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Policías ligados a grupo de exterminio quedan en libertad

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El plazo de setenta y dos horas de la detención administrativa para cuatro policías miembros de la Fuerza Especial de Reacción El Salvador (FES) terminó el sábado 26 de agosto. Desde entonces, los cuatro señalados por una investigación periodística de Factum como autores de ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales contra adolescentes y extorsión están libertad, están en libertad, según confirmaron la Fiscalía y la Policía este lunes por la mañana. Las investigaciones administrativas policiales siguen su curso, mientras que la Fiscalía, pese a contar desde hace varios meses con las declaraciones de un testigo protegido clave en este caso, aún no notifica de sus avances. 

Foto FACTUM/Archivo


Cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que integran uno de los grupos de la FES, incluido un cabo, quedaron en libertad luego de cumplirse un plazo de setenta y dos horas que duró la detención administrativa a la que fueron sometidos como parte de un procedimiento policial de rutina, luego de la publicación del reportaje “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, de Revista Factum. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó este lunes 4 de septiembre, por la mañana, que los policías con los indicativos Shenlong, Perry, Mowgli y Lico (el líder) están en libertad, aunque continúan bajo investigación de parte de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación de Factum determinó que los nombres de dos de esos agentes son Bladimir de Jesús Flores Ávalos, Orden Númerico Institucional (ONI) 27791, y José Roberto Ventura Gámez, ONI 27518, y que los apellidos del oficial al mando de esa unidad de la FES señalada son Díaz Lico.

Factum determinó que el grupo de Díaz Lico fue el autor de tres homicidios, dos agresiones sexuales, robos y al menos una extorsión.

Por ahora, esos policías no están presos; están, dice un alto oficial de la PNC, haciendo “trabajo de escritorio”, e incluso han gozado de la licencia que por ley les corresponde. Y, por ahora, las explicaciones de las autoridades siguen sin ser claras respecto a los próximos pasos que tomarán las investigaciones que dicen tener abiertas sobre estos hechos.

El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, subdirector de áreas especializadas de la PNC, confirmó las declaraciones del fiscal general e indicó que las detenciones administrativas se ejecutaron horas después de la publicación de Factum. El reportaje fue presentado el martes 22 de agosto por la noche. El miércoles 23 a las 6 de la mañana, comentó Arriaza Chicas, los cuatro agentes fueron detenidos. Y recuperaron su libertad el sábado 26 a las 6 de la mañana.

“(La detención administrativa) es una figura que se aplica cuando sobre cualquier miembro de la institución hay indicios de que cometió un delito. Se aplica esa medida para poder aislarlo del entorno y para resguardar cualquier accesorio que pueda servir para la investigación, ya sea administrativa o penal. ¿Qué otras medidas administrativas se han tomado? Ellos ya no están saliendo a la calle, ellos están desarrollando labores administrativas, servicios internos de la base de la FES, por disposición del director (Howard Cotto) y de mi persona”, dijo Arriaza Chicas.

Esta revista ha determinado que agentes de la FES participaron en tres homicidios, dos agresiones sexuales y al menos una extorsión. Foto FACTUM/Archivo

El comisionado indicó que se notificó de la detención a la oficina de la FGR en Apopa. El fiscal general confirmó que la notificación policial llegó al despacho de Apopa, pese a que la respuesta de la unidad de comunicaciones de la FGR, al viernes 25 de agosto, fue que a ninguna unidad de la Fiscalía había llegado dicha notificación, por lo que se desconocía si la información de la detención administrativa, dada por el director de la PNC, Howard Cotto, podía ser verificada.

Arriaza Chicas comentó que en días pasados la FGR le giró la instrucción a la unidad de asuntos internos de la PNC de que abra una investigación por los hechos delictivos mencionados en el reportaje. El subdirector de las áreas especializadas de la Policía aseguró que también se notificó, el mismo día del arresto, el 23 de agosto, a la Inspectoría General de Seguridad Pública. “Porque también (la inspectoría) es la que tiene que direccionar qué hacer en este caso. Es similar: así como Fiscalía direcciona en lo penal, la Inspectoría de Seguridad Pública direcciona en la investigación administrativa”, comentó el comisionado policial.

El fiscal general reiteró que existe una investigación penal contra los cuatro agentes policiales. A Meléndez se le cuestionó por qué la FGR no ha acelerado sus indagaciones precisamente si cuenta desde hace tres meses con el testimonio de una persona que participó con los agentes de la FES en los crímenes que se les atribuyen.

“Sí, claro, pero recuerde que nosotros a un testigo protegido lo podemos tener seis meses, un testigo protegido lo hemos tenido hasta un año para hacer las investigaciones. Porque vamos corroborando situaciones, vamos corroborando hechos, delitos. Eso es así. El testigo así se estaba manejando, pero no podemos en dos meses, tres meses, llevar los casos hacia su finalización o las investigaciones. Tenemos casos en este momento fuertes, verdad, relacionados. Hemos sacado algunos casos de procedimientos donde se ha extralimitado la Policía. Tenemos otras investigaciones sobre eso también, pero también hay casos de investigaciones donde hay supuestos actos de exterminio”, dijo Meléndez.

Amenazas

El jefe de la Fiscalía también informó que la investigación busca verificar la existencia de “estructuras” de exterminio dentro de la PNC, y aseguró que, por otro lado, se ha abierto una investigación para dar con los responsables de las amenazas que se han proferido contra periodistas de Factum y del periódico El Faro tras la publicación sobre el grupo de exterminio de la FES. El fiscal comentó que atendió el llamado de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, para iniciar una investigación de oficio sobre las amenazas contra periodistas.

El mismo sábado 23 de agosto, cuando los cuatro agentes fueron liberados desde las 6 de la mañana y se les dio licencia para regresar a sus casas, a las oficinas de la Revista Factum llegaron, alrededor de las 2 de la tarde, cuatro hombres en un microbús azul con placas particulares a preguntar por los periodistas del medio y sus horarios. Dijeron que eran delegados de la Procuraduría de para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Se llamó a la PDDH para confirmar si se trataba de su personal, pero la respuesta fue que la procuraduría no había enviado a ningún delegado a la revista y que, en todo caso, ellos se transportan en vehículos con el distintivo de la PDDH y con placas nacionales.

El lunes, mientras los cuatro agentes continuaban con licencia (el comisionado Arriaza Chicas comentó que estos agentes pasan cinco días en servicio y cinco días con licencia), a las oficinas de Factum y de El Faro siguieron llegando personas desconocidas a preguntar por los periodistas. Organizaciones internacionales por la libertad de prensa, por los derechos humanos y por la protección a periodistas se han pronunciado y han exigido al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén que garantice la seguridad integral de los periodistas de estos dos medios de comunicación.

Los hechos atribuidos al grupo de Díaz Lico

El 14 de febrero de este año, el grupo de Díaz Lico participó en la ejecución de Iván Benjamín Cárcamo Caballero, un hombre de 29 años, de alias Bam Bam e identificado por la Policía como miembro del Barrio 18 Revolucionarios. Otras dos ejecuciones ocurrieron el pasado 3 de marzo.

El día 16 de enero de 2017, una víctima, identificada con nombre clave 385 en un proceso judicial abierto en San Miguel, fue extorsionada a través de una página de Facebook llamada Grupo de Exterminio de Pandilleros de El Salvador, que era utilizada por el grupo de Díaz Lico para compartir información sobre su propia actividad y la de otros policías.

Este mismo grupo cometió dos agresiones sexuales contra dos menores de edad en Aguilares, al norte de San Salvador, a principios de marzo de este año.

Factum basó su publicación en una investigación de tres meses que incluyó varias horas de entrevistas con un testigo protegido de la Fiscalía que colaboró con los policías para localizar pandilleros y ejecutarlos.

Los testimonios de Rastreador fueron corroborados por esta revista en los lugares en que ocurrieron los hechos reportados, para lo que se contó además con documentación, evidencias, otros testigos y haber podido tener acceso a un chat de Whatsapp integrado por decenas de policías de varias divisiones en el que el denominador común era la cacería de pandilleros, vivos o muertos, y el montaje de escenas de enfrentamientos armados con pandilleros.

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