En El Salvador se consolidaron, desde 1990 hasta la fecha, dos estructuras de crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico que lograron convertirse en grupos de poder, en nuevas elites, capaces de crear microeconomías, influir en la política local y, más recientemente, en la nacional, y cuyos miembros más importantes están protegidos por un manto de impunidad garantizado por su capacidad para corromper al Estado. Los Perrones y Texis han sido los dos grupos de narcotráfico más importantes de El Salvador en momentos distintos. Sus conexiones políticas, sobre todo con uno de los principales asesores de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, y la influencia lograda a través del financiamiento de campañas proselitistas, les permitieron poner diputados en la Asamblea Legislativa y consolidarse como grupos de poder territorial en las esquinas noroeste y sureste de El Salvador, ambos en zonas fronterizas por donde se mueve buena parte de la cocaína que circula por la porción salvadoreña del puente centroamericano del tráfico internacional de drogas. El primer paso para su consolidación como grupos sofisticados de crimen organizado y, eventualmente, en nuevas elites económicas, fue el control del territorio en que operaban la mayor parte de sus actividades ilícitas, fuentes primarias de su poder económico.
Texis, control territorial integral
La zona de influencia del Cartel de Texis comprende unos 500 kilómetros cuadrados. Empieza, al sur, en el desvío hacia el pueblo de Texistepeque, que nace en la carretera que de Santa Ana -la tercera ciudad del país- conduce a Metapán y a la frontera Anguiatú, el punto más al norte en la zona de influencia de este grupo, aledaño con Guatemala. Al oeste el límite es el pueblo de San Antonio Pajonal, punto de entrada de todo tipo de contrabando según la Policía salvadoreña. Y al este, el control del cartel se extiende hasta Nueva Concepción, un pueblo de vocación agrícola, perfilado por la policía salvadoreña como zona de influencia convergente entre el Cartel de Texis y la clica Fulton Locos Salvatruchos (FLS) de la pandilla MS-13.
El centro de operaciones políticas y comerciales del grupo es Metapán, una ciudad de tamaño mediano que ha servido como último punto de partida del comercio internacional con el sureste guatemalteco y el suroeste hondureño. De Metapán parten rutas de tráfico legal e ilegal que se internan por zonas montañosas, puntos ciegos en las fronteras y descampados que no cuentan con vigilancia permanente de las fuerzas públicas salvadoreña, guatemalteca u hondureña.
Ir a Metapán ha sido, desde la segunda mitad de la década de 2000, atestiguar la evolución económica, política y social de un pueblo dinamizado por las actividades lícitas e ilícitas del grupo territorial de poder conocido como el Cartel de Texis, así nombrado porque varios de sus miembros son originarios de Texistepeque, el pueblo enclavado en las montañas que es, como se dijo, el límite sur del territorio controlado por este cartel.
Revisar las características de esos puntos limítrofes de la zona controlada por Texis, así como la historia política reciente de Metapán, sirve para dar una idea más clara de los orígenes del control territorial y del alcance de la influencia criminal y económica de esa nueva élite criminal.
Al centro de Metapán hay una típica plaza de arquitectura colonial española: un cuadro urbano, encementado, limitado al norte y al este por portales de vocación comercial; al sur por el templo católico; y al oeste el palacio municipal. El sitio reúne, como es común en este tipo de trazados, a los poderes vivos de las sociedades mesoamericanas con influencia española: la iglesia, el poder político y el comercio. En el caso de Metapán, además, el centro histórico es sede del estadio de fútbol en el que juega el exitoso equipo local.
Ahí, en esos edificios del centro histórico metapaneco -hoy pintados de un blanco inmaculado que acentúa su rasgo colonial-, despachan dos de los líderes más visibles del Cartel de Texis: el alcalde, Juan Antonio Umaña Samayoa y José Adán Salazar Umaña, un exitoso empresario local. El primero es el alcalde desde hace seis años -dos periodos- y se alista para buscar la reelección por el Partido de Concertación Nacional (PCN), por cuyas filas han pasado al menos dos políticos procesados o señalados por tráfico ilegal. El segundo, denominado “kingpin” por la administración Obama, ha sido presidente de la Feria Ganadera de la Ciudad de Santa Ana, que reúne a un grupo de hacendados influyentes en el occidente salvadoreño, y de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
El alcalde Juan Samayoa, como se le conoce en Metapán, parte de la directiva del club local de fútbol, suele asistir al estadio metapaneco Jorge Calero Suárez cada vez que el equipo juega y, desde ahí, suele estrechar lazos con políticos, empresarios u otros agentes del Estado. El 4 de mayo de 2014, por ejemplo, el club Isidro-Metapán jugaba el último partido del torneo clausura de ese año frente al Santa Tecla, homónimo de uno de los municipios más importante de La Libertad. Óscar Ortiz, vicepresidente de la República y durante muchos años alcalde de Santa Tecla, de cuyo club de fútbol aún está ligado, estaba aquella tarde en los graderíos del estadio de Metapán junto al alcalde metapaneco.
El estadio Jorge ‘Calero’ Suárez, en Metapán, durante un partido de liga entre el equipo local y el Santa Tecla.
Uno de los vínculos políticos más importantes del alcalde Umaña Samayoa, no obstante, es con el PCN, que lo llevará como candidato a dirigir el municipio de Metapán por tercera vez, y con cuyos líderes y diputados suele codearse el jefe edilicio en actos electorales. A finales de agosto de este año, por ejemplo, Francisco Merino, exvicepresidente de El Salvador y diputado del PCN por Santa Ana, participó en un acto proselitista junto al alcalde.
Otro de los contactos políticos de Juan Samayoa es Herbert Saca, primo del expresidente Antonio Saca (2004-2009), de quien fue asesor, y uno de los hombres más cercanos al expresidente Funes (2009-2014). A Herbert Saca, reconocido como uno de los operadores políticos más importantes de El Salvador, lo han investigado la Fiscalía salvadoreña, agentes federales de los Estados Unidos y la inteligencia estatal de El Salvador por supuestos vínculos con grupos de narcotráfico y crimen organizado. En la campaña proselitista previa a las elecciones de 2010, en las que el alcalde Samayoa se reeligió por primera vez, Saca participó en actos políticos en la zona de influencia del Cartel de Texis.
En Metapán, en sus cantones y en la carretera que trae de Santa Ana hasta la ciudad, el alcalde Samayoa está en todos lados. No solo en el estadio o en el club de fútbol, nueve veces campeón. Está en una gigantesca valla en los linderos de la ciudad en la que se anuncia como amigo de los agricultores, en botes de basura azules de la alcaldía colocados cada 100 o 200 metros… En el Registro de Comercio de San Salvador su nombre también está escrito junto al de José Adán Salazar Umaña, junto a quien fundó Gumarsal, una de las empresas a las que Estados Unidos investiga desde que Obama nombró a Chepe Diablo capo del narcotráfico internacional el 30 de mayo pasado, tras una recomendación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro.
Esa designación, hecha por la Casa Blanca en Washington el 31 de mayo de 2014, cuatro días después del domingo en que el club de fútbol de Metapán celebró su noveno título en el campeonato salvadoreño, amenaza ahora con convertirse en tormenta para el alcalde metapaneco.
En buena parte de los documentos en los que los agentes de la OFAC, que elaboraron el expediente en el que Obama basó su designación tuvieron acceso, aparece el nombre del alcalde metapaneco al lado del de “Chepe Diablo”. También aparece el del hijo de Umaña Samayoa, Wilfredo Guerra Umaña, presidente de Gumarsal, la compañía agroexportadora que es, según investigadores estadounidenses y salvadoreños consultados, la principal fachada legal del grupo.
Umaña Samayoa y Guerra Umaña, al igual que Salazar Umaña, fueron acusados por la Fiscalía salvadoreña de evasión de impuestos. En abril de 2014, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador los exoneró definitivamente luego de que pagaron en conjunto $912,299.01 en concepto de Impuesto Sobre la Renta no pagado en el ejercicio fiscal 2010. Después se supo
Entre 2004 y 2011, Gumarsal compró $63.2 millones a proveedores estadounidenses. Pero no solo Gumarsal está en la lista. “A la fecha, el grupo ya se ha vuelto un consorcio junto a las siguientes cuatro grandes empresas: Molino San Juan, Indumasa, Gradeca y Transportes Dany”, dice en uno de los documentos a los que los estadounidenses tuvieron acceso.
Molino San Juan, que entre marzo de 2011 y mayo de 2012 importó 1,760 toneladas métricas de trigo a El Salvador, estaba valorada en $31.9 millones en 2011, según documentos de Hacienda.
El camino que llevó a Salazar Umaña a ser uno de los hombres más influyentes en el Cartel de Texis y en el territorio que el grupo controla empezó treinta años atrás, cuando este hombre era solo un cambiador de moneda en la frontera que divide a El Salvador de Guatemala.
En 2004 Salazar Umaña declaró al fisco rentas por $2.7 millones; para 2010, la renta declarada había crecido a $13.06 millones, según consignan documentos del Ministerio de Hacienda anexos al expediente abierto contra el empresario metapaneco por evasión de impuestos en la Fiscalía General de la República (FGR).
Los expedientes de “Chepe Diablo” dan cuenta de que él y otros cuatro familiares fundaron Hoteles Salvadoreños, S. A. de C. V. (Hotesa) en 1998. Salazar Umaña era, entonces, el dueño del 60 % de las acciones. Los agentes del Tesoro en Washington también han profundizado sobre esta compañía.
Para 2008, los activos totales de los hoteles de Hotesa estaban valuados en $3.7 millones, de acuerdo con el balance general al 31 de diciembre de ese año, firmado por Salazar Umaña como representante legal y por la contadora Evelyn Claribel Zepeda Galdámez. Para 2010, año en que las ventas totales de los seis hoteles crecieron 32.6 % respecto al ejercicio anterior, el valor de los bienes de Hotesa –edificios y equipamiento– era de $18.5 millones.
Hotel San José, propiedad de Hotesa y Salazar Umaña, ubicado en la entrada de Metapán.
2008 fue, también, el año en que arrancaron las investigaciones en torno a algunos de los empresarios de Metapán y Santa Ana a quienes luego la PNC identificaría como líderes del Cartel de Texis, entre ellos Salazar Umaña. El expediente de inteligencia policial, sin embargo, tomaría forma hasta 2009, cuando el Centro de Inteligencia Policial reunió en un solo fólder, al que en un inicio se conoció como Caso Límites, las pesquisas en torno a, entre otros, “Chepe Diablo”, Umaña Samayoa y Roberto “el Burro” Herrera, otro ganadero de Texistepeque, quien guarda prisión en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, en la ciudad de Zacatecoluca, acusado de robo de vehículos y tráfico de drogas y a quien el exministro de Seguridad Pública salvadoreño, Ricardo Perdomo, relacionó con Texis.
De Salazar Umaña, sus socios y Texis dice un investigador de Hacienda: “A diferencia de Los Perrones –el grupo de narcotraficantes del oriente salvadoreño–, que se especializaron en mover droga y tenían algunas empresas pequeñas para lavar dinero, esta gente se especializó en lavado de una forma que no habíamos visto”.
En el caso de Texis y “Chepe Diablo”, el control territorial vino desde las influencias comerciales locales, en las cuales se ampararon los empresarios de Metapán para crear compañías legales en las que invertir todo el dinero proveniente de actividades ilícitas, dinero que “no pueden justificar”, según un agente del FBI familiarizado con el caso. El control de la política local les permitió, además, afianzar su control territorial: Texis controla la alcaldía de Metapán, sus contratos y finanzas, desde hace media década; su dinero también les ha permitido financiar las campañas políticas locales, lo que les permitió ensanchar su cintura política en el nivel nacional.
Pero, en este caso, el control territorial también vino dado por el uso de la fuerza. Según las investigaciones salvadoreñas fue el “Burro” Herrera uno de los principales encargados de ampliar los mercados locales de la droga que manejaba el grupo a finales de la década pasada y de ajustar cuentas en el bajo mundo.
El “Burro” Herrera era también, según las investigaciones internas de la Policía salvadoreña, uno de los encargados de sobornar a oficiales de alto rango de la PNC. Un informe elaborado por agentes de la inteligencia policial que siguieron al “Burro” entre 2010 y 2011 da cuenta de que él era quien se encargaba de lidiar con oficiales encargados de las jefaturas departamentales y regionales en el occidente salvadoreño.
A través de la expansión de negocios legales alimentados con dinero ilegal, del uso de la fuerza o de la infiltración en el Estado por medio de la corrupción de operadores políticos y policías, el Cartel de Texis logró apropiarse de una ruta de contrabando y trasiego que se volvió más activa entre 2010 y 2011, cuando el gobierno abrió una carretera que conecta todo el norte salvadoreño. En una de las primeras investigaciones periodísticas sobre el tema, publicado en Los Ángeles Times, la transformación de estas viejas rutas se describe así:
“Una vez jugador secundario en el narcotráfico en la región, este pequeño país se encuentra ahora inmerso en un creciente mapa de tráfico, algo que ocurrió en parte por la presencia de una nueva carretera financiada por Estados Unidos que provee una ruta terrestre para el transporte de cocaína hacia el norte”.
Los Perrones, control territorial para el tráfico
Los Perrones controlan una porción más grande que Texis: 2,200 kilómetros cuadrados que limitan, al este, son los humedales y bosques salados a los que llegan las aguas del Golfo de Fonseca, la entrada de mar del Océano Pacífico que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua, y la frontera terrestre de El Amatillo, principal punto de intercambio comercial entre Honduras y El Salvador. Al sur, el área de influencia de los empresarios relacionados a la banda va desde el puerto-ciudad de La Unión hasta el estero de Jaltepeque, unos 190 kilómetros de playas. El límite norte está marcado por dos carreteras nacionales, la Panamericana y la Ruta Militar, que conectan la ciudad de San Miguel con los puntos fronterizos. Al este, sobre la Ruta Militar está la ciudad de Santa Rosa de Lima, lugar de origen de varios de los ganaderos y contrabandistas que fundaron la banda.
El de los contrabandistas de oriente que, afincados entre la bahía de Jiquilisco y el golfo de Fonseca se expandieron desde Santa Rosa de Lima y San Miguel para convertir sus viejas rutas en los caminos de la cocaína, es uno de los capítulos que mejor ilustra la historia del narcotráfico en El Salvador. El relato de cómo esos contrabandistas ampliaron sus contactos en la fuerza pública para operar sin problemas es, hasta ahora, uno de los ejemplos más importantes de infiltración de crimen organizado en el Estado. En menos de 15 años, esos contrabandistas infiltraron las aduanas, la Fuerza Naval, la PNC, distintas alcaldías, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, el sistema financiero y el fútbol. Uno de ellos llegó a tener bajo su control al menos tres puestos policiales en playas del departamento de La Unión para facilitar desembarcos de cocaína.
José Natividad Luna Pereira, alias Chepe Luna, fue uno de los miembros fundadores de Los Perrones. Su historia habla, quizá mejor que la de otros líderes, del control territorial como argumento fundamental de poder de estas estructuras.
Chepe Luna era, para mediados de la década de los 90, uno de los traficantes de personas mejor perfilados por las policías de Honduras, El Salvador, Nicaragua y los Estados Unidos. Para 1998 ya había logrado sacar documentos de identidad en Pasaquina, uno de los pueblos bajo el control de Los Perrones, y en Honduras.
En poco tiempo, se consolidó como el contrabandista más poderoso de oriente gracias al control territorial que ejercía sobre los humedales aledaños al golfo de Fonseca, a su acceso a mercancía en Nicaragua y Honduras y, lo más importante, a una extensa red de colaboradores que afianzó poco a poco dentro del Estado, sobre todo en la PNC, pero también en la Fiscalía y en el sistema judicial. Un informe que el Ministerio de Hacienda elaboró en 2004 lo explicaba así: “El contrabando de todo tipo de mercaderías se acrecentó, pues los jefes policiales manifestaban que recibían dádivas de las estructuras grandes (…) a finales de 2003 y los primeros nueve meses de 2004 los policías favorecían a los contrabandistas de tal forma que (a) los dueños de mercadería que pagan dádivas no los tocaban”.
La estrategia de Chepe Luna era, entonces, la misma que la de otros contrabandistas del continente que, a la postre, terminaron convertidos en narcotraficantes: control territorial, acceso y administración de una red logística de transporte capaz de mover mercadería en forma segura y rápida, y dinero suficiente para comprar a las autoridades e, incluso, hacerlas partícipes del negocio.
Una nota de prensa publicada el 20 de septiembre de 2004 da cuenta de su modus operandi: agentes de la División de Finanzas de la PNC despejaban la ruta a contrabandistas de queso en el paso ciego El Cusuco. Otros agentes conversaban con los contrabandistas y un capitán del Ejército supervisaba a unos soldados que ayudaban a descargar marquetas de queso. Todo ocurría a pocos metros de una casa de Chepe Luna, en Barrancones, en el golfo de Fonseca, la entrada de mar compartida por El Salvador, Honduras y Nicaragua, por la que durante las guerras centroamericanas de los ochenta pasó todo tipo de armas de contrabando.
Otro informe policial, este elaborado en 2004 por una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Hacienda de El Salvador para combatir el contrabando, recoge el reporte de un grupo de inteligencia policial que habla sobre la base social que el contrabandista ya había construido: “Luna coordina lanchas rápidas y tiene desembarcaderos en el golfo. Hay uno en Isla Perico, a la entrada del canal de Barrancones, en el río Goascorán. Ahí, en un pequeño islote hay una hacienda que es de Chepe Luna, en la que trabajan 25 familias a las que él mantiene”. Ese reporte dice que Chepe Luna manejaba comunidades similares en la isla Muruhaca, El Cedro, San Juan y en los esteros La Manzanilla y El Robalón.
El reporte periodístico también cita a una fuente no identificada de la PNC que agrega el ingrediente del tráfico aéreo: “También hay una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, cerca de la playa El Tamarindo, en la que pobladores han visto vuelos rasos en la noche”. Cerca de esa pista, decían los investigadores, Chepe Luna también tenía gente.
Esa pista aérea está cerca de una zona conocida como El Jaguey, aledaña a una de las porciones del litoral salvadoreño que Los Perrones controlan de forma intermitente desde finales de la década de los 90. Otro de los miembros de la banda, Daniel Quezada, controlaba, a finales de la década pasada, al menos cuatro recintos policiales que, se suponía, eran encargados de vigilar la playa.
El interés de los Estados Unidos por la zona oriental salvadoreña había crecido en la segunda mitad de los noventa, luego de que operaciones de inteligencia de la DEA en el terreno detectaran el arribo a las costas de Usulután, San Miguel y La Unión de cocaína procedente del puerto de San Buenaventura, en Colombia. En 1999, el agregado de la DEA en San Salvador, Jim Rose, confirmó que La Chepona, una playa desolada en el departamento de Usulután, era un importante punto de trasiego. La Policía salvadoreña también sabía de esos movimientos. En 1997, un reporte del Grupo Especial Antinarcotráfico de la PNC decía:
“Desde el puesto de El Tamarindo se informa de muchos movimientos de lanchas… no solamente llega droga, sino que también viene gente de Nicaragua, tráfico de personas…”
Chepe Luna fue asesinado en Honduras, el 26 de junio de este año. Su asesinato aún no ha sido resuelto por la justicia de ese país.
Ya en 1996 agentes del GEAN habían empezado a investigar a Reynerio de Jesús Flores Lazo; Juan María Medrano, alias Juan Colorado; y a Fredis Osmín Escobar, los tres de Santa Rosa de Lima. Flores Lazo se convirtió, en 2000, en el principal traficante de la banda, el que ensanchó las viejas rutas del contrabando gracias a una flota de furgones y contenedores capaces de mover toneladas de cocaína desde la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y llevarla hasta Guatemala, donde la entregaba a los operadores guatemaltecos del mexicano cartel de Sinaloa.
Durante casi una década, entre 2000 y 2009, Reynerio Flores Lazo, Chepe Luna y los otros contrabandistas consolidaron la federación de transportistas a la que luego la PNC denominó Los Perrones.
A diferencia de Texis, Los Perrones se concentraron el tráfico de droga, que solo era posible -de nuevo- si la banda ejercía control territorial sobre las rutas de trasiego. Como lo demuestra el caso de Chepe Luna, el control sirvió en principio para ampliar el contrabando y, luego, cuando se ensanchó la ruta terrestre centroamericana de la cocaína, para garantizar el transporte de cocaína.
Sobre la carretera que de San Miguel conduce a La Unión, dos de las ciudades ubicadas en el área en que operan Los Perrones, hay una edificación que es, posiblemente, uno de los signos más visibles de la influencia territorial que la banda ejerció en el pico de su operatividad (2004-2009). Se trata de una pista de carreras de autos que alguna vez fue propiedad de Juan María Medrano, alias Juan Colorado, uno de los principales traficantes de la banda.
En el cuarto de milla, como se le conoce a este tipo de pistas por su longitud, de Juan Colorado se reunían a finales de la década pasada varios miembros de la banda, funcionarios públicos, incluso policías, a presenciar carreras en festivales que incluían servicios sexuales de redes de prostitución controladas por la banda y consumo de cocaína. El 5 de diciembre de 2009, tras recibir información de algunos colaboradores cercanos de Colorado a los que la Policía había reclutado y de agentes antinarcóticos estadounidenses, la PNC capturó a Juan Colorado en la pista de carreras. En el informe que la Fiscalía General agregó al expediente judicial abierto contra el traficante dice que la instalación contaba con graderíos y una torre de control y que los agentes que capturaron a Colorado encontraron ahí dos armas y una bolsa con cocaína.
Otra diferencia importante entre Texis y Los Perrones es el nivel de influencia política y de control de operadores del Estado. Mientras en el caso del grupo del occidente, como quedó visto, la participación directa en política y el control de la alcaldía de Metapán es un rasgo característico, en el caso de Los Perrones las relaciones con agentes del poder están más diversificadas.
La base de la relación entre Los Perrones y el Estado salvadoreño o algunos de sus operadores políticos fue la corrupción, con una diferencia importante respecto a Texis: en el caso de la banda de oriente fueron dos de los operadores políticos quienes establecieron las condiciones de la relación al cobrar cuotas para facilitar el tráfico de cocaína. Un agente financiero de Los Perrones, que está refugiado en Honduras, asegura, por ejemplo, que la familia Flores Lazo llegó a pagar hasta medio millón de dólares a Herbert Saca y a Adolfo Tórrez, dos miembros del partido ARENA, para atenuar la persecución policial de que la banda era objeto debido a presiones de Estados Unidos.
En el caso de oriente, la garantía de que las autoridades no entorpecerían el tráfico era fundamental para el control territorial y era, esa garantía, esencia del éxito económico de la banda Los Perrones. Fue precisamente esa garantía la que hizo a la banda salvadoreña atractiva para los productores y traficantes mesoamericanos internacionales en México y Colombia. De hecho, antes de que el golpe de Estados perpetrado por las élites militares y económicas tradicionales de Honduras abriera definitivamente el litoral del Atlántico hondureño al tráfico de cocaína a gran escala, la operación de los Flores Lazo, Juan Colorado y Los Perrones era una de las más populares en Centro América.
Según los documentos judiciales de los procesos contra Flores Lazo y Colorado, ambos condenados por narcotráfico a penas entre 15 y 80 años, a Los Perrones la justicia salvadoreña les pudo comprobar el trasiego de alrededor de 4 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2009, algo no visto en El Salvador desde la década de los 80, cuando el aeropuerto de la Fuera Aérea salvadoreña servía de puente al tráfico internacional de cocaína propiedad de los grandes carteles colombianos.
Las 4 toneladas de Los Perrones son, no obstante, solo una muestra de la importancia que para este grupo y sus herederos aún tiene el control territorial sobre las rutas de narcotráfico. Aun hoy, con los principales líderes de la banda presos, traficantes menos públicos ejercen influencia sobre esas rutas, basados, como ocurría en el caso de sus antecesores, en la corrupción de agentes del Estado y el control logístico del transporte. Las pruebas más importantes de la vigencia del control son, por un lado, la continuidad en el tráfico, evidente en los decomisos esporádicos que la PNC salvadoreña realiza en la ruta -y que según la ONU no dan cuenta del nivel real de tráfico en esa zona del territorio salvadoreño-, pero también en las capturas frecuentes de furgones y conductores salvadoreños en la frontera de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, que es el principal punto de recalaje del tráfico terrestre de cocaína hacia el norte de Centro América.
En 2012 y 2013, el presidente Barack Obama incluyó a El Salvador en la lista de países principales en el tráfico de drogas en el continente. Y, según reportes del Pentágono, en 2011 pasaron por El Salvador hasta 11 toneladas de cocaína. No es un tráfico menor, como demuestra el caso de Los Perrones, cuyo control sobre esas rutas de narcotráfico y de oficiales de alto rango de la Policía, les permitió consolidarse, también, como una nueva élite criminal territorial.
Una versión más completa de este artículo fue publicada por el Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, del que el autor es investigador asociado, en octubre de 2014, bajo eltítulo "Transportistas y lavadores, el control territorial como argumento de poder en El Salvador".
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