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Por qué perdió el (ex) FMLN

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Después de ocho años de haber llegado a la cima del poder, el FMLN ya cometió todos los pecados capitales que atribuía a Arena y cuyo rechazo le daban sentido a su existencia. Este 4 de marzo El Salvador dijo al FMLN que no le es útil si su servicio se limita a dar lo mismo que da Arena.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


“FMLN mío no existes

solo eres una mala silueta mía…

Ahora sé que no existes
y que además parece que nadie te necesita
no se oye hablar a ninguna madre de ti…”

Tuit que posiblemente dedicaría hoy Schafik Hándal al FMLN (adaptación del poema El Gran Despecho, de Roque Dalton)

El FMLN que sufrió este domingo 4 de marzo la peor derrota electoral de su historia se ha convertido en poco más que cuatro siglas que no evocan nada importante para la vida de la gente. El FMLN que ha devuelto a El Salvador a los brazos de Arena dejó de inspirar a los votantes que creyeron que su vida y el rumbo del país pueden mejorar. Dejó de ser fuente de inspiración para quienes creen en la lucha contra la injusticia, en la transparencia, en la limpieza del juego político. Después de nueve años de haber llegado a la cima, el FMLN sigue diciéndose un partido revolucionario, pero la única revolución que hizo fue la de la incoherencia.

En noviembre de 2004, cuando el FMLN se encaminaba a elegir a su nuevo coordinador general, uno de los dos candidatos, Medardo González, pedía el voto de la militancia con esta exhortación: “Tenemos que repensar nuestro funcionamiento para que tengamos mejor democracia interna”. González ganó con una ligerísima ventaja a Óscar Ortiz que, como líder de “La fuerza del cambio”, fue enviado a la Siberia efemelenista durante 10 años.

Ortiz fue afortunado de no ser expulsado del partido. Le valió que tenía arraigo muy importante entre la militancia de departamentos como Chalatenango y La Libertad y que, en realidad, como mostraron los resultados de la elección esa vez, lo apoyaba prácticamente la mitad de los afiliados: Ortiz obtuvo 11,539 votos y González 12,323. Diferencia de solo 784.

Medardo González se convirtió en sucesor de Salvador Sánchez Cerén, y aquella exhortación a buscar una “mejor democracia” se tradujo al cabo de cuatro meses en una reforma a los estatutos para eliminar las elecciones internas. El mecanismo del que durante años el FMLN se jactó para señalar que su archirrival Arena designaba a sus dirigentes por decisión de la cúpula arenera, y no de su militancia, dio paso a una comisión política efemelenista que se perpetuó en el poder. Trece años y cuatro meses después de su triunfo, González sufrió este 4 de marzo el peor revés de su gestión en lo que ya parece un cargo vitalicio.

Cuando González tomó las riendas del partido, el FMLN gozaba de la mejor salud vista hasta entonces: en la elección del año anterior, y con apenas nueve años de vida partidaria, los efemelenistas habían logrado llevar a Arena a su mínima representación legislativa después de la firma de los Acuerdos de Paz. Arena apenas había logrado 27 escaños legislativos, lejos de los 39 de 1994, cuando el Frente se había estrenado en elecciones. En contraste, el FMLN conseguía la bancada legislativa más grande, con 31 curules. Y el Frente aún tendría un futuro mejor: en 2009 no solo obtendría la mayor cantidad de escaños de su historia (35), sino que ganaría por primera vez la Presidencia de la República.

Y, paradójicamente, cuando el partido que surgió de la guerrilla finalmente se llenó de poder, comenzó a vaciarse de contenido.

Schafik Hándal define el cambio

El FMLN se ha convertido a sus 25 años de edad en lo que Schafik Hándal temía: en una maquinaria meramente electorera y vacía de ideas para proponer una ruta al país. Este es el error macro del FMLN, el error original, el big bang que lanzó al partido de la estrella a convertirse en la elección de este domingo en algo parecido a una estrella enana. En una estrella que perdió casi todo lo que había ganado desde las elecciones generales de 1994, cuando en su primera lucha en las urnas obtuvo 21 diputaciones.

¿Pero qué sucedió entre 1994 y 2018? Le sucedió que una vez llegó a la presidencia de la República, no supo qué hacer con ella. No supo qué hacer con ella para responder a la esperanza de un país que se había cansado de Arena.

Durante buena parte de esos años, el FMLN se la pasó soportando los negocios bajo la mesa que Arena hacía con sus aliados legislativos. Eran pactos que servían para, por ejemplo, repartirse la conducción de instituciones como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y la Procuraduría General, o para definir la junta directiva de la Asamblea.

En el año 2000, el FMLN por primera vez obtuvo más escaños que Arena: 31 contra 29. Hasta entonces era una regla no escrita que el partido con mayor cantidad de diputaciones ocupaba la presidencia de la Asamblea. El FMLN llegó a la toma de posesión el 1 de mayo de 2000 con la propuesta de que Schafik Hándal asumiera la presidencia legislativa. Su sorpresa fue que ya todo había sido arreglado bajo la mesa desde hacía semanas por Arena y PCN, con el apoyo de partidos minoritarios. Arena y PCN sumaban 42 votos y solo necesitaban uno más para construir mayoría simple, y no les costó encontrar respaldo en el PDC.

Cuando en noviembre de 2004 Medardo González exhortaba a la militancia a respaldarlo para convertirse en el jinete del FMLN, también dejaba ya ver su objetivo prioritario que a la postre terminaría convirtiéndose en una fijación: “Compañero, compañera: me comprometo, siendo coordinador general y a la cabeza de la nueva dirección, a seguirle dando la batalla a los dueños del país y a su gobierno arenero”.

En 2004, Medardo González hacía campaña interna con la promesa de seguir dándole guerra al partido Arena. Su meta era convertirse en coordinador general para el período 2004-2007. Lo logró y luego se perpetuó en el cargo.

Un propósito entendible, tomando en cuenta que el FMLN como partido había surgido como el gran antagonista de Arena. Desde su estreno en urnas en 1994 el FMLN elaboró un discurso hilvanado en la lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción, la promoción de los derechos humanos, la transparencia en la gestión pública y la independencia de poderes, la despartidización de instituciones como la Corte de Cuentas y la necesidad de gobiernos que favorecieran a los más pobres. Cada una de estas áreas tenía planteamientos precisos: en el área de combate a la impunidad, por ejemplo, decía pretender la eliminación de la Ley de Amnistía y que se hiciera justicia por el asesinato de monseñor Romero, por el de los sacerdotes jesuitas y por decenas de casos más. Cuando reclamaba independencia de poderes señalaba el reparto de instituciones y que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa hacían lo que la Presidencia de la República disponía que hicieran. Además, denunciaba una política de los gobiernos de Arena que solo respondía a los intereses de la oligarquía y que mantenía en precariedad la prestación de servicios básicos y la educación y la salud públicas.

Entre 2003 y 2005 el FMLN bosquejó públicamente en boca de dos de sus máximos dirigentes, el credo efemelenista para los años venideros.

Aquel discurso de González sembraba una serie de semillas que auguraban la cosecha que el partido pretendía recoger en su horizonte político. En materia de limpieza en la administración pública, advertía el perfil de funcionarios que él creía que hacía falta: “El cargo público no debe verse como una oportunidad para beneficio personal, sino como una misión de servicio al pueblo. Nuestros funcionarios deben ser honestos, deben responder a los problemas de la gente, hablar cara a cara con la gente, rindiéndole cuentas políticas y financieras”. Honestidad y rendición de de cuentas, demandaba.

En cuanto a cómo debía comportarse un efemelenista respecto de su partido, también hacía una acusación no disimulada hacia su rival, Óscar Ortiz, que había hecho una campaña para denunciar que los dirigentes se comportaban como si fueran propietarios del FMLN: “En el FMLN hay organismos y reglas para que cualquier militante exprese algo que no le gusta, cuando considere que la dirección no está haciendo bien las cosas. ¿Pero por qué usar los medios de comunicación de la derecha para dirigirse a la dirección?”, reclamaba González. “Disciplina y lealtad al programa y a la estrategia son imprescindibles”, añadía.

Y justo eso último, “disciplina y lealtad”, era lo que un año antes, en 2003, el veterano dirigente comunista Schafik Hándal había argumentado como razón principal para vetar al entrevistador Mauricio Funes como posible candidato presidencial del FMLN en 2004. Hándal creía que un foráneo ofrecía el riesgo de solo usar al partido como trampolín y luego, si alcanzaba la Presidencia, desentenderse del partido. “Mauricio Funes solo quiere usar al FMLN como escalera hacia la Presidencia”, explicó Hándal en su momento.

En diciembre de 2005, un mes antes de su muerte, Hándal hizo un intenso discurso en la Asamblea Legislativa, donde como jefe de los diputados efemelenistas participó en la ceremonia dedicada al aniversario de la Constitución de la República. En su mensaje, Hándal hizo una enumeración de todo el pisoteo que sufría la ley primaria desde la misma institucionalidad del Estado, y señaló esencialmente a Arena como culpable. Fue, después de la elección de Medardo González, como un segundo capítulo de la actualización del manifiesto efemelenista ante el país.

Hándal denunció, por ejemplo, el transfuguismo. “El artículo 83 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo elige a sus representantes. Pero la vida demuestra que se puede adquirir voluntades una vez electo y dar la espalda al mandato ciudadano.”

Hándal denunció también al entonces presidente Antonio Saca por presunta violación al artículo 218 de la Constitución: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Pero tenemos a un presidente de la República que constantemente está haciendo propaganda a favor de su partido”, dijo.

Hándal denunció, además, la política esencialmente represiva de los gobiernos de Arena para atender la violencia creciente. “En derechos humanos hay mucha tela que cortar: ya solo está faltando que vuelvan a organizar la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional”, ironizó, en alusión a los cuerpos de seguridad clausurados producto de los Acuerdos de Paz firmados en 1992.

Y Hándal denunció también la práctica frecuente de las negociaciones oscuras, de los arreglos bajo la mesa para legislar. “El artículo 135 dice que todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se traslada al presidente de la República. Dice ‘después de discutido’, no dice ‘después de negociado’. Y mucho menos dice que se pueden aprobar leyes sin permitir el uso de la palabra a quienes queremos opinar al respecto”.

Schafik Hándal murió en enero de 2006 y al año siguiente el FMLN anunciaba la candidatura de Mauricio Funes. En agosto de 2008, ante la Convención Nacional del partido que acababa de ratificarlo como candidato para 2009, Funes la emprendió contra los políticos o los partidos que, en busca de votos, hacían ofertas que luego incumplían. “En mis 21 años como periodista pude ver y constatar la indiferencia de las autoridades que acostumbran a prometer en las campañas electorales para pedir el voto, pero una vez en el gobierno terminan dándole la espalda al pueblo”.

Según Funes, hasta entonces él había sido solo un espectador de lo que sucedía en El Salvador y quería ir más lejos: “El periodismo me develó una realidad que intencionalmente se mantenía y sigue manteniéndose oculta. No podía seguir siendo comentarista del drama que vive El Salvador. Por eso tomé la decisión de asumir esta candidatura”.

Funes llega a la cima, el FMLN inicia su caída

El primer presidente de izquierdas en El Salvador tras la firma de los Acuerdos de Paz entró a su quinquenio generando un tsunami de expectativas de cambio.

Si dos años y medio antes Hándal había caracterizado al presidente Antonio Saca como un quebrantador de la Constitución, la campaña electoral de Funes hizo marcado énfasis en denunciar la corrupción de los gobiernos areneros. “A quienes han secuestrado el aparato de Estado para beneficio propio y de unos cuantos amigos, a quienes han puesto por encima del interés general sus mezquinos y egoístas intereses particulares, les digo, les insisto: la hora de ustedes ha terminado”, decía en agosto de 2008, durante la Convención Nacional efemelenista.

El 1 de junio de 2009, durante su discurso de toma de posesión, generó más olas de expectativas de ruptura con los 20 años anteriores. “La gente pidió un cambio y el cambio comienza hoy”, anunció. Subrayó que ya como presidente no tenía derecho a equivocarse. “Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país: gobernar para unos pocos y ser complacientes con la corrupción”.

Además, ofrecía acabar con la práctica del clientelismo, que llenaba el aparato estatal de personas no idóneas para el servicio público. “Este será el gobierno de la meritocracia, no el gobierno de privilegios de familias, de los vicios de las clientelas y de los padrinazgos sombríos. Aquí las personas serán reconocidas por su talento y honestidad, no por sus conectes o apellido”.

El expresidente Mauricio Funes. Foto FACTUM/Archivo

Todo eso comenzaría a quedarse solo en discurso desde el inicio del gobierno. Una de las primeras decisiones de Funes como presidente fue mantener en el cargo de presidente de la empresa estatal de generación eléctrica CEL al hijo de uno de los financistas de su campaña. El Salvador no lo sabía, pero el empresario Nicolás Salume había regalado en la última fase de la campaña alrededor de 3 millones de dólares al candidato del FMLN. Eventualmente Funes dio un puñado de explicaciones distintas sobre el aporte: que el dinero había sido un préstamo, que el dinero había sido entregado al partido, que el dinero había sido entregado a su grupo de apoyo -el movimiento Amigos de Mauricio-, que el dinero había sido regalado a él como candidato…

Su gobierno de meritocracia también vio cómo Funes instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores para que extendiera pasaporte diplomático a una mujer que no trabajaba para el gobierno: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza. El Salvador no lo sabía entonces, pero ella era la amante del gobernante. Asimismo, Funes había gestionado una plaza en el consejo directivo de la empresa público-privada Insinca en favor de la madre de su amante.

En sus primeros días de gobierno Funes también decidió que toda la pauta publicitaria de las instituciones del Ejecutivo se canalizara vía Presidencia de la República para que su producción la ejecutara la recién creada empresa Polistepeque, de su amigo Joao Santana, el publicista brasileño a cargo de la campaña electoral. La decisión del gobernante también era que la contratación de Polistepeque se hiciera sin necesidad de licitación.

Y mientras Funes comenzaba a deshacer en la práctica y a puerta cerrada el discurso reivindicativo acumulado del FMLN, en público seguía agregando promesas importantes. El 31 de julio de 2009, es decir, cuando aún no cumplía dos meses de mandato, publicó un campo pagado para saludar a los periodistas salvadoreños en su día. “Sabemos que si no se permite al profesional de prensa el acceso a las fuentes informativas, de hecho se le está negando al pueblo un derecho esencial”, decía. Luego hacía una oferta que iba a incumplir: “En el día del periodista salvadoreño hago llegar mi compromiso de que las puertas de mi gobierno que llevan a la información estarán siempre abiertas de par en par. No habrá más secretos, porque los secretos son una forma indirecta de la censura, que repudiamos.”

En realidad, esas puertas siempre las mantuvo cerradas y la práctica frecuente fue el secreto. Funes incluso intentó boicotear la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en mayo de 2011. Primero, al emitir un reglamento que le permitiría negar información que la normativa definía como pública, y luego, al retrasar durante un año el escogimiento de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Saludo del presidente Funes a los periodistas, publicado el 31 de julio de 2009. Funes hizo todo lo contrario a lo que ofreció a la prensa ese día, a tal punto que intentó obstaculizar la Ley de Acceso a la Información Pública que entró en vigencia en 2011.

Funes nombró a los comisionados con dos años de retraso, pero antes de hacerlo, el FMLN impulsó una reforma a la ley para quitarle poder al Instituto: ya no podría ordenar que alguna información que hubiera sido declarada bajo reserva ilegalmente fuera reclasificada como pública. Asimismo, los cambios a la ley trasladaban al gobierno la atribución de presentar al presidente las ternas de candidatos a integrar el instituto, en lugar de los cinco sectores de la sociedad responsables originalmente.

Aunque las enmiendas otorgaban más poder al presidente, este se desentendió. Dijo que él no era responsable de la actuación de los diputados, que eran quienes por su propia iniciativa habían modificado la normativa.

Las reformas generaron una reacción tan negativa que el vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, desde su cuenta de Twitter pidió en público al presidente Funes que las vetara. Asimismo, el alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, que tenía un ascenso meteórico entre los políticos emergentes del FMLN, censuró agriamente la decisión de reformar la ley. “La reforma a la LAIP es un retroceso. Deberíamos predicar con el ejemplo”, escribió en su cuenta de Twitter. Y en Facebook agregó una serie de cuestionamientos a su partido: “¿Acaso ya no creemos en la transparencia? ¿Por qué luchamos? ¿Luchamos para liberar al pueblo de los opresores de siempre o para convertirnos en ellos?”

El presidente Funes siguió la pauta de su antecesor, Antonio Saca, en la relación con los medios de comunicación menos complacientes: se negó a conceder entrevistas a la prensa y las apariciones para responder preguntas en conferencias de prensa fueron escasas. Ante las demandas de los medios de comunicación, Funes respondió con desdén que él iba a conversar con el pueblo. Y por eso creó su programa radial semanal Conversando con el Presidente. Este espacio fue utilizado casi cada sábado para, en medio de algunos anuncios sobre temas importantes, atacar a sus detractores, particularmente al partido Arena, a políticos areneros, y a todo lo que le pareciera que representaba los intereses de la derecha del país: la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Fusades y hasta la Sala de lo Constitucional. El programa se convirtió en una plataforma desde la cual el presidente lanzaba lodo sin medida.

El desdén de los nuevos gobernantes respecto del derecho a la información se magnificó cuando un diputado efemelenista, Sigfrido Reyes, se convirtió en presidente de la Asamblea Legislativa, en febrero de 2011. Reyes terminó su mandato en abril de 2012, pero al asumir la nueva legislatura fue nombrado otra vez en el cargo más alto de la Asamblea. La administración Reyes se caracterizó por negarse a publicar información de carácter público relacionada con la cantidad de empleados legislativos asignados al servicio de las bancadas legislativas con el cargo de “asesores”. Reyes se resistió a acatar las órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública y prefirió ser multado que dar a conocer la información. La Asamblea Legislativa tampoco llegó a publicar los informes relativos a los viajes de los diputados en misiones oficiales al extranjero.

FMLN imita a Arena

En el año 2003, las elecciones legislativas dieron a Arena menos escaños que los necesarios para bloquear decisiones de mayoría calificada: solo 27. Con una bancada saliente de 29 legisladores, sus dirigentes vieron con preocupación que el escenario próximo era una Asamblea en la que los diputados areneros podían ser innecesarios para nombrar a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debían asumir sus cargos ese año. La elección de Corte se realiza con el voto de al menos dos tercios de los 84 diputados, así que los areneros tomaron una decisión: forzarían una elección de magistrados antes de que acabara el mandato de la legislatura saliente, el 30 de abril de 2003. Arena negoció con los otros partidos para hacer la elección anticipada de los cinco magistrados y el FMLN, que había obtenido 31 escaños para la legislatura siguiente, vio con impotencia cómo la derecha evitaba tomarlos en cuenta para esos nombramientos. El FMLN protestó por la maniobra de la derecha, pero fue inútil y terminó abandonando la sesión plenaria en señal de protesta.

Esa práctica y otras como las denunciadas por Schafik Hándal, en su discurso de 2005, serían adoptadas por el FMLN una vez que tuvo suficiente poder.

Tras la derrota en la presidencial de 2009, Arena entró en crisis. Aparte de la crisis financiera, sufrió la más severa ruptura que había tenido hasta entonces: en octubre de ese año, 13 de sus 32 diputados dejaron la bancada arenera y eventualmente formaron el partido Gana. Antes de eso, en julio de ese año, la Asamblea había nombrado a cinco nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. De los cinco, cuatro tuvieron como destino la Sala de lo Constitucional y esto iba a ser determinante para el futuro del FMLN y del resto de partidos.

Fotografía general de la celebración del 37 Aniversario del FMLN, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en San Salvador, El Salvador, el 22 de Octubre de 2017.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Al año siguiente, la Sala resolvió una petición ciudadana y habilitó las candidaturas a diputados no partidarias. También decidió que para hacer efectivo el carácter libre del voto, los partidos no podían presentar listas de candidatos bloqueadas, sino que los votantes podrían elegir a quienes prefirieran de esas listas, independientemente de quienes fueran los favoritos de las cúpulas partidarias.

Esta sentencia de la Sala generó descontento entre todos los partidos, que veían disminuido su poder al no poder virtualmente elegir ellos a los diputados. Y los partidos iban a encontrar un año más tarde la posibilidad de la venganza.

Mientras tanto, el FMLN iba a aprovechar la hemorragia de la bancada legislativa arenera para imponer su criterio repetidas veces a partir de entonces, con una conducta que parecía calcada de la de los areneros. Empezó en 2010, cuando el FMLN negoció en secreto con el PCN y con los diputados de Gana una modificación al pacto legislativo para integrar la junta directiva de la Asamblea Legislativa del trienio 2009-2012. Arena fue marginada y ese arreglo permitió que por primera vez un diputado efemelenista, Sigfrido Reyes, fuera designado presidente del Órgano Legislativo. El pacto estableció que Reyes sería presidente desde el 1 de febrero de 2011 hasta el final del mandato, el 30 de abril de 2012.

FMLN ataca a “la mejor Sala de lo Constitucional de la historia”

El 2 de junio de 2011, la derecha legislativa, encabezada por Arena, emitió un decreto para maniatar a la Sala de lo Constitucional, al obligarla a emitir sentencias solo por unanimidad, en lugar de resolver por mayoría. El FMLN se mantuvo al margen de aquel decreto 743 a tal punto que dos de sus diputados, Sigfrido Reyes y Roberto Lorenzana, denunciaron ante la prensa que aquello constituía un “golpe a la democracia” y “un atentado a la independencia de poderes”.

Hasta ese momento, los efemelenistas seguían con el discurso de la lucha por la separación de poderes, pero no les duraría mucho. Lo que ocurrió inmediatamente después de la emisión del decreto fue un viraje sorprendente: el presidente Funes se coordinó con la derecha legislativa a tal punto que dio su visto bueno exprés al decreto el mismo día para que se convirtiera en ley de inmediato. Y el FMLN iba a añadir sorpresa pocos días después, cuando mientras Arena desistía del decreto 743, el FMLN se convertía en su principal defensor. Ese cambio de roles llevó al partido de izquierdas a un desgastante enfrentamiento con la Sala de lo Constitucional que duró años.

Los magistrados apenas tenían tres meses en el cargo cuando emitieron una primera resolución que favorecía las demandas de justicia planteadas desde sectores de izquierda, o desde el mismo FMLN o por dirigentes del partido.

Cuando Schafik Hándal fue candidato presidencial en 2004 contra Antonio Saca, de Arena, fue víctima de una campaña calumniosa por parte de Rafael Menjívar, que el pasado 4 de marzo compitió como candidato a alcalde de San Salvador por el partido Gana. Menjívar firmaba como responsable campos pagados en los que se acusaba a Hándal de secuestro. El candidato efemelenista acudió en febrero de ese año a la Fiscalía, para presentar una denuncia por calumnias. Pasaron las semanas y los meses, y la Fiscalía, dirigida por Belisario Artiga, no judicializó la demanda. Hándal entonces acudió en junio a la Sala de lo Constitucional a pedir amparo. Pasaron los días, las semanas, los meses y los años. Hándal falleció en enero de 2006 y la Sala presidida por Agustín García Calderón nunca resolvió el pedido de amparo.

Solo cinco años y cuatro meses más tarde los nuevos magistrados concedieron el amparo a Hándal.

Al año siguiente, la Sala emitió dos resoluciones que de forma indirecta o directa afectaron los intereses de dos poderosos medios de comunicación: El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. Estos están dentro de aquellos “medios de derecha” que en 2004 había mencionado Medardo González cuando censuraba a su rival Óscar Ortiz por verter críticas hacia la dirección efemelenista en la prensa. La primera resolución fue de mayo de 2010, cuando rechazó un amparo de La Prensa Gráfica y le ordenó el pago inmediato de 2 millones de dólares a una mujer en concepto de un premio por haber acertado los marcadores de todos los partidos del Mundial de Fútbol de Francia 1998. La Prensa Gráfica se rehusó durante más de una década a hacer el pago hasta que la Sala dio la razón a la mujer. Tres meses después, en agosto, la Sala resolvió que la disposición del Código Penal que castigaba con cárcel los delitos contra el honor, pero eximía de ella a los periodistas o dueños de periódicos, violaba la Constitución. En el FMLN había quienes tenían años de reclamar a El Diario de Hoy por publicaciones que consideraban ofensivas, como por ejemplo las reiteradas alusiones despectivas en el editorial del periódico a la alcaldesa efemelenista de San Salvador, Violeta Menjívar. “Reina de la basura”, repetía el medio en su sección de opinión.

Esa era la Sala a la que a inicios de 2011 el periódico Co Latino, adepto al FMLN, había elogiado en un editorial: “La mejor Sala de lo Constitucional de la historia”, titulaba el Co Latino.

Esa misma Sala eventualmente dio la razón a viejos reclamos efemelenistas como los que Hándal había esbozado en su discurso del Día de la Constitución: la Sala declaró que el transfuguismo es inconstitucional porque, como había argumentado el veterano dirigente comunista, constituía un fraude al elector. La Sala también declaró inconstitucionales los decretos que emitía la Asamblea Legislativa de manera inconsulta. Y la Sala también llegó a sentenciar que era inconstitucional que una misma legislatura hiciera la elección de dos promociones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

FMLN traba amistad con la impunidad

En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado responsable al Estado salvadoreño por el asesinato de monseñor Romero. La CIDH recomendó la eliminación de la Ley de Amnistía y la respuesta del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) fue desdeñar la petición de la Comisión. Lo mismo hizo eventualmente la administración de Antonio Saca (2004-2009), a pesar de que, como Estado parte del sistema interamericano de derechos humanos, El Salvador debía atenderla. Ambas administraciones alegaron que la CIDH solo había recomendado eliminar la ley, y que por lo tanto era opcional atender la recomendación.

El FMLN tuvo oportunidad de poner a prueba su compromiso en contra de la Ley de Amnistía una vez Funes llegó a la presidencia. Sin embargo, reprobó en uno de los primeros exámenes. El Salvador fue llamado a audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Acudió el director de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, David Morales. El funcionario fue cuestionado por la Corte sobre el nulo avance en el desmontaje de la Ley de Amnistía, recomendado una década atrás. Morales respondió que la derogación de la ley correspondía a la Asamblea Legislativa, no al Ejecutivo, y la Corte le aclaró que la pregunta era por qué el Ejecutivo no estaba haciendo nada porque se eliminara la ley.

En enero de 2012 Funes tuvo un gesto importante en la lucha contra la impunidad. Un primer paso valioso, pero muy insuficiente: con motivo del 20º. aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, montó una ceremonia en el norte de Morazán, donde en 1981 las fuerzas del gobierno asesinaron a cerca de mil civiles, más de la mitad de ellos menores de edad. Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote y anunció que instruía a la Fuerza Armada a dejar de rendir culto como héroes a violadores de derechos humanos. Sin mencionar los nombres, aludía a los oficiales responsables de la matanza.

Funes incluso derramó lágrimas en El Mozote, pero eso fue todo. Y su anuncio de que había ordenado a la Fuerza Armada bajar de su santoral a militares como el teniente coronel Domingo Monterrosa o el mayor José Azmitia, terminó en nada. Seis años después de aquel gesto presidencial, la principal guarnición militar del oriente salvadoreño sigue llamándose “Teniente coronel Domingo Monterrosa”, y el cuartel de la cabecera departamental de La Unión conserva el del mayor Azmitia.

El primer presidente de izquierdas, que había generado esperanza de cambio, había llegado a 2012 arrastrando un pesado cuestionamiento del año anterior. En 2011 la Interpol emitió petición de captura contra nueve militares retirados que eran requeridos por la justicia española, que los procesaba por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. El gobierno de Funes les concedió refugio en la Brigada Especial de Seguridad Militar y frustró las detenciones.

El FMLN, otrora abanderado de la lucha contra la corrupción, de la independencia de poderes, de la transparencia, del respeto a la Constitución y al proceso de formación de ley, y del combate a la impunidad, estaba erosionando poco a poco su credibilidad. El FMLN, que había sacrificado miles de vidas de sus combatientes durante la guerra civil para derrotar contra la represión y la injusticia, era incoherente.

A mediados del gobierno de Funes un grupo de periodistas salvadoreños tuvo la oportunidad de pedir una evaluación del primer gobierno del FMLN a Jon Lee Anderson, periodista de The New Yorker que había cubierto la guerra civil salvadoreña, que conocía a muchos dirigentes efemelenistas y que estaba bien informado sobre lo que ocurría en El Salvador. “El problema es que cuando usás los principios como si fueran naipes, te arriesgás a perderlos”, dijo.

Al final de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la masacre de El Mozote y ordenó a El Salvador desmontar la Ley de Amnistía. Pasarían casi cuatro años para que la Sala de lo Constitucional diera la razón a aquel FMLN otrora de oposición que reclamaba enterrar la normativa porque la consideraba fuente de impunidad. La Sala de lo Constitucional la declaró violatoria de la Constitución el 13 de julio de 2016, cuando ya había cumplido dos años el segundo gobierno efemelenista, encabezado por el presidente Salvador Sánchez Cerén. Y, otra vez, la reacción adversa vino precisamente del gobierno y de dirigentes del partido de izquierdas. El vicepresidente Óscar Ortiz declaró que era inconveniente la eliminación de la ley, porque, según él, podría causar alguna inestabilidad que el país no necesitaba. Ideas similares expresó el secretario general del FMLN, Medardo González. Ambos repetían el argumento que durante años había usado la ultraderecha para oponerse a la eliminación de la ley.

Aquel FMLN que creció como la organización que representaba la posibilidad de acabar con los abusos y arbitrariedades de los gobiernos de Arena, tras apenas siete años en la Presidencia de la República había enterrado prácticamente todas sus banderas.

Pero no se conformaría con eso, pues aunque en discurso mantendría las mismas palabras, en la práctica también se retractaría respecto de la lucha contra la corrupción, del combate al crimen organizado y de otorgar un presupuesto más adecuado a la educación.

FMLN contra la independencia de poderes

Cuando en la legislatura 2009-2012 Arena perdió a los 13 diputados que formaron Gana y quedó con una precaria bancada de 19 asientos, el FMLN vio llegar su oportunidad de devolverle aquella moneda abusiva de 2003 cuando la misma Asamblea Legislativa hizo dos nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de diputados de 2012 devolvió a Arena una bancada suficiente para bloquear decisiones de mayoría calificada, y por eso en el período 2012-2015 se requeriría el respaldo de los areneros, que obtuvieron 32 escaños. Es decir, tres más que los necesarios para garantizar que la Asamblea no tomara las decisiones más importantes sin tomarlos en cuenta.

Con ese escenario inminente, el FMLN valoró adelantar la elección de cinco magistrados. Después de algunas semanas de indecisión, finalmente los diputados efemelenistas, en pacto con Gana, la democracia cristiana y Concertación Nacional, sumaron 65 votos para a la 1 de la madrugada del 25 de abril de 2012 nombrar nuevos magistrados, incluido al abogado Ovidio Bonilla, a quien designaron como presidente de la Sala de lo Constitucional. Paralelamente, los diputados sacaron de dicha Sala a Belarmino Jaime, hasta entonces presidente de la Corte Suprema. Con la llegada de Bonilla a la Sala, esperaban neutralizar al cuarteto que había asumido en 2009 y que había emitido una serie de sentencias de carácter electoral y presupuestario que habían enfurecido a los dirigentes partidarios. Producto del mismo acuerdo también adelantaron la elección de fiscal general para nombrar a Ástor Escalante, un abogado cercano al expresidente Antonio Saca y en cuyo gobierno había trabajado como viceministro de Seguridad Pública.

La elección de Bonilla como nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional fue dramatizada por los diputados como una batalla. Por eso, una vez juramentado, a la mañana siguiente lo llevaron a una tarima montada en el Centro de Gobierno, donde ante centenares de simpatizantes efemelenistas le levantaron la mano como quien se jacta de su campeón. El FMLN parecía tener ya una Sala de lo Constitucional a la medida de sus necesidades.

En junio, la Sala de lo Constitucional declaró que la elección en que se escogió a Ovidio Bonilla como nuevo presidente de la Corte violaba la Constitución y ordenó a la Asamblea Legislativa hacer una nueva elección. Los magistrados argumentaron que a una renovación de Asamblea Legislativa le corresponde hacer una renovación de un tercio de la Corte Suprema de Justicia.

Esto abrió una disputa que duró meses, pues Bonilla se rehusó a acatar la decisión de la Sala, con el argumento de que él tenía un nombramiento legal. Finalmente, en agosto, los diputados dieron su brazo a torcer y nombraron en sustitución de Bonilla a un antiguo servidor del FMLN, el abogado Salomón Padilla, que entonces era gerente legal de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa creada por las alcaldías efemelenistas y la estatal petrolera venezolana PDVSA.

La Sala también botó este nombramiento con la misma lógica con que en los meses anteriores había destituido en tres ocasiones a magistrados de la Corte de Cuentas: los funcionarios que dirigen instituciones de control deben garantizar plena independencia respecto de aquellos a quienes deben vigilar. En el caso de Padilla, dijo la Sala, era evidente su dependencia respecto del FMLN.

En esos meses sobraron amenazas. Amenazas de destitución que se sumaron al barullo que había causado en 2011 el decreto 743. La comunidad internacional, por medio de la relatoría de Naciones Unidas para la independencia judicial, advirtió que en El Salvador estaba bajo amenaza la independencia del Órgano Judicial y que se ejercía “presión indebida” sobre la Sala de lo Constitucional.

Los efemelenistas desde entonces ejecutaron una política de acoso hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Repetidas veces amenazaron con la posibilidad de destituirlos y repetidas veces sus militantes o simpatizantes llegaron a protestar a las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Además, luego hubo intercepciones de los magistrados cuando estos se encaminaban por el interior del país a atender alguna actividad de divulgación de la Constitución de la República. En más de una ocasión, esos manifestantes frustraron esas actividades mientras acusaban a los magistrados de servir a Arena y a la oligarquía. El FMLN nunca admitió ser el organizador de esos piquetes, aunque el discurso de los manifestantes contra los magistrados era igual al de los efemelenistas.

Así manejó el FMLN su relación con una Sala que sí atendió y resolvió muchas de las demandas históricas del partido, desoídas por magistrados de generaciones anteriores.

Mientras tanto, la violencia de pandillas seguía creciendo y la precariedad fiscal se agudizaba. Pero nadie en el gobierno hacía nada por atender esos problemas… Al menos no bajo la luz pública.

FMLN pacta con pandillas y con el “violador de la Constitución”

En su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2009, Funes subrayó que no tenía derecho a equivocarse. “Y evitar el error comienza por no repetir lo que algunos ya hicieron mal en este país: ser complacientes con la corrupción y ser cómplices del crimen organizado”.

Parte del discurso de Mauricio Funes en la ceremonia de toma de posesión el 1 de junio de 2009.

En 2012 el gobierno de Funes negoció con las tres principales pandillas del país un intercambio que solo salió a la luz pública cuando el periódico El Faro lo reveló con una nota que tituló así: “Gobierno pactó con pandillas la reducción de los homicidios”. El acuerdo se había realizado de espaldas al público y consistía en otorgar beneficios penitenciarios a los jefes pandilleros a cambio del compromiso de estos de garantizar una reducción drástica en las tasas de homicidios. Y las dos partes cumplieron y los homicidios se desplomaron a la mitad.

Una vez descubierto el acuerdo, Funes negó todo, a pesar de que su ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, admitió ser el diseñador de aquella estrategia y a pesar de que Munguía Payés sostuvo siempre que el presidente no solo estaba informado de los avances en las negociaciones, sino que las avalaba.

La tregua entre gobierno y pandillas duró un par de años, pero las conversaciones entre representantes del FMLN y los grupos criminales continuaron.

Cuando se llegó la elección presidencial de 2014, las cifras de asesinatos estaban volviendo a crecer significativamente. En ese momento, los dos más grandes partidos, Arena y FMLN, hicieron lo mismo: se sentaron a buscar arreglos con los pandilleros para intentar que estos les favorecieran en la elección. Los efemelenistas tuvieron como delegados al ministro de Gobernación, Aristides Valencia, y al exministro de Seguridad Benito Lara. Los areneros tuvieron como su negociador más destacado al diputado Ernesto Muyshondt, que entonces era vicepresidente de Arena. Hoy Muyshondt es alcalde electo de San Salvador.

El exministro de Seguridad Benito Lara. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Se llegó el día de la elección y Sánchez Cerén competía contra otros cuatro candidatos, de los cuales los más importantes eran Norman Quijano, de Arena, y el expresidente Antonio Saca. Sánchez Cerén estuvo a punto de ganar la presidencia: se quedó a un 1.07 % de los votos válidos para el triunfo.

Entonces se produjo un gesto de nuevo sorprendente del FMLN: esa misma noche, una vez se supo que habría necesidad de una segunda ronda entre los dos candidatos más votados, Sánchez Cerén reveló que había tenido una conversación telefónica con Antonio Saca para aliarse con el fin de derrotar a Arena en la próxima batalla. El candidato efemelenista añadió que él y su partido se proponían ya trabajar un proyecto conjunto con Saca para la segunda ronda. El mismo Saca a quien Hándal había llamado quebrantador de la Constitución y cuyo gobierno había gastado millones de dólares en la reconstrucción de los hospitales dañados por los terremotos de 2001 pero no los había reconstruido. Saca, cuyo gobierno gastó otros millones de dólares en la construcción de una vía expresa (hoy Bulevar Monseñor Romero) y nunca la terminó. Saca, a quien durante la campaña electoral de Funes los efemelenistas acusaron de ser poco menos que sinónimo de corrupción. Aquella alianza se tradujo en que al gabinete de gobierno de Sánchez Cerén se incorporaran algunos personajes vinculados al expresidente Saca.

A esta acumulación de decisiones el FMLN fue agregando otras revelaciones que pondrían en duda su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. En 2016 El Faro reveló que el vicepresidente Óscar Ortiz era socio empresarial de uno de los presuntos líderes del Cártel de Texis, una organización de tráfico de cocaína investigada al menos desde el año 2000 por la agencia estadounidense antidrogas (DEA) y por autoridades salvadoreñas. Ortiz y José Adán Salazar Umaña (“Chepe Diablo”) eran socios desde el año 2000 de la compañía “Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V.”, una empresa dedicada a los bienes raíces.

En mayo de 2014, días antes de que Ortiz asumiera como vicepresidente de la República, el presidente estadounidense Barack Obama designó al empresario hotelero como “narcotraficante extranjero significativo”. Cuando los periodistas preguntaron a Ortiz sobre esa relación, el vicepresidente dijo que ya hacía tiempo se había distanciado de la sociedad. Y cuando los periodistas pidieron opinión al secretario general del FMLN, Medardo González, este dijo que esa información era “un golpe bajo para dañar la imagen del vicepresidente”.

González añadió que él creía lo que Ortiz había explicado al partido y al gobierno: que Desarrollos Montecristo nunca operó y que él tenía unos 12 años de no ver a Salazar Umaña. El Faro demostró que la sociedad sí había tenido operaciones y que a la fecha de la publicación seguía activa, según los documentos del Registro de Comercio. Además, El Faro publicó una fotografía que mostraba un reciente encuentro entre Ortiz y José Adán Salazar en un estadio.

José Adán Salazar, después de ser detenido acusado de lavado de dinero. Foto FACTUM/Archivo

La relación de Ortiz con Salazar en la sociedad Desarrollos Montecristo no prueba relación con crimen organizado, pero sí el poco interés del partido en aclarar adecuadamente la situación. “Yo le creo a Óscar Ortiz”, zanjó González la conversación con los periodistas que le preguntaban sobre ese vínculo.

En 2017, Estados Unidos sacó de la lista a José Adán Salazar, a quien ya no consideraba un “narcotraficante significativo”.

FMLN prefiere invertir en un paraíso fiscal

Ya para mediados del segundo gobierno del FMLN, en 2016, el partido se estaba quedando sin argumentos para nada. El Salvador había vivido en 2015 el año más violento en década y media, el aumento presupuestario prometido para Educación no llegaba y amenazaba una tormenta fiscal sin precedentes.

Ante estos apuros, gobierno y partido unían fuerzas para pregonar la importancia de que los inversionistas salvadoreños pusieran a trabajar su capital en el país.

Ya para entonces El Faro había revelado que el grupo empresarial Alba Petróleos de El Salvador tenía operaciones multimillonarias y había creado en El Salvador una red de empresas relacionadas entre sí por medio de sus administradores y también por transacciones que a veces se pagaban con terrenos. Estas compañías eran conducidas por un pequeño grupo de personajes que desempeñaban un cargo en una sociedad y uno diferente en otra.

El 3 de abril de 2016, el mismo periódico reveló que había un puñado de salvadoreños que habían creado sociedades offshore en Panamá bajo el servicio notarial del despacho jurídico Mossack Fonseca. Los documentos, que eran parte de la filtración conocida como “Panama Papers”, mostraban sociedades que habían movilizado decenas de millones de dólares, aunque había otras que o no habían evidenciado actividad alguna o que no mostraban indicios de actuaciones sospechosas.

Los Panama Papers fueron terreno donde el expresidente Mauricio Funes y dirigentes del FMLN pastaron para denunciar la inmoralidad de los empresarios de derecha que, aun con las penurias fiscales de El Salvador, preferían llevar su capital a paraísos fiscales para tratar de pagar menos impuestos o evadirlos.

Ese mismo 3 de abril, el exdiputado efemelenista Dennis Córdova apuntaba su artillería hacia el partido Arena: “Empresarios, funcionarios y dueños de periódicos vinculados al partido Arena gozan de paraísos fiscales para evadir impuestos”, denunciaba en su cuenta de Twitter. Cerraba con una etiqueta de condena: “#Apátridas”

El mismo día en que los Panamá Papers salieron a la luz, el exdiputado efemelenista llamó “apátridas” a quienes habían sacado capital hacia paraísos fiscales. No sabía que una semana después, bajo su misma lógica, el adjetivo “apátridas” podría aplicarse a sus compañeros de partido.

Al día siguiente fue el expresidente Funes quien tomó turno, y lo asumió con un pretendido tono didáctico: “Las offshore son sociedades creadas por ricos y poderosos para esconder fortunas y evadir impuestos locales”.

El expresidente Funes desde su cuenta de Twitter afirmó que las sociedades offshore son compañías creadas por personas ricas para evadir impuestos. No sabía que una semana más tarde, esa misma descripción se podría aplicar al FMLN y a sus dirigentes.

 

El 11 de abril de 2016 El Faro publicó una investigación no vinculada a los Panamá Papers que mostraba que Alba Petróleos de El Salvador había sacado hacia Panamá casi 300 millones de dólares.

La reacción inicial de los dirigentes efemelenistas fue negar todo. “Es una conspiración política de los medios”, dijo el secretario general del FMLN, Medardo González.

El dirigente, citado por la cuenta de Twitter oficial del partido, aseguró que era falso que Alba Petróleos tuviera sociedades offshore en un paraíso fiscal.

El secretario general del FMLN negó en un inicio que Alba Petróleos hubiera sacado más de 290 millones de dólares hacia un paraíso fiscal. Esa posibilidad chocaba con el discurso oficial de exhortar a los empresarios salvadoreños a invertir en El Salvador en lugar de llevar su capital a otros países.

Con este episodio, el FMLN había demostrado que incluso en el campo de los negocios millonarios y de los grandes flujos internacionales de capital, predicaba una cosa y practicaba otra. Urgía a los empresarios a invertir en El Salvador para generar vía impuestos más recursos para el Estado, y mientras hacía esa exhortación, sacaba millones de dólares hacia un país donde no pagaría impuestos.

FMLN revivió la Guardia Nacional

Cuando Schafik Hándal advirtió en diciembre de 2005 que a los gobiernos de Arena, tan aficionados a las medidas represivas para combatir la delincuencia, poco les faltaba para revivir la Guardia Nacional, lo hacía con gran conocimiento de causa: el primer gobierno de Arena que tuvo que administrar la nueva Policía Nacional Civil fue reconvenido por Naciones Unidas en varias ocasiones por violar los Acuerdos de Paz al incorporar a la PNC a personas que estaban inhabilitadas por su relación con graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Luego, en 1998, cuando entró en vigencia el nuevo Código Penal, los diputados areneros comenzaron a proponer que se legalizara la confesión extrajudicial (que había supuesto torturas durante la dictadura), que se facultara a la PNC a detener a una persona simplemente por su aspecto y que se valorara restablecer la pena de muerte.

En 2003, el gobierno del presidente Francisco Flores logró la emisión de una Ley Antipandillas que fue rechazada por Naciones Unidas debido a que violaba los derechos humanos.

En 2005, ya con Saca como presidente, El Salvador se convirtió en el país más violento del continente. Saca había acuñado la frase “A los malacates se les acabó la fiesta”, pero su administración no hizo nada en la ruta de resolver el ya grave problema de pandillas que vivía el país. Aunque para mercadear su gobierno aseguró que tenía un “plan supermanodura”, en realidad dicho plan nunca existió.

La violencia fue creciendo y creciendo, y con ella aparecieron poco a poco dos fantasmas de la guerra civil o de los años previos a la guerra civil: las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno (incluidos los militares que auxilian en tareas de seguridad pública), y los desplazamientos poblacionales internos motivados por la violencia.

El gobierno de Sánchez Cerén optó en 2015 por meterse de lleno a una guerra con las pandillas y así la Policía Nacional Civil pasó de ser una institución que hacía cumplir la ley, a una que podía incumplir la ley en la lucha contra los pandilleros. Ese año fue de récords de violencia: un día de agosto hubo 51 homicidios.

La retórica gubernamental abonó para que los policías recibieran el mensaje de que podían resultar impunes si, bajo el pretexto de defensa o de represión a pandilleros, actuaban al margen de la ley. “Que no les tiemble la mano”, exhortó un día el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, a un grupo de graduandos de la institución que estaban a punto de incorporarse a la PNC.

El 16 de septiembre de 2016 la cuenta oficial de la PNC en Twitter emitió este mensaje.

En pocos meses, varios medios reconstruyeron y prácticamente probaron que presuntos enfrentamientos entre policías y pandilleros en realidad habían sido escenas montadas para esconder operativos de exterminio. La matanza de la finca San Blas, una de Zaragoza, una de Jucuarán y varias ocuparon los titulares de El Faro, La Prensa Gráfica y otros medios.

Factum reveló en agosto de 2017 el intercambio de información vía grupos de chat que tenían agentes policiales que se dedicaban a cazar y matar pandilleros. En teoría ese grupo estaba constituido para eso, pero Factum documentó también otras actividades como abusos sexuales y violaciones.

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador fueron presentados el pasado 14 de febrero de 2018, como la nueva Unidad Policial que sustituyó al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), que estuvo involucrado en faltas disciplinarias durante una fiesta navideña que terminó en con una agente administrativa desaparecida y un elemento activo como prófugo.
Foto FACTUM/ Bryan Avelar

En los últimos meses antes de las elecciones del 4 de marzo, los salvadoreños conocieron varios casos que mostraron cómo las mujeres policías son victimizadas dentro de la institución por sus propios compañeros hombres, en una práctica de abusos que también ha evidenciado la indulgencia de jefes hacia los abusadores, y la protección y encubrimiento que les brindan.

El caso paradigmático de esto ha sido el de la agente Carla Ayala, quien fue asesinada por uno de sus compañeros el 31 de diciembre de 2017, después de una fiesta con motivo del fin de año. El homicidio se produjo dentro de una patrulla policial y con al menos tres agentes policiales como testigos. El homicida huyó con el cuerpo de su víctima y hasta ahora la Policía no ha encontrado ni al criminal ni el cadáver.

La desnaturalización progresiva de la Policía Nacional Civil fue acompañada en paralelo por casos que también ponen en duda la calidad de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada se ha rehusado a colaborar con las autoridades civiles para tratar de esclarecer asesinatos masivos ocurridos durante la guerra civil. La Sala de lo Constitucional ya ha resuelto en dos ocasiones que el Estado Mayor y el Ministerio de la Defensa han sido responsables de encubrimiento por casos de desaparición forzosa ocurridos en Armenia, Sonsonate, y San Martín, San Salvador, cuando patrullas militares se llevaron a varios jóvenes, que nunca han aparecido.

La transformación de la Policía llegó a tal punto que sus conductores perdieron toda sensibilidad ante las víctimas de violencia en El Salvador. En 2017 la cuenta oficial de Twitter de la PNC comenzó a desagregar las cifras diarias de homicidios para destacar lo excepcional y trivializar el total de asesinatos. “Sábado 23 de septiembre de 2017. Cero homicidios en San Salvador…”, parecía sonreír la PNC en un tuit del día 24 de septiembre. El mismo tuit agregaba el dato minimizado que dimensionaba la realidad de la violencia del día previo: “40 homicidios en 23 municipios”.

La PNC comenzó a destacar desde su cuenta de Twitter la excepción en las cifras de homicidios. Además, la redacción de sus tuits parecía dar a entender que las muertes de posibles pandilleros debían tomarse como si no fueran homicidios.

Aquellas palabras de Hándal, 12 años atrás, habían terminado convertidas en premonición gracias al trabajo desde el gobierno que hicieron sus herederos de partido.

Y al involucramiento de agentes del Estado en ejecuciones extralegales, violaciones y desapariciones forzosas, la administración agregó su insensibilidad ante las víctimas de la violencia de pandillas.

El segundo gobierno del FMLN ha intentado negar o minimizar el fenómeno del desplazamiento forzado. En marzo de 2017, Fátima Ortiz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, dijo a Factum que entre las cifras de personas forzadas a salir de sus residencias por violencia de pandillas se escondía una cantidad indeterminada de personas que solo querían aprovecharse de la situación para acceder a una vivienda mejor.

Ganar elecciones: un fin, no un medio

Mientras los gobiernos de Arena se comportaron siempre como si vieran en la población simples piñones en la maquinaria de generación de riqueza para unos pocos, los del FMLN la trataron como tonta.

Arena nació en 1981 como el partido que representaba los intereses de la derecha económica salvadoreña, acosada desde finales de 1979 por una junta de gobierno que tomaba medidas desesperadas para intentar frenar la guerra. La reforma agraria y las expropiaciones correspondientes pusieron a una buena parte del sector privado en armas. Arena llegó a la presidencia de la República en 1989 y gobernó durante 20 años consecutivos.

El sentido de la existencia del FMLN como partido radicaba en que no había organización partidaria que luchara en sentido contrario al del poder tan grande que representaba Arena, que esencialmente velaba por los intereses de los ricos. Por eso, cuando el FMLN nació como partido en diciembre de 1992, sus banderas naturales fueron muy parecidas a las que enarboló como guerrilla: luchar por los más vulnerables, contra la desigualdad social, contra la impunidad, en favor de los derechos humanos, en favor de la independencia de poderes, contra el abuso de los recursos del Estado y contra la corrupción.

Hándal advertía que la gran amenaza para el partido estaba en la posibilidad de descuidar la  formación ideológica de sus cuadros y convertirse en una maquinaria meramente electorera, vacía.

Las reflexiones y debates ideológicos en el FMLN habían sido una práctica cotidiana durante la guerra y, para algunos, la siguió siendo en la era partidaria.

Uno de los dirigentes comunistas que combatió en la guerra fue Dagoberto Gutiérrez. En 1996, Gutiérrez decidió estudiar teología en una universidad de San Salvador. En una entrevista realizada en 1997, cuando el periodista le preguntó por qué un comunista ateo se metía a estudiar la ciencia sobre Dios y sus cosas, respondió: “Es que decidí buscar en el campo de la fe lo que el marxismo no ha podido responderme satisfactoriamente: ¿por qué los pobres votan por el partido de los ricos?”

En esta última campaña electoral para alcaldes y diputados los dos principales contendientes llegaron desacreditados en extremo: mientras dos tercios de la población decían que no querían que el FMLN siguiera en el gobierno, también dos tercios decían que no querían que Arena volviera al gobierno. En el caso de la competencia por la alcaldía de San Salvador, la última encuesta del Instituto Universitario de la Opinión Pública (IUDOP), de la UCA, decía que cuando a los salvadoreños se les preguntaba quién era el mejor candidato para el puesto, ocho de cada 10 respondían que ninguno. Al final, el triunfo fue para el candidato arenero Ernesto Muyshondt. Sí, aquel que entre la primera y la segunda ronda por la elección presidencial de 2014 se sentó a buscar entendimientos con las pandillas.

A esta última lucha en urnas, los dos particos llegaron con candidatos reciclados y muchos de ellos ya fracasados. Llegaron con propuestas demagógicas o carentes de sustento. U ofrecieron lo mismo que ofrecieron en la elección anterior, y que habían ofrecido en la anterior, y que vienen ofreciendo desde los años 90. O se postularon y compitieron a sabiendas de que tenían inhabilitación constitucional.

El FMLN, por ejemplo, en uno de sus anuncios explicaba por qué los salvadoreños debían elegir más diputados efemelenistas: “Porque este gobierno aumentó el salario mínimo”, decía. Y agregaba que, con más diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa, se garantizaba seguir con el aumento al salario mínimo. Demagogia pura tomando en cuenta que la revisión del salario mínimo es atribución de un consejo donde están representados el Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. Los diputados tienen prácticamente nada que hacer al respecto.

En cuanto a Arena, esta decía traer la varita mágica que permitiría terminar con la violencia: proponía al menos tres leyes en materia de seguridad pública que endurecerían el marco legal para someter a los criminales. La misma fórmula de mano dura ofrecida en campañas anteriores y fracasada una y otra vez cuando Arena gobernó el país.

El FMLN añadía la promesa de continuar con el aumento sostenido del presupuesto de Educación, quizás con la esperanza de que los salvadoreños no recordaran que lo que había ocurrido en el último gobierno era exactamente lo contrario. Aun así, el FMLN llegó al 4 de marzo con el estribillo optimista de “Vamos por más victorias”. Repetido mil veces, en redes sociales, en pauta publicitaria en los principales medios de comunicación, en concentraciones públicas, quizás ese eslogan resume mejor que cualquier otra frase el ADN actual de aquel partido que en 2005 y en boca de Schafik Hándal bosquejaba lo que andaba mal en El Salvador.

Si el primer gobierno de Mauricio Funes fue una decepción para muchos de quienes tuvieron la esperanza en el cambio, todavía cabía la posibilidad de que el error no hubiera sido tanto del partido como del gobernante, tomando en cuenta de que Funes solo se inscribió como militante del Frente para poder ser candidato.

Si el gobierno de Funes había defraudado la confianza en que empujaría la lucha contra la corrupción, cabía la posibilidad de que el partido no hubiera podido hacer más. Funes instruyó a su gabinete a gestionar ante la comunidad internacional ayuda para crear una comisión internacional contra la impunidad al estilo de la CICIG de Guatemala. Después dejó olvidado el asunto.

Aun cuando al partido podía achacársele haber tolerado a un presidente abusivo, oscuro, con alma de ponzoña e insensible ante la pobreza, la impunidad y la violencia, recibió un voto de confianza en 2014 al convertir a su candidato Sánchez Cerén en el segundo presidente efemelenista.

Y el FMLN dilapidó esa confianza y desoyó las alarmas que sonaban por todos lados. El FMLN vio en toda crítica al fantasma de Arena. Creía que toda objeción y señalamiento tenía detrás a enemigos que servían a Arena. Incluso la UCA se convirtió en sospechosa y fue vilipendiada en más de una ocasión ora por sus editoriales ora por sus estudios de opinión que señalaban yerros del gobierno o del partido…

Aquel objetivo que Medardo González había perfilado con precisión en su arenga de 2004 –“me comprometo a seguir dándole la batalla a los dueños del país y a su gobierno arenero”- quedó tan impregnado en la mente del partido que una vez que derrotó a Arena y se convirtió en gobierno, olvidó cambiar su objetivo y siguió trabajando para seguir dándole la batalla a Arena y a “los dueños del país”.

El FMLN no pudo ni acercarse hasta ahora a una de las metas que Funes trazó en su discurso de toma de posesión de 2009: “Las principales metas que tenemos son vencer la pobreza, la marginación y, sobre todo, la desesperanza”. En los últimos dos años la proporción de hogares pobres en El Salvador, en lugar de reducirse, creció. Y lo que las encuestas muestran consistentemente es que la gente tiene pocas esperanzas de que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Cada año decenas de miles de salvadoreños dejan el país en busca de una salida económica o, simplemente, tratando de burlar a la muerte que los persigue.

El FMLN ha tenido su oportunidad. Y en el país más violento del mundo, pedir paciencia a los votantes que saben que la vida se les puede apagar violentamente en cualquier momento, es un lujo incosteable. Pedir paciencia a una población que atestiguó el abuso de recursos públicos en sobresueldos, en jugosos bonos a diputados que no asistían a trabajar a la Asamblea, en viáticos a diputados que mentían sobre inexistentes misiones oficiales al extranjero, en propaganda, en sostener un ejército de centenares de asesores legislativos, en financiar con fondos públicos instituciones privadas relacionadas con legisladores… pedir paciencia para lograr el buen vivir en un país en el que los gobernantes ya lograron ese estadio, fue demasiado.

El FMLN zancadilló al país y lo hizo caer, de nuevo, en los brazos de Arena. Una Arena que tiene probada su escasa vocación democrática y su abundante vocación autoritaria. Una Arena igualmente desacreditada ante los salvadoreños, pero que es fiel a su origen y a su sentido de la existencia: responder a los intereses de los ricos.

El FMLN se zancadilló a sí mismo. Se zancadilló cuando se vació de sentido, de significado. Si el FMLN significaba la posibilidad de acabar con la corrupción, de transparentar la gestión pública, de blindar el aparato estatal ante la penetración del crimen organizado, de resolver el problema de violencia y de propiciar un salto significativo en la educación pública, ya demostró o incompetencia o mucha capacidad demagógica.

Si el FMLN tenía sentido en cuanto a que ofrecía la opción de que el Estado finalmente sirviera para lo que dice el artículo 1 de la Constitución, ya demostró que o no tenía compromiso alguno con eso o que se extravió en el camino. “El Estado está organizado para la consecución del bien común”, es lo que establece la Constitución en su inicio.

Ahora el péndulo de la alternancia parece viajar ya hacia Arena… pero esta vez, ojo, en el camino aparece alguien que quiere interceptarlo entre los dos partidos con más adeptos.

El domingo 4 de marzo no fue el epílogo del libro llamado FMLN. Podría serlo si no toma pronto decisiones difíciles. Como, por ejemplo, reconocer todos sus errores. Reconocerlos en público. Y esos errores incluyen identificar con nombre y apellido a aquellos que defraudaron la esperanza de quienes lo llevaron al poder con la convicción de que por fin un gobierno iba a hacer las cosas diferentes. Solo dañará más su credibilidad si un día nos enteramos de que el funcionario X ya no está en su cargo y la única explicación que nos den sea que “renunció por razones personales”. Si el FMLN revisa los últimos nueve años de gestión pública, encontrará decenas de pistas de casos dignos de autopsia para sacar conclusiones sobre graves conflictos de interés, sobre negociaciones oscuras, sobre pactos ilegítimos e ilegales, sobre corrupción, sobre encubrimiento de crímenes de lesa humanidad…

El FMLN podría optar por la actitud de Arena, que ha sido incapaz de pedir disculpas o de reconocer errores monumentales. Por ejemplo, el partido de derechas guarda silencio sobre el millonario desvío de fondos donados por Taiwán que estaban destinados a ayudar a las víctimas de los terremotos y a tareas de seguridad pública, pero que el gobierno de Francisco Flores canalizó al partido para la campaña presidencial de 2004.

El domingo 4 de marzo el FMLN fue abofeteado hasta el nocaut por los salvadoreños. Pero es importante que sobreviva a la golpiza. La paliza ha sido un primer paso en el camino correcto. El Salvador no necesita -ni soportaría más- dos partidos esencialmente iguales. Rubén Zamora, el primer candidato presidencial del FMLN, en 1994, lo ha dicho bien: “Arena y el FMLN son la imagen invertida del otro que se refleja en el espejo”. Para las necesidades de la mayoría de salvadoreños, son esencialmente lo mismo. Por eso a la gente le da igual quitarle poder. Tal vez aprende la lección y rectifica. Tal vez.

Hoy en el FMLN ya no están algunos de los principales protagonistas de esta historia de implosión. Funes, que cuando se convirtió en candidato dijo que ya no quería ser solo espectador del drama del país, hoy es comentarista del drama del país desde su autoexilio en Nicaragua.

El presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortíz en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en San Salvador, El Salvador, el 22 de Octubre de 2017, donde celebraron el 37 Aniversario del FMLN.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Hándal, no es cierto, no sigue a la par de los efemelenistas de hoy, como decía la propaganda en esta campaña. El FMLN, en uno de sus anuncios para pedir el voto, ensalzaba al ya fallecido político y sostenía que aunque ya había muerto, este continuaba caminando a la par de sus herederos. Demagogia. Si Schafik Hándal estuviera vivo, iría caminando en sentido contrario al que ha traído su partido.

En su discurso de diciembre de 2005, Hándal recriminaba a los gobiernos de Arena el pisoteo a la Constitución. Pero mucho de lo que señaló aquella vez bien podría dedicarlo hoy a su partido. O a lo que queda de su partido. Al exFMLN, pues: “No hay Constitución. Hay voluntad arbitraria. Hay el yo quiero, el yo digo, el yo impongo”. Hándal había advertido del divorcio entre discurso y práctica. “Hacer un homenaje cada año a la Constitución no corrige nada de esto”. Hándal había descrito qué era, para el partido Arena y para los gobiernos de Arena, la Constitución de la República: “La Constitución es un cadáver insepulto apuñalado que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle homenaje en el Día de la Constitución”. Lo último que dijo ese día fue esto: “Yo desafío a que me sean rebatidas todas estas verdades”.


En diciembre de 2005, con motivo de celebrarse el Día de la Constitución, el jefe de los diputados del FMLN, Schafik Hándal, enumeró ante la Asamblea Legislativa los atropellos a la Constitución de la República que, según él, cometían los gobiernos del partido Arena.

El FMLN perdió porque dejó de existir. Perdió porque dejó de significar. Dejó de significar lo que los salvadoreños creían que significaba cuando en 1994 le dieron sus primeros 21 escaños legislativos y lo que aún significaba cuando llevaron a Funes a la presidencia.

Hoy el FMLN es cuatro siglas que parpadean con cegadoras lucecitas de colores neón. Que se dice revolucionario y que adopta como eslogan de campaña “Vamos por más victorias”. Que quiere seducirnos con un estribillo que anuncia que “Ahí viene ella”. El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción.

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