Las exhumaciones de las víctimas de El Mozote y lugares aledaños no han terminado. Aunque muchos de los familiares ya lograron cerrar esa etapa, otros aún tienen pendiente esa primera y esencial deuda del Estado salvadoreño. La sentencia de la CIDH es clara en ordenar la entrega de los restos a todos los familiares, además de procesar a los autores de la masacre que provocó la muerte de unas mil personas en 1981, la mayoría mujeres y niños. Entre 1992 y 2016, se han identificado y entregado cerca de 400 restos óseos.
| Fotos FACTUM/Salvador Meléndez |
José Santos Sánchez se sienta sobre un tronco afuera de su casa de lámina y paredes de junquillo a contemplar la agonía de la noche. Aún no se ha puesto el sombrero blanco ni la camisa; su mirada se pierde entre árboles y matas de guineo mientras escucha canciones de marimba por la radio. Hoy termina una espera de 35 años: ha llegado el día en que volverá a enterrar a su esposa y a tres de sus hijos. Hoy devolverá a la tierra, sin temor y con dignidad, los restos de María Inés Martínez y sus hijos pequeños María Jesús, Teodoro y Rafael.
En el campo el despertar es al alba, y la primera alarma es un gallo, un canto replicado por decenas, resonando entre valles y montañas del cerro Joya Grande, donde se asientan los humildes ranchos del caserío El Potrero del municipio de Meanguera, en Morazán.
José Santos Sánchez, de 73 años, sale de su vivienda construida con lámina hacia la velación de sus familiares. Santos contó a FACTUM como logró escapar junto a sus dos hijos mayores de la masacre en La Joya. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Por eso un grupo de hombres ha empezado a excavar desde temprano este domingo 11 de diciembre. Cavan para prepara tres fosas alrededor del monumento a las víctimas de la masacre del cantón La Joya. El espacio, de menos de cinco metros de ancho y unos 15 de largo, servirá para dar sepultura a 19 personas, una pequeña porción de las más de mil que fueron asesinadas durante los operativos militares ejecutados por el batallón Atlacatl – de la Fuerza Armada de El Salvador- entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en Morazán.
Santos tenía 38 años cuando tomó a dos de sus hijos, Amadeo y Nemesio, y se escondió en una cueva. Antes había dejado a su mujer y los tres niños pequeños en otra casa, ocultos, para que el Ejército no los alcanzara. Los avisos de un ataque masivo se habían escuchado desde hacía días en aquel lejano diciembre del 81. Santos, ahora de 73, nunca imaginó que los militares acabarían con las vidas de niños y mujeres indefensos.
— Fue un jueves, 10 de diciembre de 1981. Yo me salí con toda la familia, aquí le decíamos a guindear, (que) era a defendernos. Como a las 5:30 de la tarde nos salimos mi esposa y mis hijos, yo la fui a dejar a un lugar para que no durmiera en el monte conmigo. Entonces, ya el viernes, que era el propio 11, pasé como a las 3:00 de la mañana a sacarla para que nos fuéramos al monte. Ella me dijo que no se iba porque andaba el niñito último de un año.
Desde la cueva, Santos escuchó el ataque, las balas, el dolor.
— A los cinco días de no saber nada (de la familia) me salí con mis niños, crucé el riyito, para llegar por aquí. Escuché una plática de otros niños, que se habían escondido también, y yo pensé: “por aquí está mi familia”. Llegué a donde estaban, yo alegre porque (pensé que) estaba mi esposa con mis hijos, pero no, era otra familia de los amigos de aquí. Entonces les pregunto: “¿Y mi familia?”
— Allá, a toditos los mataron, le contestaron.
— Ahí me agarró cosa a mí, pero al amanecer fui a andar y es cierto porque ahí estaban: mi esposa, la mamá con el tiernito, así lo habían puesto (entre las piernas) y otros aquí cruzados (señala el pecho). Pero yo a estos muchachos (sus otros dos hijos) no los llevé, ni al entierro, porque cómo se iban a poner de mal.
Vecinos y amigos trabajan en la excavación donde serán enterradas las osamentas de 12 de las víctimas de la masacre de La Joya en Morazán, El Salvador. La familia Sánchez Martínez donó esta parte del terreno de su casa para construir un pequeño memorial.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
En el lugar donde encontró a su esposa e hijos había 22 cuerpos apilados; la mitad eran sus familiares. El miedo interrumpió la posibilidad de procesar el duelo. Santos pidió apoyo a cuatro hombres y entre todos llevaron los 11 cuerpos, a su familia, para enterrarlos en una fosa séptica que acaba de abrir en su casa. Tuvieron que hacerlo rápido, pues temían ser descubiertos por los militares que continuaban peinando la zona. Hoy se arrepiente porque en la premura no pensó en conservar nada, ni siquiera la cédula de identidad de su esposa.
La tierra se comió esas memorias durante años. Amadeo, uno de los hijos que le acompañó en la cueva, le sirve como recordatorio ante la falta de fotos: Santos cree que es igualito a su madre.
Casado de nuevo, Santos comparte vida desde hace años con Jacoba Martínez, también viuda y madre. Ella es prima de su difunta esposa. En la casa de la familia de Jacoba, esta tarde del 11 de diciembre se velarán los restos de las niñas Dora Alicia y Lilian Martínez Torres, y su madre Vicenta Torres Membreño.
Los velatorios tuvieron que esperar 35 años. En la casa de la familia de Jacoba, situada a pocos metros del memorial que honrará a estas víctimas, el velatorio se ha fundido con un culto cristiano. El memorial, una pequeña pared de cemento con 17 placas, está sembrado en parte del terreno cedido por Amadeo Sánchez, el hijo de Santos. En la casa de Amadeo se velarán a doce personas más con una misa.
El cuarto es pequeño y no hay espacio para más sillas. Mujeres y hombres se agolpan en las puertas o escuchan en silencio desde afuera.
— Esa historia que ustedes han vivido vamos a interpretarla a la luz de las escrituras, para que los niños y niñas que están acá no tengan que vivirla (…) Si están aquí es porque los recordamos. Pero no estamos aquí para vivir en una crisis permanente, dijo el sacerdote Miguel Ventura al iniciar la eucaristía en la única sala de la casa de Amadeo.
Amadeo Sánchez Martínez observa las 12 pequeñas urnas que contienen las osamentas de personas asesinadas hace 35 años por soldados del Batallón Atlacatl en el Cantón La Joya, Morazán.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Detalle de los mensajes en el Memorial del Cantón La Joya.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
En la homilía, el sacerdote pidió a los familiares que no olvidaran a sus seres queridos, que escribieran sobre ellos, que recordaran cómo eran. Ventura habló de verdad y justicia, dijo que la historia de El Salvador no es la misma de hace 50 años, que las víctimas eran inocentes y que los pobres son temidos “porque en ellos hay apertura hacia el bien”. Un embajador, recordó, le dijo una vez que El Salvador es una tierra sagrada, por su memoria y lo terrible que ha pasado.
— ¿Quién más lo ha reconocido? ¿Quién?, cuestionó el cura a los asistentes.
— Nadie, nadie más, respondió una familiar de las víctimas, mientras negaba con la cabeza. El resto permanecía callado, mirando al suelo o al vacío.
Rodeados de flores y candelas, los 12 pequeños féretros blancos. Dentro, los huesos de doce personas, mujeres y niños la mayoría, asesinadas en diciembre de 1981. Son una pequeña parte de las exhumaciones hechas en los últimos meses, familias que han podido enterrar a sus muertos con una pequeña ceremonia. Pero faltan muchos, cientos más.
Detalle del muro de entrada al Memorial por las víctimas de La Joya, donde se representa los bombardeos aéreos por parte del ejercito salvadoreño durante la guerra, en 1981.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Los vacíos oficiales
Un mercadito de recuerdos históricos, con símbolos de la guerrilla, puestos de comida y artesanías típicas, abre el camino hacia un escenario dispuesto frente a la iglesia del caserío El Mozote. Cada 10 de diciembre se conmemora aquí la masacre cometida en este lugar, pero también las del cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, el cantón Cerro Pando y la cueva del Cerro Ortiz.
El acto se realiza haciendo coincidir la fecha con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la jornada previa a los crímenes. La instalación tapa parcialmente dos lugares de excavación, las escenas 18 y 19, donde se continúa con la búsqueda de más personas que habrían sido asesinadas en ese lugar. Este sábado 10 de diciembre, militares y policías custodian las escenas.
Cuando los restos óseos guardados en pequeños féretros empiezan a llegar al caserío, los familiares emergen entre las decenas de visitantes que desayunan pupusas, que se protegen del sol bajo grandes árboles o que pasean alrededor del memorial.
Cada cajita forrada en blanco tiene el nombre de la víctima escrito en una pequeña tarjeta de Tutela Legal “María Julia Hernández”, una cinta negra y una flor blanca o morada. Los familiares se agolpan alrededor de los pick up que los han traído desde San Salvador, los revisan, los siguen con la mirada, los custodian. Esta noche podrán velarlos en sus casas, para mañana enterrarlos dignamente.
“Welcome to El Mozote”. Un grupo de hombres descansa cerca del lugar donde el 10 de diciembre se celebró un acto para recordar la masacre de El Mozote. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Dos mujeres salvadoreñas cargan una pequeña urna conteniendo las osamentas de una de las veintiún víctimas de la masacre de La Joya, en 1981.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Vista general de las 21 cajas conteniendo osamentas de las víctimas de la masacre de la Joya, previo al acto gubernamental en el Caserío El Mozote, en Morazán, el pasado 10 de diciembre, Ese sábado se hizo una conmemoración por el 35 Aniversario de la masacre cometida por el Ejercito salvadoreño.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
El acto oficial es solo el inicio de un proceso que requiere, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad y la reparación moral y económica de las víctimas.
En este mismo lugar, pero con fecha del 16 de enero de 2012, en el aniversario de los Acuerdos de Paz, se marcó un precedente en la historia reciente de El Salvador cuando el expresidente Mauricio Funes pidió perdón oficialmente, en nombre del Estado, por los crímenes cometidos contra esas poblaciones en el marco de la guerra civil.
Muchos años antes de ese reconocimiento, otra persona ya había dado el paso decisivo. Cuando la opinión pública aún negaba los crímenes, cuando las autoridades no reconocían la masacre y las exhumaciones aún no habían comenzado, Pedro Chicas, un vecino que perdió a una decena de familiares durante la masacre, se armó de valor y en 1990 decidió interponer la denuncia ante el juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera. Esta acción dio pie a la apertura del proceso, las exhumaciones apoyadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, como se llamaba entonces, y el Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAFA). Además de la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese mismo año.
Y mientras se daba seguimiento al caso desde diversas instancias, al menos seis misiones internacionales continuaron con las excavaciones a lo largo de los años, permitiendo identificar cientos de cuerpos ya que fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, el sobreseimiento del caso por parte del juzgado de San Francisco Gotera en 1995, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, estancó el proceso para identificar y procesar a los autores de las masacres.
Es por ello que la sentencia de la CIDH, emitida el 25 de octubre de 2012, fue clave cuando ordenó al Estado salvadoreño retomar las investigaciones para identificar, procesar y sancionar a los responsables; así como a los funcionarios que fueron un obstáculo para las investigaciones. Además de proseguir con la localización, identificación y entrega de los restos de las víctimas.
En 2015, el juez Jorge Guzmán Urquilla, de ese mismo tribunal, revocó la solicitud para levantar el sobreseimiento al considerar que se estaba ante cosa juzgada, lo que impedía una nueva persecución penal por el mismo crimen. No fue hasta el pasado 30 de septiembre, que esta situación dio un giro radical y el mismo juez decidió reabrir el proceso tras la derogatoria de la Ley de Amnistía, declarada inconstitucional el pasado 13 de julio de 2016. Ahora hay 13 militares individualizados, algunos del alto mando de la Fuerza Armada de la época, que son acusados por más de seis delitos pertenecientes al Código Penal de 1973, según publicó El Faro.
“Las víctimas queremos seguir luchando para que esto llegue a esclarecerse, porque siempre ha habido personas que han atacado a las víctimas, diciendo que nosotros estamos inventando. Nosotros no estamos inventado: es la verdad que eso sucedió acá, que asesinaron a tantos niños, mujeres embarazadas, a mi hermana que estaba en su último mes de embarazo; mi padre; a mis cuñados; a mis cuñadas, una que estaba a dos días de dar a luz, otra embarazada. Esta desgracia que sucedió aquí no se la deseo a nadie. Yo les digo que hay que hablar porque si no hablamos nosotros van a hablar las piedras, como dicen las sagradas escrituras. Queremos seguir adelante, luchando para que esto llegue a saberse, para que se sepa que en verdad el Ejército, el batallón Atlacatl, hicieron esta ingratitud y no solo en El Mozote, empezó en El Mozote para terminar en el cerro Ortiz”, dijo Dorila Márquez, representante de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), durante el acto oficial.
Pero nada de esto fue retomado por el vicepresidente Óscar Ortiz, el funcionario de más alto rango presente, en su discurso en el caserío El Mozote. Ortiz habló del dolor que permanece, “del compromiso por una cultura de paz, por una verdadera reconciliación nacional y una justicia restaurativa”. Luego empezó a contar su historia personal durante la guerra, cuando era parte de la guerrilla.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien había sido invitado al acto organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ni siquiera se presentó. Se excusó con unas horas de antelación, según los organizadores. El escenario donde las autoridades se sentaron de frente al público no contó con ningún representante del Órgano Legislativo, a pesar de que el vicepresidente Ortiz se esforzó en destacar, señalando entre el público, a los diputados de Morazán.
A El Mozote llegaron la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Castillo de Guevara, y el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, además de diplomáticos, representantes de organismos internacionales, funcionarios y representantes de las víctimas.
Ortiz y la procuradora resaltaron la importancia de la “reconciliación nacional” en numerosas ocasiones. Un concepto que recuerda al anuncio del presidente Salvador Sánchez Cerén, quien, diez días después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, dio a conocer que el gobierno buscaba la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional.
“No solo debe verse desde una perspectiva económica, sino también de brindar las garantías para que hechos de esa naturaleza que enlutaron tanto al país, no se vuelvan a repetir”, señaló el mandatario durante el programa Gobernando con la Gente del pasado 26 de julio.
Algunas organizaciones, sin embargo, se mantienen escépticas sobre el verdadero objetivo de esa propuesta. “Nosotros le hemos pedido al presidente que tome en cuenta a las víctimas y a las organizaciones porque si se logra avanzar más, hacia una verdadera reconciliación está bien; pero, el temor es que tanto la izquierda como la derecha están viendo si estos casos logran avanzar más como El Mozote y otros, y si surgen casos en contra del FMLN, de la estructura de mando, van a apresurar alguna ley. Ahí es donde vamos a estar vigilantes”, indicó Wilfredo Medrano, de Tutela Legal.
Las víctimas que aún faltan
Aún 35 años después de las masacres, es difícil establecer con exactitud el número total de víctimas ejecutados en los dos cantones, los cuatro caseríos y la cueva que fueron objetivo de las operaciones militares entre el 11 y 13 de diciembre de 1981.
Las exhumaciones no se han detenido, y solo en octubre pasado, el juez de Paz de Meanguera, Mario Díaz Soto, autorizó la comprobación de tres nuevas escenas, las 27, 28 y 29. Además se encuentran en desarrollo las labores en las escenas 18 y 19, en el centro del caserío El Mozote.
La CIDH establece que fueron cerca de un millar de personas asesinadas y que, según el informe de la Comisión de la Verdad, el responsable de esas acciones fue el Batallón Atlacatl. Según la sentencia de 2012, y “de acuerdo al informe de fondo de la Comisión y reconocido por el Estado”, en el caserío El Mozote se identificaron a aproximadamente 498 víctimas, a 152 personas en el cantón La Joya, a 56 en el caserío Ranchería, 82 víctimas en el caserío Los Toriles, 23 ejecutadas en el caserío Jocote Amarillo, 141 en el cantón Cerro Pando y a 15 personas en una cueva del Cerro Ortiz.
Este conteo deja un total de 967 víctimas, aunque la CIDH dice que no es una cifra cerrada pues “no existe oposición del Estado para que otras personas más allá de las indicadas por la Comisión sean incluidas como presuntas víctimas”, según se lee en la página 22 de la sentencia.
Vista de las una de las dos escenas donde aún se trabaja, en El Mozote, para recuperar a víctimas de la masacre de diciembre de 1981.
Un niño contempla uno de los lugares donde un equipo de forenses del IML todavía trabaja para recuperar los cuerpos de personas asesinadas durante la masacre de El Mozote. Fotos FACTUM/Salvador Meléndez
Un grupo de niños juegan frente al memorial de El Mozote, en Morazán. Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), emitido el pasado 26 de julio pasado bajo la gestión del exprocurador David Morales, señalaba la deuda institucional en contar con el registro único de las víctimas y familiares de las víctimas propuesto por el Estado, a pesar del primer recuento presentado el 16 de abril de 2016 por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
Según la DIGESTYC, se cuenta con un listado unificado de 1,644 víctimas, de las cuales 989 corresponden a personas ejecutadas, 48 personas sobrevivientes, 578 familiares de víctimas y 29 personas desplazadas. Sin embargo, la PDDH destacó que el registro se hizo bajo requisitos documentales demasiado estrictos para las víctimas, teniendo en cuenta la destrucción de muchos registros municipales en esa zona de Morazán durante el conflicto armado.
Además, solo desde la sentencia de la CIDH, en 2012, el Estado ha recuperado los restos de 38 personas, 27 de ellas ya entregadas a sus familiares. Estas labores se realizaron bajo la supervisión del Juzgado de Paz de Meanguera. Sin embargo, fueron suspendidas temporalmente a petición de las víctimas por las irregularidades en el proceso, y retomadas finalmente el pasado 14 de noviembre. Entre esa fecha y el 3 de diciembre de 2016 se han recuperado otros 43 restos óseos y entregado 21 a sus familiares, que corresponden a los casos reconocidos en el acto oficial del pasado 10 de diciembre en El Mozote, según detalló Wilfredo Medrano, de Tutela Legal.
Según Medrano, desde 1992, cuando comenzaron las exhumaciones junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, se han entregado unos 400 restos óseos. Reconoce que muchas de las víctimas nunca podrán ser identificadas pues sus cuerpos quedaron carbonizados tras los incendios, otros fueron devorados por animales, y otros los familiares desaparecieron y nunca los reclamaron.
“Ahora ya sabemos que aquí van a estar”, dice José Santos Sánchez, mientras señala las fosas donde serán enterrados los restos de seis de sus familiares en el cantón La Joya, entre ellos su esposa y tres de sus hijos. “Aquí cerquita los vamos a tener, aunque siempre hay algunos que nos faltan”, reafirma sin levantar la vista de la tierra donde pasaron ocultos sus seres queridos, muchos de ellos aún perdidos bajo tierra.
José Santos Sánchez, de 73 años, narra cómo fue torturado por el ejercito en 1981, por vivir en una zona bajo control de la guerilla.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
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