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¿Qué queremos?

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El anuncio causó furor en las redes sociales. Mucha gente catalogó la propuesta como “regalo” y “pisto botado”. ¿Qué causó esa visceral respuesta? Un simple programa de subsidios. Este junio de 2016, el gobierno de El Salvador anunció que lanzará un programa de subsidios a jóvenes que no tienen trabajo, ni estudian. El plan daría una transferencia monetaria por 12 meses, a cambio de que los jóvenes aprendan un oficio, abran un negocio o inicien una pasantía.

Este programa nada tiene de sorprendente o estructural: el gobierno de ARENA de Antonio Saca hizo transferencias directas a ciudadanos en los municipios más pobres de El Salvador (Red Solidaria) y el Ejecutivo de Mauricio Funes  presumió del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), que daba $100 por seis meses  a jóvenes en comunidades de alto riesgo. En ambos casos, los beneficiarios dieron algo a cambio: participar en capacitaciones, llevar a sus hijos a chequeos mensuales de salud o abrir un negocio. La lógica detrás de Red Solidaria y PATI es que de nada sirve ayudarle a pescar a la gente, si no se le brinda recursos básicos para comprar las herramientas para pescar.

En una de las giras a Estados Unidos para promover el PATI, el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva, en 2011 lanzó una pregunta al final de una reunión con líderes de opinión. “¿Queremos que El Salvador se acerque a Suecia o que sigamos cerca de los países más pobres?”,  preguntó el entonces presidente del FISDL. Silva hablaba de Suecia porque, en terminos prácticos, Suecia es un lugar donde sus ciudadanos gozan de muchas prestaciones sociales y viven con niveles de vida muy superiores a los de Estados Unidos. Los padres y madres tienen más tiempo libre para criar a sus hijos, el Estado protege a sus ciudadanos cuando pierden el empleo y la salud y educacion es gratuita.  Al mismo tiempo, Suecia, para Silva, era un horizonte ideológico. En su opinión, El Salvador debería construir un Estado que provea de beneficios básicos a sus ciudadanos y ayude a combatir sus desigualdades.

En esta visión, los subsidios no son un regalo, si no una forma de distribución de la riqueza que garantiza mayor consumo y previene  males producidos por la inequidad y la extrema pobreza. Hablo de males no solo sociales, si no individuales como la depresión y enfermedades infecciosas. Construir un Estado de bienestar no es un proyecto de caridad; es invertir en la gente antes que todo.

Los ataques a un programa que, como dije antes, no es ni estructural ni permanente revelan que muchos en El Salvador creen que el Estado debe limitarse a construir carretera, escuelas y brindar seguridad. Nadie merece ayuda y la gente debe sobrevivir al estilo de la ley de la selva, una selva controlada por intereses económicos y multinacionales. Al mismo tiempo, muchos de esos críticos sueñan con emigrar a Suecia o Estados Unidos, donde los ciudadanos reciben ayudas federales para educación, para alimentar a sus hijos y para rentar casas a precios accesibles.

Debemos ser honestos y preguntarnos cuál país queremos. Aspiramos a uno donde el Estado sea guardia de seguridad de centros comerciales, constructor de calles y escuelas, y protector de largas jornadas laborales con sueldos precarios. O, por el contrario, ¿aspiramos a tener un país donde sus ciudadanos gocen de mayores beneficios sociales, disminuya activamente la inequidad entre mujeres y hombres y favorezca un medio ambiente sano? El Estado no sirve solo para entrenar mano de obra, si no para garantizar mayores niveles de bienestar y justicia a sus ciudadanos. Ese es el Estado en el que creo y por el que vale la pena luchar. No es nada del otro mundo, hay muchos ejemplos en el mundo.

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