El gobierno de El Salvador, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ahora está obligado a trabajar en políticas para prevenir uno de los problemas que ha negado por años: el desplazamiento interno por violencia.
Foto FACTUM/Archivo
En El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia”. Con ese enunciado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció jurídicamente un problema que el Estado salvadoreño ha negado en los últimos cuatro años. Pero no solo eso: este viernes 13 de julio, la Sala ha emitido una sentencia en la que ordena al gobierno y a la Asamblea Legislativa que también reconozcan el desplazamiento forzado y emitan políticas públicas y leyes para evitarlo.
La sentencia, dictada por la saliente Sala de lo Constitucional, señala el abandono del Estado hacia las víctimas de este fenómeno que durante años ha sido tratado con “eufemismos”, es decir, con palabras “políticamente correctas”, y no con el nombre que se merecen. El no reconocimiento del problema como tal, a decir de la Sala, deja en desamparo a las víctimas que buscan ayuda por este problema, al no tener las instituciones políticas públicas que los amparen.
La Sala ordenó que en un plazo de seis meses, como máximo, la Asamblea Legislativa y el ministerio de Justicia y Seguridad Pública actúen para prevenir el desplazamiento forzado por violencia y recobren el control territorial que actualmente es ostentado por las pandillas, uno de los principales factores que causa el desplazamiento en El Salvador.
La Sala dice que las diferentes instancias de gobierno “saben” pero “omiten” categorizar el fenómeno y su dimensión. Esta deducción, a decir de la sentencia, se sustenta en que, si bien informes realizados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el mismo Ministerio de Justicia hablan del fenómeno, el gobierno ha insistido en solapar el problema.
En diferentes momentos, ante la presión de publicaciones periodísticas y de organismos internacionales como Naciones Unidas, el gobierno ha rechazado una y otra vez el desplazamiento forzado por violencia en el país, o ha tratado de minimizarlo diciendo que la violencia “no es la principal causa” de este fenómeno.
En esta sentencia la Sala aborda un caso en particular en que, en circunstancias aún no esclarecidas, la Policía Nacional Civil (PNC) fue causante de desplazamiento forzado de una familia que ya había huido en un primer momento de la pandilla Barrio 18.
El desconocimiento de este fenómeno, según lo explicó en su momento la directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, Fátima Ortiz, es una decisión “política”, ya que aceptarlo sería negativo para el país ante la comunidad internacional. Este desconocimiento, sin embargo, ha afectado durante años a las víctimas que ya ascienden a varios miles de personas, según organizaciones que trabajan de cerca el fenómeno.
En una entrevista, hace un año, Ortiz dijo a Factum que algunas víctimas lo que buscan es “aprovecharse” para cambiar de domicilio. De igual forma, el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz ha minimizado en declaraciones públicas el fenómeno. Ortiz es quien lleva la batuta en temas de seguridad pública en el actual gobierno.
Hasta el momento, la única institución del Estado en reconocer como tal el desplazamiento forzado por violencia es la PDDH, que en 2016 emitió un informe bajo la gestión del entonces procurador general David Morales.
La más reciente sentencia de la Sala es la cuarta sobre este tema en el marco de una serie de demandas interpuestas por representantes de grupos de víctimas contra el Estado de El Salvador. Esta resolución, sin embargo, va más allá y no solo emite medidas de protección a las víctimas, sino que ordena el reconocimiento del problema y la recuperación de territorios.
El abandono del Estado
El caso que dio origen a la sentencia data del año 2016, cuando un grupo familiar fue desplazado de un municipio de San Salvador por amenazas del Barrio 18. Ante el peligro, los familiares huyeron hacia el municipio de Berlín, en el departamento de Usulután. En diciembre del mismo año, miembros de la PNC ingresaron a la casa donde las víctimas se encontraban refugiadas y, en un hecho que aún no ha sido esclarecido, mataron a una madre de familia. Por estos hechos, las personas tuvieron que huir nuevamente hacia San Salvador, después de enterrar a la mujer.
En San Salvador, una de las víctimas, hijo de la mujer asesinada por miembros de la PNC en Usulután, buscó ayuda en dos sedes diferentes de la Fiscalía General de la República (FGR), pero en ambas le dijeron que no podían ayudarlo “porque no era del lugar”, es decir, porque, según su documento de identidad, residía en otra parte.
La víctima acudió después a la Inspectoría General de la PNC donde se limitaron a tomarle su testimonio y le dijeron que con eso iniciarían una investigación. En enero del siguiente año, un investigador contactó a la víctima y le dijo que esperara y que el caso había pasado a la sede fiscal de Usulután. Al mismo tiempo, el agente le dijo a la víctima que no opinara ya que él no era abogado. “Meses después se le pidió que se apersonara a la FGR, pero
la recepcionista le afirmó que los hechos que constaban en su expediente no eran sobre la muerte de su madre, sino sobre un feminicidio que debía tramitarse en San Miguel”, narra la sentencia.
Este abandono, a la luz de la más reciente sentencia de la Sala, se debe a la falta de reconocimiento del fenómeno por parte del Estado, ya que no existen hasta el momento políticas ni leyes que obliguen a las instituciones a proteger a las víctimas.
Por este caso, la Sala ordenó a la PNC, FGR y a la Unidad Técnica Ejecutiva a resarcir los daños ocasionados a las víctimas por falta de acciones propias de estas dependencias.
La resolución de la Sala también reconoce que el desplazamiento forzado por violencia no solo es interno sino también internacional, y esto lo sustenta en el incremento de solicitudes de asilo por parte de salvadoreños en diferentes países.
El informe del Centro de Seguimiento del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) señala que a finales de 2017 hubo cerca de 300 mil desplazamientos internos en El Salvador, la mayoría ocasionados por violencia.
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