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Las mafias legislativas están por apropiarse de la CSJ

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Es bastante sencillo. Diputados influyentes por el poder que les dan los votos que controlan en la Asamblea, como Carlos Reyes de Arena o Guillermo Gallegos de GANA, están luchando hasta el final para garantizar una Corte Suprema de Justicia que minimice o de una vez destierre las investigaciones patrimoniales que pesan sobre ellos.

Algunos diputados que también encabezaron las gestiones oficiales y oficiosas para cercenar instrumentos de lucha contra la corrupción, como la Ley de Extinción de Dominio, están haciendo uso de todas sus prerrogativas políticas para asegurarse de que la Corte Suprema y su Sección de Probidad vuelvan a ser oficinas intrascendentes.

Es sencillo: las mafias legislativas, asociadas con la corrupción y la falta de transparencia, han decidido que les tienen sin cuidado los reclamos ciudadanos por el manoseo de la cosa pública y que su misión es, faltaba más, elegir magistrados dóciles que toleren la corrupción. Su corrupción.

La principal responsabilidad en todo esto toca al partido Arena, la fuerza política que, tras los resultados electorales del 4 de marzo pasado, se erigió como directora de la orquesta legislativa. En esta su primera prueba de fuego de su compromiso con la transparencia, parece, por lo visto hasta ahora en el tema de la corte, que Arena sigue optando por tapar, avalar y compartir las formas de los corruptos.

Esto es lo que sabemos: a finales se la semana pasada, todo estaba listo para que los partidos políticos escogieran a los cinco abogados que ocuparán sillas en la corte -cuatro de ellos en la Sala de los Constitucional- durante los próximos nueve años. Las mejores noticias, que en el pantano de nuestra política no eran del todo malas, es que buena parte de los nombres que sonaban no tenían antecedentes en el mundillo ese de las componendas y la corrupción en el que tantas veces nos han sumido areneros, efemelenistas, pecenistas y ganosos desde la Asamblea Legislativa.

Algo pasó, algo feo pasó, y ya para la tarde del domingo 15 de julio, fecha en que terminaba el periodo constitucional de los magistrados salientes, el presidente arenero de la Asamblea, Norman Quijano, anunciaba que no había acuerdo y que no iba a ser posible elegir Corte Suprema a tiempo.

Quijano sabe, como ya lo sabemos varios reporteros que hemos estado siguiendo esta elección, que sí había acuerdo en su partido para elegir de una lista decente, pero que un grupo de diputados areneros de credenciales dudosas, la indecisión de su candidato presidencial para golpear la mesa con claridad, las presiones de GANA y la intrascendencia del FMLN en todo el asunto -efemelenistas, ¿recuerdan su debacle del 4-M?-, han permitido que a la lista de elegibles a la corte entren candidatos tan cuestionados como Carlos Pineda, el actual jefe de la Sección de Probidad.

Pineda es solo un ejemplo de candidato no idóneo, pero es un ejemplo importante. Desde hace un año, la Probidad que él dirige ha servido para ir liberando de responsabilidad a funcionarios que como Sigfrido Reyes o Gallegos, expresidentes de la Asamblea, se convirtieron en nuevos ricos mientras estuvieron en la cúspide legislativa.

Desde junio de 2017, la Probidad de Carlos Pineda empezó a extender plazos a los investigados para que pudiesen presentar prueba de descargo, lo cual no es ilegal, pero sí sospechoso a la luz de su puja por convertirse en magistrado de la corte. Y empezó a dar por válidas explicaciones débiles a aumentos patrimoniales millonarios que en principio había cuestionado; explicaciones como declaraciones juradas ante notario que los funcionarios firmaban un día antes de pedir prórroga para aportar más prueba, como ocurrió en el caso de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar; o, como en el caso de Gallegos, reportes tardíos de donaciones electorales que, según su abogado, se explican por la confianza que genera la “amplia experiencia” del diputado de GANA.

Desde junio de 2017, cuando ya en los pasillos de la corte y la Asamblea se empezaba a discutir en serio la sucesión de los cuatro magistrados de la saliente Sala de lo Constitucional, Pineda y Probidad empezaron a dejar de lado la acuciosidad y celeridad que habían demostrado, por ejemplo, en los casos del expresidente Mauricio Funes o de su exdirector del Seguro Social, quienes terminaron condenados por enriquecimiento ilícito.

El mensaje de quienes ahora empujan a Pineda parece claro: “Si el abogado ha demostrado que nos puede ayudar, ayudémosle nosotros”. Al final, todo queda en familia.

Arena, se entiende, no es el grupo de diputados corruptos que tanto tiene que perder si se fortalecen las instituciones del Estado llamadas a garantizar la transparencia de los funcionarios públicos; Arena es, ya, su candidato presidencial y quienes le rodean. Mal asunto sería, para el país, que Carlos Calleja y su tropa sean incapaces de imponerse a los grupos pro corrupción que pululan en su partido. Si esos grupos se imponen, solo hay dos lecturas posibles: que el candidato está de acuerdo con ellos o que una eventual presidencia suya sería, solo, otra gestión arenera plagada de oscuridad.

Hay muchas cosas que el expresidente Funes hizo mal, la mayoría, pero una cosa no se le puede reprochar: sus buenos oficios como mediador en 2009 para la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que acaba de terminar periodo. Con los criterios de esos magistrados, como ya he escrito, puede uno estar de acuerdo o no, pero no se le puede negar a esa sala que impulsó hasta el agotamiento la independencia de poderes, y que por primera vez en nuestra historia moderna un ejercicio de la Corte Suprema de Justicia sirvió de balance al Ejecutivo y al Legislativo. Eso ha sido ganancia vital para nuestra democracia.

Funes y sobre todo el fallecido Hato Hasbún -su secretario estratégico- usaron el enorme capital político del nuevo presidente para mediar entre partidos que, por inercia, querían también una corte dócil. Así mediaron también políticos de la derecha que convencieron al expresidente Alfredo Cristiani, entonces mandamás en Arena, de conformar una sala plural. El final, Funes, Arena y el FMLN tuvieron que aguantar la independencia de esa sala y, como dije, eso ha aumentado un punto a nuestra calidad democrática.

No podemos pedir al presidente actual, Salvador Sánchez Cerén, que haga algo. La suya es una presidencia muy débil y el suyo es un partido que, en parte por desmanes como los que Probidad le suavizó al exdiputado Sigfrido Reyes, ha perdido buena parte de su caudal electoral. Y porque seguimos escuchando a sus dirigentes decirnos que les importa poco la transparencia. Si una nota periodística cuestiona al presidente por su papel en el desfalco millonario que la Fiscalía atribuye a Mauricio Funes, el secretario del gobierno solo puede acudir al pobre argumento de que los periodistas queremos “dañar” al mandatario. Y si alguien pide cuentas al FMLN por su rol en la elección de magistrados, Schafik Hándal hijo dice que no esperemos “figuritas de Ilobasco”. Y así.

No, hoy toca ver a quienes, en 2019, pretenden suceder a Sánchez Cerén. Y, entre ellos, toca exigirle más responsabilidad al señor Calleja porque su partido es el que tiene la voz cantante en la Asamblea.

Si hoy, 17 de julio de 2018, la Asamblea dirigida por Arena escoge a abogados como Carlos Pineda para poblar la Corte Suprema de Justicia, habrán perdido quienes dentro del partido de derecha sí creen en una forma menos asquerosa de hacer política -que los hay-. Habrá perdido Calleja, de quien, insisto, solo podrá decirse que fue cómplice o, en el mejor de los casos, que no es capaz de controlar a los corruptos de su partido. Pero lo más grave es que habrá perdido el país, que se verá condenado a ver cómo las mafias políticas son capaces, una vez más, de torcer el sistema para protegerse.

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