El escenario más probable, según analistas consultados en Washington, es que la mayoría de los tepesianos pasen a engrosar un nuevo contingente de indocumentados, más vulnerables a eventuales deportaciones debido a que las autoridades estadounidenses cuentan con los datos sobre sus domicilios. Casi nadie prevé, por ahora, repatriaciones masivas, y aún quedarán avenidas legales para algún tipo de alivio. Abogados y especialistas creen que los beneficiarios deben empezar a planificar con la idea de que, al final de 2018, el TPS habrá terminado.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Ana Julia M., salvadoreña, ya se empezó a preparar. Llegó a Estados Unidos antes de 2001 y ese año se amparó al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Dieciséis años y cuatro hijos después, esta mujer ya da casi por sentado que el nuevo presidente que los estadounidenses eligieron el año pasado, el señor Donald Trump, la dejará sin el beneficio migratorio que, hasta ahora, le ha permitido trabajar, a doble o triple turno casi siempre, tener cuentas en el banco e incluso explorar la posibilidad de comprar casa propia.
La semana del 13 de junio, Ana Julia -nombre ficticio por razones legales- llegó hasta las oficinas del Centro de Apoyo Centroamericano (CARECEN, en inglés) en la Columbia Road de Washington, DC, para explorar sus opciones. Iba con preguntas concretas.
A Ana Julia alguien le había dicho que por la decisión reciente de una corte su hijo mayor, ciudadano estadounidense, podía solicitar, para ella, residencia permanente. Lilia Sánchez, directora de servicios legales en CARECEN, le explicó que no es tan fácil y que la decisión es de una corte específica, aplicable solo en algunos estados de la costa oeste, pero aprovechó para explorar con ella las opciones que pudiesen existir si la administración Trump decide, en enero próximo, no renovar el TPS a los salvadoreños.
Las visitas de tepesianos a las oficinas de CARECEN han aumentado desde el pasado 22 de mayo, cuando la organización envió una carta a todos los usuarios listados en su base de dato como beneficiarios para invitarlos a discutir opciones. “Debido a los cambios en la administración de los Estados Unidos, queremos ser proactivos y animarlos a que nos visiten para ofrecerles asesorías migratorias”, se lee en la misiva.
Un día después, Abel Núñez, de origen salvadoreño y director de CARECEN, advertía a través de un comunicado de prensa: “Los beneficiarios del TPS no pueden regresar de forma segura a sus hogares debido a las condiciones provocadas por guerras y desastres en sus países… Aun así, el TPS no ha sido nunca un camino para obtener residencia legal en los Estados Unidos a pesar de las décadas que (los beneficiarios) han vivido aquí”.
En la capital estadounidense y sus condados aledaños, donde viven decenas de miles de centroamericanos como Ana Julia, esto es algo que ya se da por sentado: la administración Trump no renovará el TPS al que están acogidos unos 187,000 salvadoreños -cuando el beneficio inició en 2001 la cifra era cercana a los 240,000, pero esta se fue reduciendo con los años debido a cambios en estatus migratorios, retornos, retiros por problemas legales o defunciones.
Salvadoreños posan a la cámara en las afueras de la Tienda Santa Rosa de Lima, un negocio de salvadoreños ubicado sobre la 1748 Columbia Road en Washington DC, Estados Unidos.
Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
La sola posibilidad de que eso ocurra está generando ya olas políticas en San Salvador, donde el gobierno de Salvador Sánchez Cerén enfrenta presión para arreciar el cabildeo en Washington. No es para menos: los tepesianos, por su capacidad de trabajar legalmente, se han convertido en piezas económicas clave, no solo para sus países de origen, sino también en las comunidades estadounidenses donde se han asentado.
Solo en concepto de seguridad social, por ejemplo, los beneficiarios salvadoreños han dejado a Estados Unidos alrededor de $3.9 mil millones en 10 años. En total, salvadoreños, hondureños y haitianos -las tres nacionalidades del continente americano que gozan del beneficio- aportaron $5.6 mil millones por seguridad social al fisco estadounidense en una década, de acuerdo a un estudio del Centro de Recursos de Migración Legal (ILRC, en inglés), publicado en abril de 2017.
ILRC calcula que, en total, el aporte de la clase TPS de los tres países latinoamericanos al Producto Interno Bruto estadounidense ha sido de $45.9 mil millones en diez años. Para el caso salvadoreño, los “tepesianos” han aportado un promedio de $3 mil millones anuales al PIB estadounidense; esa cifra equivale a poco más del 10% del PIB de 2015 en El Salvador.
Todo eso, hoy, pende de un hilo.
Expertos consultados por Factum la semana pasada en Washington coinciden en que el tratamiento que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) adelantó para 50,000 haitianos amparados a TPS, otorgado tras un devastador terremoto que sacudió el país en 2010, será el mismo para los otros países que gozan del beneficio, incluido El Salvador.
DHS, en un memo fechado el pasado 10 de abril, adelantó que, en el caso haitiano, hará una última prórroga de 6 meses, no de 18 como había sido hasta entonces, y advertirá a los beneficiarios a que empiecen a poner sus papeles en orden para regresar a su país.
Doris Meissner, directora del influyente Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés) en Washington y ex asesora del presidente Bill Clinton, no duda en decir que la no renovación es el escenario más probable en el caso salvadoreño; y que Haití es una alarma que deja poco espacio para la especulación.
“Sí, es una posibilidad real que sin duda será discutida y evaluada en los próximos meses. Ya esta administración mandó una señal muy clara de que quiere terminar con estos programas; lo hizo con el caso de Haití. El mensaje en ese caso fue que la gente se empiece a preparar para el cambio en la política. Debe tomarse muy en serio la idea de que esto no va a limitarse a los haitianos”, aseguró Meissner en entrevista con Factum.
Royce Murray, analista del Consejo Americano de Migración, coincide: “Si hay una lección en el caso haitiano puede que esta no sea muy buena para El Salvador”.
En los enclaves salvadoreños que rodean la capital estadounidense hay poco optimismo. “Sí, es algo que estamos viendo que va a pasar”, opinó Abraham Bonilla, un trabajador salvadoreño residente de Gaithersburg, en Maryland, que hizo una vida para él y su familia bajo el amparo del Permiso de Autorización de Empleo (EAD, en inglés) que viene aparejado al TPS y que ha renovado con cada extensión que concedieron las administraciones de George W. Bush y de Barack Obama.
Decenas de salvadoreños departen en uno de los estacionamientos del Robert F. Kennedy Stadium, en Washington, Estados Unidos, previo a un partido amistoso de la Selección de El Salvador. Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
Ana Julia M., la madre de cuatro, sabe que las cosas no pintan bien, pero entre sus planes no está volver a El Salvador. Muy poco hay para ella ya en el país que la vio nacer.
Los posibles escenarios
Lo primero son las fechas. La administración debe decidir a más tardar en enero próximo si renueva el TPS a los salvadoreños. Si decide no hacerlo, la actual vigencia, renovada por última vez en 2016, es válida hasta 2018. Los EAD mantendrán también su vigencia hasta el vencimiento otorgado, que en algunos casos llega incluso a 2019.
Ninguno de los especialistas consultados, incluso en la misma administración, creen que esto implique, automáticamente, deportaciones masivas de los exbeneficiarios. Una de las razones es que eso sería demasiado caro. El estudio de ILRC de abril pasado indica que deportar a todos los tepesianos salvadoreños costaría $1.9 mil millones; deportar a todos los beneficiarios latinoamericanos, incluidos hondureños y haitianos, costaría a los contribuyentes estadounidenses $3.3 mil millones.
“En la práctica es muy difícil que ocurran deportaciones masivas… Es un número demasiado grande de gente”, dice Doris Meissner, de MPI.
Lo que sí ocurriría, casi de inmediato, es que los beneficiarios perderían sus permisos de trabajo y, sin ellos, la posibilidad de realizar múltiples trámites legales e, incluso, la capacidad legal para mantener abiertas cuentas de banco o de ser propietarios de bienes raíces e inmuebles. “Serán mucho más vulnerables y pasarán a ser parte de una economía subterránea, como otros indocumentados”, advierte Meissner.
Algunos especialistas, como Lilia Sánchez de CARECEN, advierten que es importante que los actuales beneficiarios consulten abogados para explorar la posibilidad de escribir poderes notariales que les permitan proteger sus bienes traspasándolos a terceros.
Sánchez cuenta que, en consultas con colegas que ya están asesorando a beneficiarios del TPS, han empezado a surgir comparaciones entre la situación en que podrían quedar los bienes de los tepesianos con lo que ocurrió a un grupo de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó el Decreto Ejecutivo 9066, que ordenaba el traslado de los japoneses residentes en Estados Unidos -la mayoría ciudadanos- a 10 campos de concentración tras el ataque ordenado por Japón a la flota marítima norteamericana estacionada en Pearl Harbor. Los afectados por la orden perdieron varios de sus derechos legales, incluidos los que tenían sobre sus propiedades y ahorros. Muchos de ellos firmaron poderes a familiares o conocidos que sí tenían derechos para que se hicieran cargo de los bienes; muchos terminaron estafados.
En CARECEN creen que esa no es una posibilidad lejana. “Estamos explorando la posibilidad de que se creen fondos fiduciarios… que hay salvaguardas para la gente de TPS si se quedan si ese beneficio”, dice Abel Núñez.
Otro tema que empieza a surgir en las discusiones entre políticos, activistas, beneficiarios y posibles afectados es el de la amenaza de la separación familiar en los casos que terminen en deportaciones. Es algo que preocupa, por ejemplo, a Norma Torres, representante demócrata por California en Washington:
“Yo en realidad espero que la administración (Trump) entienda las consecuencias de separar familias; hay muchos hijos de gente con TPS que son ciudadanos estadounidenses. ¿Qué pasará con ellos? ¿Irían a parar al sistema de orfanatos? ¿Tenemos un sistema de orfanatos que pueda absorberlos? En el condado de Los Ángeles estoy segura que no, en el condado de San Bernardino estoy segura que no. Además, estamos hablando de que los TPS son personas que hacen más seguras a nuestras comunidades, son personas con trabajos estables, que pagan impuestos…”, cuestiona la legisladora durante una conversación con Factum en su despacho en el congreso federal.
Economía subterránea. Vulnerabilidad. Separación familiar. Esas son las palabras que utilizan los analistas cuando hablan de la posibilidad que salvadoreños, hondureños y haitianos empiezan ya a temer, la de que el TPS tenga, con Donald Trump, un punto final.
Las ventanas que quedarían abiertas
Sobre posibilidades, escenarios y recursos legales escuchó Ana Julia M. durante su cita en CARECEN el pasado 13 de junio. Y como ella, otras cuatro personas que llegaron hasta la oficina de Lila Sánchez, la asesora legal, esa mañana. A Ana Julia le interesaba escuchar sobre la posibilidad de que su hijo mayor la allane al camino a la regularización.
El principal beneficio que el TPS otorga es el permiso válido de trabajo, no la posibilidad de un estatus permanente legal. La mayoría de los beneficiarios, además, son considerados infractores migratorios por haber ingresado a Estados Unidos sin inspección (EWI o “enter without inspection” en inglés), lo cual podría complicar intentos de regularización una vez terminado el TPS.
Por lo anterior, hay consejeros legales que están recomendando a los beneficiarios pedir permisos especiales de viaje mientras el TPS esté vigente, de forma que al reingresar a Estados Unidos lo harán de forma legal. A ese permiso de viaje se le conoce en inglés como “advanced parole”, y de acuerdo a una fuente consular en Washington, miles de salvadoreños la han usado en los años de vigencia del TPS.
Alrededores de la Tienda Santa Rosa de Lima, un negocio de salvadoreños ubicado sobre la 1748 Columbia Road en Washington DC, Estados Unidos
Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
El uso del permiso especial de viaje no garantiza nada más que la eliminación de la entrada ilegal, lo cual en algunos casos podría ser beneficioso. Si Ana Julia, por ejemplo, quiere que su hijo mayor solicite residencia para ella antes de que el TPS culmine, tiene que asegurarse de que su entrada haya sido legal.
Anticipándose a la no renovación, en su carta del 22 de mayo pasado, CARECEN adelantó la sugerencia a sus usuarios: “Viajar fuera de los Estados Unidos con ‘advanced parole’ y retornar legalmente puede darle algunos beneficios en el futuro”.
Para los salvadoreños residentes en la costa oeste, el escenario es un poco más fácil gracias a la reciente decisión de un tribunal superior que ha desafiado ya las políticas migratorias de Donald Trump.
El pasado10 de abril, el 9º circuito de apelaciones de los Estados Unidos, que incluye los estados de California, Alaska, Arizona, Nevada, Oregón, Washington, Idaho y Montana, determinó que los beneficiarios de TPS sí tienen estatus legal en esos estados, por lo que han satisfecho los requisitos para optar a la categoría no-migrante, incluidos la de inspección y admisión. Esto significa que los residentes en estos estados no estarían obligados a salir para reingresar legalmente, con los cual sus familiares con residencia legal pueden pedirlos sin necesidad de que medie un viaje al país de origen.
Lila Sánchez coincide en pensar que la eliminación del TPS no traerá deportaciones masivas inmediatas, pero advierte que sí puede generar otro tipo de migraciones, como la de beneficiarios que viajen de la costa este a la oeste para aprovecharse de la decisión del 9º circuito mientras el beneficio esté vigente. Siempre es más fácil y barato viajar en Estados Unidos que hacia Centroamérica. Y, en el caso de los salvadoreños, la mayoría de beneficiarios, cerca del 70%, vive fuera del 9º circuito, según datos del ILRC.
También es previsible, advierten Meissner y Sánchez, que un buen grupo de tepesianos intente acogerse a otros beneficios, como el asilo o la suspensión temporal de la deportación. Todo esto implicaría procesos legales que impedirían, por un tiempo, la repatriación. Esos caminos, sin embargo, son tortuosos y con pocas garantías de éxito, sobre todo en la era Trump.
El cabildeo del Estado salvadoreño
A estas alturas parece muy poco lo que el Estado salvadoreño, ya sea a través de su cancillería o de otros contactos, pueda hacer para influir en la decisión que la administración Trump tome respecto al TPS.
La línea de argumentación que expuso el secretario interino adjunto de DHS, Jame McCament, respecto al TPS haitiano en abril pasado parece ser el guion a seguir. “No es de interés nacional de los Estados Unidos extender el TPS cuando las condiciones extraordinarias y temporales que causaron la designación en un inicio ya no existen”, escribió McCament luego de decir que la situación de inestabilidad de Haití, tal como existe ahora, es igual a la que había antes del terremoto de 2010 que, en el caso de ese país, fue la causa para la designación del beneficio, y que las condiciones de vulnerabilidad actuales son similares a las que existían antes del sismo y, por tanto, del TPS.
La lógica de los expertos consultados es así: si en el caso de Haití, donde el desastre natural es mucho más reciente y las condiciones generales de pobreza son mucho peores que en Centroamérica, no habrá renovación más allá de seis meses, por qué habría de haberlas para El Salvador u Honduras.
Doris Meissner, de MPI, cree que en administraciones anteriores, las de George W. Bush y Barack Obama, el beneficio también sirvió como señal de una política exterior amistosa hacia los países beneficiarios.
“En otras administraciones de ser un beneficio otorgado para ayudar a un país también evoluciona a entenderse como un símbolo de amistad y apoyo. Los críticos en esta administración dicen que no es así como debería entenderse el TPS, que no debería ser una forma de política exterior”, considera la analista.
En Centroamérica sucesivos gobiernos de Honduras y El Salvador nunca dudaron en vender el TPS como un logro político propio, atribuible a las excelentes relaciones entre sus administraciones y Washington. Así lo hicieron los areneros Francisco Flores y Antonio Saca y el efemelenista Mauricio Funes en El Salvador, y así lo ha hecho el hondureño Juan Orlando Hernández.
Los expertos y políticos consultados por Factum en Washington coinciden en que la administración de Trump entiende el TPS como una especie de amnistía para indocumentados, y en que no renovarlo es un mensaje político dirigido a la base electoral antiinmigrante que llevó al republicano a la Casa Blanca; un tema de política doméstica, no exterior.
En San Salvador, fue la embajadora Jean Manes la encargada de recordar la temporalidad del beneficio en declaraciones públicas.
Lo que algunos sí creen que puede hacer el Estado salvadoreño es mejorar sus argumentos sobre los efectos de la violencia interna en los flujos migratorios hacia Estados Unidos y en cómo esa violencia afecta la capacidad nacional para absorber los golpes económicos y humanitarios que pudiesen ir aparejados a la desaparición de la clase TPS. Eso, la violencia y los altos índices de homicidios, son una variable que no existe en la misma dimensión en Haití.
La congresista Norma Torres piensa, de hecho, que el alegato por el TPS es algo que los mandatarios centroamericanos deberían considerar prioridad alta en sus comunicaciones con los funcionarios de Trump, empezando con la reunión que Hernández y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz (quien representa al presidente Salvador Sánchez Cerén) tendrán con el vicepresidente Mike Pence en Miami. Esto dijo la congresista al respecto:
¿Hay algo que se pueda hacer políticamente?
Espero que los tres presidentes hablen de esto en la cita que tienen con la administración (Trump) en Miami. Estamos hablando de más de 300,000 personas. Es un hecho que estos países no tiene cómo lidiar con estas personas… Es algo que yo discutiría en Miami. Mi esperanza es que esta administración entienda que hemos invertido millones de dólares de los contribuyentes en esta región y que sería muy tonto volver atrás. El Salvador es uno de los países más violentos del hemisferio occidental y Honduras está justo detrás.
El argumento de la administración Trump parece ser la temporalidad, que una nueva renovación sea leído con una amnistía.
La palabra temporal es muy relativa cuando se refiere a humanos: la vida ocurre, nuestras vidas, llegamos a un lugar y hacemos nuestros hogares, trabajamos, nos enamoramos, hacemos comunidad. Esa es la vida. Y lo que deberíamos estar haciendo, viendo como les permitimos que se queden de forma permanente; muchos de ellos incluso son generadores de empleo, dueños de negocios que emplean a ciudadanos estadounidenses.
¿Qué más pueden hacer los gobiernos de El Salvador y Honduras? ¿Deberían estar diciendo que por la violencia la niñez de esos países es vulnerable? ¿Deberían los Estados estar haciendo eso?
De hecho lo hacen, al menos conmigo cuando hablamos del TPS. Y sabemos que hay muchos niños y jóvenes buscando refugio aquí por la violencia. Decir que mandaremos a 300,000 personas de regreso es ir en reversa. Es necesario pedirle a la administración que Estados Unidos siga siendo socio de estos países, ayudando a estos países a tener mejor estabilidad, a ayudarles a crear los empleos que les ayuden a ser más sostenibles.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, confirmó a Factum que el TPS es uno de los temas prioritarios a tratar con los representantes de Trump en Miami.
La alta política, sin embargo, parece importar poco en las calles y ciudades por donde los centroamericanos, los tepesianos, caminan a diario desde que el terremoto de 2001 los trajo a Estados Unidos. Aquí, como dice Norma Torres, la vida les sucedió; la temporalidad se convirtió en permanencia: compraron casa, pagaron impuestos, tuvieron hijos, sacaron cuentas de ahorro, y muchos se trajeron a sus parientes de los pueblos de Centroamérica. Son, entre todos, unos 300,000 y la mayoría, como Ana Julia, la salvadoreña, no piensan volver.
Todo eso pende de un hilo en la era Trump.
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