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Expresidente Saca consigue menos cárcel y puja por devolver menos dinero

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Antonio Saca ha aceptado cumplir la tenue condena de cárcel que le fue impuesta tras una negociación con la Fiscalía, pero no está dispuesto a pagar $260 millones de los $300 millones que fueron desviados durante su administración. Saca, que gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, pasará a la historia como el expresidente condenado a diez años por corrupción. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Saca sonríe. Sentado en la pequeña sala de audiencias, a pocos minutos de ser condenado por haber liderado una banda que desvió $300 millones del erario público, al expresidente Antonio Saca se le ve contento. Hace gestos con las manos y sonríe mientras platica con dos abogados que están sentados delante suyo. Los defensores también sonríen y se tapan la boca para no hacer ruido. Los jueces están por entrar a dictar la condena.

Este miércoles 12 de septiembre de 2018 Saca, famoso por acuñar la frase “a los malacates se les acabó la fiesta”, se convertirá en el expresidente salvadoreño condenado por corrupción. Eso, a juzgar por su tranquilidad y la reacción final de sus abogados, será anecdótico. Lo único que inquietará al expresidente será la segunda parte de su condena, el pago de la millonaria responsabilidad civil: la defensa de Saca está satisfecha por el fallo penal -algún abogado incluso dirá que se siente “victorioso”- pero el expresidente no quiere ser responsable de la devolución de $260 millones.

Saca, acusado por la Fiscalía de ser el principal instigador de una red de corrupción que cometió uno de los mayores desfalcos al Estado en la historia reciente salvadoreña, está acompañado de tres de sus exsecretarios y tres empleados del área financiera de la Presidencia, quienes también están a punto de ser juzgados.

La tranquilidad de Saca no es en vano. Hace un mes, el 9 de agosto, el expresidente contó con detalles frente al juez y la prensa cómo, desde el primer día de su administración, echó a andar una maquinaria que terminaría desviando millones de dólares de la Presidencia para su beneficio y de sus allegados de forma ilegal. Él sabe que va a ser condenado. Pero también sabe que va a ser condenado de la forma más suave en que la ley lo permite.

La condena del expresidente Saca llega después de haber negociado con la fiscalía la reducción de su pena a un tercio del mínimo a cambio de que confesara haber cometido sus delitos.

Los tres jueces que conforman el tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ingresan al estrado a dictar su sentencia. Pasan las dos de la tarde. Ahora Saca ha dejado de hacer bromas y se ve más serio. Los jueces explican que han tomado una decisión unánime y reparten condenas.

“Este tribunal condena a Elías Antonio Saca a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero y a cinco por el delito de peculado”, lee el juez Alejandro Guevara. Saca no se inmuta. Apenas se reclina un poco hacia adelante sobre su silla y parece estar prestando más atención. La lectura de las condenas continúa.

Diez años de cárcel para Élmer Charlaix, el ex secretario privado del presidente por los delitos de lavado y peculado. Cinco años para César Funes y Julio Rank, sus exsecretarios de Juventud y Comunicaciones, respectivamente, ambos condenados por lavado de dinero. Para Francisco Rodríguez Arteaga seis años, tres por lavado y tres por peculado; mientras que Jorge Alberto Herrera Castellanos a tres por lavado de dinero. Estos dos últimos fungieron como jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) y Tesorero de la Presidencia, respectivamente.

Pablo Gómez, un contador auxiliar de la UFI, fue condenado a 16 años de prisión. Ocho años por lavado de dinero y ocho por peculado. Gómez recibió una condena incluso mayor que la de Saca por no haber aceptado el pacto con la Fiscalía de reducir su pena a cambio de confesar los delitos señalados.

La investigación fiscal describe a Gómez como un obrero clave en la maquinaria del desfalco, pero no como un autor intelectual. Gómez fue el encargado de recibir cheques que provenían de la partida secreta, cambiarlos en efectivo para que luego fueran repartidos. Era, según lo describieron algunos testigos durante el proceso, el hombre del maletín negro que sacaba dinero del banco en carros blindados.

A diferencia de Gómez, quien no aceptó confesar ni el trato con los fiscales, Saca y compañía fueron beneficiados con una reducción a una tercera parte del mínimo de años de cárcel por delito. Saca se libró de una condena que podría haber rondado los 25 años a una de diez, de la cual ya casi cumplió dos años (fue detenido el 30 de octubre de 2016).

Durante su razonamiento, los jueces hicieron un repaso por la investigación fiscal que va desde la aprobación de un reglamento que sirvió para hacer uso discrecional de millones de dólares de la partida de Gastos Reservados sin tener que justificarlos. Los jueces también confirmaron que el desvío de fondos públicos a cuentas de particulares constituye el delito de peculado. Durante la investigación se determinó que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (AFI) únicamente permite el manejo de fondos públicos en cuentas institucionales.

El uso de cuentas a nombre de personas naturales no fue exclusivo en el gobierno del expresidente Saca. Durante la administración de su sucesor, Mauricio Funes, también se repitió este patrón. En este caso, la investigación fiscal incluso encontró una cuenta a nombre del ahora presidente Salvador Sánchez Cerén en la que se recibían fondos públicos con los que eran alimentadas otras cuentas.

Los acusados del caso Saca en la Sala de Audiencias 2-B del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, donde se hizo la lectura de la sentencia en contra del expresidente Antonio Saca y otros funcionarios. FOTO FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Toda la cárcel, pero no todo el dinero

El tribunal segundo de sentencia además dictó una condena de responsabilidad civil generada por los delitos cometidos por Saca y compañía. Así, del total de $300,347,117.17 que fueron desviados de fondos públicos durante su administración, el tribunal condenó a cada uno de los imputados a devolver proporcionalmente cantidades de dinero, según su participación en los delitos.

De acuerdo con la sentencia del tribunal, Saca deberá devolver $260.7 millones. Charlaix deberá entregar $15 millones; Francisco Rodríguez, $7 millones; Jorge Alberto Herrera, $3 millones; César Funes, $886,697.97; Julio Rank, $8.3 millones; y Pablo Gómez, $3 millones.

La lectura de los montos fue rápida. Cada uno de los imputados escuchó el monto que le correspondía de voz de la jueza María del Pilar Ábrego. Al escuchar el monto que le correspondía, Saca tampoco se inmutó. Con un gesto serio apenas y se balanceó sobre su silla para acomodarse. Los demás imputados permanecieron ecuánimes a excepción de Julio Rank, que cuando oyó que a él le tocaban $8 millones soltó una risotada como si lo que acababa de escuchar le pareciera una broma pesada, una cantidad surrealista.

Aunque en la condena de la responsabilidad penal la decisión del tribunal fue unánime, en la condena civil el juez José Giammattei dio su voto con un razonamiento de por medio. A decir del juez, la Fiscalía no ha logrado establecer montos específicos de responsabilidad civil por lo que sugirió que esta parte del juicio sea llevada ante un tribunal civil para que determine número exactos a pagar por cada uno de los imputados.

Mario Machado, defensor de Saca, también estuvo en desacuerdo con el monto. Al salir de la sala de audiencias, Machado aseguró que parte de la partida secreta se usó para actividades relacionadas con el funcionamiento del Estado como el pago al Organismo de Inteligencia del Estado y el pago de sobresueldos los cuales fueron aceptados por al menos ocho exfuncionarios de Saca.

“Mire, hay declaraciones de testigos como el jefe del batallón presidencial que dice ‘mire, a mí de ese dinero me daban para el pago de alimentación’. De ahí salían los temas de los sobresueldos tan cuestionados, de ahí salían los temas de la OIE. Es decir, no estoy negando que hubo una deslealtad por parte de mis clientes en la administración (de los recursos del Estado), pero no en esas cantidades”, dijo Machado en una improvisada conferencia de prensa a la salida de la sala de audiencias.

De acuerdo con Machado, luego de que sea entregado el fallo en firme el próximo 26 de septiembre, la defensa presentará un recurso, no contra la condena de cárcel, pero sí contra la responsabilidad civil. Saca está dispuesto a pagar años de cárcel, pero no a devolver todo el dinero.

Lisandro Quintanillla, abogado de Julio Rank, también adelantó que apelará el pago de la responsabilidad civil.

Durante el juicio, el expresidente Saca contó cómo robó dinero público. También confesó cómo lo lavó a través de testaferros y cómo gestó un plan, con ayuda de Irving Tóchez, Jorge Hernández y otros allegados, para hacer llegar el dinero a  sus propias empresas y además cómo lo materializó en propiedades que compró con prestanombres.

Esas propiedades, por un valor superior a los $20 millones, son las que Saca ha ofrecido a la Fiscalía como pago por los delitos cometidos. Entre ellas se encuentra su famosa mansión en el cantón El Carmen de San Salvador. Sin embargo, el abogado de Saca dijo que la Fiscalía no está tomando en cuenta estas propiedades como parte de la responsabilidad civil.

A la salidad de la sala, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, no dio detalles sobre cómo piensan defender la cantidad por la que el expresidente está siendo condenado como responsabilidad civil, especialmente cuando la defensa de los exfuncionarios ya anunciaron apelaciones. Cortez insistió en que Saca fue el principal autor de los delitos, y por lo tanto tiene mayor responsabilidad.

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