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“Pediremos al Congreso que condicione la ayuda”

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Jimmy Hoffa Jr, el máximo jefe de uno de los sindicatos con más influencia política en los Estados Unidos, habló con Factum en su despacho, ubicado a pocos metros del Capitolio, en el corazón de Washington, DC. El líder sindical adelantó que pedirán al Congreso y a la administración de Barack Obama que ponga candados a la ayuda de un mil millones de dólares que ha pedido al Legislativo para atender problemas de violencia e inseguridad en el Triángulo Norte de Centro América.

Pediremos al Congreso y a la administración que cualquier ayuda adicional a El Salvador se condicione al progreso en este y otros casos de violaciones a los derechos humanos. Terminar con la impunidad es un indicador claro de que un país está comprometido con el estado de derecho”, dice Hoffa.

En esta entrevista, parte de la cual se realizó vía correo electrónico, el sindicalista revela que los Teamsters empezaron a sospechar que el asesinato de Gilberto Soto había sido una ejecución perpetrada por escuadrones de la muerte cuando el gobierno de Antonio Saca, a 48 horas del hecho, se apresuró a descartar tal posibilidad. Asegura, también, que el entonces embajador salvadoreño ante la Casa Blanca, René León, le dijo que la PNC en Usulután, donde Soto fue asesinado, le negó el informe policial sobre el hecho.

¿Qué lo ha llevado a insistir de nuevo con el caso Soto ante el fiscal general? Hasta ahora ningún fiscal general ha parecido interesado en llegar más a fondo.

Dos razones. Una es que Luis Martínez no era el fiscal general cuando mataron a Gilberto Soto; no tiene una conexión personal con la investigación original o con las torturas a pandilleros para extraer acusaciones falsas. Como dijimos en el campo pagado que publicamos en noviembre, para el décimo aniversario de la muerte de Soto, hay dos cosas que investigar, una es el asesinato, y la otra es el encubrimiento, que incluye torturas que, según nos han dicho, fueron realizadas por miembros de la PNC en Usulután en presencia de un fiscal que estaba bajo las órdenes de Romeo Barahona.

La otra razón es que vimos como el fiscal Martínez sorprendió a todo el mundo al mostrar su intención de procesar al ex presidente Flores por robarse 10 millones dólares destinados a víctimas de desastres. Esperamos que esto signifique que está dispuesto a actuar de forma independiente y con integridad aunque haya gente poderosa involucrada en crímenes.

¿Qué piensa, en general, del papel de las autoridades salvadoreñas en el caso Soto?

Dos reportes indican que fue una investigación de pacotilla, chapucera, que excluyó a propósito la posibilidad de que se tratara de una ejecución tipo escuadrones de la muerte para evitar que Gilberto ayudara a camioneros de los puertos salvadoreños a sindicalizarse. Uno de esos reportes es el de la PDDH y el otro del IDHUCA. Creemos que en 2004 el gobierno Saca estaba más preocupado en proteger a quienes ordenaron el asesinato de Soto que en perseguirlos.

¿Usted sigue convencido de que a Soto lo mataron por su actividad sindical?

Creemos que es lo más probable. Lo primero que nos hizo pensar así fue cuando leímos que el Ministro del Interior (Gobernación) dijo en una conferencia de prensa, a pocas horas de que Gilberto fue asesinado -esto fue el lunes siguiente al viernes que lo mataron-, que este no era una ejecución al estilo escuadrones de la muerte. Pensamos que reaccionó demasiado y muy pronto, antes de que nadie hubiese hecho una declaración o llegado a conclusión alguna. ¿Por qué un oficial de tan alto nivel en el gobierno estaba prejuzgando el caso? Le hice esa pregunta al entonces embajador René León, cuando me reuní días después con él en Washington: ¿por qué estaba el ministro prejuzgando el caso? ¿Por qué limitar la investigación? ¿Sabe qué me respondió el embajador? Me dijo que estaba sorprendido porque desde la PNC en Usulután se rehusaba a dar una copia del reporte policial. Y él era el embajador.

Tal vez usted recuerde que en ese tiempo, noviembre de 2004, el sindicato de trabajadores del puerto había sido desmantelado por el gobierno y que el puerto de Acajutla se privatizó luego de la destrucción de las torres gemelas en Nueva York. Un año antes de eso, el sindicato de camioneros fue destruido por acciones de A.P. Moller Maersk, la gran naviera.

Hace poco Danny Dalton, un ex agente de la DEA asignado a El Salvador en los 90, le dijo a La Prensa Gráfica que las autoridades nunca siguieron una pista que vinculaba el asesinato de Soto a Los Perrones. ¿Ustedes manejaron esa versión?

También lo escuchamos. Y nos preocupamos. A sugerencia del congresista McGovern contratamos a Leonel Gómez (un investigador que trabajó para la Embajada de Estados Unidos en El Salvador) para investigar el asesinato de Soto en nuestro nombre. Aunque Gómez no obtuvo pruebas concluyentes, sospechó que Los Perrones podrían haber estado involucrados. Nos explicó que Los Perrones operaban también desde Usulután, que estaban involucrados en el narcotráfico y que utilizaban el puerto de Acajutla como sitio para el tráfico internacional. De acuerdo a una plática que Gómez y uno de mis representantes tuvieron con Interpol, ningún negocio opera desde Acajutla sin que haya participación del narcotráfico. Entonces habría habido doble motivo para eliminar a Soto. El primero habría sido frustrar que los camioneros se organizaran. El segundo habría sido asegurarse de que no hubiese una entidad independiente que pudiese reportar sobre la actividad ilegal en el puerto.

¿Cree que el gobierno de Estados Unidos debe presionar más en El Salvador para esclarecer el caso Soto?

El vicepresidente Biden acaba de anunciar que la administración pedirá un billón (mil millones) de dólares para fortalecer la capacidad de países centroamericnos de, entre otras cosas, terminar con la corrupción y fortalecer sus sistemas judiciales. Pediremos al Congreso y a la administración que cualquier ayuda adicional a El Salvador se condicione al progreso en este y otros casos de violaciones a los derechos humanos. Terminar con la impunidad es un indicador claro de que un país está comprometido con el estado de derecho.

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