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“Si saliera la CICIG me preocupa el Estado en general”

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La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, está a punto de dejar su cargo al frente del Ministerio Público. Aldana pasó de ser la elegida por el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina para dirigir la fiscalía a terminar metiéndolo en prisión por un caso de corrupción. Y, así como a él, a la mitad de su gabinete de ministros, y a empresarios, y a militares… A tres meses de dejar su puesto, y con una pugna entre los mecanismos que luchan por la justicia y los que buscan perpetuar la impunidad y expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Thelma Aldana afirma que el Ministerio Público ya logró la solidez suficiente para seguir persiguiendo casos de alto impacto. Lo que le preocupa son las demás instituciones del Estado. En esta entrevista habla de los prófugos de la justicia, de la participación de Estados Unidos y de los obstáculos a su trabajo.

Fotos FACTUM/Sandra Sebastián


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Usted afirmó que el momento más duro de su carrera fue cuando Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez. ¿Qué sintió en ese momento?

Me sentí en shock. Realmente no entendía qué estaba pasando, no comprendía la decisión y, a la fecha, no la entiendo. Me pareció que era una decisión precipitada, sin sustento. Además, me dio muchísima pena. Porque declarar non grata a una persona que ha dedicado todo su esfuerzo al fortalecimiento del Ministerio Público (MP), en lugar de agradecerle, es algo que no logro comprender.

Lo que parece que motivó al presidente fue un caso de fraude, en el que fueron implicados su hermano y su hijo, por 90,000 quetzales (unos 12,500 dólares). ¿Por qué capturar al hijo y al hermano del presidente, con todas las consecuencias que eso podía tener, por un caso de tan poca envergadura?

Fue una orden judicial. A las 11 de la noche, la jueza sexta de Instancia Penal le dio la orden al MP de investigar al hijo y hermano del presidente. Los fiscales y yo ni sabíamos el nombre del hijo del presidente, y asumo que la jueza tampoco. Ella, después de revisar el proceso, les pregunta a los fiscales: “Y ustedes ,¿ya investigaron a esta persona?”. Y les da el nombre de Morales. “No, no hemos investigado”. “Les doy la orden de que investiguen”. No podíamos ver si eran 100 quetzales o 100 millones, teníamos que acatar esa orden judicial. Y, efectivamente, se investigó, y se vio que estaba involucrado en los hechos.

Actualmente hay 600,000 casos en mora, llama la atención que les pidan investigar ese caso concreto.

Yo creo que uno no debe pensar de mala fe. Yo sostengo que la buena fe hay que presumirla y la mala fe hay que probarla. Y yo, hasta aquí, no puedo probar que la jueza haya tenido intención de perjudicar. Creo en la buena intención de la jueza y estamos en un estado de derecho donde debe prevalecer la ley.

¿Se puede trabajar sin el apoyo del presidente?

Gracias a Dios, el MP es una entidad independiente, no está subordinada a autoridad alguna. Así lo dice la Constitución y las leyes del país. La Ley orgánica del Ministerio Público dice, con claridad, que el fiscal general no está subordinado a autoridad alguna y, en consecuencia, trabajamos de manera independiente.

¿Y se puede trabajar sin el apoyo del Congreso?

El apoyo del Congreso es fundamental. Porque es el que decide el presupuesto del Ministerio Público, el que asigna los fondos. No hemos tenido ningún problema, porque se aprobó el presupuesto del año pasado.

En el caso de que el hijo del alcalde Álvaro Arzú termine siendo el presidente de la junta directiva del Congreso, ¿cree que podría cambiar la situación? Teniendo en cuenta que solicitaron el antejuicio al alcalde, sus discursos de los últimos meses…

Creo que lo importante es que el diputado Arzú se aleje del trámite de la solicitud de antejuicio, que no tenga ninguna injerencia, y no habría ningún problema.

Desde ayer están otra vez con el intento de sacar a Iván Velázquez. No sé qué piensa de esto.

Desde ayer enviamos una carta al secretario general de la ONU en la que reiteramos nuestro agradecimiento por la instalación de la CICIG en el país y hacemos énfasis en el buen trabajo.

¿Cree que la CICIG ha dejado capacidades instaladas en el MP? Si la CICIG se va, ¿el MP podría seguir investigando los casos de alto impacto como hasta ahora?

Claro. Ni lo dudo. Lo que me preocupa son el resto de las instituciones y el Estado en general. Porque la CICIG es un mecanismo que el gobierno de Guatemala pidió a Naciones Unidas, reconociendo la existencia de aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. Y su desaparición afecta a todo el Estado. El MP hará su parte. Habrá que ver cómo está el resto.

Si alguien viene a sustituir al comisionado Iván Velásquez, ¿se podría seguir haciendo un buen trabajo?

Es difícil, porque llevamos un ritmo y avance en las investigaciones. Además, está para un periodo, y debe terminar su periodo, no hay ningún motivo para cambiar.

Hablando de apoyos del presidente. Usted fue nombrada fiscal por Otto Pérez Molina. ¿Por qué cree que la eligió a usted?

Habría que preguntárselo a él. Yo a él lo conocí en el año 2012, cuando yo fui presidenta de la Corte y, en aquel momento, me acerqué a él a pedirle coordinación interinstitucional para que apoyara el presupuesto del organismo judicial. Yo le tenía bastante reconocimiento. Siempre creí que había sido un militar progresista, involucrado en los Acuerdos de Paz. De hecho, voté por él como candidato a presidente. Desafortunadamente, en las investigaciones surgió su nombre en el caso de La Línea y tuve que proceder.

Después de todo este tiempo, se ha visto que el gobierno de OPM operó como una estructura criminal: La Línea, La Coperacha, TCQ, la relación de López Bonilla con narcotráfico. ¿Cómo fue el año que trabajó con este gobierno?

No trabajé con la señora Baldetti, porque el MP con la vicepresidencia es poca la comunicación, excepto en CONABED, que es el Consejo de Extinción de Dominio, aparentemente sin ningún problema. Con el presidente de la República, una relación normal. Con Bonilla, una relación muy cordial, siempre él muy accesible a todos nuestros operativos, apoyándonos continuamente. Para mí fue una sorpresa.

Según informó Estados Unidos para solicitar su extradición, López Bonilla coordinaba patrullas de policía para custodiar trasiego de droga y acciones para facilitar y proteger al narcotráfico. ¿Eso no se percibía desde el Ministerio Público?

Lo que pasa es que no lo hacía él personalmente, sino que manipulaba a través de otras personas. Pero al final trabajamos en coordinación con Estados Unidos para llegar a esa solicitud de extradición.

Cuando saltó el caso de La Línea, hubo un sector de la población que habló de la injerencia de Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, a Gustavo Porras. Decían: “Si Estados Unidos no hubiera pasado información de inteligencia, el MP y la CICIG no hubieran logrado nada”. ¿Qué tanto apoyó Estados Unidos para la investigación penal?

Cien mil escuchas telefónicas del caso La Línea recibidas en la sede del MP, Estados Unidos no tiene nada que ver. Miles y miles de documentos que incautamos en los operativos, dirigidos por el MP, y no por Estados Unidos. La inteligencia la manejamos nosotros, tenemos la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos y Análisis, que son las unidades de inteligencia del MP, y coordinamos con otros mecanismos para obtener inteligencia con la PNC. Estados Unidos nos da apoyo de cooperación para fortalecer al MP: de equipo, de asesores, de capacitaciones. Ese es el apoyo que Estados Unidos nos da, que es muy valioso. Se alinea, como todos los cooperantes, a un plan estratégico que yo tengo.

Desde que comenzaron las capturas por los casos de alto impacto, muchos de los imputados se han escapado y están, hoy en día, prófugos de la justicia. Sinibaldi, Allan Marroquín, Erik Archila, Luis Mendizábal… ¿De dónde se filtra la información?

No hay necesidad de que nadie le avise. La misma persona está consciente de su responsabilidad en los hechos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, investigamos, pedimos al órgano jurisdiccional las diferentes diligencias y, dentro de ellas, obtenemos la orden de captura. Pero no nos corresponde capturar a nadie. No nos corresponde salir de Guatemala a buscar a los diferentes países donde están las personas.

Arturo Batres, el último prófugo, con orden de captura por el caso Odebrecht, ¿sabía que lo iban a capturar ese fin de semana? Porque cuando llegaron por él ya se había escapado…

¿Quién garantiza que ese día que se le iba a capturar fue el día que huyó? ¿O salió antes del país? ¿O está dentro del país? Eso es algo que el Ministerio de Gobernación, o la PNC, o Interpol, pueden ir aclarando.

Me acuerdo de otros. Gustavo Alejos también se escapó, hay varios. La sensación que da es que sí se filtra información.

De parte del Ministerio Público no se filtra información. No sé si alguien tiene conocimiento de filtración de otras unidades, valdría la pena que presentaran su denuncia. Hay personas que saben que están involucradas en casos y a las 5 de la mañana se trasladan a otra casa, porque saben que a las 6 hay operativos. Tenemos conocimiento de que los jueves, que generalmente es cuando presentamos los casos, muchísimas personas salen de sus casas en la noche o se están cambiando de casa.

Hay una prohibición, desde el conflicto armado, de allanar una casa entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Cree que, hoy en día, esta prohibición sigue siendo necesaria, o se constituye como un impedimento para poder capturar a las personas?

Sigue siendo necesaria para evitar abusos de las autoridades. Se vivió en este país que llegaban a las casas a detener a las personas a las 2 de la mañana sin orden judicial. De manera que, si somos respetuosos de los derechos humanos, tenemos que ajustar nuestra actuación a los mecanismos legales.

¿Cree que el número de prófugos de los casos es un problema?

Si llevamos medio millón de casos al año en el MP, tenemos privadas de libertad a 20,000 personas, otros 20,000 tienen medida sustitutiva, me parece que los prófugos no son tantos. Lo que sucede es el perfil del delincuente, que tiene la posibilidad y los medios para salir del país, para esconderse en otros países, o aquí mismo en el territorio nacional.

¿Y cuáles son las capacidades de Guatemala de detener a prófugos fuera del país?

Tiene que haber mucha coordinación entre el Ministerio de Gobernación con Interpol, ese es el mecanismo. Y la coordinación de otros países cuando ya se tiene ubicada a la persona.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) está investigando de una forma muy especializada y minuciosa en conjunto con la CICIG, llegando hasta el final de los casos, ¿Esto se está replicando en otras fiscalías?

Estamos trabajando con otras fiscalías. De hecho, el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales trabajó en la FECI. El fiscal regional metropolitano también trabajó en la FECI, y algunos fiscales han salido de FECI a otras fiscalías, ya con esas capacidades. Además, está el trabajo conjunto que realizamos con la Fiscalía de Delitos Electorales, con la Fiscalía de Delitos contra la Vida, para ir dando esas capacidades.

¿Cómo hace el MP para perseguir la corrupción a lo interno de la institución?

Cuando llegué, implementé una Fiscalía de Asuntos Internos, para aquellos casos donde hubiese necesidad de instrucción de procesos penales por actos de corrupción o la comisión de algún delito por personal de la institución. Es una fiscalía que ha funcionado bien, que no tiene muchos casos, afortunadamente, pero los tiene. Luego, a través de las reformas a la Ley Orgánica del MP, y como uno de los ejes de nuestro plan estratégico, está fortalecer nuestro sistema disciplinario. Y cambiamos un sistema que había del Consejo del MP, que se tardaba hasta tres años en sancionar al trabajador, por una Junta de Disciplina que tiene un procedimiento que no va más allá de los tres meses para aplicar las sanciones.

¿Qué tan inserto está el crimen organizado en el financiamiento electoral?

Si hablamos de financiamiento electoral ilícito, que ha sido una práctica en el país, por supuesto que está el crimen organizado interviniendo. La idea es que, a partir de las próximas elecciones, el financiamiento electoral sea transparente. Obligar a todos los partidos a transparentar ese financiamiento electoral.

Lo que decepcionó un poco en las anteriores elecciones es que, después de la captura del presidente, la vicepresidenta, se creía que ese proceso transparente ya iba a darse, pero al final no fue así.

No. De hecho, ya presentamos una solicitud de antejuicio hacia el actual presidente para investigar el financiamiento electoral.

¿Qué nos hace pensar que en las próximas elecciones no va a volver a suceder lo mismo?

Yo estoy segura de que no va a suceder. Porque, de hecho, en otra época, a estas alturas ya había campaña anticipada, ya había financiamiento electoral. Y, en este momento, nadie ha salido en campaña. Creo que poco a poco tenemos que ir tomando esta cultura de la legalidad en el país.

Con referencia al financiamiento de FCN, se especuló que El Fantasma (Marlon Monroy, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos), aportó un millón de dólares al partido oficial. ¿Cómo van con esta investigación?

Nosotros estamos investigando el financiamiento electoral de algunos partidos políticos, y dentro de ellos está FCN. Pero no puedo asegurar que alias Fantasma haya financiado a FCN.

¿Cuándo podremos saber algo sobre eso?

Presentamos una solicitud de antejuicio en contra del presidente, tenemos que esperar autorización para poder investigar.

¿Cómo va el proceso de extradición de Manuel Baldizón? ¿Lo veremos dentro de poco en Guatemala?

Él no está sujeto a extradición. Contra él pedimos una orden de captura, nos la otorgaron, la trasladamos a Gobernación, a Interpol, y está detenido en Estados Unidos por un procedimiento migratorio, entiendo. En ese procedimiento el MP no tiene participación.

En referencia al caso de Marjorie Chacón (La Reina del Sur). Se hablaba de que ella había mencionado a empresarios en su declaración en Estados Unidos, y que podía ser un caso similar al de los Rosenthal en Honduras. ¿Se va a saber algo próximamente?

Hay casos en investigación que la ley no me permite revelar.

Cuando se descubrió el caso que relaciona a Arzú con Byron Lima, ¿Supuso algún avance en la investigación del asesinato de Gerardi?

No necesariamente. El caso Gerardi está en investigación desde hace mucho tiempo y está en curso. Tenemos una agencia de fiscales que sigue investigando el caso Gerardi.

Le quería preguntar por el caso del Hogar Seguro porque, así como en estos otros casos de corrupción llegan rápido a los culpables, ardieron 41 niñas y parece que el caso está a medio gas.

Ese caso está avanzando. Hemos tenido el apoyo técnico de la CICIG, lo lleva la fiscalía de feminicidio especializada con enfoque de género en casos de muertes de mujeres, como este suceso, y está avanzando. Esa pregunta sería bueno que se la hiciera a los jueces, nosotros no manejamos todo. Nosotros manejamos la investigación, llegamos ante el órgano jurisdiccional y, a partir de ahí, la celeridad de los casos se escapa de nuestra competencia. Nosotros hacemos la investigación, las imputaciones, las acusaciones, pero no dictamos la sentencia.

Durante el tiempo que estuvo Claudia Paz y Paz hubo varios casos de alto impacto vinculados al conflicto armado, se capturó a militares, jefes de policía. Durante estos años han disminuido los casos relacionados a crímenes cometidos durante conflicto. ¿A qué se debe?

No es cierto. Tenemos el caso de Creompaz, donde se detuvieron a once militares del más alto rango. Tenemos el caso de Sepur Zarco, que es un caso paradigmático, el único en el mundo que tiene una sentencia por violencia contra la mujer durante el conflicto armado, que yo lo inicié. Tuvimos la sentencia del caso Molina Theissen, es otro caso que es de mi gestión. Yo sí seguí con la justicia de transición que inició Paz y Paz.

En el caso hipotético de que usted volviera a empezar, ¿qué cambiaría de su gestión de estos cuatro años? ¿Qué cree que podría haber hecho mejor?

Pedir el apoyo del ejecutivo y del legislativo para llevar al MP al interior del país, eso es lo más importante. Esta presencia va más allá de conseguir un lugar para arrendar, de tener el personal, y capacitarlo. Consiste en propiciar el acceso a la puerta de entrada al sistema de justicia penal para la población. Debe de ir acompañado de labores de prevención, de reinserción de las personas privadas de libertad, que no le competen al MP.

¿Cómo se vive en estado de amenazas? ¿Como vive el miedo, el temor por su seguridad?

Pues estoy amenazada de muerte, tengo medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no me preocupa. Soy optimista, vivo feliz, amo mi trabajo, y en manos de Dios estamos todos. Hay campañas de desprestigio y acciones legales en mi contra por cualquier pretexto, pero es el costo de enfrentar la criminalidad en el país, que es muy grande.

Y que les atacan de todos los lados, la derecha dice que son de izquierda, la izquierda le ataca por otras cosas…

Sí, pero igual nos aplauden el trabajo que hacemos en el MP con apoyo de la CICIG, gente de izquierda y gente de derecha.

En una entrevista dijo que nunca sería compañera de fórmula de Sandra Torres, ¿Por qué?

No comparto la política que ha desarrollado la UNE en el país, me parece que es la vieja política en contra de la que yo estoy, porque se ha hecho gobierno y los partidos políticos que han hecho gobierno, por acción u omisión, han permitido el sistema de corrupción que hay en Guatemala.

¿Se visualiza, entonces, como candidata a presidenta?

Yo, en este momento, estoy enfocada en la transición. Una transición responsable hacia el próximo fiscal general. Qué voy a hacer de mayo en adelante, todavía no sé. Lo que haré como profesional es una cuestión que tendré que evaluar en mayo. Para mientras, podré ver el mundial desde mi casa. Siempre tengo que ver los partidos en diferido a las 11 de la noche, y me encanta el futbol. Así que ahora pretendo quedarme en casa para el mundial.

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