Análisis científicos se han encargado de desenmascarar tres mentiras que cuatro policías dijeron sobre el asesinato de una persona con discapacidad ocurrida el pasado 24 de abril anterior en una comunidad de Zaragoza. Con esas mentiras, los policías lograron que la justicia obrara a su favor durante un tiempo. Este 31 de agosto se celebra la audiencia por el homicidio de Chepe.
Foto FACTUM/Jorge Beltrán Luna
Los cuatro policías nunca fueron atacados
Chepe, como su familia y conocidos llamaban a José Mauricio Salazar, no disparó ninguna arma de fuego contra fuerzas especiales de la policía el 24 de abril de 2017. El mismo laboratorio científico de la Policía Nacional Civil (PNC) ha confirmado que las manos de Chepe no tenían rastros de pólvora.
La prueba científica, conocida como análisis químico forense para detectar residuos de bario y plomo, dio resultados negativos, según consta en el expediente judicial 104-2017-B del Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, el cual fue consultado por Revista Factum. El expediente señala como imputados a dos agentes policiales de la Sección Táctica Operativa (STO) a quienes, a pesar de ser sospechosos de un crimen grave, se les protege la identidad con dos claves: Clarencio y Herminio.
En el folio 253 del referido expediente se indica: “No se detectaron restos de bario y plomo en los frotados de dorso y palma de ambas manos del cadáver de José Mauricio Salazar”. La División de Policía Técnica Científica (DPTC) informó de los resultados de ese análisis el 22 de mayo, casi un mes después de que Chepe fuera asesinado.
El asesinato de Chepe fue dado a conocer por Revista Factum en mayo pasado. Entonces se informó que cuatro policías estaban involucrados en el homicidio de Salazar y que el sistema judicial había protegido a los victimarios.
En la declaración que hicieron cuatro policías -que conformaban el equipo No. 5 de la STO de la subdelegación del municipio de Zarazoga-, como primeras diligencias de investigaciones, consta que el equipo policial realizaba un patrullaje por la lotificación El Zaite 2, cuando a varios metros de distancia, entre los pasajes 14 y 15 de avistaron a un grupo de entre cinco y siete pandilleros a quienes les mandaron alto. Estos, al ver la presencia policial, echaron a correr pero uno de ellos abrió fuego contra los policías, según esa declaración.
Al verse atacados, dos de los agentes dispararon contra el supuesto pandilleros quien cayó de inmediato. Herminio, uno de los dos policías que dispararon, se acercó al sujeto para revisarle los signos vitales y notó que ya estaba muerto, añade la declaración.
Chepe recibió un solo disparo que le entró al lado derecho del mentón, que le atravesó el cuello hasta llegar al hombro izquierdo. En la trayectoria, la bala le destruyó las vértebras cervicales (nuca) y le dañó la médula ósea. La muerte fue instantánea.
En el expediente judicial están anexados los testimonios de familiares y vecinos que indican que Chepe tenía una ligera discapacidad para caminar, y que además no podía hablar y tenía un avanzada sordera. Para que escuchara un poco había que acercarse y hablarle muy fuerte al oído.
Chepe no andaba pistola; andaba un taladro
En el mismo relato, los cuatro policías aseguraron a los investigadores asignados al caso por la Fiscalía que junto al cadáver encontraron una pistola marca Glock, calibre 9 mm serie WP444, con la que el sujeto (en referencia a Chepe) les había disparado. En el acta de reconocimiento del cadáver se indica que cerca del cuerpo fueron encontrados cinco casquillos 9 mm.
Retrato de José Mauricio Salazar, Chepe, asesinado por la policía en abril de 2017.
Foto FACTUM/Jorge Beltrán.
Lo anterior parecía una fuerte evidencia de que realmente Chepe andaba armado y que había disparado contra los policías.
No obstante, la investigación se ha encargado de señalar que los policías mintieron porque en el análisis de búsqueda de huellas dactilares en el arma que supuestamente hallaron cerca del cadáver ofrece un hallazgo singular: no había huellas de Chepe en el arma.
Reza el referido informe, agregado al folio 235 del expediente judicial: “Conclusión: De la evidencia objeto de análisis (la pistola) no se reveló ningún fragmento de huella papilar”.
Un testigo bajo régimen de protección, según el mismo expediente, afirmó que segundos antes de escucharse una serie de disparos vio a Chepe caminar sobre la calle principal de la lotificación, rumbo a su casa, y que en una mano llevaba un taladro mientras que levantó la otra para saludarlo, como diciéndole adiós.
Un segundo testigo, siempre bajo régimen de protección, aseguró que Chepe estuvo trabajando todo el día en una casa de la comunidad, haciendo unas reparaciones en una puerta, para lo cual estuvo ocupando el taladro.
La investigación del caso indica que la pistola pertenecía a un hombre residente en la lotificación Santa Teresa, del mismo municipio de Zaragoza, quien había reportado el arma como hurtada el 7 de septiembre de 2016, cuando dejó su vehículo con la puerta sin llave, en el parqueo de una panadería ubicada en el centro de Santa Tecla, en La Libertad.
Testigos del crimen contra Chepe aseguran, y así consta en declaraciones agregadas al proceso judicial, que primero escucharon varias detonaciones y poco después otra serie de detonaciones menos fuertes que las primeras.
El día que asesinaron a Chepe, los dos policías acusados de matarlo portaban dos fusiles calibre 5.56 mm, uno de estos era un Galil; la marca del otro no se especifica.
A pesar de que ya se ha establecido científicamente que la pistola Glock que estaba cerca del cadáver de Chepe no tenía sus huellas dactilares, a la Fiscalía no se le ha ocurrido investigar cómo es que esa pistola llegó a aproximadamente medio metro de la mano derecha de la víctima.
Chepe no era pandillero
Minutos después de que Chepe cayera abatido por un disparo, varias cuentas en Twitter, de elementos policiales, y la misma cuenta de la Fiscalía General de la República, informaban que en el cantón El Zaite de Zaragoza había muerto un pandillero durante un tiroteo con elementos policiales.
Elementos policiales de la subdelegación de Zaragoza dijeron Chepe era un pandillero activo de la Mara Salvatrucha (MS), la organización criminal que tiene control en el cantón El Zaite, donde vivía Chepe y donde fue asesinado.
Y así lo plasmó la policía en las primeras diligencias, es decir, en el acta de levantamiento del cadáver y en las declaraciones de los cuatro policías del equipo No.5 de la STO de Zaragoza. “El fallecido era miembro activo de la Mara Salvatrucha, conocido como Chepe o El Mudo”, apunta el reporte.
Pero a pesar de tantas afirmaciones hechas por elementos de la policía, en el expediente judicial se asegura que Chepe no era pandillero, pues no existe ningún archivo o ficha policial donde se indique era miembro activo de esa pandilla.
Y hay algo más. A sus 38 años, Chepe jamás había sido arrestado por ninguna autoridad. Eso consta en el folio 212: un informe del Ministerio de Seguridad y Justicia en el que se indica que José Mauricio Salazar no registraba antecedentes penales.
Varias entrevistas realizadas por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC a personas residentes en el cantón El Zaite revelaron que Chepe no tenía vínculos con pandillas. Los testigos lo describieron como una persona que, a pesar de sus discapacidades físicas, ayudaba económicamente a su familia haciendo pequeños trabajos de carpintería, albañilería, haciendo cualquier mandado o fletando agua para algún vecino que se lo pidiera cuando en su domicilio era interrumpido el servicio de agua potable.
Los nombres de los dos policías acusados de matar a Chepe, a pesar de tener la condición de imputados, no aparecen en el proceso judicial y solo se les menciona con las claves Clarencio y Herminio, debido a una reforma al artículo 307 Código Procesal Penal que se hizo a finales de octubre de 2016.
La reforma establece que cuando elementos policiales, de la Fuerza Armada, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, custodios de centros penales y personas que realicen labores de seguridad nacional, en el momento de estar desempeñando actividades propias de su cargo, dañen un bien jurídico (como matar o herir a una persona) se les garantizará la reserva de su identidad desde el momento de su detención hasta que el juez competente dicte la sentencia definitiva.
Clarencio y Herminio fueron acusados al principio del proceso por el delito de homicidio simple, y fue la misma Fiscalía la que pidió que los imputados fueran procesados en libertad, es decir, con medidas sustitutivas a la detención provisional.
Sin embargo, semanas después de la audiencia inicial, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) se mostró como querellante y tras reunir varios elementos de prueba contra los policías, pidieron, en conjunto con la Fiscalía, que se cambiara la calificación del delito a homicidio agravado y que los imputados fueran detenidos.
Hasta el pasado 18 de julio, Clarencio y Herminio estaban gozando de libertad, realizaban sus tareas policiales con normalidad y recibían su licencia (descanso) como si nada hubiera pasado aquella tarde del 24 de abril.
Pero seis días después, el 24 de julio, el Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, durante una audiencia de revisión de medidas, ordenó que fueran capturados y enviados a prisión preventiva.
El IDHUCA ha pedido al juzgado que ambos sean procesados también por los delitos de fraude procesal (colocar la pistola cerca del cadáver de Chepe) y por hurto, pues el taladro que la víctima llevaba en sus manos al momento de ser asesinado desapareció, y nunca fue encontrado.
En la etapa en que está el proceso judicial nada se dice de Antioquia y Febadio, los otros dos policías que acompañaban a Herminio y Clarencio aquel 24 de abril.
Esos policías también afirmaron que la muerte de Chepe fue el resultado de una defensa que los imputados Clarencio y Herminio hicieron luego de que aquel les disparara con una pistola, lo cual, según las propias pruebas científicas realizadas por la policía, ha resultado ser falso.
Este 31 de agosto se realizará la audiencia preliminar contra los dos policías, que desde el pasado 7 de agosto nombraron como su defensor al abogado Manuel de Jesús Cruz Azucena. El abogado no quiso hablar sobre el tema, bajo el argumento de que el caso tenía reserva; sin embargo, esto tampoco es cierto porque Factum tuvo acceso al expediente judicial con autorización de la jueza del caso.
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