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“En Nicaragua nadie conoce qué actividades desarrolla Funes”

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El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro dice que los medios de comunicación y periodistas independientes del gobierno de Daniel Ortega están investigando qué hace el expresidente salvadoreño Mauricio Funes en su país. Funes recibió un asilo político por el gobierno de Ortega el 2 de septiembre de 2016 luego de solicitarlo para él, para su compañera Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y para tres de sus hijos, con el argumento de que su vida corría peligro en El Salvador.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Las versiones de Funes sobre qué hacía en Nicaragua antes de que le concedieran el asilo político despertaron las sospechas. Funes pasó de decir que visitaba Nicaragua por turismo a que estaba en Nicaragua para dar una consultoría al gobierno de Ortega. Mientras tanto, en El Salvador, el expresidente es investigado por la Fiscalía General de la República bajo la línea de un posible lavado de dinero.

Carlos Fernando Chamorro es uno de esos periodistas nicaragüenses interesados en saber sobre Funes y las relaciones que mantiene con Ortega. Pero Chamorro dice en esta entrevista para Revista Factum que las investigaciones periodísticas, hasta este momento, no han terminado. Chamorro fue reconocido en El Salvador por haber señalado que se encontró con Funes días antes de la noticia del asilo político y que al conversar con el expresidente le contó que visitaba Nicaragua como turista.

Enseguida, la versión de Funes cambió y aseguró que se encontraba en Nicaragua para practicar una consultoría al gobierno de Ortega. Esto también lo señaló Chamorro y le cuestionó por qué andaba con escoltas estatales en su país. Eso lo hizo acreedor de los ataques que Mauricio Funes acostumbra hacer desde su cuenta de Twitter. Fue hasta que se conoció la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que todo quedó claro: el Diario Oficial de Nicaragua informó el 6 de septiembre de 2016 que a  Mauricio Funes y a su núcleo familiar el gobierno nicaragüense le había aceptado su solicitud de asilo político.

Los argumentos de Funes para solicitar el asilo político fueron que su integridad física y en general su vida estaban en peligro por “luchar en pro de la democracia, la paz y la justicia” en El Salvador. Pero los opositores políticos del expresidente creían lo contrario. Ellos creían que Funes huyó. Días antes de que se le concediera el asilo político, la fiscalía allanó propiedades de Funes en El Salvador. El expresidente ya se encontraba en Nicaragua.

Chamorro sin embargo advierte que el tema de Mauricio Funes en Nicaragua no está en la agenda pública de los medios de comunicación de su país, que en su mayoría están monopolizados por la familia del mismo Daniel Ortega y por el empresario mexicano Ángel González, conocido como “el Fantasma”, que utiliza medios de comunicación televisivos y radiales para favorecer a los gobiernos de turno de los países en donde opera, sin importar la bandera ideológica.

¿Cómo se puede hacer periodismo en estas condiciones?, se le pregunta a este periodista nicaragüense, director de Esta Semana y Confidencial, unos de los pocos medios que quedan fuera de la órbita del gobierno de Ortega.


¿Por qué te nace esta denuncia en las redes sociales sobre la estadía de Funes en Nicaragua?

A ver, yo tuve un contacto casual con Mauricio. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo como periodistas. Y en ese contacto casual, él me manifestó que él estaba en Nicaragua en ese momento como turista, que tenía un hijo que estudia en Nicaragua y, bueno, ese fue básicamente el intercambio. Hablamos también de otras cosas, incluso de la política de Nicaragua. Y luego yo me enteré, ese mismo día, de que él estaba siendo requerido por las autoridades, que estaban iniciando un proceso de investigación. Y vinieron las versiones que él empezó a brindar de que él estaba en Nicaragua haciendo una consultoría, un trabajo. Entonces yo lo que hice simplemente fue expresar en mi cuenta de Twitter que yo había visto a Mauricio y que él me había dicho a mí que él estaba de turista en Nicaragua. Lo que a mí me llamó la atención es que él estaba acompañado de policías.

Posteriormente él dijo que él tenía una escolta por su condición de ex jefe de Estado. En relación con su consultoría, ¿será cierta o no? Nadie lo sabe. En Nicaragua nadie conoce qué tipo de actividad profesional está desarrollando. Pero, quizás, por los vínculos que él tiene con el gobierno, eso puede ser cierto. No lo sabemos. Y en relación a la condición de su asilo, pues yo creo que eso es algo que calza bien dentro de la naturaleza del gobierno nicaragüense, que es un gobierno secretista y que tiene una política discrecional de ofrecer apoyo a sus aliados políticos. Yo no tengo elementos para valorar y juzgar si existe mérito para que Mauricio Funes se haya declarado un asilado político. Entiendo que en este país, y yo no conozco las investigaciones que se están realizando, existen requerimientos de la justicia. A uno le parece que lo lógico debería ser que él comparezca ante la justicia para, en todo caso, despejar esos señalamientos que pesan sobre él.

Estas investigaciones de la Fiscalía General de la República de El Salvador dan lugar para pensar que en cualquier momento podría haber una orden de detención, incluso internacional, contra Mauricio Funes. ¿Vos creés que es posible una extradición de tu país a El Salvador?

Honestamente, no conozco los aspectos de la jurisdicción. Tengo la impresión de que él tiene una protección política del Estado nicaragüense. No conozco las razones de fondo por las cuales se ha establecido esa clase de relaciones. Pero sobre la parte jurídica de extradición, no puedo opinar sobre eso porque no lo conozco.

Pero Nicaragua trabaja con Interpol.

Sí, Nicaragua trabaja con Interpol.

¿Qué implica tener un asilo en Nicaragua?

En estos tiempos implica tener una relación privilegiada con el gobierno de Nicaragua. Han llegado al país también políticos guatemaltecos que están siendo requeridos por la justicia de su país. Es decir, yo diría que en Nicaragua se ha desnaturalizado el concepto del asilo político y pareciera que es algo que está más cercano a los intereses específicos del Ejecutivo y en algunos casos incluso podría asimilarse a algo relacionado con tráfico de influencias. Pero como la naturaleza de las relaciones políticas de mi país son extremadamente secretistas, no tenemos todos los elementos para llegar a una conclusión.

Entrevista a Carlos Fernando Chamorro, periodista de Nicaragua, en San Salvador, el 29 de marzo de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

¿Qué te parece ese listado de asilados políticos del gobierno de Daniel Ortega en los últimos años?

Esa política del comandante Ortega ya está afectando negativamente la imagen de Nicaragua. Nicaragua es un país en el que no existen elementos básicos de rendición de cuentas del Estado hacia los ciudadanos. Repito: hay secretismo. No existe una contraloría autónoma para investigar actos de corrupción y por lo tanto el hecho de que el Estado, de manera discrecional, brinde asilo a estas personas que son requeridas por la justicia en sus países, pues está afectando negativamente la imagen de Nicaragua.

Hasta donde vos conocés las leyes de tu país, ¿es normal que a un asilado le den seguridad del Estado para que lo protejan en este mismo país?

Bajo el régimen del comandante Ortega, son cosas que ocurren y se practican, porque prácticamente los poderes del Estado están completamente subordinados al gobernante. Es decir, hay una discrecionalidad absoluta en la manera de cómo se disponen los bienes del Estado, independientemente de si eso está o no amparado en alguna ley.

¿Cómo se ha manejado en los medios de comunicación de Nicaragua el asilo de Funes?

Bueno, al principio fue noticia. Posteriormente, en la medida que Funes desapareció del mapa y que ofreció una entrevista a un medio oficialista, que fue más bien una especie de autoentrevista que él se estaba haciendo, el tema no está en la agenda pública de los medios de comunicación nicaragüenses. Hay interés, de hecho, en conocer cuáles son los vínculos económicos y políticos que él está desarrollando en Nicaragua, pero hasta ahora no han salido los resultados de las investigaciones que estarían haciendo los medios de comunicación.

Funes últimamente tiene presencia en El Salvador por los escándalos que arma en las redes sociales. Vos fuiste una de sus víctimas en su momento por la denuncia que hiciste. ¿El gobierno de Ortega no te presionó por esas denuncias?

No. Te aclaro una cosa: yo no estaba haciendo una denuncia, yo simplemente estaba haciendo una constatación. Yo dije: este señor me dijo que andaba de turista y ahora dice que andaba de consultor. Eso es todo lo que yo expresé. O sea, yo no he entrado en una denuncia o en un debate en relación al caso de Funes. Repito: es algo que por el momento se mantiene en secreto y a nosotros sí nos interesa que salga a la luz pública qué tipo de actividades son las que está desarrollando en Nicaragua. Pero en el momento en que tengamos información, la vamos a publicar.

¿Recibiste presión del gobierno de Ortega por esas expresiones sobre Funes?

No.

Hay un informe sobre libertad de expresión en Nicaragua que vos y otras personas firmaron y que se presentó en Washington, DC, hace unos días, en la comisión de derechos humanos de la OEA. ¿Qué dice ese informe en resumen?

Ese informe dice que en Nicaragua se practica la libertad de expresión bajo amenazas y bajo represalias, que a diferencia de otros países en los que la amenaza principal a la libertad de expresión son las agresiones físicas contra los periodistas, en Nicaragua hay un sistema intimidatorio que afecta la libertad de expresión y que, resumo, tiene cinco factores. El primero es el bloqueo, las agresiones, el espionaje político y las restricciones contra la prensa independiente para acceder a la información pública. La prensa independiente ni siquiera puede acceder a una conferencia de prensa de la Policía Nacional, porque no está en la lista de los invitados, que solo son los medios oficiales. Ha habido actos de espionaje político realizados por el ejército que los hemos denunciado. En segundo lugar, el otro factor es que existe un proceso de concentración de la propiedad de los medios televisivos. Hay un duopolio en Nicaragua en el control de la propiedad de la televisión entre dos grupos privados: el grupo de la familia presidencial Ortega Murillo y el grupo del empresario mexicano Ángel González. Ellos controlan nueve canales de televisión en televisión abierta y solo hay un canal independiente, que es el canal 12.

El tercer factor es que en Nicaragua hay una Ley de Acceso a la Información Pública que no se aplica, la ley es papel mojado. Durante diez años de vigencia de la ley, nunca un funcionario público ha sido obligado a brindar la información que se le solicita a pesar de violar la ley. El cuarto factor tiene que ver con el proceso de represión, intimidación y persecución contra defensores de derechos humanos en Nicaragua, que genera un clima de autocensura, de temor. Entonces cuando uno combina estos factores, y hay un quinto que se me olvidaba y es el uso discrecional de la publicidad estatal para simplemente premiar a los medios de la familia presidencial y excluir a otros medios. El gobierno, cuando llegó al poder en el 2007, prometió que iba a distribuir de manera equitativa la publicidad estatal y se la ofreció precisamente a los medios pequeños, a los radioperiódicos, a los pequeños medios independientes. No les cumplió y lo que hizo fue concentrar la publicidad en los canales de televisión que manejan los hijos del presidente.

¿Cómo se hace periodismo en estas condiciones?

Se hace periodismo, buen periodismo, con convicción de que tenemos la obligación de que tenemos que brindarle un servicio a la ciudadanía, reporteando, sin fuentes oficiales, con fuentes privadas, con fuentes no gubernamentales, con un periodismo de observación y de investigación. Además, porque también existen filtraciones desde dentro del gobierno que ayudan a investigar casos de corrupción y casos que tienen que ver con transparencia. Se hace buen periodismo narrativo. Pero lo que tengo que reconocer es que cada vez son menos medios independientes los que existen en Nicaragua haciendo esta labor, asumiendo que hay intimidación, bloqueos, prohibiciones, y que lo que nosotros publicamos, independientemente de que documentemos casos de corrupción, que lo hemos hecho en el caso de Confidencial, en el caso del diario La Prensa, no tiene ninguna consecuencia en el sistema del Estado, porque ni la contraloría investiga, ni la policía investiga, ni el congreso investiga, ni la fiscalía, absolutamente ninguna institución. Nosotros estamos sembrando información confiable y estableciendo bases de confianza y de conciencia en la ciudadanía. Pero eso no tiene consecuencias a nivel del Estado.

A tu juicio, ¿por qué la oposición política está debilitada en Nicaragua?

Es el resultado de un proceso acumulativo de concentración de poder de parte del gobierno, cooptación, represión, y por el otro lado incapacidad de los liderazgos opositores para enfrentarse a un régimen que actúa como una dictadura. Es decir, esto no es un régimen normal, no estamos en una situación normal donde se respetan los resultados de una elección. Cuando hay fraude en una elección, como ocurrió en 2008 y 2011, cuando hay violaciones a la Constitución y el presidente se reelige inconstitucionalmente, la oposición tendría que tener la capacidad de responder a ese tipo de acciones de fuerza, movilizando a la población y ejerciendo diferentes factores de presión, y los liderazgos opositores en su momento, cuando tuvieron la capacidad de hacerlo, no lo hicieron. Y confiaron quizás en que la presión externa, diplomática, iba a resolver esos abusos de poder y de la ley y eso no ocurrió, porque el gobierno tenía el apoyo de la cooperación venezolana que le permitió sortear las presiones externas. Ahora, la oposición ya es débil y, además de débil, está dividida.

Entrevista a Carlos Fernando Chamorro, periodista de Nicaragua, en San Salvador, el 29 de marzo de 2017.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

¿Qué tan cierto es que la buena relación que tienen los grandes empresarios nicaragüenses y centroamericanos, salvadoreños inclusive, con el gobierno de Ortega ha logrado menguar a la oposición política?

Mira, no es tanto que la relación de los empresarios con el gobierno debilite a la oposición. A ver, los empresarios están aprovechando un régimen pro sector privado, es un régimen pro empresarial, pro negocios, y está facilitando que puedan realizar inversiones de manera expedita. Eso es un elemento positivo para el desarrollo de la economía nicaragüense. El problema es que esa relación ocurre paralelamente dentro del contexto de un régimen autoritario, que reprime, que prohíbe la libertad, que ha hecho fraudes electorales y que también ha perjudicado a los partidos políticos opositores. Entonces, de alguna manera, el gobierno ha sustituido la relación que cualquier gobierno tiene con partidos políticos en un congreso, de tener un contrapeso, con esta relación con el sector privado, que es una relación corporativista, que no es una relación que reúne todos los elementos de transparencia que debería tener.

¿No te parece a vos una contradicción que estos mismos empresarios que tienen inversiones en Centroamérica no tengan problemas en invertir en Nicaragua, con un régimen dictatorial, cuando en otros países son ellos unos de los que más denuncian las violaciones a las leyes?

Mira, el caso nicaragüense no es único en la historia. Ha habido muchos otros ejemplos de gobiernos autoritarios que favorecen el desarrollo de los negocios privados. El gobierno de (Anastasio) Somoza fue un ejemplo de ello. La dictadura de Somoza fue un gobierno dentro del cual la economía creció y favoreció el desarrollo de las inversiones privadas. La pregunta es si eso es sostenible a largo plazo, si la carencia de institucionalidad en Nicaragua va a permitir que el desarrollo de los negocios sea sostenible a largo plazo. Y esa es una pregunta que está sobre el tapete y que los empresarios tienen que responder. La historia demuestra en otras sociedades que el autoritarismo puede favorecer el crecimiento económico, pero a largo plazo no es sostenible si no hay institucionalidad democrática.

¿En los espectros ideológico, político y económico, dónde ubicás vos al gobierno de Ortega?

El gobierno de Ortega tiene un discurso socialista y practica unas políticas económicas neoliberales. Tiene un discurso que apela a la revolución sandinista de los años ochenta y, en la práctica, ejerce políticas conservadoras, violatorias incluso de principios básicos de derechos humanos y de los derechos de la mujer. Por ejemplo, en Nicaragua se restableció la penalización del aborto terapéutico, que era un derecho que estaba establecido desde finales del siglo diecinueve. Entonces, un gobierno que se proclama revolucionario y progresista desarrolla ese tipo de políticas, al final de cuentas, es un gobierno que se proclama socialista y que en la práctica es un gobierno autoritario neoliberal.

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