La condenaron a 30 años por matar a su hija recién nacida en el colegio donde trabajaba, en un baño, mientras esperaba la llegada de una ambulancia. Teodora Vásquez recobró su libertad para estar con su familia y su hijo, pero el Estado no ha cambiado la sentencia condenatoria emitida en 2008. Aunque las deficiencias durante el proceso judicial han permitido que la Corte Suprema de Justicia le conmute la pena y la deje en libertad, las organizaciones que la acompañan aún esperan justicia y reparación en su caso, similar al de otras muchas salvadoreñas aún encarceladas.
Foto FACTUM/Archivo
Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña dejó la Cárcel de Mujeres de Ilopango, donde ha pasado los últimos 10 años de su vida. Dejó este penal este jueves 15 de febrero para reunirse con su familia y su hijo, quien quedó bajo el cuidado de sus abuelos desde que tenía tres años. Esta mujer fue condenada en 2008 por el homicidio agravado de su hija recién nacida. Entonces, la joven de 24 años originaria de Tacuba (Ahuachapán) trabajaba como cocinera en el Colegio Liceo Canadiense de San Salvador.
Según su declaración, se había sentido mal desde las 5:30 de la tarde del 13 de julio de 2007. Avisó a sus compañeras y se fue a descansar. Cuando las contracciones del parto empezaron a ser fuertes, Vásquez decidió llamar al servicio de emergencias 911 y solicitar una ambulancia. También pidió ayuda a su jefe que le prestó $20 para la emergencia. Desde el 911 tomaron sus sus datos, querían saber si el embarazo estaba de término. Pero la ambulancia nunca llegó y mientras Vásquez esperaba le dieron ganas de orinar, por lo que fue al baño y estando ahí sintió que algo se le desprendía. Luego se desmayó. Así terminó dando a luz sola en ese baño.
Un empleado que luego testificó en su contra, encontró el cuerpo de la recién nacida en el tanque del sanitario y dio parte a la Policía Nacional Civil. Ese día fue detenida y posteriormente trasladada al Hospital de Maternidad donde la atendieron por la fuerte hemorragia que sufría y su cuadro de anemia.
Vásquez sostuvo, durante la audiencia de revisión, que ella nunca puso a su bebé en el tanque de agua y que en el baño donde sucedieron los hechos ni siquiera había luz.
La autopsia realizada por Instituto de Medicina Legal el 14 de julio de 2007 reveló que la causa de la muerte fue por asfixia perinatal, que el recién nacido salió del vientre materno vivo y murió al momento del parto. Sin embargo, una ampliación de la autopsia realizada el 20 de septiembre por el doctor Alfredo Romero Díaz, perito en el caso, apuntó que hubo dos causas de muerte: asfixia perinatal y “signos de asfixia por sumersión” (acción de sumergir en líquido y asfixiar). A criterio del doctor pueden coexistir dos causas de muerte; sin embargo, la primera autopsia señalaba únicamente la asfixia perinatal.
Según los peritos médicos llamados a declarar a petición de la defensa de Vásquez, la asfixia perinatal es una causa de muerte natural, que tiene lugar al momento del parto y que es algo frecuente en El Salvador, detalló la ginecóloga Aleida Marroquín Parducci durante la revisión de la sentencia. La doctora indicó que la asfixia perinatal se debió también al tipo de parto de Teodora, extra hospitalario e intempestivo – que sucede en breve espacio de tiempo y provoca el desprendimiento simultáneo de la placenta, el cordón umbilical y el feto.
El informe del perito forense, José Mario Nájera Ochoa, doctor de Medicina Legal de Guatemala, también fue contundente. Entre sus conclusiones destacó que el bebé no presentó llanto al nacer, que el embarazo era de término, que el cadáver no presentaba trauma y que Teodora sufría anemia, complicando así el proceso de parto.
Además, este doctor señaló deficiencias e irregularidades en la autopsia realizada por el perito Romero Díaz en 2007, como las docimasias incompletas (prueba forense que se realiza en los pulmones para determinar si el bebé respiró al nacer) al cadáver para comprobar que se cumplió con todo el protocolo forense.
Vásquez visitó por última vez un juzgado el pasado 15 de enero, cuando le notificaron por escrito que la sentencia de 30 años en su contra se mantenía. Los custodios la devolvieron a las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez mientras ella se giraba y echaba la mirada atrás, hacia los medios, un par de veces y con aparente calma, sin decir nada.
Ese día se cerró por escrito la posibilidad de obtener la nulidad del caso tras revisar la condena, una decisión tomada en diciembre pasado, al finalizar la audiencia de revisión que no aportó ningún cambio en su situación jurídica. Una audiencia que se interrumpió y extendió por dos días para conceder mayor tiempo a la fiscal del caso que no había llegado preparada el primer día.
“La prueba debe analizarse en su conjunto y aplicar las normas de la sana crítica racional como son la lógica, la psicología y la experiencia. (…) El tribunal se mantiene en lo resuelto y confirma la sentencia definitiva condenatoria de 30 años de prisión”, leyó la jueza María del Pilar Ábrego de Archila, del Juzgado 2º de Sentencia de San Salvador.
Sin embargo, unos días más tarde, Vásquez logró la libertad, al menos en papel. El 31 de enero de 2018 la Corte Suprema de Justicia aprobó la conmutación de la pena a su favor. Esta solicitud fue presentada dos años antes por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el movimiento de Las 17.
La conmutación de la pena ha logrado que la Corte Suprema de Justicia, con la firma de diez magistrados, reconozca que la prueba científica aportada en el caso no permite establecer que Vásquez tuvo voluntad de causar la muerte de su hija.
La resolución de la Corte dice que no se realizaron pruebas fundamentales como el análisis del líquido encontrado en los pulmones de la bebé para determinar si procedía de la bolsa amniótica o si fue agua: “Este escenario no solo arroja razones poderosas de justicia y equidad para conceder la gracia, sino fundamentalmente de índole jurídicas que atañen directamente a la responsabilidad de la imputada pero que no fueron tomadas en cuenta por los juzgadores”.
Sin embargo, para la defensa de Vásquez, que ya intentó su indulto en 2014 y la nulidad de la condena recientemente, este no es el último paso a dar en el caso. Aún esperan que se resuelva un recurso de casación presentado el pasado 29 de enero ante la Sala de lo Penal para que se anule la sentencia. También pedirán una reparación al Estado por los daños causados a ella y su familia. Teodora Vásquez es libre, pero sigue atada a la condena que la consideró una madre asesina.
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