En doce días de estancia en el país, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales se lleva muchas preocupaciones de El Salvador. Condiciones inhumanas en las cárceles, poca capacidad investigativa del Estado, falta de control interno en la Policía, una población que vive atemorizada por las pandillas y por la autoridad. Agnes Callamard también se lleva otra preocupación: el discurso del presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, un político que aplaude los asesinatos de pandilleros y defiende a los policías acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluyó que la impunidad y la falta de investigación en los supuestos enfrentamientos entre policías y pandilleros están entre las causas “más claras” de que en El Salvador exista “un patrón” de ejecuciones extralegales por parte de las fuerzas pública.
“No podemos presumir que a todos los que ha matado la Policía lo merecían o que se encontraban en situaciones en que la Policía actuó de forma debida, por lo que las investigaciones son esenciales”, dijo Callamard durante una conferencia de prensa brindada en San Salvador el lunes 5 de febrero, al finalizar su visita oficial al país.
Tras doce días de investigación en El Salvador, la relatora especial de la ONU hizo duras críticas a las políticas represivas que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha implementado desde hace dos años bajo el nombre de “Medidas extraordinarias”.
“Por más complejo que sea el contexto y por más difícil que sea la exigencia de recursos públicos, la respuesta del gobierno a esta violencia endémica no debe ser profundizarla aún más. La cura no puede ser tan mala como la denuncia”, dijo Callamard.
Esta relatoría especial de la ONU no realizaba un informe sobre El Salvador desde 1994. Ahora, en medio de una coyuntura donde organizaciones de derechos humanos y publicaciones periodísticas denuncian abusos de poder y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía, la relatoría ha vuelto.
Durante su estudio, Callamard dijo haber encontrado “problemas sistémicos” en la seguridad pública en El Salvador, e hizo hincapié en que el sector más afectado en la “guerra” entre las pandillas y el Estado es la población civil.
“Esta impunidad endémica por los crímenes de los funcionarios encargados de la seguridad y sus múltiples causas ayudan a alimentar la violencia y el clima de inseguridad. Las personas de las comunidades más empobrecidas me hablaron de su miedo y de su falta de confianza en los funcionarios de seguridad. Muchos de ellos me hablaron de lo que según ellos es una guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres, pues los policías tratan a todos los jóvenes como si fueran pandilleros, simplemente por el lugar donde viven”, dijo la relatora.
La funcionaria dijo sentirse preocupada “sobremanera” por los comentarios del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien en su discurso político y en su cuenta de Twitter celebra las muertes de pandilleros en presuntos enfrentamientos y defiende a los policías acusados de asesinato.
“(Los comentarios de Gallegos) parecen querer provocar la violencia y justificar ciertas prácticas que no se pueden aceptar […] Lamento que un ‘mesías del temor’ venda que sí existe una salida rápida a la situación del país. El de El Salvador es un fenómeno complejo y los que quieren hacer como si este problema se puede resolver rápido están mintiendo. Hacen uso de su poder y de su influencia para manipular a la población”, dijo Callamard.
La francesa Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, acompañada de Christian Salazar, durante la conferencia de prensa en la Sede de las Naciones Unidas en El Salvador, el 5 de febrero de 2018. Foto FACTUM/Salvador MELÉNDEZ
Ante las declaraciones de la enviada de la ONU, el presidente de la Asamblea respondió como ya lo ha hecho otras veces: reforzando su discurso represivo. En su cuenta de Twitter, Gallegos escribió:
La REPRESIÓN forma parte de un eje de una política de estado contra la delincuencia; y hoy por hoy ante la violencia generada por las PANDILLAS TERRORISTAS la represion es el único camino para acabar y terminar con ellos (1/2).
— Guillermo Gallegos (@GGallegos24) 6 de febrero de 2018
Hay que vivir en los lugares donde los pandilleros generan muerte, luto y dolor para estar de acuerdo con esto.
Mi pensamiento es el de miles de salvadoreños que están cansados de la violencia que generan los pandilleros terroristas en nuestro querido El Salvador ?? (2/2).
— Guillermo Gallegos (@GGallegos24) 6 de febrero de 2018
Gallegos, sin embargo, no vive en una “zona roja” del país. Al contrario, vive en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
La impunidad es real
En El Salvador, investigaciones periodísticas realizadas por Revista Factum, El Faro y La Prensa Gráfica, así como denuncias de organizaciones que defienden los derechos humanos, han señalado casos específicos en que miembros de la Policía han matado pandilleros de forma ilegal.
Factum también reveló en agosto del año pasado la existencia de un grupo de exterminio dentro de la Policía que no solo mataba pandilleros sino que también agredió sexualmente a dos menores de edad y cometió al menos una extorsión. Este medio publicó los nombres y fotografías de los policías que cometieron estos delitos. Hasta la fecha, ningún agente de seguridad pública ha sido condenado por los crímenes publicados por Factum o en otros medios.
Después de la publicación de esta revista, en agosto pasado, los tres agentes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) fueron retenidos durante 72 horas. Sin embargo, aunque la Fiscalía tuvo conocimiento de este caso meses antes de la publicación, no giró orden de captura contra los policías. Los agentes fueron puestos en libertad y volvieron a sus tareas originales de patrullaje.
El único caso que ha llegado a juicio es el ocurrido la madrugada del 26 de marzo del 2015 en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad, denunciado por El Faro. En ese lugar, nueve policías del Grupo de Reacción Policial masacraron a ocho personas, de las cuales dos no eran pandilleros, en un supuesto enfrentamiento. Por este caso, la Fiscalía procesó a los nueve agentes; sin embargo, los acusó de una sola muerte: la de Dennis Hernández, el escribiente de la finca, quien no era pandillero.
Durante el juicio realizado en septiembre del 2017, la jueza del caso concluyó que, efectivamente, uno de los policías presentes en el juicio había asesinado a Dennis de un tiro en la cabeza, pero la Fiscalía no pudo determinar quién disparó, por lo que dejó libres a todos los policías.
Después de ese juicio, los policías, incluido el que asesinó a Dennis, volvieron a patrullar con normalidad.
Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.
Pide descartar medidas extraordinarias
La relatora especial de la ONU también hizo énfasis en las graves violaciones a derechos humanos que el Estado está cometiendo desde hace dos años en seis centros penales del país con la implementación de las “Medidas extraordinarias”. Estas medidas implican, entre otras cosas, la limitación a actividades básicas de los reos como recibir el sol, visitas de familiares o realizar actividades de ocio. Es decir, los reos son sometidos a un régimen de encierro total.
“Las condiciones penitenciarias, ahora con el hacinamiento tremendo, son cosas que nunca había visto. Nunca. La mala nutrición, la falta de acceso al sol y otros factores contribuyen a la propagación de la tuberculosis. Esas condiciones también se tienen que resolver”, dijo Callamard, durante su conferencia de prensa.
Según la relatora, las medidas extraordinarias no tienen otra razón de ser más que un castigo a los pandilleros, algo que, según ella, no servirá de nada.
“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”, concluyó.
Sin embargo, a pesar de que no es la primera vez que la ONU pide que se deroguen las medidas extraordinarias, el gobierno ya presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa para que sean extendidas por un año más.
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