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Reforma a las pensiones: dos preguntas clave a responder

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La reciente aprobación de la reforma de pensiones ha sido recibida con amplio beneplácito y no es para menos, pues su trascendencia política no puede ser subestimada. En un país donde el adjetivo que suele venir a la mente para describirlo es “polarizado”, haber alcanzado un acuerdo, y así evitar caer por segunda vez en impago, no es poca cosa. Es una señal contundente y positiva de que las fuerzas políticas son capaces de ceder en sus posturas.

Sin embargo, resulta importante comenzar a distinguir entre el logro político y las implicaciones económicas de mediano y largo plazo de lo que se reformó. Sobre todo, es particularmente relevante dimensionar qué tan sostenible o no pueden ser las modificaciones hechas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP). Al fin y al cabo, recaerá, principalmente en las nuevas generaciones, las consecuencias de las decisiones que se tomaron la semana pasada.

Y comprender las implicaciones no es tarea fácil, pues la reforma es compleja –basta con señalar que el Decreto 787 que se aprobó ¡tiene 61 páginas! – y lo que se aprobó deberá ser sometido a un análisis técnico riguroso, pues lo aprobado difiere de las propuestas previas (para las cuales sí existen estudios actuariales que fueron hechos públicos).

Debo admitir que hay mucho que aún no podría responder sobre la reforma de pensiones, al menos no sin antes haber leído el estudio actuarial que esperemos lleven a cabo. Sobre todo, porque dichos estudios ayudan a proyectar en el mediano y largo plazo los efectos financieros de los cambios en los parámetros del sistema. Dicho de otra manera, un estudio actuarial nos ayudaría a contestar la pregunta clave: ¿es la reforma sostenible?

No olvidemos que la reforma previsional no surgió de la nada, sino que fue motivada por la presión que las pensiones ejercen en el flujo de caja de las finanzas públicas. Y la deuda previsional ha llegado a ser tan onerosa como consecuencia de reformas previas al diseño original del sistema que generaron costos que no estaban respaldados con mayores ingresos[1]. Es decir, en el pasado se otorgaron beneficios sin haber identificado la fuente de recursos, lo que llevó a incrementos continuos en el valor de la deuda previsional y, por ende, en los compromisos del Estado.

De ahí la importancia de que se cuantifiquen adecuadamente, y se transparenten, los impactos de los aumentos y disminuciones en beneficios contenidos en esta nueva reforma en el mediano y largo plazo. Solamente así podremos afirmar si la reforma tiene un componente de alivio estructural, o si es una reingeniería financiera que traslada hacia adelante los compromisos del Estado.

Considero que hay dos preguntas específicas y relacionadas para poder valorar la sostenibilidad de la reforma.

La primera pregunta es: ¿la reforma que se aprobó aumenta o disminuye el valor presente neto de la deuda previsional? Desde un punto de vista intergeneracional lo importante es el valor total de la deuda, independientemente de cómo se distribuye dicha deuda en el tiempo. Por lo tanto, ¿el Estado pagará más o pagará menos a lo largo del tiempo producto de esta reforma? Nuevamente, resulta relevante contar con un estudio actuarial para tener una respuesta robusta.

Una segunda pregunta relacionada es ¿cuál es la evolución proyectada en el tiempo de los flujos de la “Cuenta de Garantía Solidaria”?  Mucho de lo relevante de la reforma está en la creación de esta Cuenta[2], por lo que es fundamental dimensionar sus fuentes y usos de recursos en el tiempo. En resumen, la Cuenta de Garantía Solidaria es el medio mediante el cual la reforma de pensiones conlleva un alivio a las finanzas públicas.

La razón es que esta Cuenta asume el financiamiento de la Pensión Mínima, de las pensiones de los optados, de las pensiones de longevidad, de las devoluciones de los aportes de los afiliados que no cumplen los requisitos para optar por una pensión, etc. Es decir, los aportes a esta Cuenta servirán para hacer frente a todos estos compromisos.

Con la reforma, la tasa de cotización respecto del ingreso base –es decir, del salario- será del 15%, y en los primeros 10 años, una tercera parte –es decir, 5% del ingreso base- se destinará a la Cuenta de Garantía Solidaria. Esto sin duda implica una masa considerable de recursos que aliviarán las presiones sobre el flujo de caja del Estado. Pero la pregunta a responder es ¿Serán los aportes en esta Cuenta suficientes en el tiempo para satisfacer todos los destinos de la misma? No es difícil pensar que, dados todos los usos, posiblemente el Estado tendrá que inyectar importantes recursos en el futuro. Es fundamental por ende llevar a cabo las proyecciones de mediano plazo de la Cuenta de Garantía Solidaria.

No tenemos que esperar 5 años para que tengamos respuesta a estas dos interrogantes. Es preciso dimensionar los impactos de la reforma en la sostenibilidad de mediano y largo plazo ya.  Solo así podremos prepararnos adecuadamente para asumir con responsabilidad las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy. Quienes aprobaron las reformas deben dar un paso más antes de dar por finalizada la tarea: deben solicitar un estudio de la sostenibilidad de lo aprobado.

De esta forma, la reforma del 2017 se recordará como una de amplio apoyo político, pero también de responsabilidad con las futuras generaciones.

[1] Se ha estimado que el valor presente neto de la deuda previsional asciende a $24,000 millones de dólares.

[2] Se recomienda ver el artículo 116 – A del Decreto 787 para más detalle de la Cuenta de Garantía Solidaria.

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