El Salvador y nuestras ancestrales medidas extraordinarias

En El Salvador históricamente hemos padecido niveles de violencia muy altos. Altísimos, capaces de espantar a cualquier estadista europeo e incluso latinoamericano. Curiosamente esos elevados números de homicidios, que es casi la única forma que se ha usado para la medición de este fenómeno, han sido resultado de conflictos internos. Salvadoreños matando salvadoreños.  Salvo las vergonzosas escaramuzas con Honduras, en 1969, parece que siempre ha habido un enemigo interno al cual hay que acabar sin importar los costos. Si vemos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que si bien la naturaleza de ese “enemigo interno” varía mucho, las formas de la persecución y sobre todo los motivos de esta parecen calcados. El enemigo interno es siempre aquel grupo que por su forma de vivir inhibe el desarrollo liberal, y que de alguna manera, a veces más explícita, a veces menos, propone cambios desde los márgenes del sistema. Contra estos grupos siempre ha habido una sola tónica, una sola purga. Medidas extraordinarias.

La primera medida extraordinaria se llamó “ley contra vagancia” y básicamente consistía en capturar a niños y jóvenes, indígenas en su mayoría, por los caminos, sobre todo por los caminos del occidente salvadoreño, y obligarles a trabajar en alguna de las empresas agrícolas de la zona en caso de que no estuviesen registrados ya en una de estas.  Fue una de tantas formas para obligar a las poblaciones indígenas y campesinas de sumarse a las empresas agrícolas surgidas en su mayoría en la última década del siglo XIX, en pleno auge y locura por el café.  Por esos años la mayor parte de los indígenas se vieron sin tierras puesto que el gobierno del presidente Zaldívar, en una especie de medida extraordinaria cafetalera, les arrebató las tierras comunales en las cuales sembraban sus milpas y otros cultivos de subsistencia.  Miles de indígenas quedaron sin tierras, rumiando odio contra el gobierno de los ladinos,  y trabajando con sueldos miserables en el cuido de ese arbusto tan extraño que no daba frutos comestibles y cuyos granos eran casi todos metidos en barcos y exportados hacia afuera del país. Esto generó mucho resentimiento social, hizo que las poblaciones indígenas empezaran a organizarse. Es un tema realmente muy espinoso entre los historiadores el rol que tuvo el partido comunista en todo este asunto: quedémonos con que los indígenas estaban molestos y se sentían utilizados y esclavizados.

En enero del 1932, aquel resentimiento brotó de forma muy violenta. Miles de indígenas del occidente salvadoreño asaltaron con machetes, hachas y cumas las cabeceras departamentales de los principales municipios cafetaleros. Juayúa, Izalco, Nahulingo, Nahuizalco, Sonsonate, entre otros, se vieron invadidos por una multitud muy desorganizada y muy violenta de indígenas que se vengaban de más 100 años de abusos, robos y maltratos. Durante las décadas anteriores, el Estado salvadoreño se preocupó mucho por acabar con “lo indígena”, ya que según las élites intelectuales y económicas la forma de vivir de los indios inhibía el desarrollo; sin embargo, los ataques de 1932 fueron la gota que derramó el vaso. El gobernante de turno, el dictador Maximiliano Hernández Martínez, llamó a su ministro de Guerra, Tomas Calderón, abuelo del expresidente Calderón Sol, y le ordenó tomar “medidas extraordinarias” contra los sublevados. Durante días, la Guardia Nacional buscó por los montes a los indígenas y les obligaron a cavar sus propias tumbas colectivas donde luego los asesinaron. Para esta matanza contaron con ayuda de la élite cafetalera y de la comunidad ladina en general. La búsqueda continuó por meses y la guardia y las tropas de Tomas Calderón continuaron  matando a los indígenas ahí donde los encontraban. La brutalidad fue tal que casi logra acabar con las etnias indígenas del occidente salvadoreño a través de la persecución de su idioma y de otros símbolos culturales. Según los especialistas, fueron más 15,000 muertos en pocos meses y otros miles en los meses siguientes. Las medidas extraordinarias se cumplieron a cabalidad.

Saltándonos unas décadas nos encontramos con otras medidas extraordinarias en el inicio de los años 70. Los comunistas, de diversa denominación ideológica, se organizaban en torno a la idea de lucha armada. Nuevamente aparecía un enemigo interno para el Estado, las élites económicas y buena parte de la sociedad salvadoreña.  Este enemigo amenazaba las forma de vida y sobre todo la forma de producción tradicional imperante en el país y por la tanto las  medidas  extraordinarias no se hicieron esperar. Igual que en los años treinta, en un primer momento fue la Guardia Nacional al mando del temible general “Chele” Medrano, el hombre fuerte en la guerra contra Honduras, y el mayor Roberto D´aubuisson  quienes se encargaron de frenar con balas y sangre esa nueva amenaza interna. Dicho cuerpo de seguridad, y sus respectivos grupos paramilitares, fue acusado de asesinatos, secuestros; de mantener dentro de sus instalaciones cárceles clandestinas; de cometer violaciones y de desaparecer un gran número de chicos y chicas que de alguna manera se vinculaban con el enemigo interno.  Entrados los ochenta, el peso del combate contrainsurgente quedó en manos del ejército como tal y de los cinco batallones especializados entrenados por los militares estadounidenses, los cuales eran la punta de lanza contra una guerrilla cada vez más creativa y poderosa.  Por estos desaparecidos y asesinados no se levantaron partes policiales ni existió investigación judicial, no se le encargaron estos casos a los fiscales. Las víctimas de esas medidas extraordinarias  quedaron cubriendo el playón o tirados en los basureros públicos.

Once años después de terminada la guerra civil, en 2003, el presidente Francisco Flores implementó una serie de  medidas extraordinarias llamadas “Mano Dura” para combatir a un enemigo interno radicalmente distinto a los dos anteriores expuestos en esta columna: la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Pandillas de origen californiano creadas por indocumentados e instauradas en El Salvador por hombres y mujeres deportados de California en el primer lustro de los años 90. En poco tiempo se volvieron el tema central de la seguridad pública. Para el año 2000, ya ambas pandillas tenían algo muy parecido a una estructura nacional, que aunque muy débil ya era operativa. Para estas pandillas llegar a este punto solo fue posible gracias a la total desatención por parte del Estado salvadoreño y su gran caldo de cultivo fueron y siguen siendo los barrios y tugurios de condiciones lamentables. Sin agua, con escuelas deficientes y si programas sociales. Sin nada.

En uno de esos barrios de hecho fueron anunciadas las medidas extraordinarias por el presidente Francisco Flores. Entre esas medidas estaban la salida del ejército a las calles a integrar grupos de apoyo a la PNC, la creación de 39 grupos de tarea antipandillas (GTA) y en general era la expresión de una continuidad en la forma de entender y atender los problemas de seguridad pública. Las medidas fueron un éxito mediático y en buen grado contribuyeron al gane electoral de Antonio Saca, del partido ARENA, el mismo que Flores. Con el nuevo gobierno no hubo mucho cambio, las medidas extraordinarias pasaron a llamarse “Súper Mano Dura” y salvo algunos ajustes solo continuaron con la misma estrategia. El hombre fuerte de esta estrategia fue el ministro de Gobernación René Figueroa.

Con el tiempo nos dimos cuenta de que tanto la Mano Dura como la Súper Mano Dura fueron un fracaso. No redujeron la violencia de pandillas, sino por el contrario la incrementaron. 2005 y 2006 fueron los años más violentos del nuevo milenio y las pandillas, al final del periodo del presidente Saca, estaban más organizadas y mucho más numerosas. Además, al final del periodo de los presidentes manuduristas contaban con penales exclusivamente para ellos. Unos para la Mara Salvatrucha 13 y unos para el Barrio 18.

En 2009, la política salvadoreña da un giro radical. Por primera vez un gobierno de izquierda llega al poder. Mauricio Funes, por el FMLN, derrota en las urnas al candidato arenero Rodrigo Ávila (quien había sido director de la policía en dos periodos).  Y a los 3 años de gobierno por primera vez en la historia salvadoreña se experimenta con una nueva forma de tratar el tema de la seguridad pública. La tregua, proceso en el cual no ahondaremos en esta columna, del cual solo diremos que tuvo tremendos errores y muchos aciertos, entre ellos haber logrado una reducción de homicidios sin precedentes históricos. Sin embargo, solo duró alrededor de dos años ( 2012 y 2013). El mismo Estado se encargó de desmantelarla a través de la persecución por parte de la Fiscalía a los facilitadores del proceso, a través de una criminalización del diálogo, y a través de toda una batería de artimañas políticas para destruir lo que en seno mismo del ministerio de Seguridad y Justicia se había construido en esos dos años. La tregua fue rechazada de la política salvadoreña como a un cuerpo extraño. Como un virus maligno fue vomitada y combatida con anticuerpos muy violentos.  Y luego comenzaron nuevamente, como si no pudiéramos evitarlo, como si estuviesen en nuestro ADN cultural, las medidas extraordinarias.

En julio del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó una medida extraordinaria, una reforma que permitía a los policías y a todos los cuerpos de seguridad utilizar el arma de fuego en defensa propia y no pasar por el engorroso proceso judicial después de matar a un ser humano.  En la práctica se le dio luz verde a policías y militares para que dispararan y mataran a pandilleros y delincuentes, y así lo hicieron. En 2015 y 2016 nos convertimos en el país más violento del mundo. El gobierno de Sánchez Cerén, el segundo al hilo del FMLN, insiste en que tantos muertos son producto inequívocos del éxito de las nuevas medidas extraordinarias, insiste en que los nuevos batallones antipandillas están haciendo bien su trabajo a pesar de que ya perpetraron más de tres masacres comprobadas  a pandilleros que estaban rendidos y desarmados. Los casos que he podido documentar de abusos policiales a jóvenes, solo a jóvenes no pandilleros, son demasiados para ponerlos en esta columna. En los barrios se habla de violaciones a chicas, de golpizas, de humillaciones. Se han filtrado videos donde policías usan perros y electricidad para torturar a jóvenes que no han sido siquiera sometidos a un juicios, mucho pedir sería que hayan sido vencidos en ellos. En el oriente salvadoreño, varios grupos de paramilitares operan con total impunidad y en absoluta complicidad con la PNC local y la tercera brigada de infantería de San Miguel.

A un niño de trece años en Ilopango le metieron una macana por el ano, dejándolo sin control del esfínter probablemente para siempre. A Eder le pegaron en el pecho tres veces, le quitaron su teléfono y le dijeron que lo iban a matar. Luego, cuando su padre fue a reclamar a la delegación le dijeron “no se vaya a sentir mal cuando le matemos a su hijo, señor”. El campesino se fue humillado para su rancho y ya no deja a su hijo adolescente ir a estudiar por miedo a que se lo maten. A Peter le vaciaron una lata de gas lacrimógeno en la cara mientras le obligaban a gritar vítores a la PNC. A El Diablo, un pandillero de Mejicanos, una vez rendido y herido de bala, le destruyeron el cráneo con la culata de un fusil M16 frente varios niños de la comunidad. A Iván, de 15 años, le rompieron un hueso de la pierna con un tiro de fusil por estar hablando con unos pandilleros y no correrse cuando llegó la patrulla. Podría seguir durante muchas horas escribiendo casos. Se amontonan las quejas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en algunos medios de comunicación y en las pequeñas iglesias evangélicas de los barrios más pobres. La gente busca ayuda y ser defendidos de las medidas extraordinarias.

Son estas las medidas extraordinarias. No hay que entenderlas en base a lo que dicen en su diseño, a lo que dicen sobre el papel. Las medidas se llevan a cabo sobre el terreno, en el calor de los barrios y estas, como las anteriores medidas extraordinarias, solo han causado más muertes y más violencia. Parten de la lógica que si el Estado ejerce una violencia mayor y más brutal que la del enemigo interno el problema se termina. No se dan cuenta de que el verdadero problema radica en esa lógica tan nuestra de entender la seguridad pública y la violencia.

En concreto, las medidas extraordinarias del gobierno de Sánchez Cerén han coincidido con una disminución de los homicidios y con un repliegue, probablemente estratégico, por parte de las pandillas, pero bajo ningún concepto debemos entender esto como un éxito en materia de seguridad pública: se trata únicamente de una táctica mediática de muy corto plazo. Los partidos políticos, una vez en el poder, consiguen comportarse como virus y su única misión es perpetuarse en el cuerpo huésped que los padece, que en este caso somos la sociedad salvadoreña. El virus FMLN, así como lo hizo 20 años el virus ARENA, hará lo que haga falta para mantenerse el poder, para conseguir votos y saben, por experiencias anteriores, que la disminución en cifras de homicidios y el incremento en capturas y muertes llama a los votos como las flores a las abejas.

Al final tan culpables son  los que diseñan estas medidas extraordinarias como quienes las aplauden. Ni en 1932 con la matanza de indígenas, ni en los años 70-80 con represión y el terrorismo de Estado, ni en  2003-2006 con el Mano Dura,  tuvo el Estado éxito terminando con la violencia través de la violencia. ¿Qué nos hace pensar que empleando casi las mismas medidas extraordinarias sí se resolverá hoy? ¿Por qué seguirnos creyendo que si matamos mucho tendremos un país más pacifico? ¿Por qué la sociedad salvadoreña sigue apoyando medidas extraordinarias que ya en el pasado solo trajeron luto y dolor?