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“Si el Estado es incapaz de bajar la epidemia de muertes de tránsito, con más dificultad bajará la de homicidios”

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El Balance de Derechos Humanos 2017 del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) destaca las muertes por accidentes de tránsito como una “epidemia” de salud pública y una “violación a los derechos básicos unidos a la vida”. Para José María Tojeira, director del instituto, el Estado demuestra así su poca eficacia para defender la vida.

Foto FACTUM/Archivo


El tránsito vehicular en El Salvador es un reto para la paciencia de los conductores, pero también una amenaza para la vida de peatones, ciclistas y conductores. En los últimos tres años han fallecido un promedio de 1,202 personas al año en accidentes de tránsito, es decir, tres muertes diarias. Una cifra alta que no es nueva. El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya registró en El Salvador, hace 10 años, 1,493 muertes según los datos oficiales de 2007.

Las muertes relacionadas con el tránsito son parte de un problema que se mantiene y preocupa al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), que lo incluye en su balance de 2017 dentro de la categoría de “violaciones a los derechos básicos unidos a la vida”,  junto a los 3,962 homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, los 260 casos de desplazamiento forzado y los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

“Más allá de las responsabilidades individuales, el número de homicidios culposos en accidentes de tránsito es una muestra más de la poca eficacia estatal en la defensa de la vida”, señala el documento.

 

El padre José María Tojeira, director del Idhuca, presentó las principales cifras del balance este martes 20 de febrero. El año pasado murieron 1,245 personas en accidentes de tránsito. Estas muertes se suelen tipificar según el Código Penal como homicidios culposos, es decir, donde no hubo intención de matar, sin dolo. La tasa es de 19 muertes por cada 100,000 habitantes. Un problema de salud pública, una epidemia.

“La cantidad de homicidios es una epidemia, el tránsito es algo que dirige el Estado, algo falla cuando hay tanto homicidio. Hay países que tienen tres, cuatro o cinco muertes en tránsito por cada 100,000 habitantes, otros 19, ahí hay un fallo grave del Estado”, dijo Tojeira y señaló que a partir de una tasa de 10 muertes por 100,000 habitantes ya se considera epidemia, en el caso de las muertes por accidentes de tránsito.

De total de fallecidos en accidentes de tránsito el año pasado, 600, casi la mitad, fueron atropellados. No siempre son peatones; el problema afecta también a los ciclistas.

Rolando López pedaleaba el pasado 28 de enero por la Carretera a Los Chorros en dirección a San Juan Opico. Iba a participar en una carrera ciclista. Un conductor se lo pasó llevando y luego huyó del lugar.  Rolando tenía 48 años y desde hace 25 competía con el Club 4×4. Su muerte movilizó a decenas de ciclistas que participaron en una carrera convocada  por el Comité Olímpico de El Salvador, en protesta por la intolerancia de los conductores y la falta de condiciones para que desplazarse en bicicleta en el país sea una forma de transporte segura.

“Si el Estado es incapaz de bajar a menos de epidemia los homicidios en tránsito, con mucha más dificultad bajará a menos los homicidios dolosos ¿Por qué razón? – se preguntó Tojeira- Porque es más fácil regular el tránsito que arreglar el crimen”.

Según las estadísticas de la Dirección de Tránsito Terreste de la Policía Nacional Civil, las principales causas de los más de 21,000  accidentes registrados en 2017 fueron, en este orden: distracción del conductor, la invasión del carril contrario, no respetar las señales, no mantener la distancia de seguridad y manejar a velocidad inadecuada, entre otras

El Idhuca reconoce que ha habido algunas mejoras en las medidas de protección para peatones, pero las considera insuficientes, destacando también las consecuencias: “el costo hospitalario y de recuperación, así como la baja de productividad temporal o permanente de los heridos”. Por ello recomienda que se debe trabajar en una política nacional que, incluso, podría ayudar en un control más eficiente de los homicidios dolosos, los de tipo criminal.

“Es un tema que debería elevarse a política nacional, que un funcionario de segunda categoría se encargue del tránsito, o dos o tres sin coordinación entre ellos… ¿La vida no nos importa o qué? Eso es lo que hay que preguntarse”, lamentó Tojeira.

El Idhuca también denunció – durante la presentación del balance- la falta de efectividad de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para investigar y dar con el paradero de la agente Carla Ayala, desaparecida desde el pasado 28 de enero durante una celebración navideña con sus compañeros del Grupo de Reacción Policial (GRP).

Arnau Baulenas, abogado del Instituto, dijo que se presentarán como querellantes en este caso a petición de la familia de la víctima.

“Es increíble que la Policía Nacional Civil tenga capacidad de girar órdenes de captura diarias, de 100, 200, hasta 500 capturados; pero no tenga la capacidad de identificar y localizar a un miembro de la corporación que ha desaparecido…hace más de 50 días”, dijo el abogado.

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