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Los dilemas de un pueblo construido con el dinero de la coca en la transición hacia la paz

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En Policarpa, municipio rural colombiano golpeado por el conflicto armado, ser agricultor es como jugar con la ruleta rusa por la falta de subsidios, vías y seguridad. Los campesinos, olvidados tras décadas de conflicto, se enfrentan a la encrucijada -en la semana final del desarme tras el acuerdo entre Gobierno y las FARC- sobre el camino a tomar: ¿cómo producir cultivos legales sin recursos estatales? ¿por qué vender un kilo de maíz a $15 si puede sacar $570 por un kilo de base de coca?

Foto FACTUM/Teresita Goyeneche


En el corazón de la cordillera occidental colombiana, a tres horas de caminos estrechos y cuatro más de carretera para llegar a la frontera con Ecuador, está Policarpa. Un municipio del departamento de Nariño, en el que habitan 30,000 habitantes que se han gobernado solos por décadas y que actualmente son anfitriones de una de las diecinueve Zonas Veredales Transitorias, los territorios asignados en el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para alojar excombatientes y la entrega de armas.

Policarpa es el ejemplo paradójico de las falencias del Estado: ha sido tradicionalmente atacada por todos los frentes armados colombianos y se sostiene por completo de la producción de coca. Según datos de la comunidad, 25% de su población es productora y el otro 75% depende de ellos. Sacar productos lícitos de la tierra de manera sostenible es inviable por la falta de infraestructura.

Como muchas, esta comunidad ha sido invisible para el gobierno, incluida la administración de Juan Manuel Santos. De sus dos proyectos estrella, el Acuerdo de Paz con las FARC y el Plan de Infraestructura y Vías, Policarpa es solo parte del primero. Allá no ha llegado ni un centavo de $24,000 millones que ese programa prevé para mejorar las comunicaciones en el país.

Foto FACTUM/Teresita Goyeneche

El municipio, que amanece abrazado por nubes blancas cada mañana, fue fundado en 1972 y, según don Etelberto Ibarra, un líder campesino de 49 años, antes de la llegadad de la coca se sostenía de la actividad artesanal agropecuaria del cultivo de maíz, frijol, maní, cacao, café, caña y arroz.

Sin embargo, a principio de los ochenta hubo una temporada larga de sequía, y varios campesinos se fueron a trabajar a Cauca y Putumayo y volvieron con la planta de coca. Enseguida empezó a sembrarse en la parte más al sur del municipio y desde entonces se convirtió en la renta del campesino.

Etelberto es un hombre magro y curtido, rasgos propios del trabajo en el campo. El primer empleo que tuvo fue como docente escolar hace 29 años en Sánchez, un  corregimiento (cantón) de Policarpa. Para ir, debía caminar 16 horas por el monte y cuenta que poco ha cambiado desde entonces. Las escasas vías que tienen fueron construidas en los noventa y son tan precarias que la única forma de entrar o salir es en camionetas cuatro por cuatro. Los caminos de tierra angostos y riesgosos, solo tienen espacio para un vehículo y medio.

Mientras que un campesino puede vender con seguridad en el narcomercado un kilo de base de coca a $570, sacar un kilo de maíz por $15 a la plaza de mercado de Pasto -capital de Nariño-, es un mal negocio. El transporte encarece tanto el producto que termina costando tres veces más que el que se trae de Ecuador, que se vende en $5.

El proyecto prometido en los Acuerdos ha comenzado a ejecutarse, pero la comunidad ha visto con temor cómo algunas de esas promesas han variado con respecto a lo pactado originalmente.

Según Juan Sebastián Sánchez, profesional en territorialización de la Agencia de la Renovación de Territorio del Ministerio de Agricultura, Policarpa es un municipio priorizado y se ha comenzado el proceso de socialización para avanzar con la construcción de obras de pequeña infraestructura.

Sin embargo, aunque estaba estipulado que se realizarían jornadas de sustitución gradual de cultivos ilícitos, han sido obligados a erradicar sin tener alternativas a corto plazo para el sostenimiento de sus hogares en el día a día.

Las nuevas imposiciones son una disyuntiva casi espiritual. Habitan una tierra atravesada por el río Patía que riega grandes terrenos dibujados con todos los colores del pantone. Además, tienen la cualidad de tener tres tipos de suelo y por tanto una variedad incalculable de productos que podrían alimentar a una porción importante de la población nacional. Pero sin apoyo del Estado, el comercio y la industrialización son solo un sueño distante.

Foto FACTUM/Teresita Goyeneche

Las pocas obras de infraestructura que tiene Policarpa han sido financiadas casi en su totalidad por el dinero de la coca. “Acá no llegó ni una vivienda, ni un metro de carretera. Acá todo lo construyó la comunidad”, afirma Etelberto. Y narra cómo la bonanza cocalera le dejaba a las familias productoras excedentes que se invirtieron en el pueblo. Obras como el alumbrado público o el 80% de la vía que conecta el pueblo con la carretera principal fueron financiadas por la prosperidad de los narcocultivos.

Frente a esta anarquía, las FARC jugaron un papel fundamental para el orden y el sostenimiento del pueblo. Según Adolfo López, presidente de la Junta de Acción Comunal de Madrigal, corregimiento de Policarpa, ”la guerrilla no cultivaba, sino que indirectamente protegían las zonas coqueras”.

“Pero ahora viene el comerciante y dice: “’Voy a invertir 1,000 millones de pesos ($350,000) en base de coca’, pero ¿qué seguridad tienen? ¿quién les va a dar ese producto? Eso hacían las FARC: intermediar. Ahora sin ellos, los comerciantes no tienen garantías de seguridad”, explica López.

Para López, ejercer el rol de liderazgo no es sencillo en medio de la transición a una paz que aún no es clara. Ese cantón, que queda a una hora y media del casco urbano de Policarpa, tiene 2,600 personas y después de dos décadas de ser controlado por las FARC, en 2003 fue invadido por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Esos años dejaron alrededor de 70 personas asesinadas, entre ellos, uno de los hijos de López.

“En la región se produce cualquier cantidad de comida, pero queda para consumo de trabajadores y animales. Acá no se vende, es muy difícil sacar una tonelada de maíz a competir con el TLC o con Ecuador, donde el gobierno le regala a los campesinos los insumos agrícolas, y la tecnología es más avanzada”, dice con algo de impotencia.

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 En Colombia, el presupuesto dirigido al agro fue de $1,800 millones en 2015. Cincuenta veces menos que Estados Unidos, treinta menos que Brasil, la mitad del presupuesto que invierte Ecuador en este rubro. Así, los campesinos colombianos – más del 30% de la población nacional- casi siempre producen a la pérdida.

Como Adolfo y Etelberto, Mireya Casanova, concejala y lideresa campesina, tiene algunas hectáreas con cultivos de cacao, maní y variedad de frutales. Ella dice que no sabe quién se dedica a comercializar, pero que parecen tener un pacto secreto para no entorpecer el proceso. Las ventas de coca han disminuido porque no hay quién haga la intermediación.

“La gente se acostumbró a convivir con las FARC. Ponían orden, no dejaban entrar ladrones o paramilitares. Nos relajábamos cuando estaban ellos”, afirma Mireya al explicar que casi todos los agricultores reservan una porción de la tierra para cultivar algo de coca y poder mantener un nivel de vida decente.

Uno de los cultivadores de la zona, que prefiere mantenerse en el anonimato, cuenta que para sacar 25 gramos de base de coca necesita 12.5 kilogramos de hoja. Cada dos meses y medio recoge las hojas de una hectárea y media que cultiva con otros tres vecinos, de la que sacan un promedio de $2,000.

Un jornalero puede cobrar hasta $2.50 por medio kilo de hojas recogidas, y puede alcanzar a cobrar hasta $25 por un día de trabajo. Mientras tanto, un jornalero que trabaja en un cultivo lícito cobra máximo $8, si tiene suerte.

Foto FACTUM/Teresita Goyeneche

En la Zona Veredal Aldemar Galán, a media hora de Madrigal, se encuentran recluidos dos frentes de las FARC -el 8 y el 29-, que operaban en el departamento del Cauca y en Nariño. Ahí están establecidos actualmente -según el censo inicial- 280 exmilicianos, pero en realidad hay unos 160. Así lo cuenta Diego Rodríguez, excombatiente de 27 años.

Rodríguez es un muchacho alegre, fornido y carga un tratamiento de ortodoncia que expone cada vez que sonríe. Ha pasado la mayor parte de su vida en el territorio del bajo Patía y dice sobre la infraestructura del pueblo que “la comunidad ha puesto el trabajo y la plata, y la guerrilla ha hecho asistencia”.

También cuenta cómo hace 16 años retuvieron una maquinaria por petición de la comunidad para poder terminar un tramo de la carretera que el gobierno había dejado a medias. La máquina modelo 54 aún existe. El pueblo la quiere tanto que sirve y, según cuenta, la gente vive pegada a ella.

Para él, lo primero que se necesita es la construcción de vías terciarias y crear las condiciones para que los campesinos tengan facilidad para trabajar en el campo. Reitera que hasta ahora el gobierno se ha quedado corto en el cumplimiento de lo pactado. Una afirmación que coincide con las declaraciones de Arunulfo Vélasquez, líder del Octavo Frente, que también se encuentra en esta zona veredal.

Velásquez piensa que mientras no haya planificación para la sustitución de cultivos, el problema no va a acabar. “Tú no puedes arrancarle a la gente de lo que come. Primero hay que ver lo que se va a construir para hacer que la agricultura legal sea sostenible. Además, no se acaba la producción si no se acaba el consumo y los principales consumidores están en el norte”, concluye.

Durante los últimos días de abril, a media hora de donde se levanta la Zona Veredal, un grupo paramilitar llamado RAUC hizo su entrada a la región. Amenazó con asesinar a todos los colaboradores de las FARC.

Foto FACTUM/Teresita Goyeneche

Mientras tanto, el proceso de dejación de armas ha avanzado lento y culminará con un retraso de casi un mes con respecto a lo pactado en el Acuerdo original. La nueva fecha ratificada es este 27 de junio.

Existen programas como el 5051, que busca darle 50 kilómetros de vía a 51 municipios del país, uno de ellos Policarpa. Además, la alcaldía ha sacado dinero de sus ahorros para comprar maquinarias y construir una vía fundamental para el comercio. Pero el camino se construye con lentitud.

Lo que hay son otro tipo de claridades presentes que no se parecen a las que pinta el gobierno para el futuro: la comunidad tiene un nuevo frente armado que garantizará la seguridad necesaria para seguir comercializando la coca y, a pesar de las buenas intenciones, la tregua final aún no es un hecho. La implementación lleva un ritmo tardío y mientras la única presencia palpable del Estado sea la militar, no habrá vías reales para una paz duradera.

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