La corrupción ha formado parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. Ha sido el empuje cada vez más agresivo de las sociedades de la información, la transparencia y los datos abiertos – todas demandas propias de la era de la accesibilidad- lo que ahora nos tiene perplejos, al desnudarnos y demostrarnos nuestra íntima relación con ella.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, adscrita a las Naciones Unidas, la evasión y elusión del impuesto a la renta personal y de las empresas representó en el año 2014 para nuestra región, la más desigual del planeta, un total de 190 mil millones de dólares, es decir, cerca de 4 de cada 10 dólares de la riqueza total generada por los paises latinoamericanos en ese año nunca llegó a las arcas públicas. El dato impacta, teniendo en cuenta la relación inversamente proporcional entre amplias necesidades y limitados recursos en nuestros países.
La divulgación de los #PanamaPapers cobra un relevante sentido en este contexto. Por más que desde el interés de la gran empresa se promueva la lectura jurídica sobre la legalidad en la creación de sociedades offshore en paises con débiles controles al capital financiero, habrá que recordar que su finalidad es una: ocultar dinero en un país externo a la jurisdicción del propietario, por lo que de una acción que en principio podría ser “ legalmente válida” derivan potenciales acciones delictivas como la evasión de impuestos y el lavado de dinero que deben ser combatidas.
Las fiscalías de toda la región, y específicamente la salvadoreña, deben investigar a cada uno de los implicados detrás de una sociedad constituida en paraísos fiscales. Esto implica el intercambio de información, el seguimiento preciso de los casos hasta determinar delitos y presentarlos en una sede judicial. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad trascendental para que esto ocurra: en primer lugar exigiendo un acceso total a la información de los implicados en estos documentos, más allá de las historias periodísticas, que son importantes, lo que debería interesarnos son los resultados penales que se deriven. En segundo lugar y relacionado a lo anterior, asumiendo conciencia sobre nuestro rol como potenciales víctimas del fraude fiscal, sólo de esa manera podremos evitar, una vez más, dar vuelta a la página de los abusos sin que nadie asuma responsabilidades por algo que nos afecta colectivamente pero que benefecia a unos pocos.
Los sistemas tributarios están basados sobre el principio de justicia. Contribuyen con más impuestos respecto al resto aquellos ciudadanos que debido a su capacidad económica pueden aportar más al pago de la infraestructura de servicios públicos, que de otra manera, recaería en los bolsillos de los que menos tienen, es decir, en esquemas regresivos. Quien quiera evadir esta convención que hemos pactado como sociedad que responda ante un juez.
Por eso es llamativo en esta eclosión de reflexiones, que la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que ha dedicado importantes recursos de sus agremiados para presionar por un país justo y en desarrollo, tome la arriesgada decisión de convocar en el marco de su próximo ENADE, titulado: “El Salvador libre de corrupción”, al expresidente español José María Aznar, quien recientemente fue multado por la Agencia Tributaria de su país por no declarar debidamente los ingresos generados por las charlas y conferencias magistrales, como la que pretende dar en nuestro país el próximo 26 de abril.
Y además sin tener en cuenta que ha sido precisamente en el entorno más cercano del expresidente Aznar en donde la justicia española ha encontrado en los últimos años a imputados y culpables por diversos delitos de corrupción. Los nombres Rodrigo Rato, Jaume Matas, Ángel Acebes, son sólo algunos de los protagonistas de una trama de corrupción profunda dentro de las filas del conservador Partido Popular, del que Aznar es actual presidente honorario.
Basta. Necesitamos coherencia. Ciudadanos responsables y empoderados para presionar a su gobierno y a sus representantes en la Asamblea Legislativa cuando las cosas se hagan mal. Empresarios que aporten con sus responsabilidades tributarias al desarrollo económico del país, lo que implica generar riqueza en y para el territorio, y por último, pero más importante, instituciones públicas abiertas a la información, sometidas al control y las auditorías, promotoras de la idoneidad y capacidad técnica en los cargos funcionariales, lo que exige de liderazgos que surjan de partidos políticos transparentes en su financiamiento y democráticos en la toma de decisiones.
Es esta la única manera para que se produzca un cambio positivo orientado al combate a la corrupción y una mejor gestión de los recursos públicos en El Salvador, esto no sólo permitirá impactar de manera más efectiva en la población, sino además optimizar los limitados recursos y cuando hagan falta, exigirlos con plena autoridad técnica y moral a la sociedad a través de sus impuestos.
Pie de página: en los últimos meses me he dado cuenta de que todo lo anterior exige necesariamente un cambio de cabezas en todos los ámbitos desde donde se toman las decisiones en nuestro país, y no es un cambio de partidos políticos, es un cambio en el liderazgo.
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