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Las mujeres dos veces presas

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Mテ。s de 640 mujeres han sido detenidas por ingresar droga en centros penales desde 2009. En algunos casos las mujeres han sido presionadas y amenazadas para cometer el delito. Sus testimonios demuestran que la realidad de muchas salvadoreテアas es mテ。s compleja de lo que parece y que el sistema de justicia no ha dejado de revictimizarlas.

Foto ilustraciテウn FACTUM/Salvador Melテゥndez


La agente de seguridad que le tocテウ habテュa revisado a 50 personas esa maテアana y el resultado habテュa sido el mismo: negativo. Pero a Lorena la angustia le salテュa por los poros. Entonces la agente la separテウ y procediテウ a palpar sus partes テュntimas para ver si ocultaba algo. En la cテ。rcel de Mariona, llamado oficialmente 窶廰a Esperanza窶, Lorena le dijo que no llevaba nada, pero antes de que la revisara de nuevo no pudo con los nervios y se extrajo un bulto: dos paquete de marihuana de 373 gramos.

Ese dテュa, 27 de octubre de 2012, Lorena fue detenida por el delito de trテ。fico ilテュcito. Era el fin de las amenazas y extorsiones que esta empleada del Instituto Salvadoreテアo del Seguro Social sufrテュa desde hace meses.

Todo empezテウ cuando contactテウ, a travテゥs de Facebook, con un excompaテアero del bachillerato que estaba preso en Mariona, supuestamente por un homicidio que cometiテウ en defensa propia, creテュa Lorena. La relaciテウn comenzテウ en abril de 2012 y en mayo acudiテウ por primera vez a visitarlo. Desde entonces comenzaron las exigencias de dinero con cantidades que rondaban los $25 y que enviaba a travテゥs de transferencias de Tigo Money. Otras veces las amenazas telefテウnicas eran de sujetos que hablaban como pandilleros, que sabテュan todos los detalles de dテウnde vivテュa, su lugar de trabajo, su familia.

Su supuesto amigo le exigテュa cada vez mテ。s: decテュa que era para medicinas y que su madre le devolverテュa el dinero prestado, pero eso nunca sucediテウ. Y entonces su amigo, detenido en Mariona,ツ comenzテウ a amenazarla tambiテゥn, le pedテュa hasta $500, segテコn consta en el expediente judicial del caso.

Lorena ya estaba muy endeudada a esas alturas. Le habテュa dicho a su hermana y un amigo, pero no querテュa que sus padres se enteraran porque estaban muy enfermos. Como ya no podテュa darles mテ。s dinero la obligaron a meter droga al penal.

Un dテュa se fue a un supermercado de Ciudad Delgado sin avisar a nadie. Allテュ se reuniテウ con una mujer, quien le dio un paquete para que lo metiera en el penal. Esta mujer le advirtiテウ que no debテュa ponerse nerviosa porque si no la descubrirテュan. Pero la descubrieron y fue acusada por trテ。fico ilテュcito.

Siete de cada 10 personas detenidas por ingresar ilテュcitos a centros penales son mujeres; pero cuando se trata de droga esta proporciテウn asciende a nueve de cada 10. Entre enero de 2009 y octubre de 2016 han sido detenidas 645 mujeres ocultando droga para meterla en los centros penitenciarios de todo el paテュs; la cifra se eleva si se considera la cantidad de detenidas cargando cualquier tipo de objeto prohibido en las cテ。rceles salvadoreテアas, como telテゥfonos, chips, cargadores, medicinas窶ヲ Asテュ ya suman mテ。s de 1,600 en siete aテアos y 10 meses contabilizados a partir de las estadテュsticas brindadas por la Direcciテウn General de Centros Penales (DGCP).

Muchas de estas mujeres, de acuerdo con testimonios recabados, estudios sobre la poblaciテウn penitenciaria y la opiniテウn del mismo director de Centros Penales, podrテュan estar siendo utilizadas, exponiテゥndolas a ser detenidas por el delito de trテ。fico de objetos prohibidos en centros penales (artテュculo 338B del Cテウdigo Penal) o a otros mテ。s graves cuando llevan droga, mientras otros se lucran de esta forma de explotaciテウn. Ya que el 90 % de la poblaciテウn penitenciaria son hombres, muchos de ellos miembros de pandillas, tiene lテウgica que sean las mujeres quienes, a travテゥs de las visitas, introduzcan lo que se les ordene. Algunas dicen haberlo hecho por amenazas contra su vida o la de sus familiares, por pura necesidad econテウmica y otras tantas por ayudar a sus parejas. Pero al Estado salvadoreテアo parece no importarle cuando se da bajo presiones y no investiga bajo ese enfoque.

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Sofテュa dice que recibiテウ una llamada telefテウnica de una amiga que le ofreciテウ el trato. No era la primera vez que se lo ofrecテュa, pero nunca se habテュa atrevido a hacerlo. Tenテュa que tomar una decisiテウn rテ。pidamente. Su hija estaba ingresada en el Hospital Rosales y necesitaba dinero para pagar la atenciテウn hospitalaria. Entonces, en 2005, todavテュa se cobraban los servicios. No lo pensテウ mテ。s. Saliテウ del hospital, fue hasta su casa, se baテアテウ, desayunテウ algo y fue hacia el lugar que le indicaron.

Una persona le entregテウ la droga que tenテュa que meter en el penal de Quezaltepeque. Llevaba una onza (28 gramos) de marihuana en la mano. En el registro le preguntaron: 窶慊ソQuテゥ lleva en la mano?窶 Y ahテュ la descubrieron. Por elツ 窶徼rance窶 le iban a pagar $40 窶田uarenta dテウlares-, pero nunca los recibiテウ: fue detenida, procesada y condenada a cumplir 11 aテアos de cテ。rcel por trテ。fico ilテュcito. Sus seis hijos quedaron bajo el cuidado de su madre. Todavテュa hoy no entiende cテウmo hizo ella para salir adelante con todos.

La cantidad de personas detenidas al tratar de introducir droga y objetos prohibidos en centros penales y de internamiento del paテュs se ha reducido considerablemente desde 2009. Ese aテアo se reportaron 451 detenciones, de las cuales 366 eran mujeres (81 %); en 2015 se redujeron a 286, de las cuales 215 eran mujeres (75%); y entre enero y el 25 de octubre de este aテアo, la Direcciテウn General de Centros Penales solo contabilizテウ 126 detenciones, de ellas 81 mujeres (64 %).

La reducciテウn en el nテコmero de casos podrテュa estar relacionada con las medidas extraordinarias de seguridad, que entraron en vigencia desde marzo pasado. Desde entonces se prohテュbe el acceso de las visitas en siete centros penales (ahora son seis pues la cテ。rcel de Cojutepeque ya cerrテウ) con presencia de pandillas, entre otras restricciones; al mismo tiempo que empezaron a exigir mテ。s documentaciテウn y se limitテウ el acceso de las visitas exclusivamente a familiares en el resto de penales del paテュs tras las reformas a la Ley Penitenciaria aprobadas en agosto de 2015.

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Miriam cargaba en brazos a su hijo de dos meses cuando fue detenida en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, a finales de 2008. La droga la llevaba adentro de su cuerpo. Lo primero que pensテウ fue en su hijo, quテゥ iba a ser de テゥl, con quiテゥn lo iba a dejar. Ella es de Santa Ana y pasテウ cuatro aテアos viajando de punta a punta del paテュs para ingresar ocho onzas de marihuana cada ocho dテュas. Dice que era consciente, que lo hacテュa por amor, porque su compaテアero, un pandillero, estaba detenido en esa cテ。rcel por homicidio y ella le querテュa ayudar. テ瑛 se la pedテュa, segテコn ella, para pasar mejor el encierro, aunque tambiテゥn para venderla. Tenテュa miedo de que la dejara por otra si no continuaba pasando la droga, reconoce Miriam. La condenaron a cuatro aテアos de cテ。rcel por el delito de posesiテウn y tenencia en perjuicio de la salud.

Antes de conocer al padre de su hijo menor, Miriam trabajaba en una librerテュa, tenテュa una vida normal, no necesitaba estar pasando droga y se llevaba con su familia. Poco a poco fue perdiendo todo y despuテゥs テゥl fue condenado por homicidio agravado y trasladado al penal de Ciudad Barrios, destinado a exclusivamente pandilleros de la Mara Salvatrucha.

Durante su condena, en la cテ。rcel de mujeres de Ilopango, Miriam dice que aprendiテウ muchas cosas, especialmente cuando, por un tiempo, perdiテウ todo el apoyo de su familia. A su hijo de cinco aテアos (la edad que tenテュa cuandoツ la detuvieron) lo cuidaron sus familiares, pero al final al pequeテアo se lo quedテウ la pandilla, la familia del padre, y ella solo lo puede ver cuando se lo llevan a la casa. A sus 33 aテアos reconoce que accediテウ a contar su historia para Factum porque 窶徭i me olvido me puedo confiar, si estoy recordando es algo asテュ como: hasta ahテュ, que no debo repetirlo窶.

La poblaciテウn de mujeres en penales prテ。cticamente se ha duplicado en los テコltimosツ 10 aテアos, pasando de ser el 4.8 % de la poblaciテウn penitenciaria al 9.6 % para mediados de 2015, cuando se contabilizaron 3,218 mujeres internas, segテコn los datos de Centros Penales. Segテコn las estadテュsticas penitenciarias, los delitos de mayor incidencia entre mujeres son la extorsiテウn (38.39 %), delitos relativos a las drogas (24.4 %), homicidio (11.7 %), robo (4.7 %) y agrupaciones ilテュcitas (4.52%).

El informe 窶廴ujeres privadas de libertad en El Salvador. Realidades y proyecciones窶, realizado por la Asociaciテウn de Capacitaciテウn e investigaciテウn para la Salud Mental (ACISAM), y presentado en julio, concluye que 窶徑as mujeres desempeテアan funciones de apoyo a los hombres en la ejecuciテウn de delitos. Este apoyo, muchas veces forzado, puede ser el desempeテアo de actividades logテュsticas para extorsiones, venta de drogas para narcomenudeo o encubrimiento y trテ。fico ilテュcito dentro de penales masculinos窶.

Y aunque el documento seテアala que esa situaciテウn 窶從o les exime de responsabilidad delictiva ni explica el 100 % de los casos窶, lo cierto es que esta es una realidad que no se abarca con enfoque de gテゥnero, seテアala ACISAM.

En septiembre de 2015, la Policテュa Nacional Civil (PNC) reportテウ la captura de cinco mujeres adentro de un motel cerca del centro penal de Chalatenango. Las detenidas preparaban porciones de droga para ingresarlas a la cテ。rcel a travテゥs de las visitas de familiares. Todas fueron acusadas por trテ。fico ilテュcito, segテコn reportテウ la Policテュa. Un aテアo despuテゥs, en septiembre pasado, ツel director de Centros Penales, Rodil Hernテ。ndez, dijo durante una entrevista en la radio Maya Visiテウn, que los miembros de la MS presos en la cテ。rcel de Chalatenango obligaban aツ las mujeres, y especialmente familiares de otros internos, a ser 窶徇ulas窶, es decir, portar la droga durante las visitas para no exponer a sus propios familiares.

Hernテ。ndez, ademテ。s, reconociテウ durante la presentaciテウn del informe de ACISAM que 窶徑as mujeres siguen siendo victimizadas, muchas veces inclusive los cabecillas de pandillas no obligan a sus mismos familiares, sino que obligan a los familiares de otros privados de libertad a que hagan eso; siguen ahテュ todavテュa afectando a otras personas a que hagan eso aテコn dentro de la misma prisiテウn. Las medidas ahora han suspendido el ingreso de visitas, tienen otro objetivo, pero de alguna manera esa es una protecciテウn indirecta hacia esas personas窶.

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Mujeres salvadoreテアas de diferentes edades fueron capturadas por la Policテュa Nacional Civil consideradas sospechosas de trabajar para estructuras de pandillas en El Salvador. Las jovenes, entre los 15 a los 21 aテアos se convierten en mulas de carga de ilicitos hacia el interior de los penales, obligados por los pandilleros reclusos, lo que hace que sean encarceladas por colaborar. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Mujeres salvadoreテアas de diferentes edades fueron capturadas por la Policテュa Nacional Civil consideradas sospechosas de trabajar para estructuras de pandillas en El Salvador. Las jovenes, entre los 15 a los 21 aテアos, se convierten en mulas de carga de ilicitos hacia el interior de los penales, obligados por los pandilleros reclusos, lo que hace que sean encarceladas por colaborar.
Foto FACTUM/Salvador Melテゥndez

A pesar de la reducciテウn de casos, la explotaciテウn de mujeres, vinculadas o no a pandillas, y amenazadas para exponerse a meter droga y otros objetos a penales, es algo que se mantiene encubierto. Para el juez 3ツコ de Sentencia, Antonio Durテ。n, el primer obstテ。culo para procesar este tipo de casos es el silencio de las vテュctimas.

窶廰as mujeres no dicen nada, solamente la carga de la prueba la presenta la Fiscalテュa y ellas no dicen nada. Hay otros casos en los que sテュ expresan los hechos pero no prueban y entonces para un juez no es suficiente que le digan: 窶藁e han obligado窶, sino que es necesario acreditar estos hechos. Y hay otros casos donde las mujeres sテュ lo han documentado窶, explica el juez.

Durテ。n retoma el caso de Lorena: ella logrテウ ser absuelta en la fase de vista pテコblica al presentar toda la prueba documental en base a los 17 recibos de las trasferencias que hizo por Tigo Money y los testimonios de descargo de su hermana y un amigo. Sin embargo, esto no suele pasar ya que por temor o amenazas las imputadas no hablan y cuando lo hacen es utilizando la テコltima palabra en juicio, que no consta como prueba.

Otro de los problemas es el de tipo jurisprudencial, es decir, sobre la calificaciテウn del delito. La Fiscalテュa suele acusar a estas mujeres que ingresan droga por el delito de trテ。fico ilテュcito, penado con 10 a 15 aテアos de cテ。rcel. Mientras que el delito de posesiテウn y tenencia, que no se refiere al transporte y se aplica en funciテウn de la cantidad de droga decomisada, estテ。 penado con prisiテウn de uno a tres aテアos. Ambos tipos penales estテ。n recogidos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD). Esto sin contar el de trテ。fico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detenciテウn o reeducativos, sancionado con presiテウn de tres a seis aテアos, segテコn el artテュculo 338B del Cテウdigo Penal.

Para el juez Durテ。n la acusaciテウn es casi misテウgina, aunque trata de retirar el calificativo: 窶廩ay que ver un poquito el aspecto, sin decirlo,ツ casi misテウgino de violencia contra la mujer, de ese menosprecio por el hecho de prestarse a llevarla (la droga) y esa contribuciテウn para los privados de libertad en suministrarles ese tipo de objetos y de tal manera justificar el reproche tan elevado, es un reproche excesivo de 10 aテアos de prisiテウn窶.

Segテコn el juez, y como consta en varios recursos de apelaciテウn y casaciテウn disponibles para consulta a travテゥs del Centro de Documentaciテウn Judicial, la Fiscalテュa suele acusar por el delito de trテ。fico al considerar que estas mujeres transportan la droga. Para Durテ。nツ el tratamiento jurisprudencial es parte del problema de revictimizaciテウn.

窶廰a Fiscalテュa alega que la persona transporta con su cuerpo la droga desde fuera al interior del penal. Algunos jueces hemos interpretado en el sentido que transporte significa el uso de medios convencionales, origen y destino largos, para entender la definiciテウn de transporte; y lo hemos limitado a decir que se trata de una posesiテウn con fines. La otra posibilidad interpretativa es considerarla trテ。fico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, ya se ha hecho pero la jurisprudencia de la Sala (de lo Penal) lo ha calificado como trテ。fico ilテュcito. Incluso los casos donde nosotros hemos sancionado con la pena mテュnima de la posesiテウn con fines, que es de seis a 10 aテアos, la Sala nos ha revocado y ha dicho que es trテ。fico ilテュcito y le pone de 10 a 15 aテアos de prisiテウn (窶ヲ)窶, indica Durテ。n.

El abogado defensor de Lorena, quien ejerciテウ como fiscal durante 14 aテアos, seテアala que uno de los principales problemas para las vテュctimas de este tipo de delitos es que la Fiscalテュa General de la Repテコblica no presenta prueba de descargo como establece el artテュculo 57 del reglamento de la Carrera Fiscal.

窶廣rt.57.- Desde el momento que se tenga conocimiento del cometimiento de una infracciテウn, la autoridad competente iniciarテ。 la investigaciテウn correspondiente, extendiendo la misma no solo a las circunstancias de cargo, sino tambiテゥn a las que la eximan de ella, extingan, atenテコen o que sirvan para descargo del investigado窶.

Segテコn este abogado particular, el Ministerio Pテコblico 窶徭e ha acomodado a lo que les presenta la PNC. Desgraciadamente es la carga laboral de cada fiscal, pero tambiテゥn los jefes de las unidades obligテ。ndoles con el trabajo a que condenen窶.

La colaboraciテウn del jefe mテゥdico de Lorena tambiテゥn fue clave para lograr la absoluciテウn, seテアala el abogado defensor. テ瑛 les dijo que era una persona trabajadora y responsable, con lo que se evitテウ la condena y que ella ademテ。s perdiera su trabajo.

Se consultテウ a personal de comunicaciones de la Fiscalテュa para conocer las experiencias de fiscales de San Salvador sobre este tipo de casos y la posibilidad de tratarse de una forma de explotaciテウn encubierta; pero, segテコn se informテウ, los fiscales no toman en cuenta esa posibilidad durante la investigaciテウn, pues solo investigan el hecho delictivo.

La jefa fiscal de la Unidad Especializada de Trテ。fico Ilegal y Trata de Personas, Violeta Olivares, considerテウ que la consulta sobre la posible coacciテウn de mujeres para ingresar ilテュcitos a penales es vテ。lida, pero que para poder determinarlo es necesario examinar caso por caso, asテュ como la relaciテウn familiar de sometimiento o subordinaciテウn.

窶弃udiテゥramos valorar por la ley y la normativa internacional, y pudiテゥramos estar ante casos de reclutamiento, sistemテ。tico con beneficios para terceros, pero hay que valorar cada caso y no se puede descartar que estテゥ sucediendo窶, dijo Olivares, y reconociテウ que a la fecha no han ツrecibido un caso bajo este perfil.

Para el juez 3ツコ de Sentencia,ツ 窶徑a jurisprudencia de Sala de lo Penal debe incidir y sensibilizar en este tema porque me parece que estamos siendo indolentes, insensibles ante el dolor de estas personas que como estos casos han sido incautos o han sido vテュctimas (窶ヲ) Las victimizan los delincuentes y el propio sistema penal las revictimiza persiguiテゥndolas窶.

*Todos los nombres de las mujeres detenidas que aparecen en este reportaje han sido cambiados por seguridad.

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