Representantes de organizaciones internacionales y funcionarios de Justicia y Seguridad Pública han hablado desde este jueves 31 de agosto sobre un plan salvadoreño de protección y combate a la impunidad por crímenes y amenazas contra periodistas.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Las intervenciones de representantes de organizaciones internacionales y salvadoreñas durante la fabricación un plan de protección para periodistas y combate a la impunidad en El Salvador convergieron en dos puntos este jueves 31 de agosto: que el Estado debe dejar el doble discurso sobre el periodismo y que la impunidad de crímenes y amenazas contra periodistas debe ser combatida con seriedad.
Este discurso en dos vías del que hablaron Frank La Rue, subdirector de comunicación e información de la UNESCO, y Dalila Arriaza, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), tiene que ver con la proclamación del Estado salvadoreño -y por ende sus altos funcionarios- del respeto a la Constitución y las leyes, incluidas las libertades de expresión y de prensa. Pero, por otro lado, cuando intervienen intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole, ante una publicación periodística, los funcionarios ceden a la tentación de buscar el descrédito no solo de la publicación, sino del mismo periodista y de su medio de comunicación.
La Rue precisamente comentó en una de sus intervenciones que hay gobiernos que dicen que apoyan la libertad de prensa y la protección a periodistas, pero a la vez sus funcionarios dicen que los periodistas mienten, que publican noticias falsas o que incluso hay quienes los presentan como enemigos de la sociedad. “El respeto a los derechos humanos de los periodistas se empieza a socavar cuando se dan estos discursos”, dijo el funcionario de la ONU.
La presidenta de la APES recordó que en las últimas semanas se han vuelto notorios algunos funcionarios públicos que han colaborado activamente para encender más los ánimos en contra de los periodistas y de los medios de comunicación, a propósito de la publicación del reportaje de la Revista Factum sobre el engranaje de un escuadrón de la muerte enquistado en la Policía Nacional Civil (PNC) y las amenazas directas que surgieron en contra de la revista y sus periodistas, así como contra el periódico El Faro. “He pedido que por favor los funcionarios públicos no inciten a la violencia desde las redes sociales porque alguno que otro lo ha hecho. El deber ser del funcionario público y de las instituciones públicos es protegernos. Entonces, si no se asume ese compromiso, ¿cómo se le llama a esto, si a lo que se incita es a la violencia? Cuidado con que cualquier funcionario esté exacerbando los ánimos de la población en contra nuestra”, comentó Arriaza.
El presidente de PROESA y dirigente del FMLN Sigfrido Reyes reprodujo días atrás una imagen con contenido calumnioso y difamatorio en contra de Bryan Avelar, periodista de Factum y uno de los autores del reportaje “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, que hace parecer que el periodistas tiene vínculos con pandillas. Las amenazas directas contra Avelar se incrementaron con la imagen que se propagó desde una cuenta de Twitter de un medio de comunicación falso llamado La Lupa El Salvador.
Mientras que, desde el congreso, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, diputado por el partido Gana, ha reiterado declaraciones en que utiliza expresiones de “repudio” y “rechazo” hacia quienes, según él, hacen ver como criminales a los policías. Todo esto pese a la información proporcionada por el director de la PNC, Howard Cotto, de 526 agentes policiales procesados por ilícitos en general durante 2017 y 156 de ellos acusados en tribunales por homicidios.
Incluso, estos funcionarios ignoran casos de detenciones de policías por participar en redes de extorsión con civiles o el caso más reciente de la detención de una empleada administrativa -pareja de un comisionado policial- que fue detenida luego de que se descubrió que cobraba dinero para limpiar expedientes de personas del sistema informático de la Policía.
El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, participó en la conferencia y se vio contagiado con el discurso de protección a los periodistas. López reconoció ante las representaciones que participaron en el encuentro -UNESCO, CIDH, Freedom House, Federación Internacional de Periodistas, Alianza Global Medios y Género, APES e ISDEMU- que el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar protección para los periodistas. Las palabras y el compromiso que se obtuvo del representante del gobierno fue significativo, según las organizaciones.
El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Los participantes de la conferencia abordaron además la impunidad de crímenes ya consumados en contra de periodistas y de amenazas actuales que no son debidamente registradas ni investigadas por las autoridades que deben actuar de oficio. Contrario a ello, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, invitó en días pasados a los periodistas de Factum o de El Faro que “se sientan amenazados” a acercarse a la Fiscalía a poner la denuncia. Meléndez ignoró incluso que desde el viernes 25 de agosto existe una disposición para la Fiscalía desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de investigar de oficio las amenazas que se mantienen sobre periodistas de Factum.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, reconoció este jueves que el estado de violencia de El Salvador y las actividades del crimen organizado vuelven más dificultoso el ejercicio periodístico. Incluso, mencionó dos casos de asesinatos de periodistas que ha conocido y reportado en sus informes la CIDH, así como amenazas contra periodistas de medios de comunicación tradicionales y el último caso de amenazas de los dos medios digitales. “Es muy importante que el gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales trabajemos de forma mancomunada para ver las formas de planificar una respuesta ante una situación que todavía no ha adquirido las dimensiones que ya ha adquirido lamentablemente en otros países de la región”, comentó Lanza en videoconferencia.
Las organizaciones concordaron en que El Salvador aún puede jactarse de ser una sociedad y Estado que no mata a sus periodistas, pero pusieron acento en advertir que en la actualidad varias conductas de funcionarios estatales podrían labrar el camino para una situación de exposición y riesgo del periodismo salvadoreño.
Y a pesar de que las valoraciones sobre las amenazas a periodistas es que recaen con frecuencia en quienes se dedican al periodismo investigativo, más que al de la cobertura cotidiana, la seguridad y la protección para periodistas debe ser una garantía para todos los periodistas concedida desde el gobierno y la misma sociedad, comentó el representante de la UNESCO. Incluso, mencionó que estas garantías no deben estar sujetas a la calidad del producto periodístico.
“Por supuesto que hay buenos periodistas y malos periodistas”, acotó La Rue, “pero la seguridad de los periodistas no está vinculada a la calidad de su trabajo. Hasta un mal periodista tiene el derecho a sentirse seguro y eso es muy importante, porque no tiene que ver con el profesionalismo. La seguridad de los periodistas es un deber del Estado y de la sociedad. Por supuesto que hay elevar el profesionalismo, pero la seguridad es una garantía inmediata a partir de los derechos constitucionales”.
El plan nacional para protección a periodistas y combate a la impunidad entraría en vigor desde 2018 y en su desarrollo se integraría el trabajo de organizaciones sociales, las asociaciones de periodistas y las entidades estatales.
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