Aunque el gobierno salvadoreño aún se niega a reconocer el desplazamiento forzado por violencia, las evidencias del fenómeno son cada vez más contundentes. La PDDH, en su segundo informe, no solo insta nuevamente al presidente Sánchez Cerén a reconocer el fenómeno sino a crear albergues para proteger a las víctimas.
Foto FACTUM/Archivo
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recomendado por segunda vez al Estado salvadoreño, a través del presidente Salvador Sánchez Cerén, que cree “casas de acogida o albergues” para los cientos de familias desplazadas por la violencia que afecta el país, en especial la relacionada a la guerra del gobierno contra las pandillas.
Esta recomendación está incluida nuevamente en el segundo informe sobre desplazamiento forzado por violencia que presentó la PDDH este miércoles 13 de diciembre en un hotel capitalino. En el mismo documento, la institución también recomienda al presidente Sánchez Cerén reconocer el desplazamiento interno por violencia como un problema nacional, algo que hasta ahora se ha negado públicamente.
Según el procurador en funciones, Ricardo Gomez, la causa de negar el fenómeno sigue siendo “el costo político ante la comunidad internacional de los países que lo sufren”.
La primera vez que la PDDH recomendó al gobierno crear albergues para sus desplazados fue a través del informe elaborado bajo la gestión del exprocurador David Morales, quien además fue el primero en reconocer el fenómeno del desplazamiento interno forzado por violencia desde una institución estatal.
En aquel momento, todos los funcionarios de gobierno se enfilaron para negar o minimizar el fenómeno, incluida la directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fátima Ortiz. Esta funcionaria incluso confesó en una entrevista a Factum, a principios de 2017, que negar el fenómeno era una decisión política del gobierno y aseguró que en algunos casos las víctimas solo querían cambiarse de casa y “aprovecharse”.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a El Salvador, el 17 de noviembre, señaló el desplazamiento forzado por violencia como una de las causas por las que miles de salvadoreños están pidiendo asilo en otros países y pidió al gobierno reconocer el fenómeno.
Después de eso, el ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde, en una conferencia de prensa, se atrevió a aceptar la existencia del fenómeno, pero con matices, poniendo sobre la violencia otras causas como la pobreza para el desplazamiento.
Aunado al señalamiento del comisionado de la ONU, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado en el último año cuatro amparos y ha emitido medidas cautelares a favor de familias víctimas de desplazamiento forzado, obligando al Estado a garantizarles sus derechos y, por tanto, a reconocerlas.
La única vez que en El Salvador se ha visto un refugio temporal para desplazados por violencia -en tiempos de paz- fue en septiembre de 2016, cuando 19 familias del municipio de Caluco, departamento de Sonsonate, fueron desplazadas por pandilleros del Barrio 18. En ese momento, la alcaldía montó un refugio improvisado con plásticos negros y colchonetas en una escuela. Sin embargo, a los pocos días, después de un fuerte operativo policial que fue transmitido en vivo por varios canales locales, el albergue fue clausurado y las familias obligadas a regresar.
De acuerdo con el estudio presentado este miércoles por la PDDH, entre abril del 2016 y mayo del 2017, la PDDH recibió 138 casos (familias) desplazadas en todo el país, con una afectación total de 458 personas, de las cuales el 40 por ciento son niños, niñas y adolescentes.
Al igual que el primer informe presentado por dicha institución, las pandillas más numerosas del país (Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del Barrio 18) siguen siendo las principales generadoras del desplazamiento bajo amenazas de muerte. Sin embargo, este último documento destaca que en un 4 por ciento de los casos los generadores son agentes del Estado: La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
De los casos recibidos por la PDDH, la Policía acumula más denuncias (9 casos en total) que la facción “Revolucionarios” del Barrio 18 (3 casos).
A los salvadoreños se les acaba el país
De acuerdo con el informe elaborado por la PDDH y con la información de otras oenegés que atienden casos de desplazamiento, como Cristosal, en El Salvador existen departamentos generadores y receptores de desplazados. El que más genera es Usulután, siguiéndole San Salvador, aunque este último a su vez es también receptor.
Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento aumenta su afectación a las víctimas cuando estas no tienen a dónde ir dentro de El Salvador. Entonces deciden migrar, buscar otro país, con o sin ayuda.
Factum ha documentado el fenómeno del desplazamiento interno y hacia el exterior durante los últimos dos años. A partir de los casos reporteados se ha logrado identificar que las víctimas se ven obligadas a migrar cuando se les acaba el país, cuando no tienen opciones para moverse porque las pandillas controlan la mayoría de lugares donde sus posibilidades económicas les permitirían mudarse, es decir, barrio pobres o marginales.
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