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“Los siempre sospechosos de todo”

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El policía entró a la tienda de ropa. En ese momento, una estudiante de periodismo de la Universidad Centroamericana me entrevistaba en el café que está al lado, dentro del centro comercial. Justo hablábamos sobre cómo a las menores de edad se les revictimiza en este país. Le citaba el reciente caso de Kathia, la niña de 15 años que ha sido agredida en las redes sociales porque, al parecer, se escapó con un hombre de 27 años, de quien se dice es el novio. Le explicaba que tener menos de 18 años en este país y ser mujer es más complicado.

Todas las personas que estábamos en ese café —y afuera— nos impresionamos mucho cuando el policía, un hombre de casi 1.80 metros, robusto, a paso ligero, entraba a la tienda de ropa. Entró a sacar a dos jovencitos, dos hermanos (uno de 17 años y el otro de 19). Les pidió abrir las piernas, mientras los registraba. No les encontró nada. En ese instante, una señora salía de ese local, traía a una niña de unos seis años de la mano. Se acercó a nuestra mesa y recuerdo que me preguntó qué pasaba y por qué trataban así a los muchachos. Todo ocurrió el pasado sábado 14 de octubre. Eran casi las 4:00 p.m. y este centro comercial estaba muy concurrido.

La señora estaba asustada y contrariada. Le parecía feo lo que estaba sucediendo. Yo sentía exactamente lo mismo. Vi miedo, mucho miedo en la mirada de los dos jovencitos. Sus ojos brillaban, sus rostros estaban desencajados. Estaban a punto de quebrarse y llorar. Los vigilantes de ese y otro local se acercaron al policía. Él anotaba los datos del Documento Único de Identidad (DUI) del joven y pedía por radio que buscaran información sobre el joven en la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC). La escena me pareció desagradable y además intimidante. Pedí a la estudiante que dejara de grabar, busqué en mi cartera mi carné de periodista y le dije que me acompañara a hablar con el policía. Tenía miedo de que se llevaran a los dos jovencitos por una injusticia y ser cómplice de lo que estaba sucediendo. Nos acercamos, le dije que soy periodista, le mostré el carné y le pregunté qué pasaba. Respondió que había recibido una llamada al 911 diciendo que los jovencitos estaban armados. Sospecho que las o los dependientes de la tienda de ropa llamaron a la PNC porque los jovencitos no compraban nada y porque uno de ellos vestía una camiseta oficial, nueva, de Alianza fútbol club.

El policía tenía tapado su número de ONI, y se notaba que era adrede. Estuve tentada a pedírselo, pero reconozco que también sentía miedo. Sí, a la policía y a los soldados les tengo miedo. Les tengo miedo desde que he leído cómo maltratan a las personas jóvenes, cómo les implantan droga, cómo los golpean, como los acusan de todo por el hecho de ser jóvenes. Les tengo miedo desde que sé cuántas personas desaparecen en sus manos y en las de la Fuerza Armada, esa que, para mí, ha dejado de ser la institución modelo, luego de que se firmara la paz. Creo que son abusadores, abusadores de personas jóvenes. Lo leo casi a diario en los periódicos. De 2009 a 2015, hay más de 889 denuncias contra los militares en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo con un especial publicado por Diario El Mundo. El 43.4 % de las denuncias se debió a que vulneraron el derecho a la integridad personal. El porcentaje recoge casos de menores de edad detenidos por militares y que luego desaparecieron. Justo ese fue el miedo que sentí: que se llevaran a los jovencitos y que pasaran a engrosar las estadísticas de desaparecidos de nuestro país: “Los 11 mil salvadoreños que solo su familia busca”. En esa noticia de El Diario de Hoy, aseguran que siete de cada diez desaparecidos son menores de treinta años y tres de cada diez son menores de 18 años. Sí, tres de cada diez desaparecidos son menores de 18 años.

Las denuncias no son solo contra militares. Esta semana leí el caso de dos policías procesados por golpear y detener a un menor de edad, además de robarle sus pertenencias. Esto es lo que han logrado este Gobierno y los anteriores al reprimir a la juventud de este país: violar sus derechos como personas. Eso es el producto de militarizar la seguridad. El mismo especial de Diario El Mundo señala que “esta cantidad no es tan significativa si se compara con las 1,382 denuncias que acumula la Policía Nacional Civil (PNC) solamente entre 2014 y 2015, según el último informe de labores de la Procuraduría”. 

Pues bien, vuelvo a lo que vivieron los jovencitos. Les pregunté adónde residían. Venían de Zaragoza y estaban buscando una camisa para la graduación del menor de los hermanos. Nos dijeron que no habían hecho nada malo. Les pregunté si sus padres sabían dónde estaban y les dije que llamaran a su mamá. Insistí hasta que el mayor sacó el teléfono y le marcó al papá:

“Apá, un policía nos detuvo y nos registró… Le dijeron que andamos armados… No apá, si andamos bien vestidos… ¿Dónde estás?”.

Otra señora se acercó y nos contó que los muchachos venían bajando las gradas eléctricas delante de ella y su hija. Nos comentó que le parecía desagradable la situación, cómo los trataban y nos contó que por eso mandó a sus dos hijos a Estados Unidos. Los mandó porque acá no estaban seguros. Y entiendo su decisión. Ser joven acá significa ser acosado por las pandillas, por la policía, por los militares o sumar a las cifras de homicidios. En El Salvador, las principales víctimas de homicidios son los jóvenes, y en especial los que están entre los 15 y 29 de años. Un dato al respecto: entre enero de 2012 y julio de 2016, el 52.4 % de las víctimas de homicidio estaban en ese rango de edad, de acuerdo a las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) sistematizadas por Fundaungo. Si eres mujer, vas a sumar además a las estadísticas de violencia sexual: en nuestro país cada cuatro horas y 42 minutos una persona es violada. Así mismo, las principales víctimas de robo son las personas jóvenes, de entre los 18 y 30 años.

Le pedí a la señora que se quedara con nosotras para ejercer presión. Ella, asustada cuando vio que venía su hija, le ordenó meterse a la tienda de ropa. Me dijo: “Capaz se la llevan a ella también”.

No soy madre, pero tengo un sobrino de 21 años, quien ya en una ocasión se libró de un pandillero porque sus padres lo encontraron a tiempo. Cuando hablamos con mi sobrino sobre este incidente, le aconsejé que la próxima vez se partiera el alma con quien intentara llevárselo. Le dije que si se lo llevaban ya no íbamos a encontrarlo. Me dolió darle ese consejo porque eso significaría encontrarlo muerto, pero encontrarlo. Uno no debería de darle ese tipo de consejos a un joven; como tampoco los que di a los muchachos que detuvo el policía en este centro comercial: que no salieran sin sus padres y que no vistieran de esa forma. No debía darles esos consejos porque coartan precisamente su ciclo de vida y su libertad para expresarse y ser jóvenes.

El policía se acercó a nosotras. La señora le reclamó por el trato a los muchachos. Noté que él se contuvo ante nuestras observaciones y explicó que solo hacia su trabajo. Antes de esto, él preguntó al joven de 19 años si alguna vez había sido detenido. La respuesta fue negativa. Unos minutos después de conversar por el radio, el agente regresó el DUI al jovencito y le pidió disculpas. Mientras el policía caminaba hacia la patrulla, la señora se despidió y se fue con su hija. La estudiante que me entrevistaba y yo acompañamos a los jovencitos hasta la parada de buses y esperamos hasta que se subieran al microbús. Ambas teníamos miedo de que los agarraran a la salida del centro comercial. Antes de despedirme, les hablé sobre sus derechos y qué hacer en caso de que los detuvieran: la policía debe leerles sus derechos y citarles los artículos de la ley “supuestamente infringidos”, además de permitirles llamar a sus padres.

Las autoridades han olvidado el poder que tienen las personas jóvenes. Para septiembre de este año se esperaba que más de 60 mil jóvenes que cumplen 18 años antes de las elecciones de diputados y alcaldes de 2018, sacaran su DUI. Estos jóvenes tienen poder de voto, y en breve, comenzarán a tomar decisiones en un país que les ofrece pocas oportunidades de estudio, de empleo, que les discrimina y maltrata. Que siempre los trata como sospechosos de todo. Espero con tanta ansía que el bono demográfico castigue a los causantes de tantos abusos, que les dé una bofetada, la que se merecen por su visión adultocentrista y por ser violadores de sus derechos humanos.

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