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Más de 500 policías y militares acusados por homicidio

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El número de policías y militares acusados por el delito de homicidio no ha parado de crecer desde 2014. El año pasado se registraron 429 imputados, y la mayoría fueron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). El Observatorio de Derechos Humanos Rufina Amaya cree que el aumento de enfrentamientos armados puede ser una de las causas. Esta es una de las conclusiones del Informe de Derechos Humanos 2016 presentado esta semana por el Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


La tregua entre gobierno y pandillas, iniciada en marzo de 2012, se rompió en 2014, y al año siguiente la violencia repuntó con más de 6,600 homicidios. Desde entonces, los enfrentamientos entre pandilleros y policías han comenzado a formar parte de la vida cotidiana de El Salvador.

Solo en 2015 se registraron más de 600 enfrentamientos armados entre policías, militares y presuntos pandilleros. En 2016, sumaron más de 400; y según las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, a partir de una nota de la agencia EFE, entre enero y mayo pasados ya se ha superado la cifra de 200.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) no tiene argumentos para demostrar la relación entre el aumento de casos de policías y militares acusados por homicidio y los enfrentamientos contra pandilleros, pero considera que podrían estar relacionados con los tiroteos donde han muerto 1,100 supuestos pandilleros desde 2014.

Las acusaciones contra policías y militares por el delito de homicidio pasaron de 59 casos en 2014 a 429 solo el año pasado, es decir, siete veces más, según datos oficiales de la Fiscalía General de la República. La estadística es retomada por el Observatorio de Derechos Humanos “Rufina Amaya” que presentó el martes 13 de junio el Informe de Derechos Humanos 2016.

“Hemos notado una presencia más represiva de las autoridades, sobre todo en aquellas zonas donde hay presencia de pandillas. No podemos afirmar exactamente a qué se debe este incremento, aunque pudiera estar vinculado a cómo se han incrementado los enfrentamientos armados. Es probable que la Fiscalía haya iniciado procesos de investigación contra los policías y militares que hayan participado en esos enfrentamientos y que eso no necesariamente haya llegado a una condena donde el policía o militar haya sido encontrado culpable”, dijo Verónica Reyna, subdirectora del observatorio que es parte de la institución religiosa.

Desde la aprobación del decreto para el establecimiento de las medidas extraordinarias de seguridad, en abril de 2016, la persecución contra jóvenes de comunidades pobres y la represión no ha dejado de crecer, destaca el SSPAS.

El contexto de violencia generalizada ha permitido al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén justificar un mayor combate a la criminalidad a partir del recorte de derechos en centros penitenciarios, en el patrullaje intensivo en zonas peligrosas y el aumento de capturas, incluso de los menores de edad sin tener que contar con una orden judicial.

El informe destaca también el aumento de las posibles ejecuciones y tentativas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y militares, a partir de los datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). De los seis casos reportados en 2014 por esta institución, se llegaron a las 55 denuncias en 2016. La mayoría fue contra policías.

Además, la PNC continúa siendo la institución pública más denunciada ante la PDDH por violaciones de derechos humanos contabilizando el 60 % de registros; y la Fuerza Armada ha ocupado el segundo puesto por primera vez desde 2009, con un 8.5 % de las denuncias.

El vicepresidente Óscar Ortíz es el encargado oficial de la estrategia de seguridad junto al ministros como el de Defensa, el general David Munguía Payés, el principal responsable de la tregua entre pandillas durante el gobierno Funes. Un informe de violaciones a  derechos humanos, presentado por el SSPAS del 2014 al 2016, denuncia que en ese periodo hubo al menos 1 mil 339 supuestos enfrentamientos, donde muriendo 1 mil 100 pandilleros.
Archivo FACTUM/Salvador Meléndez

Aunque el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, Ricardo Gómez, reconoce y respalda los casos documentados por la institución, niega que la represión y las graves violaciones sean parte de la política del Estado.

“No podemos decir que esta sea una política de Estado, que se esté trabajando de esta forma, tenemos que reconocer que, de parte de todas las instituciones, incluida la Inspectoría de Seguridad Pública, hemos recibido mucha colaboración en las denuncias y los casos que hemos dado a conocer”, indicó Gómez.

Sin embargo, para Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos del Universidad Centroamericana (Idhuca), “sí existe una institucionalidad en cuanto a la impunidad, es igual de grave el cometimiento del hecho delictivo, como la cobertura para que esto no se procese. Hay un encubrimiento, se da el hecho y además fraude procesal. Estas actitudes no solo vienen amparadas por los policías que llegan a la escena a procesar el delito, sino que vienen amparadas por la Fiscalía”.

Baulenas sostiene que en todos los casos contra policías y militares que ha estudiado el Idhuca, la Fiscalía ha abierto las investigaciones pidiendo el sobreseimiento definitivo alegando que los imputados actuaron en legítima defensa.

“¿Cómo es posible que la Fiscalía esté pidiendo un sobreseimiento cuando la víctima ha recibido 29 balazos en la espalda y la cabeza? ¿Cómo puede ser que se hable de enfrentamiento cuando, por ejemplo, se ha ejecutado a una persona con discapacidad por ser sordo? ¿Cómo puede ser que la persona (que) ha quedado en estado de coma durante 10 días y tres meses en silla de ruedas por una golpiza de policías y elementos de la Fuerza Armada esté en estos momentos en detención y los policías imputados por homicidio agravado en grado de tentativa estén en libertad sin ningún tipo de medida?”, denunció el abogado del Idhuca.

Los hallazgos del informe de 2016 consistieron en la recopilación de 46 denuncias por violaciones de derechos humanos. La muestra es reducida por la limitada capacidad de trabajo del observatorio, que solo retoma hechos reportados en Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Nejapa y Ayutuxtepeque, entre otros municipios.

Reyna reconoce que, a pesar de ser una muestra reducida, es representativa de los hechos denunciados en otras instancias.  La subdirectora del observatorio critica que, a pesar del diálogo que se tiene con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para revisión de presuntas violaciones de derechos humanos, “cuando se presentan datos más fuertes, que evidencian la generalización de estos casos, entonces no se ve una acción concreta”.

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