PDDH ordena medidas de protección para Factum tras amenazas

La Procuraduría le ha requerido al director de la PNC que garantice la seguridad de los periodistas de Factum. Horas después de la resolución, cuatro hombres, que se hicieron pasar por miembros de la PDDH, llegaron a las oficinas de Factum para buscar información sobre sus periodistas.

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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dispuso la noche de este viernes 25 de agosto de 2017 que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, deberá garantizar la seguridad integral de los periodistas de la Revista Factum ante las amenazas que han surgido luego de la publicación del especial “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, que describe cómo un grupo de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), en coordinación con otros agentes policiales -incluso de otras divisiones-, ha estado involucrado en ejecuciones extrajudiciales, en agresiones sexuales contra niñas y en extorsión.

El reportaje también expone una intricada red de comunicaciones dentro de la Policía dedicada a cometer ejecuciones extrajudiciales de pandilleros, lo que permite inferir que se trata de una práctica extendida en la institución.

La PDDH tomó las declaraciones del periodista César Castro Fagoaga, jefe de redacción de Factum, y evidenció las amenazas que han recaído sobre periodistas y el medio en general luego de la publicación de su reportaje especial sobre los grupos policiales de exterminio. En el documento sobre las medidas cautelares que ha dispuesto la PDDH, emitido este viernes pasado, se le requiere al director Cotto “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad” de Bryan Avelar y Juan Martínez d’Aubuisson, los dos autores del reportaje, y la de Castro Fagoaga, así como las de sus familias.

Tras la publicación de la investigación, Factum ha recibido amenazas a través redes sociales y de mensajes en su página de Facebook.  La escalada de afrentas subió un peldaño más la tarde de este sábado 26 de agosto: un grupo de cuatro hombres, a bordo de un microbús azul, placas particulares, llegó a la Redacción de Factum para buscar información sobre la revista. Dos de ellos se bajaron del vehículo, poco después de las dos de la tarde, y preguntaron si Factum se encontraba en ese domicilio y si había periodistas adentro. Querían, además, saber los horarios de trabajo de los periodistas.

Los hombres se identificaron como miembros de la PDDH. Factum se comunicó con funcionarios de la Procuraduría, quienes confirmaron que la PDDH no había enviado a ningún delegado a Factum la tarde del sábado, y que la institución siempre se transporta con vehículos oficiales y debidamente identificados.

La PDDH tomó nota del nuevo incidente y se comprometió a llamar nuevamente al director de la Policía.

Las medidas de seguridad ordenadas por la PDDH, emitidas antes de la visita de los hombres no identificados a las oficinas de Factum, deberán ser ejercidas “en común acuerdo” con los periodistas, con el fin de no entorpecer el normal desarrollo de sus actividades profesionales y personales, dictó la PDDH. La PNC también deberá garantizar la seguridad y “resguardo de las instalaciones, equipos, materiales y cualquiera de los útiles que utiliza el periódico digital Factum para desarrollar sus actividades”.

La disposición de la PDDH también fue girada hacia la Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por el fiscal Douglas Meléndez, con el fin de “ordenar la investigación correspondiente sobre las amenazas descritas” y de que “se deduzcan las responsabilidades a que hubiere lugar”. En este caso, una parte de las amenazas han provenido de cuentas de Facebook que Revista Factum, en su publicación, reveló que son manejadas por policías.

Las amenazas de esta semana también han alcanzado al periódico digital El Faro, medio que ha revelado numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos de parte de la Policía.

Hasta la fecha, incluso tras la publicación, la FGR no se ha pronunciado ni ha procedido a ordenar capturas, a pesar de que cuenta desde hace meses con un testigo protegido con quien Factum pudo conversar y que declaró que él atestiguo varios crímenes cometidos por el grupo de la FES con el que colaboró. La fiscal asignada, incluso, cuestionó al testigo por haber delatado a los policías, en lugar de empezar a investigarlos. Los casos narrados por el testigo, que en el reportaje de Factum se identifica como Rastreador, fueron corroborados en detalle por esta revista. La FGR tampoco ha actuado sobre la revelación de la red de comunicaciones informales en Whatsapp que mantienen estos grupos de policías y en la que se evidencia una práctica continuada de ejecuciones extrajudiciales y de alteración de escenas del crimen.

Coincidencias con otras investigaciones

La resolución de la PDDH, firmada por la procuradora Raquel Caballero de Guevara, valida la investigación de Factum sobre los grupos de exterminio dentro de la PNC y de cómo existe una conducta policial reiterada, en varios casos, de cometer ejecuciones extrajudiciales y de alterar escenas para hacer parecer que se trata de enfrentamientos armados con pandilleros. Y además de validarla, De Guevara recalca que encuentra coincidencias entre los hechos presentados en el reportaje de esta revista con las investigaciones que viene haciendo la PDDH sobre otros casos similares.

-Como procuradora, considero particularmente graves los hechos referidos en la presente denuncia (de amenazas), en razón de la naturaleza de la labor que realizan las personas afectadas (periodismo investigativo) y porque la publicación “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía” aborda situaciones que denotan el cometimiento (sic) sistemático de delitos graves por algunos miembros de la Policía Nacional Civil. Además, los detalles narrados por Factum en su investigación son coincidentes con los hallazgos de las investigaciones independientes que la procuraduría que presido ha realizado en los últimos años sobre la actuación de la PNC y la participación de algunos de sus miembros en el cometimiento (sic) de ejecuciones extralegales, mencionó De Guevara en su resolución.

La procuradora de Derechos Humanos, a propósito de la revelación de Factum, hizo referencia a tres investigaciones de la PDDH: Finca San Blas, Cantón Los Pajales y Caserío Las Isletas. “Presentan un patrón de actuación de algunos miembros de la Policía Nacional Civil, que consiste en la simulación de un enfrentamiento armado entre delincuentes y policías, alteración de la escena de las muertes y falta de coincidencia entre la versión policial de los hechos y los hallazgos periciales y criminalísticos que constan en la investigación”, aseguró De Guevara.

Esas coincidencias entre la investigación periodística y la investigación institucional llevaron a De Guevara a inferir “que los hechos presentados en la investigación de Factum pueden ser ciertos y, por tanto, quienes realizaron la investigación y el medio de comunicación que la publicó estarían en una gravísima situación de exposición y riesgo”.

FGR aún no conoce caso de policías detenidos

Entre las amenazas contra esta revista, la PDDH hizo énfasis en una imagen del periodista de Factum Bryan Avelar que ha circulado en Twitter y que fue promovida por la cuenta “La Lupa El Salvador” (@Lupa_ElSalvador) en la que se detallan aseveraciones calumniosas y difamatorias contra Avelar que lo vinculan a pandillas. Esta imagen, incluso, fue reproducida (retuiteada) por el dirigente del partido FMLN y presidente de PROESA, Sigfrido Reyes. Para la procuraduría, esa publicación de contenido falso significa un riesgo para el periodista y su familia.

Otro funcionario público que ha reclamado que se investigue la corrupción y el crimen dentro de la PNC, y promueve la idea de que denunciar a las autoridades equivale a apoyar delincuentes, es el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Este diputado del partido Gana dijo en una intervención luego de la publicación de Factum: “No deja de molestar el actuar de algunas personas protegiendo a estos delincuentes pandilleros, están llevando denuncias hacia elementos PNC”.

Los comportamientos de estos políticos se contradicen con la aceptación del mismo director de la PNC, Howard Cotto, sobre la comisión de delitos de agentes policiales. En diversas entrevistas en las que ha participado, Cotto incluso ha informado que 156 policías han sido procesados por homicidio solo en 2017 y que 526, en total, han sido procesados por ilícitos en general, en este mismo año.

Cotto no ha dado más declaraciones desde que anunció que los cuatro agentes del grupo de la FES, que son mencionados en la publicación de Factum como los protagonistas de los homicidios, agresiones sexuales y extorsión, recibieron una detención administrativa para iniciar un proceso disciplinario (no penal). El director de la PNC indicó que se notificó a la FGR sobre la detención de los cuatro agentes.

Factum consultó en la FGR para corroborar la información de Cotto y para conocer si en realidad se trata de los cuatro agentes mencionados en el reportaje especial, pero la respuesta de la FGR, hasta el viernes pasado, fue que a ninguna oficina fiscal había llegado ninguna notificación de la PNC con el contenido de la captura de los cuatro policías de la FES. Y en la Policía, la jefa de comunicaciones, Xenia Contreras, al solicitarle la información de los detenidos, respondió que ella no maneja esa información, aunque se comprometió a averiguar y a informar.

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