Helen Mack es hermana de Myrna Mack, una antropóloga social guatemalteca que fue asesinada en 1990 tras una operación clandestina de la inteligencia del Estado. Desde entonces, Helen no ha parado en la búsqueda de justicia y verdad por el asesinato de su hermana. Y lo logró. Su cruzada se convirtió en una búsqueda de justicia para todos los crímenes del pasado en Guatemala. Factum habló con ella sobre los acontecimientos recientes en su país: el desmantelamiento de una red de defraudación aduanera vinculada a la vicepresidenta Roxana Baldetti, las protestas ciudadanas exigiendo la renuncia el presidente Otto Pérez Molina, la reciente renovación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la posibilidad de emprender iniciativas similares en El Salvador y Guatemala. Helen Mack no duda en decir que los guatemaltecos están hartos de la “corrupción descarada” del gobierno de Pérez Molina. Cree, además, que para que un modelo como CICIG funcione la única fórmula es que haya voluntad política de hacerla funcionar. Estas son algunas de sus respuestas.
“La CICIG está hecha para que pueda establecerse de acuerdo a las condiciones políticas de cada país y de acuerdo a las leyes de cada país, siempre y cuando haya voluntad política de querer combatir el crimen organizado.”
¿Cree que la decisión de última hora del presidente Pérez Molina de prorrogar CICIG obedeció a presiones, tanto internacionales como internas?
Efectivamente. Los mensajes que el presidente Pérez Molina había estado dando desde principio de año era que no renovaría la CICIG, ya que a su criterio consideraba que Guatemala estaba preparada para enfrentar los problemas de justicia y que no necesitaba de la CICIG. En caso de renovarla, decía que cambiaría el mandato y la circunscribiría únicamente a traslado de capacidades.
A raíz de la investigación que hiciera CICIG sobre la defraudación aduanera, en un caso que vincula directamente al secretario privado de la vicepresidenta, y que otro sindicado, el teniente Jerez, acusado de defraudación aduanera en 1996 y jefe de la estructura externa, dijera que había tenido una reunión con el presidente, además de todo el rechazo de la ciudadanía, fue que al presidente Pérez Molina se le acabó el margen de negociación.
“La evaluación de la CICIG no depende solo de los casos, de los comisionados por periodos, depende de la colaboración y voluntad política del Estado en combatir estas estructuras ilegales.”
Para tratar de minimizar los reclamos de la ciudadanía contra la corrupción es que el presidente prorroga el mandato de la CICIG. El rechazo de la población ha sido producto del hartazgo acumulado que los ciudadanos tenemos de la corrupción descarada que este Gobierno ha tenido. De esa cuenta es que igualmente el Gobierno de Estados Unidos es que pone como condición para el Plan de Prosperidad la prórroga del mandato sin ningún cambio en cuanto a objetivos, funciones y tiempo del convenio firmado entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.
¿Cómo se explica que Otto Pérez Molina lo haya hecho a pesar del riesgo político que para él implica la investigación al círculo inmediato de la vicepresidenta?
Por el rechazo de los ciudadanos ante la evidencia de la corrupción en la defraudación aduanera, la poca transparencia de la vicepresidenta y del presidente en dar las explicaciones y el imaginario de presiones de otros involucrados cercanos al mismo presidente y vicepresidenta.
En estos casos, siempre “los involucrados tienen un seguro en caso de que caigan”. Puede ser esa la razón. Pero como dije anteriormente, ya no tiene margen de negociación.
Tanto el presidente como otros críticos de CICIG dicen que la comisión falló en el objetivo de robustecer las instituciones guatemaltecas, ¿cuál es su opinión al respecto?
No es cierto. La metodología de la CICIG es trabajar hombro con hombro con los fiscales del Ministerio Público y las otras instituciones del sector Justicia. Gracias a la CICIG, el primer comisionado logró ejecutar lo básico de la ley del crimen organizado, para que tanto el MP, PNC, Órgano Judicial y sistema penitenciario tengan los instrumentos necesarios para combatir estas estructuras. De esa cuenta se logró establecer la Unidad de Métodos Especiales, la Unidad de Análisis, el uso del colaborador eficaz, los tribunales de alto riesgo, el que los reos o testigos puedan declarar a través de vídeo conferencias, entre otras. Hay más iniciativas planteadas en el legislativo, en donde los congresistas las han engavetado, como por ejemplo la ley de amparo, el secreto bancario, reformas a la ley orgánica del MP y otras.
La evaluación de la CICIG no depende solo de los casos, de los comisionados por periodos, depende de la colaboración y voluntad política del Estado en combatir estas estructuras ilegales.
Casos como la red del sistema penitenciario, liderada por el ex capitán Byron Lima, que mantiene el control de las cárceles y algunos jueces, el caso de la defraudación aduanera, la captura de uno de los narcotraficantes más poderosos de Guatemala, eso no lo hubiesen podido hacer las instituciones del Estado si no hubiese sido con la cooperación de la CICIG.
¿Qué tanto ha avanzado Guatemala desde que llegó CICIG? Desde afuera, observadores destacan las bajas en los homicidios y la persecución de crímenes del pasado y del crimen organizado actual.
La baja de la tasa de homicidios es producto de los instrumentos y la aplicación de la ley del crimen organizado como he dicho. En materia de crímenes del pasado, fue la labor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, para quien todos somos iguales ante la ley, y las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado tenemos tanto derecho como las víctimas de crímenes del presente. Esa independencia y autonomía que manejó la doctora Paz y Paz fue lo que ocasionó su salida prematura.
¿Cree que CICIG es un modelo exportable a Honduras y El Salvador?
La CICIG está hecha para que pueda establecerse de acuerdo a las condiciones políticas de cada país y de acuerdo a las leyes de cada país, siempre y cuando haya voluntad política de querer combatir el crimen organizado que utiliza la violencia, la corrupción y la obstrucción de justicia para alcanzar sus objetivos.
Entiendo que un nuevo juicio contra Ríos Montt está programado para 2017. ¿Cree que Guatemala estará lista esta vez?
Será difícil. La estrategia del Partido Patriota, que gobierna ahora con un pacto político con el Partido Líder, fue nombrar a las autoridades judiciales y garantizar la impunidad. De acuerdo a nuestros análisis, creemos que este pacto de impunidad abarca tres grandes áreas: violaciones a derechos humanos del pasado, todo lo que tiene que ver con extracción de recursos naturales y todo lo que tiene que ver con los “grupos emergentes”, es decir, desde actividades del crimen organizado, pasando por la corrupción de diputados y funcionarios públicos, contratistas del Estado que se enriquecen del erario público.
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