Yo, como muchas personas de este pedacito de mapa, soy un hijo más de la guerra civil salvadoreña y por tanto producto directo de sus dicotomías. En mi árbol genealógico hay artistas, obreros, artesanos y profesionales, mujeres y hombres, que se dividieron ideológicamente desde antes de que estallara el conflicto. Lo hicieron porque pensaban de manera diferente y, en nombre del país que querían dejarnos a nosotros, tenían el derecho y la obligación de hacerlo.
Ese derecho y esa obligación hicieron que políticas, decisiones y balas de un lado y del otro tomaran la vida de muchos; que obligaran a otros tantos a salir del país para resguardar sus vidas con el exilio a cuestas; que los pocos que nos quedamos viviéramos en silencio y rodeados de mentiras por mucho tiempo.
Por eso reclamo mi derecho a saber la verdad del asesinato de mi tío Antonio Baires Zelaya, abogado y trabajador de la entonces Procuraduría General de los Pobres, quien fue asesinado por un escuadrón de la muerte en febrero de 1980 en el redondel de la Escuela de Ciegos.
Si bien los Acuerdos de Paz hicieron que, poco a poco, mi familia se reencontrara consigo misma, física y emocionalmente, esto no ha sido fácil.
Algunos necesitamos de más tiempo para reconciliarnos, para reconstruirnos, como familia. A otros nos ha costado más reconciliarnos con este país y creo que, casi 25 años después, seguimos en ese proceso porque nos han negado derechos inalienables.
Y es que este proceso de reconciliación con nosotros mismos y con este pedacito de mapa pasa por decisiones muy personales por un lado, pero también con romper con las condiciones que políticos, de un lado y del otro, tomaron sin jamás consultarnos. El derecho a la verdad, arrebatado a fuerza de compadrazgos políticos, leyes de amnistía y políticas enraizadas en el silencio y el olvido, es uno de los derechos que nos negaron.
Por eso reclamo mi derecho a saber dónde está el cuerpo de mi tío Nelson Quezada López, estudiante, secuestrado por fuerzas de seguridad un 31 de diciembre y cuyo cuerpo jamás fue encontrado.
Yo, a título muy personal, soy un fiel creyente en que no puede haber reconciliación ni perdón en una sociedad que no conoce su historia y todas sus verdades. Por eso reclamo mi derecho a saber por qué alguien, de un lado y del otro del conflicto, decidió que podía asesinar o desaparecer a una persona.
Por eso reclamo mi derecho a saber qué cuerpo de seguridad y siguiendo las órdenes de qué mando intermedio o superior torturaron y asesinaron a mi abuelo Francisco Quezada, maestro, exgobernador de Chalatenango y uno de los fundadores de Televisión Educativa Cultural de El Salvador.
Y creo que mis reclamos, como los de tantos otros salvadoreños y salvadoreñas que reclaman verdad, son necesarios para que no sigamos viviendo entre silencios y mentiras. Y creo que es justo reclamar más ahora cuando vemos que las posiciones de la derecha y la izquierda política se han unificado a un grito de “perdón y olvido” en nombre de no abrir heridas.
Por eso reclamo mi derecho a saber quién ordenó y bajo qué argumentos, desde la misma organización de izquierda a la que pertenecía, que debían dispararle a Manuel de Jesús Baires Zelaya, físico matemático y docente universitario, el 16 de septiembre de 1983 en la entrada del colegio donde estábamos sus hijos.
Y reclamo este derecho porque, desde mi visión muy personal, hacer las paces con mi país, con su historia y con su futuro pasa por conocer la verdad aunque pueda doler lo que encontremos en ella.
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