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Mauricio Funes no alcanzó a justificar sus excesos

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador declaró responsables al expresidente y a su hijo Diego Funes de enriquecimiento ilícito. La condena judicial se traduce en que los dos deberán restituir al Estado salvadoreño más de 400 mil dólares. La cantidad de dinero es solo un treinta por ciento de lo que la Fiscalía pretendía impugnar a los Funes y a la exposa de Funes, Vanda Pignato: 1.2 millones de dólares. Pignato resultó exonerada de los cargos. Si la sentencia queda en firme, desde 2018, Mauricio Funes quedará inhabilitado durante diez años para ejercer un cargo público. Este fallo también abre la puerta para una acción penal.

Foto FACTUM/Archivo


El expresidente de la República Mauricio Funes fue sentenciado este martes 28 de noviembre de 2017 a reponer al Estado de El Salvador dinero del que no pudo comprobar su origen. La sentencia determinó que lo utilizó en gastos. Pagó cuotas de préstamos, de tarjetas de crédito, de colegiaturas, compró vehículos y armas de fuego. Egresos que sobrepasaron sus ingresos ordinarios como mandatario entre 2009 y 2014.

Las palabras de la magistrada Margarita Romagoza, de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fueron contundentes: “Ha quedado demostrado el enriquecimiento notablemente superior del demandado Mauricio Funes Cartagena y su grupo familiar al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de sus sueldos y emolumentos percibidos legalmente”.

Funes no pudo comprobar ante la cámara civil el origen de más de 200 mil dólares, al igual que su hijo Diego, por una cantidad similar. La exesposa de Funes, Vanda Pignato, resultó exonerada de los cargos. La cámara aseguró que hubo verificación de que los dineros que se utilizaron para pagar cuotas de préstamos y tarjetas de crédito de Pignato tuvieron origen en una de las cuentas bancarias a nombre del expresidente Funes, por lo que la responsabilidad recayó en el exmandatario.

Durante este proceso, siempre Pignato aseguró que sus gastos eran responsabilidad de Funes.

La exprimera dama Vanda Pignato, junto a su abogado, durante una audiencia en la Cámara de lo Civil. Foto FACTUM/Gerson Nájera

La cámara también decidió dos cosas importantes: si queda en firme la sentencia -lo que se conocerá hasta en enero de 2018-, Mauricio Funes no podrá volver a desempeñar un cargo público por el período de diez años. La resolución conocida este 28 de noviembre será enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie investigaciones penales que esclarezcan si Funes cometió otros delitos para obtener dineros que superaron los ingresos que tuvo que haber percibido en cinco años.

Funes se encuentra refugiado en Nicaragua, país que le otorgó asilo bajo el argumento de que el expresidente es un perseguido por las autoridades salvadoreñas, por, según Funes, razones políticas. El abogado que representó al exmandatario y a su hijo no dio ninguna declaración al final del proceso civil.

En su cuenta de Twitter, Funes escribió que no estaba de acuerdo con la sentencia. Dijo que no hay lógica en que deba devolver dinero que nunca extrajo de la hacienda pública. El expresidente hizo hincapié en que la misma cámara asegura que el origen de los montos excesivos en su patrimonio es desconocido. “Si no se conoce su origen, ¿cómo es que aseguran que ese dinero proviene del Estado?”, escribió y anunció luego que va a apelar la sentencia.

El fiscal Héctor Martínez comentó que Funes se ampara en el artículo de la Constitución que habla sobre el enriquecimiento ilícito. De hecho, el artículo constitucional 240 dice que la restitución de dineros va a ser efectiva cuando un funcionario público se enriquezca sin causa justa “a costa de la hacienda pública o municipal”.

Martínez recordó que el desarrollo de ese artículo constitucional está escrito en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. “Él no entiende el concepto, porque solo se queda con la descripción genérica que hace la Constitución. El concepto es que haya un incremento patrimonial del cual se desconozca el origen. Ese es el punto que el señor Carlos Mauricio no ha entendido y que es importante aclarar en este momento”, dijo el fiscal.

Representantes de la Fiscalía General de la República que llevaron la acusación contra el expresidente Funes y su familia. Foto FACTUM/Gerson Nájera

Las cuentas que no casaron

Los ingresos que recibió Mauricio Funes en concepto de salarios, gastos de representación y aguinaldos, entre 2009 y 2014, fueron de 312,486 dólares. A eso se le sumó la venta de vehículos por 16,700 dólares y un crédito que le otorgó la sociedad Agrosuministros por 225,767 dólares. El total fue de 554,953 dólares.

La cámara decidió no tomar en cuenta otros dineros que reportó el exmandatario como parte de sus ingresos. Por ejemplo, quedaron invalidados los 636,000 dólares que Funes asegura que recibió como remanentes del movimiento Amigos de Mauricio, que ayudó a su campaña presidencial entre 2008 y 2009, porque no hubo pruebas de que hayan ingresado al patrimonio de Funes.

En cambio, los gastos en los que incurrió el expresidente fueron mayores que lo que percibió en esos cinco años. Hizo transferencias bancarias para pagar préstamos y tarjetas de crédito por 461,566 dólares. Pagó colegiaturas por 38,954 dólares. Compró dos vehículos por 20,000 dólares. Compró armas de fuego por 6,021 dólares. Tuvo gastos “varios” por 36,782 dólares. Deducciones a su salario por 52,762 dólares. Y de sus cuentas personales salieron fondos para pagar abonos a préstamos y tarjetas de crédito para Vanda Pignato por 135,536 dólares. Los egresos de Funes fueron en total 761,614 dólares.

Lo que quedó fuera de los cálculos de egresos fue la compra de una camioneta Land Cruiser, por tratarse de una compraventa fuera del período presidencial, ni pagos o recibos de las sociedades JFC y Multimedia.

Funes fue condenado a restituir un exceso de 206,661 dólares que no pudo justificar. Mientras que sobre su hijo, luego de que la cámara verificó compras y ventas de vehículos, ingresos y egresos, se determinó que deberá reponer 212,484 dólares. Las dos cantidades suman 419,145 dólares.

El monto que deberán pagar los Funes es mucho menor al que pretendió la FGR en la etapa de alegatos finales. Los representantes de la Fiscalía en el juicio civil pidieron a la cámara una condena por más de 1.2 millones de dólares. Los 419 mil dólares representan alrededor de un treinta por ciento de lo que persiguieron las autoridades.

El fiscal Héctor Martínez, luego de finalizar el juicio, dijo que la FGR se daba por satisfecha por el fallo, pese a que la condena fue por un monto mucho menor que lo que se buscaba. La fiscal Ana Galindo, compañera de Martínez, señaló que la cuantía disminuyó porque “hubo un peritaje adverso que se está investigando ahora penalmente” y porque “las magistradas de la cámara no incluyeron egresos luego del período presidencial” de Funes.

Persecución penal en manos de la FGR

La condena civil que recibió el expresidente Mauricio Funes no termina con la restitución de dinero al Estado. Este fallo abrió la posibilidad para que la Fiscalía inicie una investigación penal para esclarecer si los excesos de dineros del expresidente se alcanzaron mediante otros delitos.

La resolución de la cámara lo dice con claridad: “Libraremos oficio a la Fiscalía General de la República a fin de que investigue el probable cometimiento de ilícitos penales e inicie las investigaciones respectivas”. En todo caso, la FGR meses atrás advirtió de que sobre Funes hay investigaciones por peculado, malversación de fondos, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Hasta hoy no existe ninguna acusación penal en los tribunales salvadoreñas contra el expresidente.

La resolución íntegra se va a dar a conocer en enero de 2018 y la cámara va a informar al pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la sentencia. La condena contra el expresidente Funes incluye el pago de los costes procesales y, de quedar en firme el fallo, una inhabilitación para ejercer un cargo público por diez años.

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