Patrick Leahy, demócrata por el estado de Vermont, lanzó una advertencia ayer desde el senado estadounidense: los líderes guatemaltecos “deberán buscar apoyo en otro lado” si intentan obstaculizar al comisionado Iván Velásquez o a la fiscal Thelma Aldana.
Foto Flickr/Senador Patrick Leahy en el Mall de Washington, DC. Licencia Creative Commons.
El senador Patrick Leahy se tomó un tiempo ayer para advertir que los fondos que el Congreso debe desembolsar a Guatemala, en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, dependen en gran medida de que el mandatario guatemalteco Jimmy Morales no retire su apoyo a la CICIG y al Ministerio Público (MP).
“Si los líderes de Guatemala apoyan a Thelma Aldana (fiscal general) y a Iván Velásquez (comisionado jefe de CICIG… haremos nuestra parte apoyando la Alianza para la Prosperidad. Pero si hay intentos por socavar o acortar el trabajo de estos dos excepcionales funcionarios, entonces los líderes de Guatemala deberán buscar apoyo en otro lado”, escribió Leahy un pronunciamiento publicado en su página web oficial.
El colombiano Iván Velásquez, comisionado de CICIG, y la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, durante la conferencia de prensa en que revelaron que el caso conocido como La Línea salpicaba al expresidente Pérez Molina. Foto de FACTUM/Archivo.
En el comunicado, de 11 párrafos, Leahy se refiere a amenazas recientes denunciadas por Velásquez y Aldana, así como a la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales, a cuyo hijo MP y CICIG han investigado, intente deshacerse del comisionado.
“(Ambos) han recibido amenazas anónimas en intentos por intimidarlos, y hay preocupación de que el Presidente Morales se oponga a la renovación del nombramiento de Velásquez -cuyo periodo culmina en septiembre-, o que pida al Secretario General de Naciones Unidas que lo remueva”, advierte el senador por Vermont.
Morales, entre otras cosas, ha dado por válidas voces que en Guatemala han acusado a CICIG de orquestar un golpe de Estado. Un argumento similar han utilizado funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén y del gobernante FMLN para desechar la presencia de una comisión internacional anticorrupción en El Salvador.
Sin mencionarlos explícitamente, Leahy se refiere también a los empresarios privados guatemaltecos agremiados en el CACIF (el consorcio empresarial más poderoso del país), algunos de los cuales también han cabildeado en privado para acortar el mandato de Velásquez al frente de CICIG y el de Aldana frente al MP.
A ellos, los detractores de fiscal y comisionado, Leahy se refiere así: “Es posible incluso que en algunos casos los investigados sean altos oficiales del gobierno, miembros de sus familias u otros con riqueza y poder que durante mucho tiempo han evadido a la justicia”.
La advertencia de Leahy se suma a muestras de apoyo recientes hechas por varios representantes de la Cámara Baja estadounidense, republicanos y demócratas, a CICIG, el MP guatemalteco y a los fiscales de El Salvador y Honduras.
Desde los días de la administración Obama, en Washington persiste la idea de que los Estados nacionales de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica son incapaces de, por sí solos, combatir la corrupción y la impunidad, males a los que el Departamento de Estado lista entre los principales problemas de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala, durante su toma de posesión en enero de 2016. Foto de la Presidencia de El Salvador, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.
En 2014, tras el aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes del Triángulo Norte, Obama comisionó a su vicepresidente, Joe Biden, para que coordinara acciones anticorrupción con los tres gobiernos centroamericanos. De ahí surgió la Alianza para la Prosperidad.
A partir de ahí, el senado aprobó poco más de 750 millones de dólares para financiar la Alianza, cuyo objetivo último es frenar los flujos migratorios mediante, entre otras cosas, el combate a la corrupción. Los desembolsos de ese dinero dependen en buena medida de la aprobación del comité de Apropiaciones del Senado, del que Leahy es el segundo al mando.
El peso de la palabra de Leahy
Es común escuchar entre los diplomáticos centroamericanos destacados en Washington que Patrick Leahy puede ser el más poderoso de los aliados estadounidenses en el Congreso, pero también puede ser el opositor más feroz de gobiernos que no muestran avances en materias como respeto a los derechos humanos, transparencia y, en los últimos años, combate a la corrupción.
Leahy ha sido, en el Senado, uno de los apoyos más importantes a CICIG, pero también a MACCIH, el mecanismo internacional auspiciado por la OEA para combatir la corrupción en Honduras. Antes de eso, el senador demócrata apoyó el bloqueo de fondos de la Corporación del Milenio a Tegucigalpa por falta de esfuerzos anticorrupción.
El senador también ha advertido a El Salvador. Durante la administración de Mauricio Funes, hoy investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción, Leahy cuestionó el compromiso del expresidente para combatir prácticas corruptas y lavado de dinero.
En estos días, y tras la llegada de Donald Trump y su administración al mando el Ejecutivo estadounidense, hay en Washington una sensación de que la política exterior hacia Centroamérica se dicta desde el Congreso, debido sobre todo a la falta de nombramientos en las oficinas que coordinan la relación con América Latina en el Departamento de Estado (DOS, en inglés).
“Por ahora, los únicos que hacen política exterior hacia Centroamérica son (John) Kelly (secretario de seguridad nacional) y (William) Brownfield (secretario adjunto antinarcóticos del DOS), pero ninguno de ellos se enfoca solo en eso… Hay un vacío por ahora, que están llenando los que tienen tiempo siguiendo a estos países (en el Congreso)”, dijo a Factum un funcionario legislativo en Washington.
En ese escenario, Leahy es uno de los políticos más influyentes en la Cámara Alta, y acaso el referente más importante, entre demócratas y republicanos, respecto a Centroamérica. De ahí llega la advertencia a quienes, en Guatemala, no quieren más CICIG.
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