficiales de la administración Reagan en los años ochenta aseguraron entonces que las fuentes de información de la embajada se alejaron cuando se llamó de regreso al titular del servicio exterior que los había atendido. Por temor a morir, no quisieron volver a hablar y no se supo más de ellos. El temor no era infundado. Los mismos oficiales estadounidenses comentaron, según el Times, que un militar que implicó a Roberto d´Aubuisson en el magnicidio de Monseñor Romero fue asesinado en San Salvador en 1982 “probablemente por lo que sabía”.

La coyuntura electoral de 2012 en Estados Unidos atizó de nuevo el caso de The Miami Six. El periódico The Hufftington Post reveló que la campaña del candidato republicano Mitt Romney, que perdió en los votos contra el reelegido Barack Obama, recibió dinero de empresarios salvadoreños radicados en Miami, involucrados en los escuadrones de la muerte de los años ochenta. Pero, si bien se volvió a hablar de los financistas de los escuadrones de la muerte, la prensa estadounidense mantenía su enfoque sobre Romney y su campaña. La prensa norteamericana en realidad no ejerció presión para conocer a fondo el tema del financiamiento de estos grupos terroristas en El Salvador. Las investigaciones sobre este tema, a la fecha, no han sido concluyentes.

 A 25 años del informe

En San Salvador, este 15 de marzo de 2018, se conmemoró el aniversario 25 de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad. Un panel de juristas, entre los que estuvo Douglas Cassel, habló de los hallazgos y los mensajes del informe al día de hoy. El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Florentín Meléndez participó en las ponencias. También las especialistas Naomi Roht-Arriaza y Kate Doyle ofrecieron sus apreciaciones.

Las reflexiones coincidieron en que las recomendaciones finales del informe, si bien fueron cumplidas, deben mantener constancia. El acceso a la justicia para las personas pobres y la vinculación de la ley sobre las personas con poder es un deber permanente, mencionó el magistrado Meléndez. Se necesita también volver a hablar del informe, de su contenido, precisamente porque hay una nueva generación que no vivió la guerra y no ha conocido -ni comprendido- qué sucedió en su país cuando aún no habían nacido, dijo por su parte Arriaza.

Doyle recordó que la Comisión de la Verdad pudo reconocer su gran importancia en la historia salvadoreña por el acopio que hizo de información: archivos, registros oficiales, informes, periódicos, revistas, testimonios de testigos, declaraciones de víctimas y materiales fotográficos y videográficos. No solo fue la relevancia del informe, dijo la analista, también la comisión se convirtió en un centro de documentación invaluable que guarda registros ricos en contenido sobre un fragmento de la historia salvadoreña. De hecho, Doyle mencionó que el gobierno de El Salvador, para los casos que están en proceso judicial en la actualidad, puede solicitar a la ONU los archivos de la Comisión de la Verdad que están resguardados. “Es una cuestión de voluntad política”, dijo.

La ponencia de Cassel fue la más vívida. Sus experiencias como asesor de la Comisión de la Verdad en 1992 lo llevaron a recibir amenazas a muerte -que sufrieron como grupo-. Las amenazas corrían mediante la tecnología del momento: el fax. Eso provocó que los comisionados y todo el grupo de trabajo se hiciera rodear de guardaespaldas experimentados. Pero los riesgos crecieron al punto de que Cassel y su equipo ya tenían intervenidas las comunicaciones por los militares y tuvieron que salir del país en diciembre de 1992. El grupo terminó de elaborar el informe en las oficinas de la ONU en Nueva York.

Hubo otros casos como el de The Miami Six que se quedaron en el tintero de la Comisión de la Verdad, porque no estaban ceñidos al método investigativo. Aunque Cassel reconoce que fueron de menor envergadura. El de los financistas de los escuadrones de la muerte “fue el caso más dramático, por mucho, no hubo otro caso tan impactado por nuestras reglas”, dice, y reconoce que, por ello, “no pudimos contar toda la verdad que conocimos”.

Conferencia por el 25 Aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad, en el Hotel Presidente en San Salvador, El Salvador, el 15 de marzo de 2018. Foto FACTUM/ Fernando Romero

El informe De la locura a la esperanza contiene los casos de violaciones a los derechos humanos más significativos por parte del estado salvadoreño y la guerrilla del FMLN durante los años de la guerra. Fue publicado el 15 de marzo de 1993. El 20 de marzo del mismo año, cinco días después, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de amnistía. La actual Sala de lo Constitucional, de la que forma parte el magistrado Florentín Meléndez, declaró en 2016 que esa ley era inconstitucional, por contrariar el derecho internacional sobre los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no pueden ser protegidos por ninguna amnistía.

La Fiscalía General de la República, a partir de la resolución de la sala, nombró una unidad encargada de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, con especial énfasis en los que presentó la Comisión de la Verdad en su informe. A la fecha, hay un proceso judicial en el departamento de Morazán por la masacre de El Mozote, mientras continúan investigaciones sobre otras masacres. El Ministerio de la Defensa, a cargo de la Fuerza Armada de El Salvador, ha negado de forma sistemática el acceso a los archivos históricos de la guerra. El ejército alega que no existen registros de ese entonces.

La guerra salvadoreña se saldó con 75,000 víctimas aproximadamente, entre muertos y desaparecidos. La Comisión de la Verdad recibió alrededor de 22,000 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, entre homicidios, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y secuestros que ocurrieron antes y durante la guerra. La comisión atribuyó cerca de un 60 por ciento de las autorías de esos crímenes a las fuerzas de seguridad del gobierno. Mientras que un 35 por ciento fue imputado a los grupos paramilitares de la ultraderecha, entre los que se encontraban los escuadrones de la muerte.