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Probidad pide un juicio civil contra Nayib Bukele por no declarar a Hacienda donaciones familiares

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que el actual alcalde de San Salvador no canceló impuestos por dineros que recibió, mediante terceras personas, por parte de la empresa Obermet, una agencia de publicidad cuyo director es su hermano, Karim Bukele. Probidad cree que hay elementos para enviarlo a un juicio civil. El alcalde asegura que se trata de dinero familiar cuyo movimiento interno no tiene que declarar al fisco y que la sección de Probidad está estirando sus funciones.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Nayib Bukele, alcalde de San Salvador y aspirante a ser candidato a la Presidencia de la República en 2019, no declaró ante el Ministerio de Hacienda ingresos que percibió en dinero y bienes por más de un millón de dólares entre 2012 y 2015. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que en el período en el que se desempeñó como alcalde de Nuevo Cuscatlán, Bukele dejó de declarar ante el fisco casi 850,000 dólares en cheques de la empresa Obermet, dirigida por su hermano Karim Bukele, y la adquisición de un apartamento en el condominio Quintas de Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán, por casi 300,000 dólares.

La cantidad total que Bukele recibió de la empresa dirigida por su hermano, en los años en que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, fue de 846,622.45 dólares. Ese dinero era extendido desde Obermet a nombre de terceras personas, quienes cambiaban los cheques en los bancos y luego entregaban el efectivo al alcalde. La información de cómo el dinero llegaba a su poder se la brindó el mismo Bukele a Probidad como parte de la comunicación que se estableció a partir del examen de las declaraciones de patrimonio de toma de posesión y de cese de funciones del alcalde.

El reporte de Probidad incluye otra omisión en las declaraciones ante Hacienda de Nayib Bukele, en el mismo período examinado. Se trata de la adquisición de un apartamento en el condominio Quintas de Santa Elena a nombre del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, pero que en realidad fue pagado con dos cheques de la cuenta de su hermano Karim por un total de 293,453.40 dólares. La compra se hizo en febrero de 2013. Probidad determinó que Bukele no reportó esa adquisición en la declaración de renta correspondiente.

El actual alcalde de San Salvador, si resultara responsable, tendría contra sí un poco más de 330,000 dólares no pagados a la hacienda pública en concepto de impuesto sobre la renta, durante esos tres años, según los cálculos de Probidad.

“Si ese tipo de ingresos no han sido declarados previamente y de conformidad con la legislación tributaria que los rige, estos no podrían servir para justificar ante la aludida sección excedentes en los acervos patrimoniales, pues su obtención podría haber implicado una posible infracción contra la hacienda pública”, se lee en la resolución que fue extendida en febrero de 2018, a la que Factum tuvo acceso. En otras palabras, según Probidad, un funcionario no puede reportar como ingresos lícitos fondos que no fueron declarados ante otra autoridad como el Ministerio de Hacienda. Peor aún, fondos a los que no se les aplicó el impuesto sobre la renta.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia aseguran que el documento ya es conocido por los quince magistrados y que está pronto para agendarse en la sesión de Corte Plena. La Sección de Probidad de la corte sugiere que hay suficientes indicios de enriquecimiento ilícito por parte del alcalde Nayib Bukele y que es consecuente que los magistrados ordenen la apertura de un juicio civil.

Obermet: contratista del Estado

Bukele cree que Probidad comete un error al recomendar un juicio civil por enriquecimiento ilícito en su contra. El actual alcalde de San Salvador respondió que la autoridad que debe determinar si existió una evasión de impuestos entre 2012 y 2015 es el Ministerio de Hacienda. En todo caso, para Bukele, el deber de Probidad sería notificar a Hacienda sobre el hallazgo, en lugar de sugerir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se abra un juicio.

“Nosotros probamos todo. Entonces, ahora ellos están diciendo que como nos sobró dinero, tenemos que haberlo declarado como una donación, pero es absurdo, porque es una empresa familiar. Es como cuando un papá le da un carro al hijo, el hijo no lo va a declarar como un donativo, sino que es un carro que le regaló su familia. Es dinero familiar, es dinero del que ya se pagó impuestos por él”, dijo Bukele a Factum cuando se le preguntó por el proyecto de resolución de Probidad.

De hecho, su hermano Karim asegura que el apartamento de Quintas de Santa Elena fue un regalo de su padre, Armando Bukele, a su hermano Nayib. Pese a que los dos cheques con que se completó la compra fueron emitidos desde la cuenta de Karim Bukele, según Probidad. “Es que lo que pasa es que nosotros trabajamos, que quizá es algo que no podrá entender un montón de gente, que nosotros trabajamos en una misma empresa que es de mi familia. Todas las empresas son de la familia (…) tu padre te regala un carro y paga todos los impuestos de la ley y te lo da. ¿De verdad pensás que todo el mundo va a declarar eso como una donación en vez de un regalo?”, cuestionó Karim Bukele al preguntarle por los indicios hallados por Probidad a su hermano.

Karim Bukele, sin embargo, reveló que los fondos que envió a su hermano en el período como alcalde de Nuevo Cuscatlán no se limitaron a ser una ayuda familiar. También fueron con el objetivo de financiar la campaña de Nayib Bukele. Karim reiteró que, a su juicio, Nayib “no tenía que haber declarado” esos fondos a Hacienda y que él, como su hermano, le regaló dinero “para la campaña”.

Nayib Bukele solo se desempeñó un período como alcalde de Nuevo Cuscatlán y en 2015 compitió y ganó la alcaldía de San Salvador con la bandera del partido FMLN. “Es más, yo directamente de mi dinero también compré cosas. Ojalá que me investiguen a mí -dijo Karim Bukele en tono irónico-, yo compré cosas para la campaña. Si de verdad piensan que ahí hay algo extraño, están jalando”.

Karim Bukele ha sido el representante legal de la empresa Obermet, S.A. de C.V. Una publicación de La Prensa Gráfica de agosto de 2016 da cuenta de cómo Obermet llegó a ingresar a sus cuentas alrededor de 20 millones de dólares producto de contratos de publicidad con al menos dieciséis instituciones del Estado salvadoreño gobernadas en su mayoría por ministros y directores del FMLN, que fue en su momento también el partido de Nayib Bukele.

Entre enero de 2012 y junio de 2016, Obermet ganó contratos publicitarios con ministerios y autónomas como Educación, Salud, Seguridad, Turismo, el Seguro Social, Corsatur, Fosalud, Isdemu, Conamype y hasta el Tribunal de Ética Gubernamental, que condenó al alcalde por otorgar un cargo de dirección a su otro hermano, Yamil, dentro de la municipalidad de San Salvador. Nayib Bukele en esos mismos años recibió, en todo caso, dinero familiar originado de contratos con instituciones gubernamentales.

“Son empresas que han trabajado con el gobierno desde el tiempo de (expresidente Alfredo) Cristiani, no es de ahora, es de mucho tiempo, no tiene que ver con eso. De hecho, tú puedes ver los estados financieros. Las cuentas cayeron desde el momento que yo me metí en política, es decir, nos quitaron cuentas”, dijo el alcalde sobre este punto.

A la fecha, la Corte de Cuentas de la República tiene un expediente abierto sobre un contrato que la distribuidora de agua ANDA le concedió a Obermet en mayo de 2017. La junta de gobierno de la ANDA le adjudicó el contrato de publicidad a otra empresa, en atención a un informe técnico que recomendaba no acordar el negocio con la empresa familiar. Pero luego de un recurso de revisión que presentó Karim Bukele, como representante de Obermet, y por consejo del gerente jurídico de la ANDA, Gilberto Canjura, la junta cambió de opinión y firmó el trato con Obermet.

Canjura fue uno de los aspirantes a candidatos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, pero no resultó elegido en la lista de quince candidatos luego de las votaciones de los abogados el 10 de marzo pasado.

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, durante conferencia de prensa en un local en la colonia Escalón, San Salvador. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

En mayo de 2017, Nayib Bukele aún pertenecía al FMLN. Aunque a esa fecha ya existían tensiones entre el alcalde y el partido. El coordinador general efemelenista, Medardo González, en noviembre de 2016, había descartado a Bukele para una candidatura a la Presidencia de la República en 2019 y advirtió que el alcalde podía optar por la reelección en San Salvador.

Bukele empezó a hacer críticas públicas sobre su propio partido político y sobre cómo se manejaba el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. La tensión se rompió en octubre de 2017 con la expulsión del alcalde de las filas del FMLN.

El enriquecimiento ilícito según Probidad

El informe resolutivo de la Sección de Probidad sobre los exámenes a las declaraciones de patrimonio de Nayib Bukele es extenso. Antes de revelar los hallazgos sobre lo que el alcalde no declaró a Hacienda y sí lo reportó como ingreso a Probidad, el documento se extiende en una aclaración sobre el enriquecimiento ilícito.

La explicación teórica de Probidad se basa en que, precisamente sobre Nayib Bukele, no existen indicios de un incremento patrimonial desproporcionado respecto de sus ingresos que percibió como alcalde de Nuevo Cuscatlán. De hecho, Probidad es clara al indicar que los montos finales, luego del examen, no reflejan pistas sobre irregularidades que conduzcan a un enriquecimiento ilícito tal como se conoce. Bukele “justificó el origen de sus montos”, se lee en el reporte para la Corte Plena. Pero la concepción de enriquecimiento ilícito, para la Sección de Probidad, es mucho más amplia.

“El Estado debe exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como servidores públicos”, dijo Probidad en su informe.

La sección cree que los particulares que tienen relación con los funcionarios públicos no están fuera de la responsabilidad de actuar con “integridad, transparencia y probidad”, pues sus actos también generan conflictos de intereses que afectan a los funcionarios. De allí, Probidad plantea que todo salario, remuneración o donación a un servidor público debe estar justificado. La justificación o legitimación incluye, según el reporte final, que los fondos recibidos hayan sido declarados a las autoridades competentes y que hayan estado sujetos a las obligaciones tributarias, como pagar impuestos por los ingresos percibidos.

Probidad no puede, como consecuencia, validar que casi 850,000 dólares y la compra de un apartamento por casi 300,000 dólares estén contenidos en la declaración de patrimonio de Bukele sin que hayan sido declarados a Hacienda en su momento.

Bukele cree que esa visión de Probidad es errónea: “Eso lo tiene que determinar el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, no lo tiene que determinar la Corte Suprema de Justicia. La Sección de Probidad está estirando sus funciones porque ellos no pueden determinar la evasión fiscal. El ministerio de Hacienda es el que tiene que hacerlo”.

El hallazgo de Probidad, en todo caso, demuestra que hay formas en que se puede no declarar ingresos a Hacienda ni pagar impuesto sobre la renta por ellos. Los indicios revelados por Probidad ocurren hasta casi tres años después de que Bukele dejó de ser alcalde de Nuevo Cuscatlán y después de que haya hecho sus declaraciones de renta al fisco de 2012 a 2015.

Los magistrados deberán decidir sobre la sugerencia de la Sección de Probidad. En su reporte, la unidad de la corte aclaró que la resolución de que debe abrirse un juicio civil al actual alcalde de San Salvador no es, per se, una sentencia condenatoria. Ni siquiera lo sería la decisión de la Corte Plena de abrir un juicio.

Probidad explicó que existen etapas preliminares y que hasta el momento lo que existen son indicios, por lo que los informes finales no son documentos concluyentes. Son las cámaras de lo Civil las que hacen los juicios y allí se toman las decisiones sobre el destino de los casos de enriquecimiento ilícito.

Incluso, apuntó Probidad, las cámaras tienen la potestad de ordenar a la Fiscalía General de la República que amplíe las investigaciones a situaciones temporales fuera del período que examinó en un primer momento la sección de la Corte Suprema. En resumen, la advertencia de Probidad es que los indicios sobre enriquecimiento ilícito solo pueden concretarse en una cámara judicial, por lo que ni la sección ni la misma Corte Plena ejercen una acción condenatoria al ordenar la apertura de los juicios civiles.

Bukele es aspirante a ser presidente de la República desde 2019. En un trámite que aún no tiene certeza por el Tribunal Supremo Electoral, el movimiento Nuevas Ideas se presentó en los primeros días de abril de 2018 para iniciar su inscripción. Antes de ello, llamó a elecciones internas de aspirantes a la candidatura presidencial. Por el momento, el candidato único del movimiento es Nayib Bukele. En los juicios de enriquecimiento ilícito que han resultado en condenas contra los funcionarios, las sentencias han incluido el alejamiento de los servidores de los cargos públicos por plazos que pueden ser incluso de diez años.

Probidad tiene en su tintero otros casos que tenían mayores avances en 2017 que el de Nayib Bukele. Exámenes de declaraciones de patrimonio como los de Guillermo Gallegos, diputado presidente de la Asamblea Legislativa, y del vicepresidente Óscar Ortiz y de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar parecían más próximos a una resolución. La declaratoria de reserva que emitió la Corte Plena sobre los informes de Sección de Probidad hace imposible, por medio del derecho al acceso a la información pública, conocer qué ha pasado con estos tres casos y otro más.

La sección de la corte sugirió como último punto que, si se llega a abrir juicio civil contra Bukele, se le inmovilice una cuenta bancaria y se haga una anotación preventiva del apartamento de Quintas de Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán.


*Con reportes de Bryan Avelar.

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