Los peores actos de corrupción en El Salvador (2013-2014)

En El Salvador la corrupción es un mal extendido y una muestra palpable de ello son los escándalos recientes que involucran a funcionarios del más alto nivel: Francisco Flores y Mauricio Funes, dos ex presidentes de la República; Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa; Luis Martínez, el fiscal general de la República; al Ejército… hasta a la selección nacional de fútbol.

Para este fin de 2014, en Factum quisimos recordar los peores actos de corrupción a los que nos enfrentamos este año y el anterior, simplemente para volver a poner en el tapete hechos que no son banales –como dijera el fiscal general Luis Martínez cuando un periodista le preguntó por qué viajaba en aviones privados de un empresario acusado de fraude y administración fraudulenta–, sino que siguen hablando de un aparato público que no deja salir al país del subdesarrollo.

Lo hacemos para recordar, por ejemplo, que mientras los funcionarios se enriquecen con los fondos de todos, en el país la violencia sigue cobrando entre 10 y 13 vidas humanas al día.

La corrupción es una enfermedad terminal que condena a las sociedades que la padecen a vivir lisiadas, disminuidas, sub-desarrolladas, pobres. Para ilustrar: en 2004, según un estudio del Banco Mundial, los corruptos del mundo recibieron un billón de dólares (en español: un millón de millones) en sobornos; ese año, el Producto Interno Bruto de El Salvador fue de 15.8 mil millones de dólares.

El caso, decimos, es peor cuando se trata, como El Salvador, de sociedades marcadas históricamente por la desigualdad económica, en las que los ya magros recursos dedicados a la inversión pública son diezmados por funcionarios que los utilizan para viajar, pagarse campañas políticas o congraciarse con criminales.

Para elaborar este top 5, la Redacción de Factum propuso una lista a varios periodistas y analistas, a quienes pedimos que las ordenaran en orden descendente. Ellos son José Luis Sanz, director de El Faro; César Castro Fagoaga, editor de la sección judicial de La Prensa Gráfica; Romeo Lemus, presentador del Noticiero Hechos de Canal 12; y Roberto Burgos Viale, coordinador de la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de FUNDE/Transparencia Internacional.

Los requisitos para escoger los hechos propuestos fueron tres: que hubieran ocurrido en los últimos dos años, que involucraran a funcionarios o ex funcionarios públicos, que hubieran sido objeto de publicaciones periodísticas basadas en la investigación o hubieran sido objeto de investigación por parte de las autoridades competetentes. Así nuestra lista:

5. Sigfrido Reyes y las compras al IPSFA

El 28 de noviembre pasado, La Prensa Gráfica reveló que el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes del FMLN, y un asesor, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, compraron cinco lotes de terreno en la urbanización Greenside Santa Elena, en una de las zonas de mayor plusvalía en El Salvador. Según la nota del matutino, la empresa Terrein S.A. de C.V., inscrita por Reyes y su asesor en 2011, compró las tierras, propiedad del Instituo de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a precios por debajo de mercado. En notas de seguimiento, y tras la defensa pública que de Reyes hizo Marco Rodríguez, Secretario de Transparencia de Casa Presidencial, quedó claro que Reyes y su socio pagaron poco más de 442,000 en efectivo por las tierras. Hasta ahora, el diputado presidente ha hecho uso de recursos del estado, como la radio legislativa, para defenderse y atacar al medio que lo descubrió.

Sobre este caso, el director de El Faro dice que muestra cómo “el servicio público es un gran negocio privado”.

Roberto Burgos, de Funde/Transparencia Internacional, opina que aquí queda en duda como Sigfrido Reyes, haciendo uso de su “derecho al progreso personal” (como lo dijo el diputado en un programa de radio), “pudo invertir casi medio millón de dólares… a un precio ventajoso, cuyo conocimiento está vedado para el resto de salvadoreños, ya que si se analiza el Índice de Información Reservada (del IPSFA), todos los planes de negocios de cualquier unidad de ese instituto estarán disponibles hasta marzo de 2019”.

El editor Judicial apunta: “¿contratas como tu asesor –pagado con fondos públicos– a uno de tus socios, con el que has comprado unos terrenos –abajo del precio– valiéndote de información reservada , y te parece extraño que la opinión pública lo cuestione? Cínico, cuando menos. Y segundo: seguramente el empleo anterior de Reyes fue presidente de una trasnacional porque los ahorritos que puede uno obtener por seis o nueve años de diputado definitivamente no alcanzan para juntar más de 400,000 dólares. Algo no cuadra acá”.

Nuestra conclusión: por más que Reyes, el secretario Rodríguez o el mismo FMLN –cuyo coordinador general, Medardo González, ofreció apoyo incondicional al diputado presidente– le den vueltas, esto se llama corrupción: no es solo el acceso a medio millón de dólares en efectivo o el tráfico de influencias para comprar a bajo precio, es, de nuevo, la práctica nefasta de ocupar el recurso del Estado, y en este caso el aparato partidario, para montar la justificación pública de acciones que Sigfrido Reyes ha sido incapaz de contestar en una entrevista periodística. Algo más: Reyes tiene fuero. Se nota que lo sabe.

4. El fiscal general y los aviones de Enrique Rais

El 26 de noviembre de 2014 publicamos en Factum esta historia sobre los favores que el Fiscal General Luis Martínez recibe de Enrique Rais, un cuestionado empresario que ha estado en medio de escándalos financieros desde finales de los 90, y al que la oficina presidida por Martínez investigaba por administración fraudulenta y estafa. La entrada de nuestra nota dice así:

“La Fiscalía General de la Repúblia es, según la  Constitución, la encargada de defender los intereses del Estado y de perseguir delitos y a sospechosos de cometer delitos. El jefe de esa oficina es el fiscal general, Luis Antonio Martínez. En esa oficina hay, abierto, un expediente por un pleito entre un empresario salvadoreño, Enrique Rais, y un grupo de canadienses de las empresas Cintec Internacional Inc. y Cindesol Inc. Las partes se acusan mutuamente de administración fraudulenta y estafa relacionada al consorcio mixto Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES). En juego hay, centavos más centavos menos, 25 millones de dólares. El fiscal general Martínez, según documentos obtenidos por Factum, suele hacer viajes oficiales en aviones que pertenecen a una de las partes, al señor Enrique Rais. Hasta ahora, el discurso oficial de la Fiscalía es que la contraparte de Rais, los canadienses, no ha presentado pruebas suficientes en contra del empresario en cuyos aviones viaja el fiscal general.

Roberto Burgos, de FUNDE/Transparencia Internacional, cree que este caso tiene serias implicaciones para el ciclo de impunidad en El Salvador. “En cuanto al costo de impunidad, el presente caso es uno de los mayores en el año, ya que el Fiscal Martínez tiene relación y competencia con el resto de casos propuestos en esta lista”, dice.

César Castro Fagoaga, de LPG, consideró: “Martínez no solo interpretó a su antojo la Ley de Acceso a la Información Pública –que claramente establece que la información sobre viajes DEBE ser pública–, si no que además no le pareció extraño que una persona que ha sido procesada por la Fiscalía –la institución que él mismo dirige (por si se le ha olvidado)– le preste sus aviones y le pague sus viajes. Que la persona procesada (Enrique Rais) haya sido liberada de todo cargo por petición expresa de la misma Fiscalía es más preocupante aún. Pero al fiscal, este conflicto de intereses, le parece banal”.

José Luis Sanz, de El Faro, dice: “El cinismo de uno de los funcionarios más poderosos del país, al calificar de banal el asunto pero decretar reserva sobre la información relacionada con sus viajes, no solo indigna: da miedo. El Fiscal parece creer que está por encima del bien y del mal”.

Nuestra conclusión: Coincidimos con José Luis Sanz en que este caso da miedo por las implicaciones que tiene para toda la gestión de Luis Martínez. El compromiso del fiscal con Rais, la arrogancia del fiscal al pretender que su puesto lo excusa de dar explicaciones públicas y, sobre todo, la sombra de duda que este caso arroja sobre TODA la gestión del fiscal dan miedo. Mucho.

3.  El tráfico de armas desde el Ejército

Aquí se juntan, en realidad, dos temas. El primero es es el de los indicios incontestables que apuntan a que desde la Fuerza Armada se han favorecido, facilitado, tolerado y ejecutado varias formas de tráfico de armas, que van desde la falsificación de permisos en el Registro de Armas del ejército, la venta ilegal de armas de grueso calibre, hasta la elaboración de actas falsas de destrucción de granadas que luego han aparecido en manos de narcotraficantes en México y Honduras, según han confirmado a Factum fuentes federales estadounidenses e investigadores españoles. El 21 de julio de 2014, El Faro informó que la Policía Nacional Civil había allanado la casa del exministro de Defensa, el general José Atilio Benítez, en busca de armas ilegales; los agentes encontraron 29 registros de armas anómalos. El fiscal general Luis Martínez dijo, entonces, que la investigación se extendía también al general Francisco Salinas, ex director de la PNC y del Organismo de Inteligencia del Estado. El Ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, negó a la Fiscalía ingresar a recintos del ejército para buscar más evidencias.

El otro tema es la inoperancia del fiscal. Martínez se llenó la boca diciendo que llegaría hasta las últimas consecuencias, pero, a la fecha, no ha pasado nada. La Fiscalía ni siquiera ha movido otras investigaciones de tráfico que involucran a viejos registradores militares de armas y en los cuales cuenta con criteriados –implicados en los hechos a los que ha ofrecido beneficios penales a cambio de datos–. El tráfico de armas desde la Fuerza Armada es tan grave que ya en 2009 el gobierno de Estados Unidos intercambió notas diplomáticas con su homólogo salvadoreño para pedir que investigara el paradero de granadas de fabricación estadounidense, propiedad de la FAES, que agentes de la DEA encontraron en manos de grupos de narcos en Durango, México. De nuevo: impunidad en despachos de altos oficiales –ministros, directores de la PNC…– e inoperancia de la Fiscalía General.

Dice Burgos, de FUNDE/Transparencia Internacional: “Al parecer esta práctica (la de robar material de guerra) no ha logrado ser erradicada de las filas castrenses, sumándose a la corrupción de los señalados, la matonería política del Gral. Munguía Payés, el único ministro de Defensa de la posguerra que ante cualquier señalamiento responde con una conferencia de prensa en la que pareciera que va a declarar la guerra, con uniforme de combate y acompañamiento de la plana mayor de la Fuerza Armada”.

Sanz cree que es solo el principio. “Temo que se trate de la punta de un enorme iceberg. Y que en el esfuerzo por descubrirlo confirmaremos que la Fuerza Armada aún no está sometida al poder civil como se ha repetido por más de 20 años”.

Y Fagoaga coincide con el director de El Faro: “el tráfico de armas desde la Fuerza Armada ha sido sistemático y constante. Lo que hemos visto este año es solo la cola que asoma de la alcantarilla”.

Nuestro comentario: La corrupción en el ejército salvadoreño es asunto viejo, que parecía haber mejorado tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Parece que no: desde mediados de la década pasada agencias estadounidenses como la DEA y el FBI advertían sobre la complicidad de mandos medios en oriente con el grupo de narcotraficantes conocido como Los Perrones. La madeja del tráfico de armas que apenas empieza a desenredarse podría ser solo el inicio de otra historia de un ejército latinoamericano envuelto del casco a la bota con el crimen organizado.

 2. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos

Carlos Mauricio Funes Cartagena llegó a la presidencia de la república en junio de 2009 blandiendo la bandera del cambio. La lucha contra la corrupción, decía en su discurso inaugural, iba a ser marca en su gestión. Y no dudaba en señalar una y otra vez los pecados –reales, variados y escandalosos– cometidos por sus antecesores durante los 20 años del partido ARENA al frente del Ejecutivo. Al final, Funes y su gestión fueron más de lo mismo en temas de corrupción. El 26 de mayo de 2014, El Faro publicó un extenso reportaje en el que revela como Miguel Menéndez y Ada Mitchell Guzmán Siguenza, amigos personales de Funes, instalaron un spa, alquilaron casas y se beneficiaron de los favores presidenciales. Menéndez, también conocido como “Mecafé” y dueño de una compañía de seguridad privada, obtuvo varios contratos para poner guardias a cuidar edificios del gobierno. El 28 de julio de 2014, El Faro reveló, en otro artículo, que “Mecafé”, Guzmán Siguenza y el entonces director del Seguro Social, Leonel Flores, solían acompañar a Funes en vuelos privados.

Dice José Luis Sanz, de El Faro, que este caso “es la mejor prueba de que la corrupción no tiene ideología. No todo es culpa de los 20 años de ARENA”.

Al elaborar su análisis sobre este caso, Roberto Burgos, de FUNDE/Transparencia, hace una reflexión sobre las promesas rotas de Funes que vale la pena reproducir:

“Es un hecho público y notorio que el expresidente Mauricio Funes realizó viajes privados en aviones alquilados por amigos quienes luego se beneficiaron con un porcentaje considerable de contratos públicos bajo dicha administración. Los nombres de Herbert Saca, Miguel Menéndez y otros se repiten… hasta en la fundación de sociedades y nombramientos oficiales de dudosa procedencia. ¿Se trató de actos legales? Casi siempre, ¿son reprobables éticamente? No tengo duda de ello. El expresidente no dudó en utilizar incluso la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero para esconder la forma en que hizo uso de fondos públicos, específicamente para costear obras de arte dedicadas a la memoria del obispo mártir. ¿Peor o mejor que el expresidente Flores? El tiempo lo dirá”.

Fagoaga escribió: “los millones para Cosase y los beneficios sin límites para nuestra Camilla Parker Bowles nos hacen darnos cuenta de que lo que cambió no fue la mentalidad de finca, si no que quién administra la finca”.

Nuestro comentario: Este caso bien podría titularse “El gran fiasco” por las expectativas de transparencia que la administración Funes despertó en buena parte del electorado y el resultado final de componendas y tráfico de influencias en que esa administración y el presidente terminaron embarcados.

1. Francisco Flores y los millones de Taiwán

Si Funes ejecutó bien el corrido y el FMLN y Sigfrido Reyes, como dicen por ahí, no tocan mal las rancheras, este caso muestra que ARENA y el expresidente Francisco Flores ayudaron a escribir las partituras. En la Asamblea Legislativa, ante una comisión especial de investigación, Flores reconoció el 7 de enero de 2014 que había recibido 15 millones de dólares de Taiwán, destinados, entre otras cosas, a los damnificados por los terremotos de 2001. Se supo luego que buena parte del dinero se desvió a cuentas bancarias del partido ARENA para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca, el sucesor de Flores. Flores aperció una segunda vez ante la comisión legislativa y luego huyó. Haciendo despliegue de bastante torpeza, la Fiscalía General terminó montando un caso bastante débil por peculado (corrupción) ante los tribunales. El ex presidente terminó entregándose a la justicia y pasó varias semanas en las bartolinas de la Divisón Antinarcotráfico (DAN) de la PNC, pero luego el sistema de justicia, ante reclamos de la defensa del político por la mala salud de su cliente, lo envió a cumplir prisión domiciliar.  Flores sigue ahí, en su residencia de la colonia San Benito, en espera del resultado final de su proceso penal, que todo indica terminará en absolución. La Fiscalía aún no promueve investigaciones criminales contra todos los demás miembros del partido ARENA involucrados en el escándalo.

José Luis Sanz cree que este caso es una de las mejores muestras de la corrupción integral en El Salvador. “La falta de acción de la Fiscalía durante años, la displicencia con que el expresidente encaró los interrogatorios sobre el tema, la incapacidad para capturarlo antes o después de su fuga, los extraños criterios que el juez ha aplicado en el manejo del caso, y el hecho de que el fondo del asunto sea el financiamiento tal vez ilegal y con toda certeza antiético del entonces partido de gobierno, ARENA, con la complicidad de uno de los mayores bancos del país, en Cuscatlán, dibujan todas las caras de la corrupción del país y prueban que nuestra política está podrida desde la cúpula. Solemos maldecir la evidente corrupción en la Asamblea Legislativa, pero hay poderes políticos mayores, y más traidores.”

Dice Burgos: “Considero que ha sido el caso más grave de corrupción durante este año, entendida la corrupción como el abuso de las potestades legales conferidas en beneficio propio, como decimos en Transparencia Internacional”.

Fagoaga apuntó: “el caso Flores lo tiene todo, y debería estar ilustrado en los libros de cromos para que los niños entiendan cómo funciona la corrupción: dinero donado por Taiwán, dinero que se usaría para combatir la pobreza, para reconstruir después de terremotos y huracanes, que fue desviado por un presidente a las cuentas de su partido, que ARENA usó para la siguiente campaña presidencial, de la que se benefició Tony Saca para llegar a Casa Presidencial, dinero por el que Flores discutió con cínica maestría en todo momento, al no comprender que alguien se atreviera a cuestionarlo”.

Nuestro comentario: La corrupción ha plagado el estado salvadoreño contemporáneo, el refundado tras la firma de los Acuerdos de Paz, y el partido ARENA fue, durante 20 años, uno de los grandes beneficiarios de esa corrupción. Pero el asunto no terminó ahí: Mauricio Funes primero y el FMLN después no se desprendieron de los malos hábitos que habitan “tras las gruesas cortinas” de Casa Presidencial –la frase es de Francisco Flores–. Elegimos el del expresidente arenero como el caso más representativo de 2014 porque parece sacado de ese nefasto manual que hace tanto tiempo se escribe en nuestro país: la élite política, amparada por la económica, hace uso de los fondos destinados a los más pobres para perpetuarse en el poder, sin importarles el manoseo vulgar de cuanta institución se les ponga enfrente.

*Bonus track

No ocurrió en 2014 ni tiene a políticos o funcionarios por protagonistas, pero los ecos que generó en materia de impunidad, de indignación, de burla al contrato social más básico, y por lo que tiene de privar a los salvadoreños de uno de sus pocos espacios de salida, este sigue siendo un caso que debe nombrarse: los amaños en la selección nacional de fútbol.

Rodrigo Arias escribió en Factum, al hablar de los amaños: “…El debate no acaba. Por ahora nuestro fútbol no tiene remedio, y sin revoluciones ni mesías a la vista. Con la basura de los amaños escondida bajo la alfombra, un bulto que no nos deja ver un partido tranquilos”.

La corrupción nos robó el fútbol, como antes nos había robado la política, la seguridad pública, incluso la capacidad del Estado para investigar a los criminales. No es asunto banal.

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José Luis Sanz, director de El Faro.

1. Francisco Flores y los millones de Taiwán.
2. El fiscal general y los aviones de Enrique Rais.
3. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos.
4. Sigfrido Reyes y las compras al IPSFA.
5. El tráfico de armas desde el Ejército.

Roberto Burgos Viale, coordinador de la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de FUNDE/Transparencia Internacional.

1. Francisco Flores y los millones de Taiwán.
2. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos.
3. Sigfrido Reyes y las compras al IPSFA.
4. El fiscal general y los aviones de Enrique Rais.
5. El tráfico de armas en el Ejército.

César Castro Fagoaga, editor de la sección judicial de La Prensa Gráfica:

1. Francisco Flores y los millones de Taiwán.
2. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos.
3. El tráfico de armas desde el Ejército.
4. El fiscal general y los aviones de Enrique Rais.
5. Sigfrido Reyes y las compras al IPSFA.

Romeo Lemus, presentador del Noticiero Hechos de Canal 12:

1. Francisco Flores y los millones de Taiwán.
2. El tráfico de armas desde el Ejército.
3. El fiscal general y los aviones de Enrique Rais.
4. Sigfrido Reyes y las compras al IPSFA.
5. Mauricio Funes y el uso de fondos públicos para favorecer a sus amigos.