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Periodista denuncia acoso tras demanda de empresario Enrique Rais

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Héctor Silva Ávalos asegura que, pese a ser una demanda entre particulares, se usó a una unidad policial -y un oficial cuestionado- para su ubicación. El IDHUCA, que apoya la defensa del periodista, asegura que la demanda busca atentar contra la libertad de información. Los abogados de Rais insisten en negar que el vínculo entre el empresario y el exfiscal Martínez influyera en procesos judiciales a favor de Rais, pese a la condena del TEG contra el exfiscal por “vender justicia”.


El periodista Héctor Silva Ávalos, Co-Director de Revista Factum, denunció este jueves una serie de actos intimidatorios y de acoso en su contra, después de que el empresario Enrique Rais emprendiera una demanda civil en su contra por los delitos de calumnia y difamación.

Silva Ávalos dijo que durante la etapa previa a la audiencia de intimación, que se realizó el 11 de agosto en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, han ocurrido hechos que le “llaman a estar alerta”, entre los que destacó la visita por parte de uno de los abogados a la casa de su madre con la excusa de ir a “notificarlo”, cuando la ley no lo faculta para realizar esta acción, y la colaboración de la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en este caso.

La demanda de Rais contra el periodista Silva Ávalos, interpuesta el pasado 15 de abril de 2016, intenta que este se retracte de lo escrito en el artículo periodístico “Se deshace el castillo de naipes”, publicado en Factum el 18 de marzo porque, según sus abogados, el empresario no tiene que ver con los señalamientos que se le hacen en ese texto.

El artículo firmado por Silva Ávalos mostró una serie de favores entre el ex fiscal general Luis Martínez y el empresario Rais. En los tribunales, mientras tanto, todos los casos en contra del empresario se cayeron durante el período en que Martínez dirigía la Fiscalía, a diferencia de aquellos en los que Rais tenía calidad de víctima, que sí prosperaron. En ese texto, el periodista citó varias investigaciones previas con fuentes documentales y orales.

Para el periodista Silva Ávalos, según declaró al salir de la audiencia intimatoria –a la que Rais no llegó–, esta demanda es un acto de intimidación y una amenaza contra la libertad de expresión y el periodismo. “El Salvador necesita un periodismo valiente, y con esto este señor está tratando de intimidar”, dijo el periodista.

Arnau Baulenas, el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” (IDHUCA), quien también apoya como asesor no letrado la defensa de Silva Ávalos, calificó la demanda de “ataque”.

“Durante muchos años no hemos podido ejercer este derecho (de información) y no puede ser que en el siglo XXI el poder económico siga privando de ejercer este derecho. Por lo tanto insisto que este caso no es entre particulares sino entre un señor que tiene mucho poder económico y un periodista y contra todo el periodismo”, dijo el representante del IDHUCA.

Baulenas además explicó que la institución que representa no litiga en cualquier caso sino en casos en que los derechos humanos se ven amenazados y que el resultado de estos puede generar efectos a nivel nacional. “El resultado (de este caso) no va a dejar un beneficio solo para la persona que estamos defendiendo sino que va a contribuir a negociar ciertas conductas que pueden pasar a nivel nacional”, dijo el abogado.

Dos de los abogados defensores del empresario Enrique Rais, David Campos (izquierda) y Hernán Cortéz, esperan afuera de la Sala de Audiencias del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Dos de los abogados defensores del empresario Enrique Rais, David Campos (izquierda) y Hernán Cortéz, esperan afuera de la Sala de Audiencias del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Los abogados de Rais rechazaron que existan conflictos de intereses en la relación Martínez-Rais, y agregaron que los canadienses Matteo Pascual y Franco Pacetti, a quienes Rais acusa de extorsión, nunca fueron sus socios en la empresa de economía mixta MIDES. También niegan que el empresario haya enviado emisarios al despacho del nuevo fiscal general Douglas Meléndez para ofrecerle los mismos tratos que tenía con el exfiscal Martínez. Por esto último añadieron a la demanda el delito de difamación.

“Uno de los mas graves señalamientos que ha cometido el periodista en esa publicación es la complicidad entre el señor Luis Martínez y el señor Enrique Rais para torcer los casos a su favor. Eso no es cierto, el sistema ha funcionado y hay cantidad de fiscales que han participado en los casos que actuaron de manera independiente y de manera objetiva”, dijo José Campos, uno de los tres abogados que Rais ha contratado para este caso.

Este conflicto de interés, sin embargo, no ha sido señalado solo por las publicaciones de Factum. El 14 de julio de este año, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, brindó una conferencia de prensa para anunciar una sanción contra ex fiscal Luis Martínez por haber “vendido justicia” al empresario Enrique Rais.

“Está probado. Lo favorecía en todo caso”, dijo el vocero de la institución estatal que investigó un listado de viajes realizados por el ex fiscal Martínez en jets privados de Rais. “Algunos (casos en contra de Rais) los archivó, no los judicializó, y para los que sí llevó hasta los tribunales pidió sobreseimiento definitivo”, dijo Posada.

“El señor Luis Martínez hizo alrededor de una docena de viajes al exterior, todos como invitado del señor que tiene investigaciones o tenía investigaciones abiertas en la propia fiscalía. Fue a Estados Unidos, a México, Honduras, Costa Rica, a Panamá, solo, acompañado con el señor Rais o con su esposa (de Martínez)”, señaló el presidente del TEG.

Estos mismos viajes que evidencian un conflicto de interés, según el TEG, y que hoy son negados por los abogados, ya fueron aceptados públicamente por Rais. El 27 de abril de este año, Rais convocó a una conferencia de prensa para intentar negar otra publicación de Factum en la que se reveló, con documentos públicos estadounidenses, que dos de sus aeronaves fueron retenidas después de que dos perros antinarcóticos del condado de Martin, en Florida, encontraran rastros de narcóticos en ellos.

En esa ocasión, Rais habló con Factum y confirmó que el ex fiscal Luis Martínez ha viajado en sus aviones. Aunque en un principio aseguró que los préstamos de sus aviones eran para “contribuir con la investigación” contra los canadienses, finalmente aceptó que el ex funcionario también realizó viajes de placer en sus aeronaves, como un viaje para la boda de su hija. “Existe una relación muy cordial con el ex fiscal”, dijo el empresario en esa ocasión.

Al recordarles estos hechos –la sentencia del TEG sumada a las declaraciones de Rais–, los abogados del empresario dijeron en una breve plática con Factum que “cualquier ciudadano puede prestar sus recursos para una investigación”, y al señalarle los viajes de placer se limitaron a añadir que “eso no tiene que ver”.

El pasado miércoles 10 de agosto, Silva Ávalos atendió una entrevista en el programa televisivo “Debate con Nacho” en la que  habló extensamente acerca de la demanda interpuesta por Rais. Recibió, además, consultas de los televidentes a través de redes sociales. En una de ellas, un televidente le preguntó acerca del uso de fuentes anónimas en publicaciones periodísticas. “Acudir a fuentes anónimas es un recurso perfectamente válido y lícito en el periodismo. No lo digo yo; lo dice la historia del periodismo […]. Lo que no es correcto es basar una publicación exclusivamente en eso. Todas las publicaciones de Factum y, en este caso en particular, están basadas en fuentes de todo tipo: anónimas y nombradas; fuentes documentales, documentos oficiales públicos de El Salvador y los Estados Unidos”, respondió al respecto Silva Ávalos, quien además aseguró que tiene pruebas de todo lo publicado y que no se retracta de nada de lo escrito.

El juzgado y la ubicación policial

Previo a la publicación “Se deshace el castillo de naipes”, el periodista Silva Ávalos hizo una solicitud a los abogados de Rais para que dieran su posición sobre los hechos a publicar; sin embargo, estos no respondieron. Días después de publicada la nota, el empresario, a través de sus apoderados, envió una solicitud de “derecho de respuesta” a Factum. Esta solicitud era un texto en el que Rais decía que todo lo publicado era mentira.

El Juez de Sentencia de Santa Tecla, Delfino Parrilla, leyendo durante la Audiencia de Notificación Judicial para el Director de Revista FACTUM, Héctor Silva Avalos, el Jueves, 11 de Agosto de 2016. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El Juez de Sentencia de Santa Tecla, Delfino Parrilla, leyendo durante la Audiencia de Notificación Judicial para el director de Revista FACTUM, Héctor Silva Avalos, el jueves 11 de agosto de 2016. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Luego de analizar la solicitud, Silva Ávalos asegura que no aceptó publicar íntegro el documento que le hicieron llegar, sino que respondió a Rais pidiéndole una entrevista en la que tendría la oportunidad de explicar la situación. Los abogados ya no contestaron los correos electrónicos, y semanas más tarde entablaron una demanda contra el periodista.

Según explicó Bertha María Deleón, abogada defensora de Silva Ávalos, los abogados de Rais sabían desde un principio que el periodista no reside en el país, sino en Washinton, Estados Unidos, por lo que buscaron presentar el caso ante un juzgado geográficamente competente y optaron por el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla.

Sin embargo, ni Revista Factum, ni el periodista Silva Ávalos ni Rais tienen residencia en dicho municipio. A sabiendas de esto, los abogados de Rais intentaron argumentar su decisión de la siguiente forma: dijeron que, si bien ninguna de las partes de este caso tiene arraigo en Santa Tecla, El Faro, La Prensa Gráfica y Diario1 –tres periódicos donde se han publicado artículos “similares”– tienen jurisdicción en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, y que por tanto el caso debía ser llevado por un tribunal cercano a ellos.

Inmediatamente después de que el tribunal aceptara la demanda, este le brindó a los abogados de Rais un beneficio de “auxilio legal”, ya que estos dijeron que no habían podido localizar al periodista. Según consta en el proceso, esta ayuda consistió en que el juez giró oficios a distintas instituciones del Estado para que ayudaran a localizar a Silva Ávalos.

Una de las instituciones consultadas por el tribunal fue el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), oficina que brindó la dirección señalada en el Documento Único de Identidad (DUI) del periodista, que fue establecida cuando él aún residía en el país.

De acuerdo con lo señalado por Silva Ávalos en una conferencia de prensa ofrecida ayer en la UCA, luego de la audiencia de intimación, los abogados también acudieron a la Policía mediante la División Central de Investigaciones (DCI) para lograr localizarlo, algo que, según él, no deja de levantarle sospecha.

“No deja de preocuparme que uno de los auxilios judiciales que le dio el juez a los abogados del señor Rais fue pedir a la PNC, específicamente al subcomisionado Fausto Carranza Noyola, que me ubicara (…), a lo que él les respondió dándoles tres direcciones en las que, efectivamente, en algún tiempo viví”, dijo el periodista.

El periodista y Director de Revista FACTUM, Héctor Silva Avalos, acompañado de sus abogados defensores, Arnau Baulenas (izquierda) y Bertha de León, dan declaraciones a la prensa al final de la Audiencia en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, el Jueves, 11 de Agosto de 2016. Silva ha sido demandado por difamación por el empresario Enrique Rais. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El periodista y Director de Revista FACTUM, Héctor Silva Avalos, acompañado de sus abogados defensores, Arnau Baulenas (izquierda) y Bertha de León, dan declaraciones a la prensa al final de la Audiencia en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, el jueves 11 de Agosto de 2016. Silva ha sido demandado por difamación por el empresario Enrique Rais. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Según Silva Ávalos, esta “ayuda” de la DCI le resulta sospechosa porque Noyola “ha aparecido nombrado en investigaciones que tienen que ver con casos importantes de crimen organizado y narcotráfico”, mismas que él reveló en su libro “Infiltrados”, que trata sobre corrupción en la PNC.

“Este es un proceso entre particulares; no un proceso de acción pública. La Fiscalía no tiene parte. Yo no tengo ningún antecedente policial ni criminal. Lo que tengo son veinte años de carrera periodística, pero han pedido al jefe de la División que se encarga de investigar a los criminales de El Salvador que me ubique. ¿Por qué me preocupa? Porque creo que aquí ya hay un indicio de que estos acusadores están nuevamente intentando utilizar al Estado para ejercer acciones de intimidación”, señaló Silva Ávalos.

Ante estas dudas y por considerar que no se cumplió con la ley al serle asignado el caso al tribunal de Sentencia de Santa Tecla, Bertha María Deleón, abogada de Silva Ávalos, anunció que la próxima semana pedirá al juez que se declare incompetente para que el proceso le sea asignado a otro juzgado.

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